Los procesos de construcción de una "comunidad de recuerdo": un análisis en torno al "acto homenaje" a las trabajadoras desaparecidas en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Aletheia, volumen 8, número 16, junio 2018 ISSN 1853-3701
Déborah Cinthia Balé*
IDAES-UNSAM/CONICET
2017, Buenos Aires
cinthia.bale@yahoo.com
Resumen:
El objetivo del presente artículo es describir algunos aspectos y plantear ciertos interrogantes en torno a los modos de rememoración del pasado reciente impulsados desde el Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Para ello nos detendremos en el análisis de una práctica conmemorativa que tuvo como eje la "reparación" de los legajos laborales de empleados estatales que fueron víctimas de desaparición forzada y su entrega a las respectivas familias en el marco del Decreto n°1199 del año 2012. Especialmente nos centraremos en el acto conmemorativo que se desarrolló a fines del año 2015 en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (I.A.F.P.R.P.M) en homenaje a dos trabajadoras detenidas-desaparecidas y la consecuente institución de una placa conmemorativa. Nos interesa, por un lado, dar cuenta de la coyuntura histórico política en la cual se realizó el acto y los sentidos a partir de los cuales los distintos actores participantes lo dotaron de significación. Este análisis nos permitirá identificar los límites trazados en torno a la identidad de quiénes se encontraban presentes en la conmemoración y la construcción de un “nosotros” con legitimidad para recordar (Jelin, 2002). Por otro lado, nos proponemos realizar un análisis respecto de cómo dialoga la inscripción inaugurada en 2015 con el resto de las marcas que se encuentran en el Instituto más allá de su contexto político de instalación y de manera independiente de los sentidos que acompañaron su colocación original.
Palabras clave: Kirchnerismo – Conmemoraciones – Trabajadores estatales
La muerte revela toda la fuerza del nombre en la misma medida en la que ésta sigue nombrando, incluso llamando, eso que se denomina “el portador del nombre” y que ya no puede responder a su nombre o responder por su nombre. […] Al llamar o al nombrar a alguien mientras está vivo, sabemos que su nombre puede sobrevivirlo y que ya lo sobrevive, comienza desde que está vivo a arreglárselas sin él, diciendo y llevando su muerte cada vez que es pronunciada en la nominación o en la interpelación, cada vez que está inscrito en una lista, un estado civil o una firma.
Jacques Derrida, Memorias para Paul de Man, (2008):61
En este artículo nos proponemos describir y plantear algunos interrogantes en torno a los modos de rememoración del pasado reciente impulsados desde el Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) (1). Para ello nos detendremos en el análisis de una práctica conmemorativa que se desarrolló en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (I.A.F.P.R.P.M) en homenaje a dos trabajadoras del Instituto, Graciela Alicia Beretta Posse y María Magdalena Beretta Posse, ambas detenidas desaparecidas. Este homenaje se realizó en el marco de la "reparación" de sus legajos laborales ordenada por el Decreto n°1199 del año 2012 y concluyó con la colocación de una placa conmemorativa en el hall de entrada del Instituto. El Decreto n°1199 preveía la corrección por parte de las autoridades de la información falsa que —en la mayoría de los casos— la dictadura militar había hecho constar en los legajos laborales en relación con el destino de los trabajadores que se desempeñaban en la Administración Pública Nacional. Como parte de esta política, llevada adelante por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad desde el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, se identificaron y recuperaron cientos de legajos laborales de trabajadores desaparecidos o asesinados y se llevaron adelante numerosos actos conmemorativos en los cuales se convocaba a las familias de los trabajadores homenajeados para que recibieran una copia del legajo “reparado” (2).
Dado que el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares no constituye un lugar habitual de homenaje o recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado, nos interesa, por un lado, dar cuenta de la coyuntura histórico política en la cual se realizó el acto y se instituyó la placa conmemorativa y los sentidos a partir de los cuales los distintos actores la dotaron de significación. Por otro lado, propondremos un análisis respecto de cómo dialoga esa inscripción con el resto de las marcas que se encuentran inauguradas allí, más allá de su contexto de origen y de manera independiente de los sentidos que acompañaron su colocación original.
