Políticas de memoria y pisos de verdad. Una reflexión en primera persona sobre el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación (y algunos interrogantes sobre el futuro).

Cueto Rúa / Dossier en PDF

Santiago Cueto Rúa*

CISH-IdIHCS-FaHCE-UNLP

La Plata, 2017

santiagocuetorua@yahoo.com.ar

Resumen

Este artículo supone un recorrido en primera persona por una de las políticas de memoria llevadas adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. A partir de esta experiencia propongo una reflexión en torno a uno de los tantos desafíos que implicó llevar adelante este programa en el marco de sistema educativo argentino. En relación con esto, retomo un par de preguntas que acompañaron siempre nuestra experiencia en el programa: ¿hemos construido como sociedad un piso de verdad, en relación con lo acaecido en la dictadura cívico-militar iniciada en 1976? ¿Cómo se vincula la noción de “verdad” con la de “memoria”? Estas preguntas se pueden leer a la luz del cruce entre la memoria y la historia, pensadas como dos formas de acercarse al pasado, ni opuestas ni idénticas. Esta articulación se profundizó porque el tratamiento de estos temas se realizó desde una agencia del Estado, interesada precisamente en “reponer una voz estatal”. Para cerrar, aquellas preguntas que guiaban nuestra tarea se vuelven más inquietantes aún en virtud del cambio de gestión en el Poder Ejecutivo Nacional y en lo que hasta ahora sólo se puede interpretar como una incierta política en temas de memoria y derechos humanos. Se sabe que no hay total continuidad respecto del gobierno anterior, pero tampoco hay una ruptura radical, al menos hasta el presente: en relación con estos temas el futuro es especialmente incierto.

Palabras clave: políticas de memoria, Programa Educación y Memoria, pisos de verdad, políticas de Estado.

El Ministerio de Educación de la Nación y la memoria

En el año 2006, cuando se cumplían treinta años del golpe de Estado que dio origen a la dictadura cívico-militar, el Ministerio de Educación de la Nación (MEN) publicó un libro llamado “30 ejercicios de memoria” (1). La publicación, organizada por un conjunto de trabajadores y funcionarios del MEN, convocó a treinta personalidades de la cultura para que cada uno eligiera una imagen significativa de su propia experiencia durante la dictadura. La imagen, acompañada de un texto, fue el disparador para abrir discusiones, debates y reflexiones con docentes y estudiantes de instituciones educativas de todo el país. Esa tarea fue sostenida durante los dos años siguientes, experiencia que desembocó en la creación del Programa “Educación y Memoria”.

Por esos años, el gobierno nacional de Néstor Kirchner ya había dado varias señales de que las políticas de memoria serían centrales en su gestión. La reapertura de la Ex ESMA en 2004, convertida ahora en sitio de memoria, fue quizás la más emblemática de esas políticas pero de ninguna manera fue la única. El eje de estas políticas de Estado (¿o de gobierno? Volveré sobre esto más adelante) fue la reapertura de los juicios a los represores, que estuvo acompañada por el Poder Legislativo, anulando las leyes de impunidad, y por el Poder Judicial, declarando su inconstitucionalidad.

De modo que la creación del Programa Educación y Memoria puede explicarse como la conjunción de, por un lado, una suma de voluntades de trabajadores y funcionarios del MEN que portaban en sus trayectorias un interés por los temas del pasado reciente y una voluntad de instalarlos como experiencia pedagógica; y, por el otro, la decisión política de un gobierno que había hecho propias las demandas históricas del movimiento de derechos humanos y había decidido darle una centralidad inédita a estas temáticas.

Tal como dice en su sitio web, el Programa Educación y Memoria:

 “tiene como objetivo consolidar una política educativa que promueva la enseñanza de la historia reciente mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones de capacitación docente a nivel nacional. Inscribe sus acciones en el marco general de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 que en su artículo 3° señala que ´La educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico – social de la Nación (…) La enseñanza del pasado reciente se sostiene en la idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, fruto de la acción humana, y en consecuencia, refuerza la noción de responsabilidad, participación e inclusión. Es desde la educación, entendida como una puesta a disposición del pasado en diálogo permanente con el presente y el futuro, que es posible invitar a los jóvenes a la reflexión, el debate, y la apertura de nuevas preguntas y respuestas para la toma de posición frente a sus realidades. En este sentido constituye un aporte fundamental para la construcción de una nación justa, equitativa, económica y socialmente desarrollada, habitada por ciudadanos activos cuya responsabilidad se alimenta también a partir de reconocerse como parte de un pasado común” (2).

