Reseña del libro: Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (1)

Orellana Becerra/Reseñas en PDF

Vicente Orellana*

FLACSO-Argentina

2016

La Plata, Argentina

vicente.orellana.becerra@gmail.com

Joseph K se prepara, como cada día, para ir al banco en el que trabaja. Es su cumpleaños. No obstante, aquella jornada no saldría según lo planeado. Un grupo de hombres de civil, sin identificación, lo detiene en su domicilio. Comenzaba entonces el proceso, un año en el que una burocracia infranqueable lo absorbería y finalmente le quitaría la vida. Ésta detención podría haber sido la de alguno de los trabajadores víctimas de la última dictadura militar. No obstante, es el argumento de El Proceso (2), una de las obras emblemáticas de Franz Kafka, obra que condensa magistralmente los elementos claves de la pesadilla kafkiana. 

El texto Responsabilidad empresarial es un informe que contiene veinticinco casos de empresas en los que existen pruebas de que altos funcionarios ejecutaron acciones decisivas en colaboración con el terrorismo de Estado. Fue publicado en el año 2015 por la Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se encuentra disponible para su descarga gratuita en la web. Es producto del trabajo interdisciplinario de investigadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso-Argentina, el CELS, además del Sistema Argentino de Información Jurídica.

Está organizado en dos tomos con una extensión de mil páginas, conteniendo el detalle  de veinticinco casos de empresas. Los capítulos han sido seleccionados por un criterio geográfico, abordando en cada capítulo una región del país: Noroeste Argentino, Noreste Argentino, Norte de la Provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, Conurbano Sur y Sur de la Provincia de Buenos Aires.

Con este criterio, investiga en la región Noroeste los ingenios Concepción y  La Fronterita, en Tucumán; el ingenio Ledesma y la empresa La Veloz del Norte de Jujuy, así como la Minera El Aguilar en Salta. El segundo capítulo corresponde al Norte de la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe, estudiando los casos de las empresas acereras Acindar, Dálmine y Siderca; los astilleros Astarsa y Mestrina; las empresas ceramistas Lozadur y Cattaneo; las automotrices Ford y Mercedez Benz. A su vez, en el tercer capítulo, en la Región del Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires, se indaga en los crímenes cometidos en seis empresas: Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift, Alpargatas y Molinos Río de La Plata. Otras regiones, correspondientes a los capítulos cuatro, cinco y seis, tienen menos representación: Centro Argentino (Fiat), la región Nordeste (Establecimiento Las Marías), Centro-Sur de la Provincia de Buenos Aires (Loma Negra y La Nueva Provincia) No aparecen, en cambio,  casos publicados vinculados a la región de Cuyo ni a Patagonia.

¿Qué responsabilidad tuvieron los grandes grupos económicos en la detención, tortura y desaparición de trabajadores?. El objetivo de la investigación es “establecer conexiones entre las distintas formas de responsabilidad empresarial en la represión y delinear patrones de prácticas empresariales de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que constituyeron violaciones a los derechos humanos” (3) La hipótesis plantea que la colaboración de estas empresas fue decisiva para el éxito del plan de represión que llevaron a cabo las fuerzas de la dictadura. Así mismo, es destacable la opción por el concepto de responsabilidad en lugar de complicidad, ya que responsabilidad alude a una acción directa, consciente y deliberada.

Las fuentes que utiliza el informe son expedientes judiciales, actas de directorios de empresas, archivos de inteligencia, actas sindicales, información oficial de distintas escalas del Estado, así como la construcción de fuentes propias a través de la realización de entrevistas. Entre estos, destaca el uso del Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria. El conjunto de estos antecedentes aporta un material robusto que busca demostrar ante la justicia que los grupos económicos también fueron la dictadura. Motivo por el que los antecedentes recopilados para esta investigación han sido presentados a la Procaduría de Crímenes Contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Las fuentes que confirman la existencia de estos delitos tienen antecedentes ya desde los informes de la CONADEP y el Juicio a las Juntas. También es un hito la presentación de la CTA al juez Baltazar Garzón, en 1998, con antecedentes de diez mil casos de trabajadores desaparecidos, muchos de ellos con directa responsabilidad de los directivos de las empresas.

Los autores justifican la necesidad de esta investigación en la ausencia de trabajos sistemáticos que esclarezcan la participación de los grupos empresarios en el plan represivo de la dictadura. Si bien existen indagaciones previas, pocas tienen el objetivo expreso de esclarecer la connivencia directiva con los agentes de la dictadura.

Precisamente, una de las principales fortalezas de la pesquisa es la sistematicidad, sobre todo si consideramos lo extenso de ésta y el considerable universo de casos que aborda.  El informe, en lugar de ser una larga descripción laberíntica, está organizado en cuatro ejes temáticos, con su correspondiente apartado, para cada uno de los casos, a saber: proceso productivo, proceso conflictivo, proceso represivo y responsabilidad empresarial. Esto permite una fácil orientación, desarrollando distintas escalas de análisis.

