Francisco Abelenda y Valeria Villalba. Guerra de Malvinas: un análisis de los documentos de archivo del Ejército

 Abelenda y Villalba / Artículos en PDF

Abelenda, Francisco *
Villalba, Valeria, T. **
UBA
CABA, 2017
francisco.abelenda@gmail.com

Resumen

El presente trabajo pretende dar cuenta de la investigación documental sobre la guerra de Malvinas y la posguerra desarrollada por el Equipo de Relevamiento y Análisis de documentos del Ejército, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Este Equipo trabajó en el relevamiento de documentación del fondo “Comisión Especial Malvinas” del Servicio Histórico del Ejército.

En el presente trabajo haremos un análisis documental que nos otorgará elementos para comprender determinadas prácticas desarrolladas por el Ejército durante y después de la Guerra de Malvinas, como también información que refleja las experiencias atravesadas por muchos soldados en el marco del conflicto. La evidencia recogida, analizada y sistematizada por la propia Fuerza permite afirmar que hubo una generalidad en las prácticas coercitivas por parte de oficiales y suboficiales sobre la propia tropa. A su vez, expondremos las órdenes y directivas referidas a la desmovilización y la vuelta al continente que dispusieron la creación de centros de recuperación y dispositivos de inteligencia con el objetivo de disciplinar a los ex combatientes para restringir la difusión de dichas experiencias. Por último, presentaremos el relato oficial del Ejército sobre la Guerra de Malvinas que tenía como objetivo insertarla dentro de una serie de guerras nacionales por la independencia, para legitimar y refundar la fuerza.

Palabras clave: Ejército Argentino, Guerra de Malvinas, documentos de archivo, Soldados conscriptos.

Introducción

Los equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa realizaron investigaciones a raíz de los dos decretos de desclasificación de documentos relativos a Malvinas. El primero fue el 200/2012 que relevó de la clasificación de seguridad al Informe Rattenbach (Comisión de Análisis y evaluación del Conflicto del Atlántico Sur-CAERCAS). El segundo fue el 503/2015 que desclasificó “toda la documentación relativa al Conflicto del Atlántico Sur”, tarea en la cual éste equipo –Ejército- trabajó durante el 2015 y 2016. En el marco de la causa Malvinas tramitada en el Juzgado de Río Grande y a partir de la solicitud de documentación, relevamos secciones documentales del fondo “Comisión Especial Malvinas” del Servicio Histórico del Ejército (CEM - SHE) con el fin de colaborar activamente con los pedidos de información en casos sobre graves violaciones a los derechos humanos. El fondo CEM es un material valioso por el hecho de ser documentos poco explorados de un vasto fondo documental, que aportan información tanto para la reconstrucción de conocimiento histórico como para los procesos judiciales en la medida en que fueron elaborados por la propia fuerza y otorgan aún más firmeza a los reclamos históricos de un gran número de ex combatientes.

El trabajo de análisis documental nos otorga elementos para comprender determinadas prácticas desarrolladas por el Ejército durante y después de la Guerra de Malvinas, como también información que refleja las experiencias atravesadas por muchos soldados en el marco del conflicto. Hemos identificado constantes a lo largo de los relatos referidos a la falta de preparación del Ejército para enfrentar al enemigo, tanto desde el punto de vista doctrinario como material. La tropa fue la más afectada en la falta de aprovisionamiento, denunciada por varios testimonios, ligada al hecho de acaparamiento de alimentos por parte de oficiales y suboficiales (1), lo que causó desesperación por hambre extrema y la necesidad de autoabastecerse. En muchos casos esta búsqueda de alimentos por parte de la tropa estaba prohibida por los superiores y cuando se los encontraba en esa situación le imponían castigos como estaqueamientos, enterramientos y malos tratos en general.

Por otro parte, expondremos las órdenes y directivas referidas a la desmovilización y la vuelta al continente, que pueden relacionarse con diversos aspectos de ese contexto histórico y ser interpretadas a partir de distintas dimensiones. Aquí tomaremos específicamente la forma bajo la cual el Ejército analizó las vivencias traumáticas citadas y tomó medidas institucionales para enmarcarlas dentro del ámbito de la institución, con el fin de que no trascendieran a la sociedad civil. Para ello, puso en marcha dispositivos de acción psicológica y contrainteligencia tendientes a restringir la circulación de información y a “blindar” la experiencia vivida en Malvinas.

El contexto de la Guerra

El conflicto del Atlántico Sur se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el marco del gobierno de facto instaurado el 24 de marzo de 1976. Por lo tanto, el contexto histórico de la Guerra remite al Terrorismo de Estado (Duhalde, 2013), en el cual las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y determinados sectores civiles tuvieron un rol fundamental en la transfiguración de los modos de constitución de identidades mediante la destrucción de relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad a través del aniquilamiento de un colectivo humano (Feierstein, 2007) y, por el otro, en la imposición de un patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera, la desindustrialización, la apertura económica y el desplazamiento de los trabajadores (Basualdo, 2013).

Desde fines de los años ´50 oficiales y suboficiales se formaron con la Escuela de Guerra Francesa, basada en la doctrina de Guerra Contrarrevolucionaria que se desarrolló en el marco de la guerra colonial de Argelia. La misma entendía a la población como el “terreno”, el “campo de batalla” de una guerra con fronteras ideológicas y ya no geográficas. Al generalizarse la sospecha sobre todos los ciudadanos se jerarquiza el rol de las tareas de inteligencia para poder identificar dónde se ocultan los “enemigos”. Mediante interrogatorios y torturas se obtenía información para conocer la estructura militar del oponente. La influencia de los militares franceses luego fue sustituida por la del Ejército estadounidense, que incorporó la Doctrina de la Seguridad Nacional y contrainsurgencia. Las Fuerzas habían asumido un rol diferente: la identificación y persecución de un enemigo interno (Mazzei, 2002). Según Martín Balza (2010) las Fuerzas Armadas estaban “alejadas de su adiestramiento para un conflicto convencional. La incursión en gobiernos de facto las había alejado, desde 1955, del profesionalismo”.

La ocupación de las Malvinas se anunció en un clima de deslegitimación y debilidad de la tercera Junta Militar -instalada el 22 de diciembre de 1981- conformada por el general Leopoldo F. Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier general Basilio Lami Dozo. Para aquel momento, era de público conocimiento la actuación de las fuerzas en el marco del Estado del terror. Además, el 30 de marzo de 1982 la CGT, el movimiento estudiantil, partidos políticos y numerosas organizaciones marcharon bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo” contra la política económica del gobierno de facto y reclamando la vuelta a la democracia. Sin embargo, no se puede aceptar rápidamente la extendida interpretación de la guerra como una reacción unívoca por parte de los militares ante una coyuntura crítica. En primer lugar porque, como todo hecho histórico, no hay un solo factor para explicar un acontecimiento, como tampoco basta con demostrar el interés real que tenía la dictadura por buscar legitimidad a través de la guerra de Malvinas. De hecho, el 2 de abril de 1982 una conjunción de actores desde distintos sectores y registros se sumaron, mediante diversos canales y modos, al entusiasmo general, lo cual refleja que la decisión produjo cierta legitimidad en le medida en que se basaba en causas políticas e ideológicas realmente existentes en todo el espectro político (Guber, 2001). En segundo lugar, la ocupación se venía planeando desde mediados de diciembre de 1981 y el 26 de marzo de 1982 la Junta Militar decidió poner en ejecución la “Operación Rosario” (ocupación de Malvinas) fijando como “Día D” el 1ro de abril en horas de la noche (Balza, 2010). Estas decisiones fueron paralelas al conflicto que se había suscitado con el gobierno británico por la presencia, desde el 19 de marzo, de trabajadores argentinos de una empresa de chatarra en las Islas Georgias.

Para el conflicto bélico el Ejército dispuso de 10.289 efectivos en las Islas, de los cuales murieron en el teatro de operaciones 194 y luego del conflicto 571 (2). De las bajas en las islas, 123 permanecen sin ser identificados en el Cementerio de Darwin, con la nomenclatura de “NN” (3). Respecto a los soldados conscriptos que fueron al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) como tropa, según la documentación de la época, fueron 7510 (4). La participación de la Fuerza estuvo estructurada en el envío de tres Brigadas, a las que se agregaron elementos independientes.

Los Centros de Recuperación del personal

En el presente apartado vamos a reconstruir un momento clave: la vuelta al continente y la posguerra. Luego de la derrota, se crearon Centros de Recuperación del personal con una doble función: la recuperación y el tratamiento del personal, así como ejercer un control previo a la reincorporación en la vida civil.

Entre mediados de junio y los primeros días de julio de 1982 miles de ex combatientes regresaron al continente. La recepción fue organizada por el Comando de Institutos Militares (Cdo IIMM), en Campo de Mayo. La Orden Especial (OE) Nº759/82 “Para la Hospitalización, Evacuación y Apoyo a la Recuperación Integral de los Heridos y Enfermos”, del 25 de mayo del ´82 reglamentó la organización. Disponía, por un lado, que el Cuerpo de Ejército V (Bahía Blanca) debía organizar los Centros de Hospitalización en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca para la atención sanitaria del personal herido y enfermo (5). Por otra parte, el Cdo IIMM debió organizar el Centro de Apoyo a la Recuperación Integral (CARI) con el fin de asistir al personal “para futuras acciones o integrarlo a la vida civil en las mejores condiciones posibles y sin que se vea afectada la seguridad nacional o específica de las FFAA” (6).

A la OE citada le siguieron otras órdenes que dispusieron la creación de centros de recuperación con análogos propósitos: el Centro de Recuperación de ex Prisioneros de Guerra (CREPG) (7) y el Centro de Recuperación del Personal de la Fuerza (CRPF) (8). El objetivo principal era efectuar el examen psicofísico y la clasificación del personal. Además, cada uno tuvo una Sección de Inteligencia, compuesto por grupos de Interrogadores quienes confeccionaban y realizaban las entrevistas. También se dispuso un Grupo de Contra Inteligencia para confeccionar normas del personal.

En la OE 760/82 se encuentran especificadas un conjunto de medidas de seguridad del CREPG con el objetivo de reforzar la prohibición a todo el personal de hacer declaraciones sobre todo dato de interés militar. En este sentido, se dispuso:

Fuente: Orden Especial Nº760/82

En la misma línea, el 19 de junio de 1982 el cte del V Cuerpo dictó la OE Nro 4/82 "Para el repliegue y desmovilización", en la que establecía “Medidas de Inteligencia y Contrainteligencia”, como la necesidad de controlar permanentemente la conducta, la moral, lealtad, honradez, decoro personal, discreción, del personal, “especialmente aquél que mantiene contacto con datos, información o datos clasificados”. Respecto a los medios de comunicación sólo debían proporcionar información previamente controlada, sin que vulnere las normas de contrainteligencia. Además figuraba la orden de "realizar una evaluación de los ciudadanos antes de su desmovilización (en especial ideología) a efectos de lograr antecedentes para futuras eventualidades" (9). En el apéndice 1 figuraba una "Cartilla de recomendaciones de contrainteligencia” para ser distribuida entre los ex combatientes:

Fuente: Orden Especial Nº760/82

A partir de la documentación consultada, figuran 6766 personas procesadas por los Centros creados para la recepción y reincorporación (10). Al ser recibido el personal, estos Centros confeccionaban documentos, como las “actas de recepción” o “fichas de antecedentes y resultados de las entrevistas”, con el fin de recolectar de manera concisa datos personales, experiencias de combate y estado psico-físico. Es allí donde consta información sobre la situación padecida por la tropa durante el conflicto bélico.