El programa se estructuró en base a tres ejes: Memorias de la dictadura; Malvinas y los sentidos en pugna; y Enseñanza del Holocausto y otros genocidios (3). En ese marco, además de las capacitaciones realizadas en todo el país, gracias a la red de referentes que se construyó con representantes de cada provincia, el programa se dedicó a elaborar un libro por cada uno de sus ejes: Pensar la Dictadura. El terrorismo de Estado en Argentina (4), Pensar Malvinas. Una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula (5) y Holocausto y genocidios del siglo XX: preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza (6).

El investigador y el agente estatal

En el año 2012 me sumé a trabajar en el programa. El modo en que ingresé, esto es, a través de las redes de relaciones que había construido como becario dedicado a investigar temas del pasado reciente, da cuenta de uno de sus rasgos distintivos: la decisión de armar equipos técnicos con perfil profesional (7). Efectivamente, su composición se basaba en profesionales provenientes de la historia, la sociología, la comunicación y las letras. En términos de mi recorrido personal, sumarme al programa implicó dejar de pensar el pasado reciente (sólo) como un investigador, comenzar a reflexionar sobre su dimensión pedagógica, y por último, pensar y sobre todo enunciar como agente estatal (8).

Quizás esta distinción acerca de cómo enuncia un investigador y cómo lo hace un agente estatal no tenga sentido para todas las áreas del Estado, en todo tiempo y lugar. Pero sí lo tiene cuando la materia con la que se trabaja es el pasado reciente, allí donde se halla la frontera entre la memoria y la historia. Siguiendo a Traverso, solemos decir que la historia y la memoria son dos formas de aproximarse al pasado que no deben superponerse, pero tampoco negarse mutuamente. La historia trabaja con la memoria como fuente, puede y debe historizarla: “para existir como campo del saber (…) ella debe emanciparse de la memoria, no rechazándola sino poniéndola a distancia” (2007: 74) y debe cruzarlas con otras fuentes para construir sus enunciaciones fundadas en un régimen de verdad que se basa en la veracidad. La memoria por su parte, “singulariza la historia, en la medida en que ella es profundamente subjetiva, selectiva, frecuentemente irrespetuosa de las distinciones cronológicas, indiferente a las reconstrucciones de conjunto, a las racionalizaciones globales” (2007: 75).

En suma, dicho de un modo algo esquemático, cuando se abordan las representaciones sobre el pasado en el marco de una investigación académica, lo que prima de parte del investigador es la indagación y el afán de conocimiento. La suspensión del juicio acerca de lo que señalan los actores se torna indispensable para esa pesquisa, puesto que no se busca juzgar, sino comprender. Ahora, cuando la tarea se realiza en el marco de una agencia del Estado, ese diálogo con los actores exige un encuadre, una voz estatal que al ingresar en la escena supone cierto límite al relativismo. Dicho a modo de interrogante ¿cuándo el que habla es el Estado puede mantenerse en el terreno de la memoria o debe reponer un registro más asociado a la historia?

No obstante lo planteado, nuestra intención cuando armábamos las capacitaciones docentes para acompañar el libro Pensar la Dictadura (de los tres ejes del Programa, éste era el que se correspondía con mis temas de estudio) era no reproducir una lógica de educación bancaria, “bajando” contenidos, sino, en línea con la estructura de la publicación, fomentar una pedagogía de la pregunta. Sentíamos que, como parte central de la pedagogía de la memoria, debíamos escuchar las diferentes voces (las capacitaciones podían ser en CABA o en un pueblo pequeño de alguna provincia) para hacer dialogar nuestras producciones con las memorias locales. A diferencia del planteo de Pollak (2006) aquí la “memoria oficial” no tenía el intento de oprimir, sino de recuperar las “memorias subterráneas”. Éramos conscientes del esfuerzo que estábamos encarando: producir una enunciación estatal sobre el terrorismo de Estado que tuvieran alcance nacional y que al mismo tiempo diera cuenta de las memorias locales (9).