En primer lugar, describe el proceso productivo. En este se aborda la historia de la empresa,  las características de la producción, la evolución de sus directorios y propietarios. La inclusión de este apartado, en cada uno de los veinticinco casos investigados, es novedosa y significativa, ya que conocer las características productivas permite aprehender en un nivel más complejo las relaciones laborales, tanto entre trabajadores como sus organizaciones y la patronal. No es lo mismo el trabajo en los ingenios azucareros que en una empresa metalúrgica, no solo a nivel técnico sino pensando en otros niveles y posibilidades, tanto la organización de los trabajadores como para la ejecución de los delitos represivos. Así, por ejemplo, la producción en los campamentos mineros o los ingenios, que son espacios productivos fuera del ámbito propiamente urbano, generan un tipo de relación en el que la empresa tiene un dominio extenso en la vida de los trabajadores. En muchos de estos casos se trabaja y se vive en predios de la empresa o ésta es el principal empleador de la localidad, como ocurrió en los casos de Ledesma, Minera Aguilar y Establecimiento Las Marías. Lo anterior está en línea con el pensamiento de John Womack (4), para quien los aspectos técnicos del trabajo son cruciales para un adecuado estudio de la clase obrera y su poder de clase, aspecto mayormente olvidado por los historiadores de los trabajadores.

En segundo lugar, los autores tratan  el proceso conflictivo. La conflictividad laboral  relación al interior de cada empresa marcaba una evolución a escala de los ritmos de la relación capital-trabajo del país en su conjunto. Este apartado describe, entonces, las luchas obreras en los lugares de trabajo, las reivindicaciones que cada sindicato llevó adelante como las conquistas que estos lograron, así como la vida política al interior de los sindicatos y su correlato con las orientaciones políticas nacionales. Todo con gran detalle y rigurosidad. De este modo, el conflicto laboral, creciente en la mayoría de los casos considerados a partir de los años sesenta, marcado por huelgas, paros y acciones de lucha, alcanzó reivindicaciones muy significativas. Una de estas fue la recomposición del sector asalariado en la distribución funcional del ingreso, alcanzando un histórico 48,5% del PIB en 1974, la más alta después de la histórica distribución del ingreso alcanzada por los trabajadores durante el primer peronismo, en un contexto en que el país encaraba una nueva etapa del proceso de industrialización.

En tercer lugar, se encara el proceso represivo. En 1974, al final de una década de crecimiento sostenido para la economía argentina, el conflicto laboral llegaba a su punto más alto: huelgas, quite de colaboración, cese de actividades y otras herramientas del histórico plan de lucha. Por esta razón, los grupos económicos tenían la correcta percepción de que perdían el control frente a la organización de los trabajadores. La solución: el disciplinamiento laboral. Así, el gobierno de Isabel Perón comenzó una escalada represiva sobre los trabajadores, sofocando a los núcleos más combativos, a partir de 1975. No obstante, la naturaleza democrática del gobierno era un límite para quienes propugnaban por un plan represivo de envergadura. Solo a partir del Golpe de marzo de 1976, la represión tomó un grado mucho más alto, en una escalada de crímenes que cambió sensiblemente la correlación de poderes a favor de los sectores del poder económico.

Como afirmamos recién, los primeros planes sistemáticos de terrorismo de Estado fueron llevados adelante a partir de la gestión de Isabel Perón: Operativo Independencia y Operativo Serpiente Roja. El primero, afectó muy fuertemente a los trabajadores de  los ingenios de Tucumán. A su vez, el Operativo Serpiente Roja tuvo como punto álgido de represión el copamiento de Villa Constitución por los militares y fuerzas de policía, el 20 de marzo de 1975. En esta intervención conjunta las fuerzas represivas ensayaron algunos patrones que posteriormente en dictadura serían una constante. Así, se arrestó a la mayor parte de la dirigencia sindical de las empresas, afectando  especialmente a los trabajadores de Acindar y Siderar.

Sin embargo, a partir del golpe militar de marzo de 1976 comienza un ciclo represivo más acelerado en medio de un plan sistemático de asesinatos, desapariciones, torturas y encarcelamientos. Desde un comienzo, la dictadura interviene directamente los sindicatos, anulando la personería jurídica de las organizaciones, siendo especialmente atacados los gremios con más afiliados y poder de lucha, como los metalúrgicos y automotores. Según el Plan de Ejército, citado en el informe, la primera prioridad en sus objetivos eran los gremios más combativos: Intersindical, CGTA, JTP, Movimiento Sindical de Base; en segundo lugar, los más moderados de la CGT, las 62 organizaciones y la Juventud Sindical Peronista.

La última dictadura también tuvo sus ciclos represivos. El primero, el más acelerado, comenzó desde el primer día del Golpe en el que se hicieron operativos en fábricas, controlando accesos e inmediaciones, revisando vestuarios, ocupando los predios, con el objetivo de detener a trabajadores, principalmente dirigentes y delegados. Estos fueron los casos de Mestrina, Astarsa y Astilleros Río Santiago. Estos operativos continuaron y se desarrollaron sobre Propulsora Siderúrgica, Dálmine-Siderca, Loma Negra, Swift, Ford, Minera Aguilar, Ledesma, entre otros. Durante este primer ciclo represivo, que los autores sitúan entre 1976 y 1979, se registraron durante todo el primer año detenciones en los predios de las fábricas, presencia militar en la producción, control de los accesos. Los autores consideran que a partir de 1979 comienza otro ciclo en la dictadura, encontrando también una respuesta más articulada desde los trabajadores, encontrando su punto de partida con la convocatoria a la primera Huelga General en 1979.