A modo de síntesis de este apartado, citamos un informe donde se sistematizaron declaraciones a partir de entrevistas individuales realizadas al personal internado del CARI. El Jefe de la Sección de Inteligencia del CARI informó las experiencias y elevó una serie de conclusiones al Jefe del Destacamento de Inteligencia 201:

“(...) el personal entrevistado en un porcentaje elevado, con el más alto índice entre los soldados, no desea volver al frente de batalla manifestando esto en razón de que:

1. Aprecian existe gran desorganización y errores de conducción por parte de los Oficiales, que les ha costado heridos y muertos entre sus camaradas.

2. El mal trato recibido por parte de los Suboficiales, quienes en muchos casos llegan a esconder comida o a tomar mayor parte que la que le corresponde, en detrimento de los soldados e incluso algunos manifiestan haber recibido castigos corporales al intentar quejarse por esta situación.

3. La falta de comida, el frío y el no contar con el equipo necesario para el caso, como así también el armamento recibido que no consideran adecuado para combatir.”

 “(...) una campaña de Acción Sicológica preventiva a nivel individual sobre los internados en dicho Hospital de manera que al ser evacuados, se evite el efecto “bola de nieve” que trae como consecuencia los comentarios por ellos realizados. Así también será quizás lo más importante, la puesta en conocimientos a los Comandantes o Jefes de los comentarios o declaraciones hechas por sus subordinados, a fin de que se adopten las medidas que crean convenientes para solucionar o prevenir hechos que afectan a la moral o a las operaciones.” (11)

Esa documentación fue elevada al EMGE y posteriormente remitida a los distintos Comandantes de Cuerpos para que investigaran las “presuntas infracciones” del personal. En una Nota del 30/12/82 del cte en Jefe del Ejército (12), general Cristino Nicolaides al Cdo Cpo V, se estableció que cuando “se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”. Específicamente para los casos en que “se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello al Comandante en Jefe del Ejército, quien decidirá sobre el particular”.

En síntesis, el diseño de medidas de inteligencia y contrainteligencia implementadas desde antes de finalizar la guerra, tuvieron el objeto de cercenar cualquier información que “dañara la institución” y dirigidas a la tropa para “reafirmar conceptos”. Aquí, a nuestro modo de ver, la actividad de inteligencia da como resultado información significativa para el análisis, tanto por haber sido producida por la propia fuerza como por reconocer la existencia de estas experiencias.

Documentar el silencio
 
Resulta fundamental insertar como parte precedente de este trabajo las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos padecidas por soldados conscriptos durante el conflicto de Malvinas. Después de 25 años, en el año 2007 algunas agrupaciones de Ex Combatientes de las provincias de Corrientes, Chaco y la Plata presentaron denuncias en el marco de una causa ante la Justicia Federal por violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales y suboficiales argentinos contra propia tropa (Lorenz: 2012), la misma derivó en la solicitud de investigación de 74 hechos, de los cuales el imputado Jorge Eduardo Taranto (13) fue señalado como partícipe de estaqueamientos, vejaciones y de un homicidio y abandono de persona de soldados conscriptos.
 
El principal antecedente de este reclamo había sido el trabajo de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes que reunió los testimonios en un libro y fue precursora de la causa. Este hecho “fue un proceso que se inició en un cine” (Vassel, 2008: 13) en el año 2005 se realizó un pre estreno de la película Iluminados por el fuego, proyección que generó mucha sensibilidad entre los asistentes, entre los participantes estaban presentes ex combatientes de toda la provincia.
 
Para reconstruir los hechos y el accionar del Ejército argentino en el TOAS, el Equipo trabajó a partir de los requerimientos recibidos en el marco de la causa 1777/07 “Pierre Pedro Valentín y otro s/ delitos de acción pública”. A partir del relevamiento documental fue posible reconstruir ciertas regularidades y encontrar información que reconstruye graves violaciones a los derechos humanos por parte de oficiales y suboficiales del Ejército hacia propia tropa en las islas Malvinas. El trabajo de análisis documental requirió de un marco de búsqueda y análisis definidos bajo un criterio común, en consecuencia se registraron todos los documentos que hicieran referencia a hechos o situaciones de maltratos, abuso de autoridad, torturas bajo diferentes formas: golpizas, estaqueamientos, enterramientos en pozos, inmersión en agua helada, etc. Del mismo modo, se registraron todos los documentos que refieran a situaciones arbitrarias en casos de órdenes por parte de superiores que negaran atención sanitaria, la prohibición de abastecerse de comida y testimonios sobre el acaparamiento deliberado de alimentos por parte de superiores.
 
Por otra parte se incorporó al trabajo de relevamiento y análisis toda documentación labrada por bajas en caso de enfermedades y/o accidentes: casos de intoxicación, congelamiento, trastornos vasculares, pie de trinchera, amputaciones, adelgazamiento, desnutrición, cuadros de neurosis y también muertes por inanición. En este sentido hubo preguntas que guiaron el trabajo en relación a padecimientos que dan cuenta de una serie de hechos a partir de la sistematicidad de los casos. Es el ejemplo de los pies de trinchera que se presenta como un cuadro generalizado en personal de tropa y que también se replica en las diferentes unidades, al poner en diálogo distintos documentos del fondo se ha logrado reconstruir un circuito de torturas y arbitrariedades a partir de un listado con bajas por pie de trinchera.
 
A continuación, presentamos algunos de los documentos producidos en los centros de recuperación donde se encuentran los testimonios de soldados conscriptos y que a pesar de las restricciones impuestas y las dificultades para expresar las situaciones padecidas, quedaron registradas y son numerosos los documentos que exponen estas experiencias vividas en Malvinas.
 
En relación a lo expuesto hallamos correlación en el relevamiento, como ya fue mencionado, de bajas de personal de tropa más frecuentes fueron por principio de congelamiento, trastornos vasculares y pie de trinchera, en muchos casos una de las consecuencias inmediatas de estas dolencias fue la amputación de miembros. Los testimonios dan cuenta de los impedimentos de cumplir con las órdenes de los superiores, por ejemplo se menciona la dificultad de cumplir posición permanentemente mojados, sin abrigo adecuado y soportar un régimen de hambre y debilidad constante.
 
En relación a casos de pie de trinchera presentamos el testimonio de un soldado del RI Mec 3 que mencionó la orden superior de no recibir atención sanitaria. Relató que, desde el momento que le da la novedad de sus dolencias, su jefe lo agredió en “forma verbal y física por medio de movimientos vivos y golpes contundentes y no dio la atención necesaria” (14). En otro documento figura que un subteniente “lo hizo estaquear y caminar descalzo por el agua (15).
 
Otro de los casos de amputación por pie de trinchera y vejámenes padecidos es el de un soldado del RI Mec 3, en la actuación por su enfermedad relató que “en el Hospital Naval Puerto Belgrano sufrió la amputación de los cinco dedos del pie izquierdo y tres dedos del pie derecho (16). El mismo soldado en otro documento denunció a un subteniente: “[...] que el mencionado oficial no lo dejó atenderse en la enfermería por pie de trinchera y que por comer un trozo de cordero lo hizo estaquear”. Frente a dicha denuncia, la fuerza indicó “restar trascendencia” y “ampliar información.” En el mismo cuadro se registra otra de denuncia del mismo conscripto a un cabo 1°, que “le pegaba y lo orinaba en la espalda, manteniéndolo en un charco por varias horas (17).
 