Ahora bien, la emergencia de esas voces, como toda apertura de un registro memorístico estaba acompañada de la pluralidad y de la imprevisibilidad. De modo que podían emerger relatos de víctimas desconocidas, el horror silenciado, es decir, esas “memorias subterráneas” que íbamos a buscar, pero también podían surgir voces que reivindicaran el terrorismo de Estado o que lo impugnaran desde esa narrativa tan extendida y problemática como es la llamada “teoría de los demonios”. Entonces ¿qué debíamos hacer frente a un docente que reivindica o relativiza el terrorismo de Estado o frente a uno coloca en pie de igualdad la violencia de la guerrilla con la violencia del Estado? Como decía, una mirada analítica puede tomar el camino de la comprensión, poniendo en suspenso el juicio. La invitación es, en ese caso, a comprender cómo se construyen esos relatos, qué mirada del pasado producen y reproducen, cuáles son sus condiciones de producción y/o qué trampas discursivas incluyen aunque lo desconozcan. Sin embargo, no estábamos allí sólo para recuperar memorias locales, sino también para ejercer una tarea que en su enunciación simple no oculta su enorme desafío: reponer la voz estatal (10).

Esto implicaba subrayar una serie de verdades históricas cuya comprobación había sido responsabilidad precisamente del Estado argentino (y también de numerosas investigaciones académicas). La referencia al Estado incluye especialmente al Poder Judicial, puesto que su sentencia en 1985, en ocasión del Juicio a las Juntas, había sido decisiva para que se extendiera a toda la sociedad que en los años setenta no habíamos vivido una “guerra” (independientemente de que actores particulares, como algunos sectores de la militancia revolucionaria o agentes del Estado terrorista así lo concibieran) sino un plan sistemático de desaparición de personas, tal como habían denunciado las víctimas, sus familiares y otros organismos de derechos humanos desde la dictadura. Tal como lo señala Vezzetti (2002), la sentencia de este juicio y la imagen de los represores sentados en el banquillo unos pocos años después de haber sido dueños de la vida y la muerte de los ciudadanos implicaron una bisagra, un cambio de época para la sociedad argentina. Ese tipo de sentencia se multiplicó luego con la reapertura de los juicios a los represores, lo que sucedió casi en simultáneo con la creación del Programa de Educación y Memoria.

Señalar la existencia de este plan sistemático de desaparición de personas, nos conducía, entre otras cuestiones, a resaltar su radical diferencia respecto de la violencia de la guerrilla. Fundamentalmente por un argumento estrictamente jurídico, basado en el lenguaje de los derechos humanos instalado por los organismos desde la dictadura: el Estado es la institución que debe garantizar la vida de los ciudadanos y nunca puede ser una herramienta de un dispositivo represivo e ilegal como el desatado por la dictadura. Si un ciudadano comete un delito, decíamos en las capacitaciones, el Estado es la institución que debe hacer justicia; pero ¿qué sucede cuando el que comete el delito es el propio Estado? Esto suponía no silenciar la violencia política pero al mismo tiempo no abordarla bajo la lógica de la reivindicación (11).

Por otro lado, en estos espacios solía haber otra trampa discursiva que debíamos desarmar. Aquella mirada sobre el pasado que impugnaba el terrorismo de Estado porque se había ejecutado sobre personas “inocentes”, “que no habían hecho nada”, a las cuales “se llevaron por pensar distinto”. En relación con esto, cabe consignar que el film La Noche de los lápices recorrió buena parte de las aulas de nuestro sistema educativo, reponiendo precisamente este tipo de miradas. Fue y sigue siendo sumamente relevante que se conozca lo que muestra la película: la atrocidad que los represores les hicieron a esos jóvenes de 15, 16 y 17 años. Ahora bien, el problema de esta narrativa es que continúa sosteniendo la idea de que a estos jóvenes se los llevaron “sólo” por luchar por el boleto estudiantil, cuando en verdad muchos de ellos tenían militancia política en organizaciones estudiantiles y políticas. De modo que se corre el riesgo de empatizar con jóvenes “inocentes” y no impugnar con la misma fuerza al terrorismo de Estado cuando éste se aplicó sobre militantes políticos, aún de organizaciones revolucionarias. Una vez más, la centralidad de lo estatal guiaba nuestra argumentación: el Estado debe velar por la vida de sus ciudadanos, más allá de las trayectorias políticas que portaran.

¿Hemos construido un piso de verdad?

Esta pregunta se nos incorporaba –se nos hacía cuerpo- en el marco de esta experiencia estatal y se refería a un nosotros más amplio que incluía a toda la sociedad (y más aún a los docentes con los cuales trabajábamos). ¿Cómo estaba compuesto ese piso? En primer lugar, estaba basado, como señala Crenzel (2008), en la narrativa humanitaria creada por los organismos de derechos humanos en dictadura para desarmar la lógica argumental de la represión y sostenida luego por el Estado argentino, centralmente tras el informe de la CONADEP y la sentencia del juicio a las Juntas. Esa narrativa humanitaria daba sostén argumental a la prueba jurídica que permitía señalar la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas al tiempo que desarmaba el argumento de la guerra.