Ya que el tema central de esta investigación es la responsabilidad empresarial, se le dedica un apartado específico en cada caso investigado. Además, el informe establece a modo de conclusión la frecuencia de las prácticas criminales en las empresas investigadas, buscando dar con regularidades en los métodos represivos a los trabajadores de acuerdo a las evidencias presentadas.

Es decir, dentro del amplio marco de prácticas en las que incurrieron los sectores directivos, las más utilizadas fueron los secuestros y el despido forzoso de trabajadores, alcanzando una recurrencia probada del 88%. Otra práctica generalizada, con un 76% de aplicación en los casos estudiados, fue la entrega de información privada de los trabajadores y listas con los datos de los delegados sindicales. Otras que también superan el 50% de frecuencia son la aparición de oficiales de las FFAA en cargos directivos de las empresas (60%), la realización de operaciones militares en los predios (56%). Destaca también la regularidad con la que directivos de las empresas participaron de detenciones, secuestros y torturas (52%); así como la instalación de fuerzas represivas en los predios de empresas (48% de los casos).

Del conjunto de acciones represivas, la práctica de mayor violencia fue la existencia de centros clandestinos de detención al interior de las empresas. Esta práctica ha sido probada por la investigación en el 24% de los casos. Las empresas que mantuvieron centros de detención en sus propios predios fueron Acindar, en su albergue de solteros; Ford, en el sector de quincho; La Fronterita en los conventillos; Astilleros Río Santiago y, finalmente, la empresa de buses La Veloz del Norte, en galpones.

Como vemos, el arco de prácticas que sistematiza el informe siguió patrones comunes en la mayor parte de las empresas. Estas acciones dejaron el lamentable registro de 900 trabajadores víctimas del proceso represivo, esto solo si consideramos el marco de las empresas aquí estudiadas. De estos, 354 están desaparecidos y 65 fueron asesinados. El resto fue detenido, sometido a maltratos y luego liberado. Así pues, las empresas que más registraron casos fueron Astilleros Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y Fiat. En este sentido, un ejemplo paradigmático y extremo de la responsabilidad empresarial es la acusación a Marcos Levin, de la empresa La Veloz del Norte, por su presencia en torturas y apremios a los trabajadores de esta empresa de transportes de Jujuy, situación similar se dio en los casos de Acindar y Grafor.

Disciplinar al sector del trabajo era parte fundamental del plan de la dictadura para incrementar las ganancias y dividendos de los empresarios, aumentar la productividad, disminuir los días de paro, frenar las conquistas de salud, vivienda y aportes patronales que habían tenido los trabajadores durante aquella última década conflictiva. La política estaba proscrita, la venganza de la elite fue brutal.

Para concluir, establecer la responsabilidad empresarial como objetivo de investigación excede por mucho un interés académico. El objetivo, expreso o no, es saldar una deuda con las víctimas, sus familiares y con el conjunto de la sociedad argentina.

En definitiva, Responsabilidad empresarial es un sustantivo aporte al esclarecimiento de la verdad histórica. La abundante recopilación de fuentes, la adecuada organización del material, el interesante abordaje metodológico y conceptual permiten que sea una referencia académica y legal. El objetivo de esclarecer la participación empresaria se cumple a cabalidad, demostrando fehacientemente la hipótesis de que importantes empresas, a través de sus altos funcionarios, realizaron acciones que permitieron la comisión de crímenes de Lesa Humanidad. Lo anterior es corroborado por la contundente existencia de pruebas que muestran esa participación, desde testimonios orales, archivos de inteligencia, actas de directorios, hasta libros de novedades de destacamentos de policía, solo por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, esta  investigación no se propone haber agotado el tema. Por el contrario, se posiciona como un punto de partida para futuras indagaciones. Es por esto que se conservan antecedentes correspondientes a casos que no alcanzaron a ser individualizados en este informe. Sin duda, esto es especialmente necesario teniendo en cuenta que no hay aún empresarios condenados por estos delitos, a pesar de la abundante existencia de pruebas.

Recomiendo con vehemencia este texto para saldar una parte de la deuda con la verdad. Aún falta la justicia.

Notas

(1) AA. VV., 2015, “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado", Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 1037 páginas.

(2) KAFKA, Franz. 2004, El Proceso, Alianza Editorial.

(3) AA. VV., “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado", p.24.

(4) WOMACK, John., 2007, Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros, Fondo de Cultura Económica, México.

* Vicente Orellana es licenciado y profesor en Historia titulado por la Universidad de Playa Ancha, Chile. Actualmente es tesista de la Maestría en Economía Política, Mención Economía Argentina, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina.