Desde el fondo del tiempo otro tiempo (1). Apuntes sobre el proceso de identificación y recuperación para la memoria de los espacios represivos del terrorismo de Estado uruguayo

 Risso - Abrahan / Artículo en PDF

Mariana Risso*

INDDHH Uruguay.

mrissof@gmail.com

Manuela Abrahan**

INDDHH Uruguay - UdelaR.

2018,  Montevideo.

Resumen

 Este artículo propone un recorrido sobre la actualidad de la identificación, señalización y recuperación de los espacios represivos utilizados por el terrorismo de Estado en Uruguay. La intención es presentar un enfoque descriptivo que dará más cuenta del reconocimiento de espacios que de un análisis interpretativo del estado de la situación. La presencia del pasado traumático se expresa en las persistentes dificultades para desarrollar políticas públicas de memoria, las que permitirían visibilizar la vasta red de lugares que diseminaron la persecución y el castigo a lo largo de todo el territorio nacional. Los delitos de lesa humanidad perpetrados, las responsabilidades militares y civiles, marcaron los lugares y los reconvirtieron material y simbólicamente. La posibilidad actual de creación de sitios de memoria que abre el proyecto de ley a estudio del parlamento nacional, además de su dimensión memorial, produce nuevos espacios de debate sobre la acción política y sobre las luchas populares.

Palabras clave:   Espacios represivos - Sitios de Memoria -  Terrorismo de Estado

“Esta es la primera vez que hacemos este acto aquí,

lugar donde fue detenido, torturado y asesinado.

También puede ser éste el destino final de su cuerpo,

aquí pueden estar sus restos, prueba fundamental

de la forma en que fue asesinado.

Encontrarlo, a él y al resto de los compañeros desaparecidos,

nos fortalece como sociedad. Nos hace más dignos como uruguayos.”

Verónica Mato

Fragmento de la proclama del acto en homenaje a Miguel Mato,

detenido - desaparecido el 29/01/82 en La Tablada. Montevideo, 29/01/2018.

Introducción

Este artículo propondrá un recorrido descriptivo de la identificación, señalización y recuperación de sitios de memoria en Uruguay. Es notorio el rezago de nuestro país al compararlo con la región, en la construcción de relatos, la producción de debates y la recuperación de espacios para la memoria, que en este momento busca imponerse sobre el silencio sostenido durante décadas.

El primer espacio que se recuperó como sitio de memoria para ser la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en Montevideo fue la ex-sede del Servicio de Información de Defensa (SID) donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT). Su recuperación fue en 2015, y su señalización el pasado 22 de diciembre de 2017. El segundo sitio recuperado es el predio de “Los Vagones” en Canelones, utilizado por la policía como CCDyT, allí se mantuvo secuestrados fundamentalmente, militantes políticos y sociales de ese departamento. Fue recuperado, a solicitud de la Asociación Civil Ágora y vecinos de la localidad, por disposición de la Intendencia de Canelones.

Estos son dos ejemplos que pautan las reivindicaciones sociales por transformar los lugares más significativos de la represión y las resistencias al terrorismo de estado, en espacios recuperados por y para las comunidades.

La presencia del pasado traumático del terrorismo de Estado se expresa en las persistentes dificultades para desarrollar políticas públicas de memoria que permitan visibilizar la vasta red de espacios represivos que diseminaron el castigo a lo largo de todo el territorio nacional. Los delitos de lesa humanidad, las responsabilidades militares y civiles, marcaron los lugares y los reconvirtieron material y simbólicamente,

El 5 de diciembre del 2017, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó por unanimidad, el proyecto de ley que declara de interés general los sitios de memoria. La propuesta del proyecto surgió a partir de un proceso participativo a iniciativa de organizaciones sociales, sobrevivientes y familiares de víctimas (2).

2-  Los lugares del terror

El terrorismo de Estado en Uruguay se extendió desde 1968 a 1985, período en el cual la prisión prolongada y la tortura fueron el principal método represivo utilizado contra quienes fueron definidos como opositores.