Ahora, si ese piso de verdad, sostenido sobre el reconocimiento del horror humanitario del terrorismo de Estado, estaba efectivamente construido, quizás teníamos el escenario preparado para avanzar en nuevas preguntas para abordar el período: ¿Cómo pensar a los desaparecidos y asesinados no sólo como víctimas sino también como militantes políticos? ¿Cómo eran las militancias que desarticuló el terror de Estado? ¿Cuáles fueron sus horizontes de transformación social, política y económica? ¿Qué aspectos de aquellas militancias se podrían recuperar, ya no orientados hacia la revolución sino hacia un proyecto como el de “ampliar derechos”? La necesidad de construir un piso humanitario se convertía de este modo en un escalón para avanzar sobre algunas preguntas acerca de las militancias de los setenta, desarmando la teoría de los dos demonios y eludiendo, o mejor aún, complejizando la referencia a las “víctimas inocentes” (12).

La posibilidad de contar con una base de acuerdos también permitía preguntar qué otros responsables tuvo el terrorismo de Estado más allá los miembros de las fuerzas de seguridad como ejecutores que de a poco iban comenzando a pagar sus condenas. ¿Cómo había sido lo actuado por otros sectores de la sociedad civil? Y sobre todo, ¿cómo había sido el rol de los grandes grupos económicos, cuyos dueños lejos estaban de ser alcanzados por los procesos judiciales de lesa humanidad en curso? Ese piso, entonces, podía ser la base para dar nuevos pasos tanto en términos histórico-políticos, como jurídicos y pedagógicos. La escuela podía ser un espacio en el que además de reconocer la responsabilidad de los represores, pudiéramos comprender que actuaron en sintonía con grupos cuyo poder, fortalecido en dictadura, continuó y se potenció durante la democracia.

Ahora bien, que el Estado haya enunciado este piso de verdad, no implica en modo alguno -lo sabe cualquiera que haya salido del espacio conformado por los “convencidos” – que eso se haya extendido a toda la sociedad, por lo tanto, tampoco a todas las escuelas, a todos los docentes y directivos. La memoria, tal como analizó Elizabeth Jelin (1995, 2002) en muchos de sus trabajos, es un escenario de disputas en el que priman la diversidad, las tensiones y las luchas permanentes por imponer los sentidos. Como agentes estatales, la normativa nos acompañaba, las políticas de memoria de escala nacional también, la voz estatal de las últimas décadas nos daba respaldo y los contenidos que produjimos daban carnadura a los objetivos planteados: no obstante, la pregunta por qué hace y cómo trata el docente los temas del pasado reciente muchas veces seguía teniendo como respuesta una incógnita. Por esa razón, nosotros hacíamos un ejercicio de interpelación a los docentes, sabiendo que en esa zona de diálogos crecía la probabilidad de que los temas llegaran a las aulas, de forma más eficaz que si hubiésemos basado nuestras políticas en la imposición, en el deber ser derivado de la norma. De esta manera, la pregunta pedagógica que orientaba buena parte de nuestras actividades era acerca de cómo enseñar el horror. Se completaba con otro interrogante, ¿cómo lograr que los docentes desarrollen efectivamente estos temas en el aula? Considerando que, como decíamos, la normativa nos acompañaba y nos avalaba, la pregunta quizás de naturaleza más sociológica podía ser ¿Cuál es la relación entre el ciudadano y la norma? ¿Cómo promover en este caso su efectivo cumplimiento?

La pregunta por si ese piso de verdad se extendía a todas las memorias ciudadanas se vuelve aún más compleja cuando la cruzamos con la dimensión regional. Sin caer en el “porteñocentrismo” -ejercicio que los integrantes del programa realizábamos permanentemente con la clara certeza de que la historia que estábamos construyendo era tan heterogénea como lo es nuestra nación, por lo tanto no correspondía que primaran los relatos construidos en ciudad de Buenos Aires- debemos reconocer que hay regiones del país en las cuáles este piso de verdad parece más construido y otras en las cuáles se vuelve un interrogante, cuando no lisa y llanamente una utopía. En algunas localidades (en ocasiones allí donde hay destacamentos militares ejerciendo su preponderancia sobre la vida ciudadana) los modos de pensar el pasado no se alejan lo suficiente de aquellas representaciones con las cuáles se justificó el horror. Estos son terrenos áridos para estas políticas públicas. Estos escenarios nos hacían preguntar si el piso de verdad era una realidad o una prescripción, una expresión de deseo que debía imantar nuestras prácticas.

¿Y ahora quién podrá recordarnos? 

En suma, durante el período iniciado en 2003, y sobre todo a escala del MEN en 2006, teníamos muchas condiciones dadas para pensar que se había construido un piso de verdad acerca de lo sucedido en la Argentina durante la dictadura o estábamos en vía de su construcción. Contábamos con la normativa, con la decisión política de llevar adelante un programa que diera materialidad a esa normativa, equipos técnicos dispuestos a elaborar libros y dar capacitaciones para sostener esas políticas y un contexto nacional que coadyuvaba en la medida en que las políticas de memoria adquirieron intensidad y centralidad inéditas.

Sin embargo, la pregunta que latía y que hoy más que nunca sigue latiendo es si estábamos reponiendo la voz estatal, tal como argumentábamos a la hora de definir el objetivo de nuestros materiales y nuestras capacitaciones, o si estábamos simplemente reponiendo una voz gubernamental que se pretendía estatal. A favor de la primera opción podemos retomar que había sido durante el gobierno de Alfonsín que el Estado enunció por primera vez este piso del que hablábamos y, sobre todo, un segundo argumento más contundente aún: incluso durante los años de impunidad, es decir, tras las “leyes del perdón” y los indultos, el Estado argentino no cambió su enunciación acerca de lo acaecido en nuestro país. La prueba acumulada que alcanzó a producirse antes de la impunidad mantuvo su rango de verdad, a pesar de que la decisión político-jurídica posterior haya sido dejar de juzgar a los responsables o liberar a los juzgados. No se instaló un nuevo modo de pensar lo sucedido sino un nuevo modo de tramitar la salida jurídica frente a estos acontecimientos.

En cambio, a favor de la opción que señala que no estábamos transmitiendo una voz estatal sino gubernamental se encuentran el nuevo panorama abierto tras la asunción de la nueva gestión del Poder Ejecutivo en diciembre de 2015. Si bien la normativa no se ha modificado, el Programa Educación y Memoria ha ido perdiendo fuerza, no sólo porque las autoridades no muestran interés especial en la puesta en práctica y/o continuidad de sus tareas habituales, sino porque el recorte en la cantidad de trabajadores extendido a varias dependencias del Estado hizo mella en su estructura. El programa achicó su dimensión, pero lo que más revela su situación actual es el desinterés de las nuevas autoridades por “reponer una voz estatal” para hablar del período de la dictadura. No hay proyección de crear materiales nuevos, ni continuidad en las capacitaciones docentes. La red de referentes que el programa había creado gracias a un trabajo artesanal y encomiable ha perdido fuerza, por no decir, existencia. Algo similar se puede decir del eje Malvinas, aunque no tanto del eje Holocausto y otros genocidios que concentra el mayor interés por parte de las autoridades (13).

Alejado ya del programa, me surgen algunos interrogantes que no se focalizan exclusivamente en la dimensión pedagógica del terrorismo de Estado, sino más bien se orientan a responder una pregunta que de algún modo acompañó el proceso de escritura de este texto: ¿En qué medida este nuevo gobierno está interesado en revisitar el pasado reciente para promover la elaboración de nuevas versiones sobre lo realizado por la dictadura? Es decir, en los años anteriores nos preguntábamos por la existencia del piso de verdad, o mejor aún, por cómo y en qué medida ese piso se había hecho extensible a toda la ciudadanía y en especial a todas las escuelas, los docentes, directivos y alumnos; o incluso, nos planteábamos el interrogante de si a partir de ese piso podíamos abrir nuevas preguntas que partiendo de la narrativa estrictamente humanitaria pudieran extender lazos con las dimensiones política y económica que habían cruzado al terror estatal. Pues ahora, cobrando la forma del retroceso, la pregunta vuelve a concentrarse en cuál es/será la voz estatal.