Entre los documentos se encuentran testimonios sobre la falta de alimentos para la tropa y se reiteran casos que indican la existencia de órdenes de los superiores por las cuales tenían prohibido buscar alimentos por sus propios medios, a pesar que el suministro no era garantizado por la Fuerza. Ante el escenario de hambre y la mencionada prohibición, encontramos casos donde se le imponen castigos y reciben represalias por procurarse alimento. Además, se describen el acopio de comida por parte de superiores y la privación de alimentos como sanción disciplinaria. Un conscripto del RI 12 expresó que “adelgazó 20 kg - comida era muy poca - a veces no comían - el jefe del regimiento tenía prohibido matar ovejas para comer.” (18). Otro caso, es el de un soldado del RI 5 que había sido internado por desnutrición declaró que el Jefe del Regimiento “les había prohibido matar ovejas para comer, pese a que los soldados caían en estado de desnutrición”; como experiencia negativa mencionó el “sufrimiento psíquico y físico que les generaba la falta de comida, el frío y los castigos innecesarios.” (19). En otra acta de recepción un soldado del RI 5 declaró “ver morir a un compañero por falta de comida” y dejó asentado que adelgazó 18 kilos porque no llegaba la comida y además que fueron golpeados, él y otros soldados, por oficiales y suboficiales (20).

Para finalizar también se ha encontrado documentación sobre muertes de soldados por desnutrición antes de iniciado el combate. Son dos soldados conscriptos que revistaban en el RI Mec 5, y un soldado del RI 12. En relación a los casos de las muertes de los soldados del RI 5, fueron reconocidos como “decesos por razones administrativas” por el jefe del regimiento (21).

En relación a lo expuesto, la presentación de algunos de los casos, entendemos, permiten evidenciar con documentos de archivo producidos y analizados por la misma Fuerza las vivencias traumáticas de la Guerra. Atravesadas por una situación peculiar: el maltrato recibido sobre la tropa, que incluye falencias estructurales, como indica el hecho fallecimientos por inanición previo al inicio del conflicto como también las denuncias por graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, fue necesario ocultar estos testimonios, negarlos, imponer su silencio y de esta forma establecer lo que es decible de lo que no.

Luego de permanecer en los Centros de Recuperación de Campo Mayo, los conscriptos fueron enviados a sus Unidades de origen o dados de baja. Como vimos anteriormente, la intención de las autoridades militares era que los conscriptos callaran lo que habían vivido, tal como lo sugiere el panfleto distribuido. Una vez desmovilizados muchos de ellos comenzaron a organizarse en Centros de Ex Combatientes en busca de contención, así como de un espacio político desde donde impulsar y tramitar pensiones, asistencia médica y sicológica, etc. Así surgieron los primeros Centros en La Plata, Capital Federal, Chaco y Corrientes. Dentro del universo de organizaciones que surgieron, algunas de ellas se autodenominaban “ex combatientes” buscando diferenciarse de los militares profesionales, que eran reconocidos como veteranos de guerra (Lorenz, 2012: 246). A partir de esta distinción, llevaron adelante una profunda crítica a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, reconociéndose como parte de una generación de jóvenes que había participado en una guerra antiimperialista para defender a la patria.

En este contexto, el Ejército siguió operando con sus dispositivos de inteligencia en la “seguridad interna” para contrarrestar los informes y las denuncias que comenzaron a publicarse en la inmediata posguerra sobre las penosas condiciones que vivieron los conscriptos en el frente y la falta de idoneidad de sus superiores en un contexto de clara superioridad del enemigo (Lorenz, 2012:158). En este marco, el CJE (Comandante Jefe del Ejército) dictó la Orden Especial 763/82 “Para el Apoyo a Ex Combatientes del Ejército en las Malvinas” para proporcionar “el máximo apoyo a los ex combatientes de Malvinas y sus familiares, a través de sus elementos orgánicos, complementando con los provenientes del ámbito oficial y privado, para lograr su recuperación moral y física a fin de contribuir a superar las consecuencias del reciente conflicto que afectan al personal de la Fuerza”. La operación consistió en “implementar, previa identificación y localización de los ex combatientes y familiares en cada jurisdicción y la determinación de su situación y necesidades, el apoyo a brindarles” tendiente a:

“1) Contribuir a la recuperación moral, psíquica y física, de los ex combatientes de la Fuerza.

2) Satisfacer necesidades espirituales y materiales de familiares directos de muertos, desaparecidos y discapacitados.

3) Promover el reconocimiento ciudadano al sacrificio realizado por los ex combatientes.

4) Fortalecer la imagen de la Fuerza y su vínculo con la población.

5) Negar espacio a las organizaciones subversivas y a los sectores adversos a la Fuerza.” (22)

 

Para operativizar esta Orden, se dictaron dos OE complementarias. En primer lugar, la Nro 778/83 “Para la creación del Departamento VIII Apoyo a Ex Combatientes del Ejército”, que tenía el objetivo de centralizar los pedidos y necesidades de los ex combatientes y sus familiares “como así también para la vinculación y control de las distintas organizaciones”. Otra de las funciones del Departamento consistió en “evitar la formación de comisiones (de apoyo a los ex combatientes) similares que se superpongan a las ya reconocidas, en especial aquellas que se integren con fines insidiosos”. En este marco, la Jefatura II - Inteligencia era la encargada de “proporcionar información sobre ideología de organizaciones de apoyo a ex combatientes” y “coordinar la acción sicológica específica” (23).

En segundo lugar, la OE Nro 783/83 creó un Sistema de apoyo para mantener el contacto y “favorecer la integración de los ex combatientes y su vínculo espiritual con el Ejército, neutralizando la acción de organizaciones políticas o ideológicas que intenten captarlos para servir a sus propios fines”. En el Anexo 4 se encuentra una lista de organizaciones clasificadas según su “predisposición o tendencia favorable a las Fuerzas Armadas”, como también un análisis de cada una, con datos sobre la fecha de su constitución, la sede, información sobre sus dirigentes, la ideología de la organización, principales actividades, vínculos y contactos.

Por último, dentro de la documentación relevada, encontramos un Informe elaborado por la Comisión Especial Malvinas en diciembre de 1989. Esta Comisión fue creada por resolución del Jefe del Estado Mayor General del Ejército y funcionó desde 1987 hasta 1995. Fue conformada por cuatro oficiales retirados, ejerciendo el cargo de presidente el general de brigada Juan Enrique Ottino. Su objetivo era“[...] producir un documento, que basándose en el análisis de toda la bibliografía actualmente disponible sobre el conflicto Atlántico Sur y el testimonio oral de sus protagonistas, permitiera disponer de la cronología más completa y veraz de los hechos en que participó la Fuerza” (24). Es un análisis del libro “Informe Rattenbach, el drama de Malvinas”, del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM). En el informe, la Comisión realizó un análisis integral del libro párrafo por párrafo, incluyendo un parte de inteligencia sobre los integrantes del CECIM. Se registró que se constituyó en 1982 y que su finalidad era la de nuclear a los ex combatientes y brindarles apoyo sicológico, laboral y jurídico. Su tendencia ideológica es definida como “izquierdista, y en tanto tal cuenta con el apoyo de partidos de izquierda, organizaciones de solidaridad y entidades de derechos humanos”. Consta además un análisis de los antecedentes de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, de las actividades que hicieron y de las que participaron desde su formación (25). 

El relato oficial del Ejército

En este apartado presentamos la visión específica del Ejército sobre la Guerra de Malvinas que tenía como objetivo insertarla dentro de una serie de guerras nacionales por la independencia, como un capítulo más de una narración histórica amplia para legitimar y refundar la fuerza.

A lo largo del siglo XX el Ejército Argentino acumuló poder político y social que contribuyó al fortalecimiento de su autonomía y al posicionamiento privilegiado al interior del aparato estatal. A medida que la Fuerza se transformó en una sólida burocracia estatal y profesional fue desempañando tareas que en otros países se vinculaban con ámbitos civiles, por el simple hecho de ser la única institución en condiciones de desarrollarlas (De Privitellio, 2010: 138). A partir de 1901 cumplió una tarea de orden civilizatorio: el Servicio Militar Obligatorio, que tenía el objeto de incrementar el poderío bélico de la Fuerza, “inculcar la conciencia nacional y el sentimiento patriótico entre una población masculina con una fuerte presencia de inmigrantes”. Este lugar asignado a la Fuerza en la comunidad nacional le otorgó a la profesión militar un marcado rol moralizador y un lugar privilegiado en la protección de los valores inmutables del “ser nacional” (Salvi, 2013: 4).

Desde la ocupación de las Malvinas el 1° de enero de 1833 los gobiernos argentinos reclamaron ante diversos foros internacionales por la usurpación del archipiélago. A lo largo de un siglo y medio “los argentinos y extranjeros contribuyeron a reunir las Islas Malvinas con la Nación y el pueblo, forjando las bases de una extensa y vigente ‘causa nacional y popular’” (Guber, 2001: 23). La noticia de la “recuperación” de las Islas se anclaba en el objetivo histórico y nacional de la reintegración territorial, razón por la cual una multiplicidad de actores sociales, que hasta el 2 de abril estaban proscriptos y/o eran fuente de sospecha, se sumaron a la iniciativa y manifestaron su entusiasmo.

Dentro del fondo documental tratado, existen algunas normativas que nos permiten adentrarnos en la lectura del conflicto que hizo la Fuerza, como el Plan de Acción Sicológica 1/82, “Conflicto con Gran Bretaña” del 9 de junio de 1982 que tenía como objetivo adecuar el estado moral y espiritual del público institucional (cuadros y soldados) para “contribuir positivamente a la aceptación de los posibles resultados del conflicto anglo argentino”. Por medio de exposiciones, conferencias, clases, charlas, se buscó instalar ciertos conceptos fundamentales alrededor de la guerra, como por ejemplo la idea de que “nada será igual al 1ro de Abril”. En el ámbito nacional “todos concuerdan que ya es otra Argentina”, lo que evidenciaba una “admirable cohesión (...) tras las FFAA, situación que será la base fundamental para encarar el futuro nacional tanto en la política interna como en la externa”.

El Plan también refería a la idea de que “nos vimos obligados” a enfrentar a Gran Bretaña, cuando la estrategia del Ejército Argentino (EA) había sido “mantener una presencia militar en las islas, mientras se llevaba el mayor esfuerzo por la vía diplomática, considerando que lo militar debe servir a lo político”. Como la hipótesis de guerra argentina presuntamente no contemplaba el conflicto, afirmaba que “nuestros medios, doctrina y organización no eran los más adecuados y fue necesario recurrir a la imaginación y capacidad argentina para adaptarse a la circunstancia a fin de tratar de superar esas limitaciones”.

El mensaje que se buscó transmitir desde la institución fue que las “FFAA tuvieron el más heroico y digno desempeño”, que “se luchó con coraje, con decisión”. La guerra en las Malvinas  se inscribió en la construcción de una narrativa que centra la identidad nacional en las guerras, como un ejemplo más “de los sacrificios realizados para obtener los objetivos nacionales”:

A partir del 2 de Abril de 1987 el Ejército desarrolló en todo el país una campaña de comunicación orientada a contrarrestar “la acción sicológica del adversario” que consistía en dos factores:

 “1. Por parte de GB (28) conseguir un efecto de desmalvinización en la conciencia de la población presentando inviable la recuperación de la soberanía sobre dichas islas.

2. Otros sectores internos tratarán de minimizar, desvalorizar y desprestigiar la intervención del EA en la GAS” (29).