Antes de comenzar, sin embargo, nos gustaría dejar planteada una cuestión ético – metodológica que atraviesa la escritura de este texto. Dado que su tema gira en torno al acto conmemorativo dedicado a Graciela y María Magdalena Beretta Posse se vuelve necesario referirnos a ellas de manera reiterada. Esa necesidad nos enfrenta al uso que hacemos de las memorias singulares cuando reflexionamos sobre ellas como lectores, profesionales o académicos: ¿cómo hablar de estas memorias sin instrumentalizarlas, es decir, sin que se constituyan a lo largo del texto en meros ejemplos? Según señala el acápite que da inicio a este artículo, el nombre sobrevive más allá de la muerte de su portador: llamamos así a quien ya no puede responder a su nombre o responder por su nombre. Por eso, la cuestión de la responsabilidad no puede sino aparecer: ¿cómo honrar el imperativo ético de tomar a los otros como fines y no como medios, cuando el otro o la otra a quien nombramos no está aquí para responder? Y a su vez ¿cómo evitar la dilución de sus nombres en la ley de la generalidad que da sentido a todo ejemplo? Frente a esa pregunta, en este texto asumimos la precaución ética de temblar ante la escritura de sus nombres para no repetirlos “en vano”, pero al mismo tiempo no borrarlos en una categoría general que pretenda reemplazarlos. En esa tensión tal vez irresoluble se abre un espacio para que el texto sea además de un análisis y un ejercicio crítico, un acto de rememoración de Graciela Alicia Beretta Posse y María Magdalena Beretta Posse, a quienes de alguna manera les está dedicado.
El Instituto de Ayuda Financiera
El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (I.A.F.P.R.P.M.) es un organismo que tiene la función de contribuir con el Estado en la financiación y liquidación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión del personal militar de la Nación. Fue creado en diciembre de 1946 bajo la ley 12.913 y tiene sus oficinas centrales en un antiguo edificio del centro porteño en la calle Cerrito. Allí, personal militar retirado, en actividad y sus familiares concurren para realizar diferentes trámites vinculados al cobro de haberes, asignaciones familiares y pensiones, certificados, préstamos personales e incluso créditos hipotecarios. Al ingresar al hall de entrada, el escenario es similar al de cualquier otra entidad financiera: hay ventanillas de cobro, sillas dispuestas para la espera, guardias de seguridad, etc. Sin embargo, algunas marcas territoriales se destacan. Además de la placa que rinde homenaje a Graciela Alicia Beretta Posse y María Magdalena Beretta Posse, “trabajadoras del I.A.F.P.R.P.M detenidas desaparecidas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado” (3) otras tres placas fueron puestas entre 2016 y 2017, durante la breve gestión de Julio Martínez como Ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri. La más reciente es un homenaje “del Directorio del IAF” a los caídos en Malvinas y fue puesta en ocasión del 35° aniversario de la guerra. Las otras dos fueron colocadas en diciembre de 2016 y conmemoran los setenta años de la sanción de la ley 12.913 de creación del Instituto. Se encuentran firmadas por el Directorio y personal del IAF y las autoridades del Ministerio, respectivamente. La placa más antigua data de 1998 y también fue colocada allí en homenaje a los “caídos” en Malvinas.
Asimismo frente a los asientos dispuestos para la espera se dispone un cenotafio “a los caídos en el conflicto de Malvinas e Islas del Atlántico Sur” que fue inaugurado el 2 de abril de 2010. Está compuesto por cuatro placas geométricas que contienen la lista de los “caídos” durante el conflicto, una por cada Fuerza Armada más una cuarta que reúne a los “caídos” por las Fuerzas de Seguridad y la Marina Mercante. También se señalan, por separado, los nombres de aquellos que fueron muertos “a consecuencia de Malvinas”, es decir, que su muerte se produjo por circunstancias relativas a la guerra pero no en el “teatro de operaciones”. Las cuatro placas están acompañadas por dos piezas de mármol con la silueta de las Islas Malvinas situadas abajo, así como un pequeño pedestal que porta la denominada “llama votiva”. Por lo que puede leerse en la web del Instituto, el cenotafio fue una iniciativa concretada por la Fundación de apoyo al sistema administrativo del I.A.F.P.R. P.M, creada en 1992.