La lógica especular con la cual este nuevo gobierno actúa en relación con el gobierno anterior se advierte en muchos de sus discursos y sus políticas públicas. Se intenta producir un espejo que devuelva a la opinión pública una imagen contraria a la que tenía del gobierno anterior, obviamente en lo que el gobierno elige como sus aspectos más cuestionables. Ahora bien, esto no puede extenderse sin más a las políticas de memoria, a pesar de que hay varias señales que justifican la preocupación. Los juicios a los represores han continuado, seguramente sin la intensidad y la decisión política del gobierno anterior, pero mucho menos aún respondiendo a lo que anhelan muchos de los seguidores del actual gobierno. A su vez, es sabido que diferentes actores de los que apoyan al nuevo gobierno presionan para alterar el sentido de estas políticas. Los editoriales del diario La Nación que le piden (¿exigen?) al gobierno y al Poder Judicial que libere a los represores encarcelados por cometer crímenes de lesa humanidad, o les den prisión domiciliaria, no han sido pocos. Esta línea editorial es reforzada por la posición de algunos intelectuales que bajo una nueva forma del humanitarismo sostienen el pedido de sacar de la cárcel a los represores. Por otro lado, podemos ver en manifestaciones públicas partidarios del gobierno que rechazan las políticas de memoria de las que venimos hablando, cuestionan al gobierno anterior y a las figuras centrales del movimiento de derechos humanos e incluso en algunos casos se animan a reivindicar el terrorismo de Estado (14). Por último, se conocen reuniones entre el Secretario de Derechos Humanos de la Nación con agrupaciones que, bajo el argumento de defender “la memoria de las víctimas de la subversión”, no hacen más que intentar ejercer presión para que se ponga fin a las políticas que han encarcelado a los represores (15).

Mientras escribía este artículo la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió acortar la pena de un detenido por delitos de Lesa Humanidad. El fallo, basado en una ley actualmente derogada que computa doblemente cada día que un detenido pasa en prisión preventiva, otorga el beneficio al represor y abre la puerta para la liberación de muchos represores que en la actualidad cumplen condenas por haber cometido ese tipo de crímenes. La decisión de la Corte no modifica en si misma nada de aquello que viene siendo objeto de indagación en este texto: la existencia de un piso de verdad sobre lo sucedido en dictadura. Ahora bien, debe ser considerado por varias razones. En primer lugar, porque abre el interrogante acerca de cuál es la relación entre el fallo y el Poder Ejecutivo. Aunque soy consciente de que la mentada división de poderes pertenece más al terreno discursivo del deber ser que a la realidad, excede a estas páginas develar si se trató de un fallo tomado de manera autónoma o si fue negociado, consultado o simplemente un pedido del gobierno. La primera respuesta del poder ejecutivo, expresada a través del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, fue aceptar el fallo con un doble argumento: el primero basado en que así debe proceder siempre un gobierno con los fallos judiciales, el segundo, en virtud de un acuerdo con su contenido.

En segundo término, más allá de lo declarado en primera instancia por Avruj, las siguientes respuestas de los funcionarios del gobierno fueron críticas del fallo. Los argumentos son dos, de acuerdo al funcionario: algunos enfatizan que acortar las penas no es conveniente porque irradia impunidad, otros cuestionan que el fallo no distingue delitos comunes de aquellos de lesa humanidad, lo que les resulta injustificable. Ambos argumentos fueron presentados por el presidente Macri, una semana después de conocido el fallo. En línea con esto puede ubicarse la nueva ley velozmente sancionada en ambas cámaras con mayorías absoluta, lo que incluye obviamente a los bloques oficialistas, a partir de la cual quienes cometieron delitos de lesa humanidad quedan excluidos del beneficio del llamado “dos por uno”.

En tercer lugar, cabe consignar a modo de pregunta si el tardío pero homogéneo rechazo de los funcionarios del gobierno al fallo no es una respuesta a un humor social que lo cuestionó con una contundencia y unanimidad posiblemente inéditas. En un sentido, podríamos decir que la pregunta no es muy relevante, en la medida en que no lo son las verdaderas intenciones de nuestros gobernantes sino su capacidad efectiva de convertirlas en políticas públicas. En otro sentido, el interrogante cobra relevancia, puesto que podría ofrecer pistas sobre hacia dónde intenta orientar el gobierno sus políticas, lo que implica pensar si la fuerza de los sectores de la sociedad que las rechazan es mayor a la de los sectores de la sociedad que las promueven.

Los gobiernos construyen políticas públicas en diálogo con diferentes actores de la sociedad civil. En relación con estos temas, fue claro el diálogo propuesto por el gobierno anterior, lo que le valió no sólo el apoyo de organizaciones más ejercitadas en la articulación de tareas con el Estado, como Abuelas de Plaza de Mayo, sino también de otras que portaban una trayectoria mucho más radical en términos de sus vínculos con los diferentes gobiernos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.

¿Con quién dialoga este gobierno para definir sus políticas de memoria? ¿Dialoga con actores cuyas demandas no puede cumplir? Una hipótesis podría indicar que el interés del gobierno es liberar a los represores y cerrar los juicios que están en marcha, tal como se lo reclaman algunos de sus aliados, y que el impedimento se halla en la ecuación de costos y beneficios que tal decisión implicaría. En relación con esto, el rechazo generalizado al fallo de la Corte Suprema permite avizorar cuáles y cuántas fuerzas siguen activas y quizás en expansión en relación con la demanda de verdad, memoria y justicia.

También deben considerarse las declaraciones de algunos funcionarios del propio gobierno, relativizando el terrorismo de Estado y atacando algunas de las banderas del campo de derechos humanos y la memoria: a saber, la cifra de 30000 desaparecidos y el carácter sistemático del plan de desaparición de personas. ¿Son globos de ensayo para medir fuerzas en la esfera pública? ¿O son exabruptos de funcionarios que escapan a la lógica extremadamente cuidada de las estrategias discursivas del gobierno? ¿Qué piensan los funcionarios acerca del terrorismo de Estado? En verdad, la aspiración de estas páginas es que esa pregunta no tenga mayor sentido y que, independientemente de sus posiciones personales, los funcionarios se vean obligados a sostener estas políticas, partiendo de la certeza de que lo sucedido en Argentina fue un horror, que el Estado se puso al servicio de un plan sistemático de desaparición de personas, y que la violencia de la guerrilla tienen un estatus jurídico, político y moral muy diferente al de la violencia de Estado. Queda para el futuro la pregunta por los cómplices civiles, en especial económicos, de la dictadura. Algunos juicios avanzaron en señalar y mostrar esas responsabilidades, mucho más que complicidades, pero no parece ser éste el gobierno que pueda ni quiera avanzar en ese terreno.

A modo de cierre

Si una de las preguntas que recorrieron este texto fue la existencia de un piso de verdad, lo construido por nuestra sociedad desde el retorno de la democracia a esta parte parece indicar que efectivamente ese piso existe. Por los relatos de los testigos, por las sentencias judiciales, por las investigaciones académicas y por las diferentes políticas públicas orientadas en ese sentido. Como decíamos, ese piso no implica un cierre a nuestras preguntas hacia el pasado, sino una base de acuerdos para seguir indagando.

Lo que también parece confirmarse es que la existencia de esos acuerdos acerca de lo sucedido no impide que haya nuevos intentos por limitar el alcance que la Argentina ha logrado en pos de resolver jurídicamente estos conflictos. El fallo de la Corte Suprema fue en ese sentido y que la respuesta social haya sido contundente no implica que el asunto esté zanjado.

Por otro lado, dada la actualidad del Programa Educación y Memoria, también cabe consignar que el reconocimiento de la existencia de estos acuerdos básicos por parte de las autoridades del Estado –más allá de los relativistas y negacionistas que incluye- no es garantía de que estos temas se extiendan al resto de la sociedad con los mecanismos propios de esa institución central de nuestra sociedad: la escuela. Así lo demuestra la ausencia de continuidad de políticas educativas proactivas en esta materia.

El gobierno no parece dispuesto a jugar todas sus cartas para relativizar lo sucedido, menos aún para negarlo. Las últimas señales avizoran que tampoco cederá al reclamo de limitar las condenas de los represores, aunque esto vaya en contra de las posiciones de algunos de los sectores que lo apoyan. Pero, lo que tampoco parece ofrecer buenas señales es la intención del gobierno de profundizar en estos temas, de continuar haciendo de la escuela un espacio en el que las preguntas por nuestro pasado sigan siendo un modo de pensar nuestro futuro.

Notas

(1) Disponible en: http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/publicaciones/30_ejercicios_de_memoria/

(2) Disponible en: http://www.me.gov.ar/educacionymemoria/

(3) Para completar información sobre esto, en especial sobre este último eje, ver el trabajo de Kahan y Adamoli en este mismo número.

(4) Disponible en: http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/descargas/libro-sidebar/

(5) Disponible en: http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/110002

(6) Disponible en: http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/110039.

(7) Este dato puede ser una obviedad, pero dada la variedad de criterios para reclutar empleados que existen en este tipo de agencias estatales no debe darse por descontado. Por ejemplo, aquellos que ponderan las experiencias militantes de sus trabajadores, sobre todo en organismos de derechos humanos.

(8) En un sentido amplio, los investigadores que trabajamos en universidades públicas somos agentes estatales, pero formar parte de un programa del MEN implica una inserción más profunda en términos de estatalidad.

(9) En una oportunidad, reflexionando sobre cómo periodizar el terrorismo de Estado, un docente de Santiago del Estero sostuvo que, para él y en buena medida para el pueblo de su provincia, su finalización no había sido en 1983 con el retorno de la democracia, sino en 2003 con la caída de Musa Azar, represor emblemático de esa provincia.

(10) La referencia a reponer la voz estatal y los desafíos que esto implicaba surge de reflexiones colectivas en el marco de nuestra tarea en el programa. No obstante, las afirmaciones que acompañan estas ideas son de estricta responsabilidad personal. Agradezco a mis compañeros del programa por haber construido esos espacios de discusión, tan alejados del estereotipo que se arma en el espacio público para estigmatizar las acciones en el Estado durante el gobierno anterior. Lejos del “aguantadero” y de la verticalidad dogmática, el Programa de Educación y Memoria se construyó como un espacio de reflexión y puesta en práctica exigente y de calidad.

(11) Personalmente creo que, aún sin perder de vista la necesidad de observar críticamente la violencia de la guerrilla, ambas violencias deben, además, diferenciarse por dos cuestiones que complementan lo anterior. En primer lugar, el proyecto de país que defendieron: uno guiado por la esperanza de la emancipación y la igualdad (sin desatender la crítica a la militarización de algunos sectores); y otro orientado hacia la exclusión, la concentración de poder en los grandes grupos económicos y la desigualdad. En segundo lugar, la dimensión de la crueldad: mientras unos tomaron las armas, secuestraron e incluso asesinaron a integrantes de las fuerzas de seguridad, políticos, empresarios y otros actores de la sociedad civil, en lo que entendían era un proceso revolucionario; los represores ejercieron un plan sistemático de desaparición de personas, aplicaron la tortura y la violencia sexual contra detenidas y detenidos y secuestraron centenares de niños (muchos de los cuales –hoy adultos- permanecen en ese estado), delitos que jamás cometieron quienes militaban en las organizaciones armadas.

(12) En relación con esto cabe una aclaración: en términos jurídicos, todas las víctimas del aparato ilegal del Estado terrorista eran “inocentes”; puesto que no habían sido alcanzados por procesos judiciales. El problema es que en algunas ocasiones eso se leyó como “inocencia política”, entendida como ausencia de militancia política. El desafío era y sigue siendo reponer la inocencia jurídica de todas las víctimas e indagar en sus trayectorias políticas, porque allí se encuentra una clave de la represión y una posible recuperación de aquellas experiencias.

(13) Si bien esto es así en términos formales, debido al interés internacional que despierta el tema y su carácter políticamente poco conflictivo, tampoco hay una continuidad en el desarrollo de materiales ni de capacitaciones docentes.

(14) El uso del verbo “animar” no es casual. Una de las conquistas de la sociedad argentina de las últimas décadas es que las voces que reivindican el accionar de los militares, que pueden ser muchas, no tienen legitimidad para instalarse en la esfera pública sin recibir el agravio de la mayoría de la sociedad, incluso de aquellos que no son fervorosos defensores de las luchas y las políticas de memoria pero que tampoco pueden aceptar ese tipo de reivindicaciones.

(15) Queda abierta la pregunta acerca de qué espacio hemos dado como sociedad a aquellos familiares de las víctimas que se cobró la guerrilla. No puede negarse el derecho de esos familiares a pretender visibilidad y tampoco su intención de que el Estado escuche su voz. Ahora bien, como dije arriba, esas voces suelen estar más interesadas en defender represores que en recordar a sus familiares. De modo que quizás se aloje allí la respuesta acerca de por qué no han tenido la visibilidad que una narrativa humanitaria extendida, tal como está, les permitiría ocupar en el espacio público.

Bibliografía

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POLLAK, Michael (2006) Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite. La Plata: Ediciones Al Margen.

TRAVERSO, Enzo (2007) “Historia y memoria. Notas sobre un debate”. En Marina Franco y Florencia Levín (comp.) Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción.  Buenos Aires: Paidós.

VEZZETTI, Hugo (2002). Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

* Licenciado en Sociología, Magister en Historia y Memoria y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Da clases sobre Teoría Social Clásica en la carrera de Sociología (UNLP). Se ha dedicado a estudiar temas del pasado reciente, en especial organismos de derechos humanos y agencias del Estado dedicadas a los temas de memoria y derechos humanos. Su tesis de Doctorado se tituló “’Ampliar el círculo de los que recuerdan´. La inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria en el campo de los derechos humanos y la memoria (1999-2009)” que será publicada a la brevedad en el marco de la colección: "Los libros de la buena memoria", a través de la UNaM, la UNLP y la UNGS.