La Fundación se encargó de recuperar también el patrimonio pictórico del IAF e instaló en el hall de entrada un pequeño “Museo institucional”, que consta de una variada colección de objetos expuestos en vitrinas con sus respectivos epígrafes. Entre ellos, se encuentran fotografías y planos del edificio, elementos de oficina (por ejemplo, una máquina de escribir Olivetti, una vieja calculadora, billetes de antigua denominación), documentos oficiales como el acta de creación del Instituto, papeles que atestiguan designaciones de personal, boletines y el acta de otorgamiento del primer crédito hipotecario, entre otras. Por otra parte, en relación con el patrimonio pictórico, se trata de una serie de obras realizadas por los pintores argentinos Gastón Jarry, Arturo G. Guastavino y Gaetano Sparacino exclusivamente para el Instituto en el año 1955. Tres de ellas se exponen en el hall central y otras cinco, en el primer piso. Las del hall central se plantean como una representación alegórica, a partir de figuras femeninas, de aquello que es objeto de sus títulos: “El crédito hipotecario”, “El retiro militar” y “Alegoría del Instituto”. Las obras del primer piso se titulan “La Institución”, “La economía” y “Las finanzas”, también representadas por figuras femeninas en solitario. A ellas se suman la obra “Simbolización del instituto” y una segunda “La institución” de Gaetano Sparacino.
De estos elementos nos interesa no tanto el análisis de las obras en su calidad pictórica, sino retener de qué modo el conjunto compuesto por las cinco placas recordatorias, el cenotafio, el museo institucional y las pinturas, remiten a diferentes estrategias elaboradas por agentes cercanos al IAF, destinadas a dotar de sentido y valorizar el espacio como propio. La presencia de diferentes elementos conmemorativos asociados a distintas épocas y propósitos da cuenta de la intencionalidad de proyectar en ese espacio una determinada imagen institucional. Teniendo en cuenta esto ¿de qué modo se inscribe la placa en homenaje a las hermanas Beretta Posse en este espacio?, ¿qué narrativas e intencionalidades predominaron en el momento de su colocación? ¿Cuáles son los sentidos que dicha placa pone en juego hoy para los visitantes, trabajadores y funcionarios del IAF? Comenzaremos analizando la primera de estas preguntas.
El acto conmemorativo
Como adelantamos, el acto conmemorativo se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2015, en el marco de la política de reparación de legajos laborales ordenada por el Decreto n°1199 del año 2012. Impulsada por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad (4), esta política tenía como objetivo identificar y reparar los legajos laborales de los empleados de la administración pública nacional desaparecidos o asesinados. La denominada “reparación” consistía en indicar en cada uno de estos legajos que “la verdadera causa de la interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada o asesinato (según correspondiera) como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, dando cuenta de la falsedad de las causas remitidas por la dictadura militar. En el caso de Graciela Beretta Posse se trataba de indicar que la interrupción de su trabajo en el IAF fue el producto de su secuestro, ocurrido a las puertas del Instituto y su posterior desaparición forzada y no de la cesantía por "abandono de servicios", que había dispuesto una resolución del Directorio del IAF en enero de 1976. En el caso de María Magdalena se trataba de indicar que la renuncia que figuraba en su legajo constituía una renuncia forzada y que al igual que su hermana, la interrupción de la relación laboral había sido el producto de su detención y posterior desaparición.
En el marco de esta política, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad identificó y recuperó los legajos laborales de otros cientos de trabajadores desaparecidos que se desempeñaban en organismos de la Administración Pública Nacional (APN) y/o empresas con participación estatal y llevó adelante numerosos actos conmemorativos en los cuales se convocaba a las familias de los trabajadores homenajeados para que recibieran una copia del legajo “reparado”. Así desde diciembre de 2013 hasta noviembre de 2015 se llevaron a cabo veinticinco actos en diferentes ministerios, empresas y direcciones que conforman la APN, de manera conjunta entre la Comisión y el organismo correspondiente. Por lo general, los actos contaban con la presencia de los familiares, funcionarios, representantes de organismos de derechos humanos y entidades sindicales y finalmente los empleados actuales del organismo. ¿En qué consistían estos actos? ¿Qué tipo de narraciones se ponían en juego?
En su mayoría, estos actos comenzaban con la presentación de un locutor o locutora que conducía la ceremonia y la inscribía en el marco normativo del Decreto n°1199 (5). Luego seguía la entonación del himno nacional y los saludos y nombramientos de las autoridades presentes según una modalidad protocolar. A continuación se escuchaban los discursos de los oradores que solían ser uno de los representantes de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, las autoridades del organismo correspondiente, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en ocasiones algún familiar. Luego de los discursos se procedía al sellado de legajos laborales con la leyenda “Legajo reparado. Decreto 1199/2012” y la entrega a las familias presentes. Para finalizar se tomaban fotografías oficiales y como sucedió en este caso, se incluía el descubrimiento de placas alusivas (6). En el caso del IAF, las tareas que se desempeñan habitualmente en el lugar fueron suspendidas por la realización del acto (no estaba disponible la mesa de entradas ni el cobro de pensiones) y los empleados asistieron a la conmemoración con sus respectivos uniformes. El Instituto también se encargó de repartir folletería alusiva, en la cual se daba cuenta de las razones de la reparación, se incluían extractos de los legajos laborales y fotos de las trabajadoras homenajeadas. La atmósfera del acto fue fuertemente emotiva, no sólo por las palabras de los presentes sino también por los calurosos aplausos que seguían a cada intervención. A ello contribuyó también la musicalización de la ceremonia: en su hora y cuarto de duración se escucharon canciones de músicos populares como León Gieco y Gustavo Cerati.
Por otra parte, uno de los aspectos más distintivos del acto radicó en la presencia de funcionarios tanto militares como civiles. En efecto, el hecho de que desde las diferentes dependencias del Estado se organizaran “actos homenaje” que alteraran la rutina de la administración pública y que además contaran con un alto nivel de participación de los funcionarios, es una novedad que da cuenta del creciente involucramiento del Estado en la formulación de políticas de memoria durante los años kirchneristas (Da Silva Catela, 2011; Lvovich y Bisquert, 2008). En el caso del IAF no sólo participó el entonces Ministro de Defensa, Agustín Rossi, sino que también fue invitado como orador el entonces Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien, como él mismo se encargó de señalar, ya había participado de otras conmemoraciones. Asimismo, el acto contó con la presencia de la Directora Nacional de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa, la directora Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria y otras autoridades de la Secretaría de DDHH así como también los oficiales superiores que forman parte del Directorio del IAF, uno por cada fuerza. También estaban presentes los entonces titulares del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, el teniente general Luis María Carena y del Ejército, el teniente general Ricardo Cundom.
Esta marcada presencia de funcionarios en los actos conmemorativos da cuenta de la conversión del Estado nacional en uno de los principales actores en la formulación de políticas de memoria. Este proceso que responde a “una secuencia temporal mayor iniciada con gestos o acciones de gobiernos anteriores y que se superpuso, articuló o contrapuso con las actitudes de muy diferentes agencias y niveles estatales” (Alonso, 2011: 41), supuso una forma de "estatización de las memorias" (Da Silva Catela, 2014, 2011) en la cual es posible inscribir tanto la conversión de los documentos producidos por agencias estatales en soportes de memoria (tal es el caso de los legajos laborales) y también, como en el caso del IAF, la utilización de las diferentes dependencias del Estado nacional (incluso agencias destinadas al personal militar) como potenciales lugares de memoria. Pero además este nivel de participación adquiere un valor distintivo si se lo compara con el papel asumido por funcionarios de gobiernos anteriores. A contrapelo de la dinámica confrontativa que signó por mucho tiempo la relación del movimiento de derechos humanos con el Estado nacional, en los actos organizados en el marco de esta política no era posible verificar una oposición entre los militantes de organismos de derechos humanos allí presentes y los agentes estatales; por el contrario la práctica de memoria los incluía a ambos en una relación de legitimación recíproca. En esa línea, el hecho de que los funcionarios de la gestión kirchnerista protagonizaran junto con familiares de desaparecidos un espacio de conmemoración y homenaje al interior del Estado nacional resultaba un modo simbólico de sancionar el quiebre entre un Estado terrorista o un Estado ausente —tal era la representación compartida en estos actos sobre el rol del Estado en la década del noventa— y el Estado kirchnerista: los funcionarios en el gobierno no eran ya calificados como “cómplices” o “responsables” de la impunidad de la dictadura (en parte gracias a la derogación de las leyes de impunidad y la progresiva sustanciación de los juicios por crímenes de lesa humanidad) ni eran identificados directamente con la faz represiva del Estado, sino que se integraban dentro de la narrativa de la memoria sostenida por los organismos de derechos humanos al tiempo que la tensionaban y la modificaban.
Al mismo tiempo, esto deja en evidencia que el involucramiento del Estado en la gestión del pasado reciente constituyó un elemento central a la hora de poner en acto la propia pertenencia de los funcionarios a un determinado espacio político. Probablemente, esta sea una de las razones por las cuales la cantidad de actos realizados creció exponencialmente desde el comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales en septiembre de 2015. En efecto, si bien durante los primeros años la implementación de la política de reparación de legajos tuvo un carácter más bien lento, signado por ciertas tensiones, resistencias e incluso desinterés por parte de determinados organismos o ministerios, hasta el ballotage del 22 de noviembre se realizaron seis de los quince actos realizados en ese año, incluido el que aquí analizamos. Ambas cuestiones resultan de interés para nuestro análisis en la medida en que nos permiten circunscribir quiénes fueron los actores que pugnaron por la colocación de la placa así como la coyuntura histórico-política en la que estaban inscriptos.
Paralelamente, la presencia de actores militares en este tipo de homenajes también constituye una novedad que debe ser enmarcada en el largo proceso de incorporación de las Fuerzas Armadas al orden democrático. Como señala Frederic (2013), dicha inscripción se produjo en un escenario condicionado por la insistente preocupación de cómo subordinarlas al poder político y al mismo tiempo por los efectos que las memorias de las posguerras (especialmente, la denominada por los militares "guerra sucia" y la guerra de Malvinas) tuvieron sobre los actores políticos (Frederic, 2013:18). Esta impronta, que funcionó a menudo como un velo que impedía "descomprimir" pasado y presente (es decir, que visualizaba al ámbito militar como si continuara bajo los efectos de las condiciones dominantes en la década del setenta), recién comenzó a desagregarse a partir de la reapertura de los juicios y la identificación penal de los responsables del terrorismo de Estado (Frederic, 2013). Así bajo la gestión de Nilda Garré (2005-2010) se produjeron "cambios normativos organizacionales y valorativos, inéditos y sustantivos" (Frederic, 2013:68) que profundizaron las políticas de incorporación de las Fuerzas Armadas al Estado democrático y el proceso de ciudadanización de los militares. En este contexto, la presencia de oficiales superiores en el acto del IAF puede ser leída como parte de un ejercicio simbólico de sometimiento de las Fuerzas Armadas a la conducción civil (7) y también como un modo de encuadramiento del pasado en el marco del cual el terrorismo de Estado no es conmemorado solamente por los sectores cercanos al movimiento de derechos humanos, sino que -en línea con la denominada “estatización de la memoria”- se presenta como "política de Estado" y potencialmente como una memoria "nacional" capaz de convocar a todos los argentinos. De ahí que en el acto se reiteraran las referencias a la "democracia", el "Nunca Más" y "el respeto a los derechos humanos" como coordenadas básicas de un supuesto pasado compartido.
Al mismo tiempo, en este caso la convocatoria a una memoria común estaba centrada en el recuerdo de las hermanas Beretta como trabajadoras estatales. Esta clave, que fue inherente a la tarea de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y la reparación de los legajos laborales, constituye, a nuestro entender, otra novedad en el régimen de memoria conformado en el país en torno a la última dictadura militar. Este carácter novedoso puede advertirse si tenemos en cuenta que desde la narrativa oficial instalada a partir del Informe Final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), los desaparecidos fueron clasificados de un modo difuso según categorías ocupacionales (que incluían a “obreros” y “empleados”), ocupaciones concretas (como “docentes” o “periodistas” o “abogados”) e incluso calificaciones ocupacionales (Crenzel, 2008) pero en ningún caso incluían como categoría independiente a los trabajadores de la Administración Pública Nacional. En ese sentido, la construcción ex post facto de la categoría remite a un proceso de selección y elaboración del pasado en una coyuntura precisa en la cual predominaban los discursos vinculados a la idea de “retorno del Estado”, asociados a la gestión kirchnerista. Dicho de otro modo, la rememoración de Graciela y María Magdalena a partir de su condición de trabajadoras estatales es expresión de un contexto en el cual el Estado era visualizado como un espacio a ocupar y a valorar, lo cual explica también la mencionada presencia de los funcionarios. Al mismo tiempo, esa coyuntura precisa se veía modulada en los discursos de los funcionarios por la mención a una "generación" (la del setenta) y a determinados compromisos sociales y políticos que se le adosaban (8). Este modo de inscripción de Graciela y María Magdalena como “luchadoras populares”, aparecía vinculado con otro elemento que es el trazado de una continuidad entre esos compromisos políticos y el presente del gobierno kirchnerista. Así, mencionaba el Ministro Tomada:
“Porque este acto de reparación tiene que ver con un proceso mucho más profundo que vive nuestra patria en los últimos años que es la recuperación de la memoria y por lo tanto la recuperación de la identidad y por lo tanto la pérdida del miedo. Porque si algo ha significado este proceso histórico que estamos viviendo desde el 25 de mayo de 2003 es dejar atrás el miedo”. (Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)
O también:
“Por eso este homenaje que consideramos que nuestro mejor homenaje a Graciela y Magdalena, Nicky como la conocían sus amigos, es haber recuperado la verdad histórica, fortalecer la memoria colectiva como argentinos y reivindicar el trabajo de fuerte compromiso social y los valores que ellas tenían. Creo que este camino lo podemos estar transitando gracias a la firme decisión de nuestro presidente Néstor Kirchner comenzada el 25 de mayo de 2003 y continuada por nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”. (Presidenta del I.A.F, Ivana Besmalinovich, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)
Ambos funcionarios señalaban el inicio del mandato de Kirchner como un parte aguas que implicaba no sólo dejar atrás el “miedo” sino comenzar a recorrer un camino de reivindicación de determinados “valores” y “convicciones” (9) En esa misma línea, el entonces Ministro Rossi destacaba que “recién ahora”, luego de “32 años de democracia”, un trabajador del Instituto se había animado a informar al Directorio acerca de lo ocurrido con Graciela, evidenciando de qué modo el proceso político del que formaba parte había “generado las condiciones” para ello en un “proceso de construcción colectiva permanente” (10). Siguiendo este hilo, podríamos decir que lo que se conmemoraba en el acto no era sólo la ausencia de las trabajadoras desaparecidas sino la presencia del kirchnerismo como superación de un tiempo histórico y como reactualización de un mandato heredado de la militancia setentista que se renovaba en el presente. Eso explica que quienes ocupaban los resortes del Estado y hablaban en homenaje a las víctimas se percibieran ante todo como “compañeros” de “los 30.000 desaparecidos” y se constituyeran de ese modo en sujetos legítimos para recordar.
La placa conmemorativa más allá de su contexto de institución
De acuerdo con lo dicho hasta aquí, la placa conmemorativa de las hermanas Beretta condensaba, en el momento de su colocación, determinados sentidos asociados a una coyuntura política específica. Esta se encontraba signada por el proceso de “estatización de las memoria” y se modulaba a través de la categoría de “trabajadoras estatales”, la referencia “generacional” a un “compromiso político” y la apelación a una “comunidad de recuerdo” centrada en los funcionarios y trabajadores estatales como “compañeros” de las víctimas. Pero, ¿qué ocurre hoy con esos sentidos?, ¿qué significados adquiere esa placa una vez que la coyuntura que le dio abrigo se encuentra agotada? ¿Cómo se inserta esa placa en la historia del Instituto, tal como ésta es narrada en el resto del espacio? Por último: ¿puede pensarse su inscripción en el marco de una memoria “nacional”, no necesariamente circunscripta a la comunidad de recuerdo mencionada arriba?
La respuesta no es sencilla si admitimos que el juego de la significación permanece por definición abierto y que los sentidos dados a cada inscripción son inseparables de los recorridos de cada visitante y su propio posicionamiento respecto de una comunidad de recuerdo posible. Sin embargo, nos gustaría trazar al menos dos trayectorias de significación. Por un lado, es evidente que el recuerdo de las víctimas detenidas desaparecidas expresado en la placa tiene la potencia de remitir a sus ejecutores, es decir, a los miembros de las Fuerzas Armadas y su participación en el accionar criminal. Por esa vía, la placa constituye el testimonio de una culpabilidad o cuanto menos una complicidad incómoda que se refuerza por el hecho de que María Magdalena fue obligada a renunciar y que Graciela fue dejada “cesante” por el Directorio luego de haber sido secuestrada a las puertas del Instituto. Con esos sentidos en mente, la placa es disonantes respecto de las alegorías pictóricas arriba descriptas, todas ellas centradas en las bondades dela vida militar, la institución y el retiro. Del mismo modo, la placa es disruptiva si tenemos en cuenta una consideración de género: de todos los nombres que son recordados en las paredes del Instituto, los nombres de Graciela y María Magdalena son los únicos que pertenecen a mujeres y que, no casualmente, son recordadas como víctimas allí donde los hombres son rememorados como “combatientes” o “caídos” que “dieron su vida por la patria”.
Sin embargo, estas disrupciones no agotan todos los sentidos posibles. Como la placa misma lo señala María Magdalena y Graciela eran “trabajadoras del IAF” y sus historias pueden dialogar con la historia general del Instituto que se narra en el “museo histórico” dispuesto por la Fundación. Por supuesto que, lejos de tranquilizarnos, esto plantea otras preguntas de difícil resolución: ¿querrían Graciela y María Magdalena inscribir su recuerdo en ese espacio? ¿Desearían ser recordadas como trabajadoras del IAF? Para recuperar la pregunta planteada al inicio y dicho en términos generales: ¿de qué manera es posible honrar el mandato de recordar al otro o a la otra en su propio nombre? ¿Cómo sostener una fidelidad incierta respecto de la memoria del otro o de la otra, que pueda al mismo tiempo ser parte de una memoria pública y colectiva?
Si en este caso la placa puede leerse en un sentido fuertemente disruptivo y asociado a una coyuntura específica, al mismo tiempo expresa, como señalamos, una continuidad en la inscripción de las hermanas como trabajadoras del Instituto. Esa vía se refuerza por el hecho de que fue un ex compañero o compañera quien, luego de haber guardado durante muchos años el recuerdo de Graciela, hizo saber a las autoridades lo que había ocurrido con ella. En ese sentido, la placa conmemorativa no es solamente la huella de una intervención externa, sino que se vuelve parte de la historia del Instituto y de la agencia de sus propios trabajadores que lo habitan. A su vez, en ese gesto, la memoria acerca del terrorismo de Estado se abre hacia un relato menos binario: si antes referíamos la placa como un testimonio incómodo de los ejecutores y sus cómplices, la referencia a esta continuidad nos permite ver en ese mismo lugar, del cual se llevaron a Graciela, la existencia de un recuerdo amigo que la precedía y que hizo que esa inscripción con su nombre fuera posible.
En ese sentido y a modo de conclusión, nos gustaría señalar que, aun cuando es cierto que la inscripción en el IAF fue producto de una coyuntura política específica que sostenía su apelación sobre una determinada comunidad de recuerdo, su permanencia da cuenta de las transformaciones ocurridas en ese marco y sus posibles ampliaciones a lugares y memorias antes no imaginadas.
Notas
(1) Una versión anterior de este artículo fue presentada en las “VI Jornadas Espacios, lugares y marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal” organizadas por el Núcleo de Estudios sobre Memoria, CIS/CONICET-IDES en noviembre de 2017. Agradezco a los y las organizadoras por los comentarios recibidos.
(2) Para un análisis de conjunto de los actos conmemorativos realizados y/o promovidos por la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad y las transformaciones en los modos de narrar el pasado reciente durante los gobiernos kirchneristas véase Balé, Cinthia. (2018). “La construcción de una ‘comunidad de recuerdo’: los actos conmemorativos de ‘reparación’ de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos y las transformaciones en la narrativa en torno al pasado reciente argentino”. Sociohistórica (41). En prensa.
(3) Tal es la leyenda que figura en la placa conmemorativa.
(4) La Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad es una iniciativa de memoria que surgió en el año 2007 como producto de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria. La misma trabajó desde entonces en diferentes iniciativas que tenían como objeto la “reconstrucción” de la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. Más específicamente, a partir del decreto n° 1199 del año 2012, la Comisión tuvo a su cargo el relevamiento y la reparación documental de los legajos laborales de quienes al momento de su desaparición o asesinato revistaban como empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional.
(5) Por lo general la fórmula seguida por los locutores era: “En el marco de la política de Estado “memoria, verdad y justicia”, iniciada el 25 de mayo de 2003, el gobierno nacional ha dispuesto mediante el Decreto presidencial n°1199 del 19 de julio de 2012 el relevamiento y reparación material de los legajos de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos u asesinados entre 1955 y 1983” (Locutor, Acto en el Ministerio de Salud, 4 de agosto de 2015)
(6) Este señalamiento se basa en el registro de siete actos conmemorativos de un total de veinticinco. Estos fueron los actos realizados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de Economía, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, Sindicato de Trabajadores Judiciales y Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. El registro de los actos se realizó mediante técnica de observación participante con grabación sonora y fotografías. También contamos con reseñas de prensa, gacetillas oficiales y folletería. Para un análisis más detallado véase Balé, 2016, y nota 2.
(7) Un gesto que tiene su antecedente en la decisión de Kirchner de conmemorar el 24 de marzo de 2004 en el Colegio Militar de la Nación y ordenar al entonces Jefe del Ejército, Roberto Bendini, que descolgara los retratos de Videla y Bignone. Véase Salvi (2012:69); Frederic (2013:142).
(8) Veamos dos ejemplos: “Por eso este acto de reparación no es solo para ellas sino que aquí está presente una generación de la cual ellas formaron parte, con profundos dolores, con profundas convicciones que fueron un ejemplo de lucha…” (Presidenta del I.A.F, Ivana Besmalinovich, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015), o bien: “Quienes las conocimos, compañeras de escuela, de la parroquia, de la militancia barrial, con Susana, Cecilia, Guillermo, Inecita, Robi, quien les habla, guardamos el recuerdo emocionado de vidas que dieron testimonio y ejemplo, vidas que hubiéramos querido preservar, que nos hacen tanta falta y que la saña genocida arrebató en la Escuela de Mecánica de la armada […] Estamos seguras de que si hoy estuvieran físicamente con nosotros Graciela y María Magdalena, nos dirían con la firmeza que las caracterizaba, no bajen los brazos, no retrocedan, el camino es largo pero es el camino del pueblo, y en ese recorrido evocamos al poeta diciendo: algún día llegaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos [estallan los aplausos]” (María Elena Naddeo y Susana Figueroa, Acto en el I.A.F.P.R.P.M, 9 de noviembre de 2015)
(9) Para los usos de la memoria en los discursos presidenciales de Néstor Kirchner véase Montero, 2012.
(10) Al respecto, señalaba el Ministro Rossi: “Bueno, pasaron 32 años de democracia y hubo que pasar 32 años de democracia para que un trabajador de este instituto se acerque y diga que acá hubo trabajadores que desaparecieron, que no están, entonces… todo lo que tuvimos que pasar durante estos años para que se generen esas condiciones y ese tipo de situaciones… […]El nunca más no cierra la etapa, sino que abre una puerta. No es un sello, es una mirada. No es un objetivo logrado, es un objetivo a conquistar. Nadie puede sentir que sentado e brazos hemos cumplido, no, no… es una tarea constante, permanente, de todos los días y que cada uno en su lugar tiene que llevarla adelante. Yo quiero destacar, no conozco quien ha sido el trabajador ni tampoco necesito saberlo, pero en su nombre el agradecimiento a todos los trabajadores de la institución que le acercaron al directorio la información de que había dos compañeras detenidas desaparecidas”.
Bibliografía
ALONSO, Luciano., 2011. Vaivenes y tensiones en la institucionalización de las memorias sobre el terror de Estado. El caso de Santa Fe, Argentina, entre 1983 y la actualidad. Cuadernos de Historia. Serie Ec. y Soc., Issue 12, pp. 35-70.
BALÉ, Cinthia., 2016. La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y los procesos de encuadramiento estatal de las memorias sobre la represión. Tesis de Maestría. Buenos Aires: Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad Nacional de San Martín.
CRENZEL, Emilio., 2008. La historia política del Nunca Más. Buenos Aires: Siglo XXI.
DA SILVA CATELA, Ludmila. 2014. “Lo que merece ser recordado…” Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Issue 2, pp. 28-47.
DERRIDA, Jacques., 2008. Memorias para Paul de Man. Barcelona: Gedisa.
FREDERIC, Sabina., 2013. Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina. Buenos Aires: FCE.
JELIN, Elizabeth., 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
LVOVICH, Daniel. & BISQUERT, Jaquelina., 2008. La cambiante memoria de la dictadura militar desde 1984: Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: UNGS/Biblioteca Nacional.
MONTERO, Ana Soledad., 2012. ¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007). Buenos Aires: Prometeo.
SALVI, Valentina., 2012. De vencedores a víctimas. Memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina. Buenos Aires: Biblos.
*Déborah Cinthia Balé es Magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Es becaria doctoral del CONICET y doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Asimismo es miembro del Núcleo de Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur con sede en el IDAES. Su proyecto de investigación aborda los modos de encuadramiento estatal de las memorias de la represión a nivel nacional en el período 2003-2015.