Existen algunas investigaciones en distintos momentos históricos que dan cuenta de esa magnitud y sistematicidad. Uno de ellos, es el informe Uruguay Nunca Más, elaborado en 1989 por el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (SERPAJ), según el cual hubo 18 personas procesadas por la Justicia Militar cada 10.000 hab., sin contar quienes fueron detenidos y liberados sin procesamiento. En ese mismo informe, que recoge información producto de entrevistas realizadas a los presos y presas políticas (3), se reconstruyen sistemáticamente por primera vez los centros de detención. El SERPAJ puntualiza que 4.933 personas fueron procesadas por la Justicia Militar, y registra al menos 56 centros de detención en todo el país, 32 de los cuales se encontrarán en Montevideo.

La Investigación Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay elaborada por Presidencia y Universidad de la República en el año 2008, indica que 5.925 personas fueron  procesadas por la Justicia Militar:

“Fue común el caso de la prisión sin invocar razones ni tiempo determinado para las penas a cumplir, –ya sea en lugares de reclusión públicos, diseñados especialmente para ese fin, o en otros improvisados para esos efectos, o en otros de carácter clandestino–, sin ninguna garantía jurídica o procesal para las personas detenidas”. (Rico: 2008:9)

Según la misma fuente, fueron al menos 51 los centros públicos de detención, 9 los centros clandestinos identificados y 2 mencionados, pero sin identificar (4).

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR) de Presidencia de la República en 2013 relevó 31 centros de detención y tortura (CDYT) de jurisdicción militar o policial, el número se explica en que sólo consideran aquellos en los que se haya visto por última vez a uruguayos detenidos desaparecidos, 8 centros clandestinos de detención y tortura y 3 lugares de enterramiento donde se han hallado e identificado restos humanos hasta la fecha: Predio del Batallón de Ingeniería N° 13, Chacra de Pando y Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 14 en Toledo (5).

Estas fuentes documentan el gran encierro poblacional operado por el Estado uruguayo al menos entre 1968 y 1985, que implicó el fortalecimiento de un aparato represivo (principalmente constituido por el ámbito  policial  y  militar). Estas prácticas burocráticas para la gestión del horror, la tortura masiva y el encierro cuartelero, se extendió a todos los rincones del país. Con aproximadamente tres millones de habitantes Uruguay fue el país con más presos políticos por habitantes de la región.

3 - Los lugares - no lugares: memoria, verdad y justicia.

“Este no es un fin de camino, es un inicio.

Mucho costó pero estamos empezando el duro

 y necesario recorrido de la liberación de la memoria

en un país que parecía condenado a amnesia perpetua."

 Fragmento del discurso de Eduardo Galeano

Sepelio de Ubágesner Chávez Sosa

 (detenido desaparecido cuyos restos fueron los

primeros en ser recuperados e identificados en Uruguay)

 Montevideo, 14 de marzo de 2006

La Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado N° 15.848 de 1986 y el infructuoso referéndum para su derogación en 1989, junto a las elecciones presidenciales de ese mismo año que dieron como resultado la rotación pacífica en el gobierno, fue presentado por algunos como un sello de oro para la transición. Para otros en cambio, representan la clausura traumática que instala una sensación de silencioso malestar, que viene a sumarse al conjunto de ficciones que desde dentro y fuera de nuestro país, abonan la idea de excepcionalidad uruguaya.

“La dictadura es así razonada como un ‘desvío transitorio’ de esa linealidad institucional originaria, institucional (mente) luego corregida, y garantizada por las instituciones (“para siempre”)” (Rico, 1995:79)

El silencioso malestar atravesó la década del 90, con algunos hitos. El más importante, se inicia en 1996, al convocarse una marcha por el aniversario del asesinato en Buenos Aires de Zelmar Michellini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. A partir de allí, todos los 20 de mayo, ininterrumpidamente, decenas de miles de personas marchan en silencio por la principal avenida de Montevideo -y en los últimos años en los 19 departamentos- en reclamo de memoria, verdad y justicia.

Finalizando la década del 90, el poeta argentino Juan Gelman sacude una de las ficciones más sólidas del Terrorismo de Estado uruguayo que sostenía que la guerra mantenida en la década del 70, no había sido contra los niños. Sin embargo, el 31 de marzo del 2000, es confirmada la identidad de su nieta Macarena apropiada por un policía uruguayo. Años después, ambos profundizan las acciones judiciales reclamando al Estado uruguayo información sobre el paradero de María Claudia García Irureta Goyena, madre y nuera de los reclamantes, que fue secuestrada en Buenos Aires, trasladada a Montevideo, donde da a luz clandestinamente y es desaparecida.

El 12 de abril del 2000, Jorge Batlle es el primer presidente que recibe a una delegación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y tras la reunión decide instalar la Comisión para la Paz. Esta comisión emitió su informe final el 10 de abril de 2003, el mismo que fue evaluado por muchos como insuficiente, pretendió ser un nuevo sello de oro para el tema.

En materia de justicia, el 18 de octubre de 2002 se dispone el procesamiento de Juan Carlos Blanco, canciller civil de la Dictadura, por la privación de libertad muy especialmente agravada de la maestra Elena Quinteros. Su condición de civil lo dejaba por fuera de la Ley de Caducidad, por lo cual, este fue un impulso para que otras denuncias pudieran tener andamiento, en lo que se denominó posteriormente interpretación perforadora de la Ley de caducidad. (Bardazano, 2013)

Con la llegada al gobierno del Frente Amplio en 2005, cumpliendo con su anuncio y utilizando la interpretación perforadora, Tabaré Vázquez excluye de la Ley de Caducidad casos en los que estén involucrados civiles, se hayan desarrollado fuera de fronteras y marco temporal, y al mismo tiempo, en aplicación del artículo 4to de la mencionada ley, ordena, en convenio con la Universidad de la República, una investigación que culminó con la publicación de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, organizada en 5 voluminosos tomos (6) y que permitió el hallazgo de restos de uruguayos detenidos desaparecidos:

“Ubagesner fue el primero. Su familia, sus compañeros de militancia, las organizaciones de Derechos Humanos, los sindicalistas, estudiantes, las personas de este país, todos sentimos hondamente esa verdad, ese dolor, y la importancia de tenerlo entre nosotros.

Su cuerpo habló (el 25 de noviembre de 2005), como a los 3 días, lo hizo el cuerpo de Fernando Miranda encontrado el 02.12.2005 en el Batallón N° 13 de Infantería, y años después, Julio Castro (el 21.10.2011) y Ricardo Blanco (el 15.03.2012) en el Batallón de Paracaidistas N° 14 de Toledo.

Confirmó lo que sostuvimos siempre: fueron secuestrados por personal militar, torturados, asesinados y ocultados sus cuerpos, convirtiéndolos en un inmenso estigma y amenaza a la sociedad” (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos: 2015)

A nivel de reparaciones, con una primera etapa económica cumplida parcialmente durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), en 2009 se aprueba la Ley de Reparación Integral No. 18.596 que determina el reconocimiento como víctimas, la indemnización económica, y la atención especializada de la salud psico-física. También mediante esta ley, se determinan acciones en materia de memoria, determinando la colocación exterior y en un lugar visible, de placas o expresiones materiales simbólicas y recordatorias de estos hechos.

El Estado uruguayo no ha logrado atender suficientemente las demandas de memoria, verdad y justicia, ni las recomendaciones internacionales que van en la línea del reconocimiento de las víctimas como titulares de derechos, en su legítima expectativa de que se realicen las investigaciones y las acciones de la justicia penal sobre los acusados de delitos de lesa humanidad, reconociendo los tratados de derechos humanos ratificados por el país.

El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) presentó un informe a la 165° período de sesiones de la CIDH en octubre de 2017, fundamentando el incumplimiento del Estado uruguayo de la sentencia Gelman. En las conclusiones del informe se señala:

“Se han enumerado múltiples ejemplos de desidia judicial, de ineficiencia del sistema, de falta de datos y estadísticas públicas que permitan medir el nivel de avances, de agravamiento de la situación de defensores y activistas de DDHH en el Uruguay, de falta de elaboración de una política pública para investigar los crímenes de la dictadura. En síntesis, reiteramos que a más de seis años de la sentencia Gelman Vs. Uruguay, ésta no se ha cumplido en forma completa. Las investigaciones en causas por violaciones a los DDHH por el Terrorismo de Estado en el Uruguay no han registrado avances. El tema no es prioritario para el Estado, pues éste no ha elaborado ni puesto en marcha una política destinada a cumplir con su obligación de investigar y castigar a los responsables de esas violaciones a los DDHH”. (Observatorio Luz Ibarburu: 2017)(7). 

El informe señala que en un total de 261 causas sólo 13 arribaron a la etapa de condena, mientras que 161 se mantienen activas, pero de ellas sólo 3 se encuentran en etapa de sumario, es decir, en condiciones de emitir sentencia y eventualmente condena. Por otro lado, 87 fueron archivadas. En las 13 causas con condena son nada más que 20 las personas condenadas, de las cuales 18 se encuentran detenidas, quienes cumplen prisión efectiva -12- lo hacen en condiciones privilegiadas, y al resto le fue concedida la prisión domiciliaria

En materia de memoria, en todos estos años de gobierno progresista, podemos contar la creación del Museo de la Memoria en Montevideo por parte del gobierno departamental, las señalizaciones de lugares a nivel del territorio de la capital, a través de la iniciativa de un grupo de militantes sociales que el gobierno de Montevideo apoyó y que se conoce como Proyecto Memorias de la Resistencia, y más recientemente la aplicación de la mencionada ley de reparación a través de la colocación de placas en algunos de los lugares represivos  de todo el territorio nacional.

Esas iniciativas parecen dar cuenta de una forma de “perpetuar la memoria del terrorismo de Estado a través de soportes fijos y ya no únicamente por intermedio de la acción humana” (Broquetas: 227; 2007).

Las señalizaciones, monumentos, las placas, la creación del museo de la memoria de Montevideo dan cuenta de un camino de marcación territorial que empieza a surgir hace poco  más de una década, casi como  una respuesta a la imposibilidad de avanzar con contundencia en el camino de la investigación que surgiría si hubiese un accionar consistente de los operadores judiciales.

Los no lugares son aquellos que cumplen un rol en la ausencia de cualquier narrativa de  reconocimiento, no solamente no encarnan (materializan) la memoria, sino que soportan la voluntad de olvido. En ese sentido es interesante seguir las conceptualizaciones de Eugenia Allier Montaño que describe el funcionamiento en Uruguay de los “lugares de amnesia” (Allier 2008).

“Si en Uruguay varios edificios y predios que funcionaron como centros de detención durante la dictadura se pueden entender como lugares de amnesia, uno de ellos resalta por su utilización actual: el centro comercial de Punta Carretas, ya que ahí el olvido llega a su paroxismo. Utilizada durante la dictadura para albergar a cientos de prisioneros políticos, fue desalojada poco después de instalado el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y los prisioneros comunes que ahí quedaban fueron trasladados a otros establecimientos. Durante años el edificio quedó totalmente vacío y sin utilización alguna. En julio de 1991 se procedió a la venta a la empresa privada Alian S, A, por casi siete millones de dólares” (Allier: 2008; 98).

4) De los espacios represivos a los espacios de memoria

Es reciente en Uruguay la apertura de espacios de debate desde la sociedad civil para la recuperación de sitios de memoria.  Se puede mencionar como antecedentes el proyecto Marcas de la Memoria, lanzado en 2006 y aprobado por la Junta Departamental de Montevideo recién en 2010 por resolución unánime de todos los representantes donde se define la colocación de marcas urbanas en la ciudad en aquellos lugares representativos de la resistencia popular, es decir, sin poner el foco en los espacios represivos. Las 29 marcas que ésta iniciativa logró se concretaron entre 2013 y 2015 a través de un convenio entre la Asociación Memorias de la Resistencia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y el PIT-CNT.

En el marco de la ley 18.596, hasta el momento se han colocado 34 placas, se han declarado 2 fechas conmemorativas e instalado 5 memoriales. La mayoría surgen a iniciativa de la sociedad civil, que comparece ante la Comisión Especial creada por la mencionada ley y que funciona en el marco del Ministerio de Educación y Cultura. Las placas fueron colocadas en el período 2015-2017, y se trata de un proceso que no se ha terminado ya que se siguen presentando solicitudes y hay procesos en marcha que tendrán como resultado - seguramente- la colocación de nuevas placas durante 2018.

De la consulta a diversas fuentes de información pudimos relevar 73 espacios represivos utilizados por el terrorismo de estado entre 1968 y 1985, de los cuales 45 eran de jurisdicción militar: la mayoría de ellos batallones, cuarteles, o regimientos y también instituciones formativas. (Ver Tabla 1)

El saldo del proceso de señalización llevado adelante por las iniciativas mencionadas más arriba y otras puntuales, indica que de los 45 espacios represivos bajo jurisdicción militar se han señalizado 16. De estos 15 son placas en el marco de la Ley 18.596 y en un caso se trata de la iniciativa de un gobierno departamental junto con la sociedad civil. 

En cuanto a la utilización actual de los espacios, ninguno de ellos ha sido recuperado como sitio de memoria, 39 permanecen bajo jurisdicción militar, 2 han tenido una continuidad en sus fines represivos: uno de ellos reconvertido en 2006 cárcel especial para criminales de lesa humanidad y el otro en 2016 cárcel para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Tabla 1: Listado parcial de espacios represivos bajo jurisdicción militar durante el terrorismo de estado identificados. Ubicación, función actual y marcas.

En cuanto a los 3 Establecimientos Militares de Reclusión (EMR), también bajo jurisdicción militar ninguno de ellos ha sido recuperado como sitio de memoria. Dos se encuentran señalizados, uno en el marco de la Ley 18.596 y el otro por el proyecto Marcas de la Resistencia, mientras que en un espacio próximo al Penal de Libertad (lo que fuera el EMR1) se está construyendo actualmente un monumento en homenaje a los presos políticos.

Sobre la función actual de los espacios, es necesario resaltar que 2 de los 3 establecimientos siguen siendo utilizados con fines represivos por el estado democrático. El EMR1 es hoy una cárcel de hombres de máxima seguridad y el EMR2, a pesar de haber sido reclamado por organizaciones barriales y de ex presas como sitio de memoria, se reconvirtió en una cárcel de hombres de mínima seguridad, asimismo, el EMR3 ubicado en Tacuarembó continúa siendo una dependencia del Ejército, aunque ya no se utiliza para la reclusión. (Ver Tabla 2)

Tabla 2: Listado de espacios represivos (denominados EMR) bajo jurisdicción militar durante el terrorismo de estado identificados. Ubicación, función actual y marcas.

En lo que respecta a los 11 CCDyT identificados hasta el momento, solamente 2 de ellos han sido recuperados como sitios de memoria: se trata de la ex sede del Servicio de Información de Defensa (SID) centro operativo del Plan Cóndor y donde fueron recluidas personas de nacionalidad uruguaya y argentina; y de un predio ubicado en la ciudad de Canelones utilizado por la Policía para secuestrar opositores políticos y recluirlos en vagones de tren en desuso.

En cuanto a las marcas, de estos 11 espacios un total de 5 se encuentran señalizados. Los dos que han sido recuperados fueron marcados por iniciativa de las Comisiones integradas por sociedad civil e instituciones que los están gestionando, mientras que tres de ellos lo han sido en el marco de la ley 18.596, y el restante por el proyecto Marcas de la Resistencia. Hay que mencionar que en el caso del CCDyT SID, cuenta además con una señalización interna determinada por la Presidencia del a República en el año 2012, en el marco de la Sentencia Gelman vs Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, con respecto a la función actual, ya ha sido mencionada la recuperación de dos de ellos, mientras que de los restantes se puede mencionar que: 3 permanecen bajo jurisdicción militar o policial (330 Carlos, Cárcel del Pueblo y DNII), uno fue demolido y en su lugar se encuentra un complejo habitacional, mientras que la casa de Punta Gorda es una propiedad particular.

En el caso de La Tablada, se encuentra vacío y con guardia perimetral del Ministerio del Interior contratada por INISA, ya que se proyectaba una cárcel para adolescentes que se logró detener tras una medida cautelar interpuesta a través del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), el 28 de setiembre de 2017. Si bien la medida es en el marco de una causa, allí fueron detenidas y desaparecidas 13 personas, en octubre de ese año el juez decretó la medida de no innovar para proteger como fuente de prueba el predio. (9)

 De los restantes 3 no se posee información fidedigna del lugar exacto donde se encuentran. (Ver Tabla 3)

 Tabla 3: Listado parcial de espacios represivos clandestinos (CCDyT) durante el terrorismo de estado identificados. Ubicación, función actual y marcas.

De los 11 espacios represivos bajo jurisdicción policial se han señalizado 5. El primero de ellos en el año 2003 a iniciativa de la Junta Departamental, 2 son placas en el marco de la Ley 18.596, y en un caso se trata de la iniciativa del Municipio CH de la ciudad de Montevideo.

 En cuanto a la utilización actual de los espacios, ninguno de ellos ha sido recuperado como sitio de memoria. Cinco de ellos permanece bajo jurisdicción policial con distintos fines, entre los cuales uno continúa albergando personas privadas de libertad. El resto se ha reconvertido: centro comercial (Shopping de Punta Carretas en 1994), espacio de arte, centro de eventos, centro de atención a la infancia (futuro complejo de apartamentos) y parque tecnológico. (Ver Tabla 4)

Tabla 4: Listado parcial de espacios represivos bajo jurisdicción policial durante el terrorismo de estado identificados. Ubicación, función actual y marcas.

A esos 11 espacios identificados como centros de detención y tortura, gestionados por fuerzas policiales durante el terrorismo de estado, es preciso sumar las situaciones de los locales del Sindicato de la Unión de trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), y del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). Estos fueron apropiados por cuerpos policiales luego de allanamientos del año 1973 y convertidos en comisarías y centros de detención y tortura.  La sede del Sunca fue recuperada en democracia por los trabajadores y en mayo de 2014 fue señalizada por el Proyecto marcas de la resistencia. (10)

Por último, son tres los espacios represivos identificados como utilizados para la privación de libertad y tortura de adolescentes durante el terrorismo de Estado. Ninguno de ellos se encuentra señalizado ni recuperado como sitio de memoria. Uno de ellos continúa albergando adolescentes privados de libertad, mientras que los 2 restantes se han reconvertido: uno de ellos en centro educativo y el otro en una oficina dedicada a la educación del Instituto del niño y el adolescente del Uruguay. (Tabla Nº 5).

Tabla 5: Listado parcial de espacios represivos utilizados para la reclusión de adolescentes durante el terrorismo de estado identificados. Ubicación, función actual y marcas.

Desde principios del 2016 se abre una nueva etapa de debates en torno al campo de la recuperación de espacios para la memoria. Un colectivo conformado por organizaciones sociales, se constituyen en la Red Pro Sitios de Memoria para elaborar, a través de varias instancias de discusión y análisis, una propuesta de anteproyecto de ley. 

La aprobación de esta ley abriría una oportunidad para institucionalizar políticas públicas de Memoria, su puesta en práctica permitiría las condiciones adecuadas para dar respuestas a los reclamos de reparación simbólica a las víctimas del terrorismo de estado e impulsando el Nunca Más como horizonte posible, a la vez de aportar a la elaboración de relatos respetuosos de los Derechos Humanos y la identidad democrática. Los Sitios de Memoria tienen un importante valor testimonial, su materialidad constituye un patrimonio cultural para las generaciones futuras. Plantea Elizabeth Jelin:

“La urgencia de trabajar sobre la memoria no es una inquietud aislada de un contexto político y cultural específico. Aunque intentemos reflexiones de carácter analítico general, lo hacemos desde un lugar particular: la preocupación por las huellas de las dictaduras del Cono Sur de América Latina de las décadas de los sesenta a los ochenta, y lo elaborado en los procesos post-dictatoriales posteriores, en los años noventa. Nuestras investigaciones no estaban en torres de marfil, sino que estaban enraizadas en compromisos éticos y políticos de nosotros/as mismo/as, como ciudadano/as activo/as (lo cual implicaba, sin ninguna duda y por mucha suerte, redefinir los criterios de "objetividad" que habíamos aprendido en los saberes positivistas, reivindicando al mismo tiempo con fuerza los criterios de rigor)” (Jelin: 2003)

En el sentido de la cita precedente es necesario dar cuenta de algunos aspectos de los debates instalados por colectivos de víctimas del terrorismo de estado uruguayo y de activistas de Derechos Humanos, en torno a lograr la garantía y protección legal que permita la recuperación, construcción y preservación de sitios de memoria, definidos como aquellos lugares donde se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, se desarrollaron episodios significativos de la resistencia popular al autoritarismo y aquellos que han sido elegidos por las comunidades, sobrevivientes y familiares de víctimas, para el homenaje, la reflexión y el recuerdo.

Parte del fundamento y definición que se plantea surge del conocimiento e intercambio con diversas experiencias significativas en la región, muchas de las cuales sustentan el documento: “Principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria” del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) 2012.

En forma paralela se conforman y consolidan coordinaciones de varios colectivos que están integrados por personas y organizaciones históricas en las luchas por verdad y justicia. De esos encuentros se comienzan a desarrollar y fortalecer una importante actividad reivindicativa en torno a la necesidad de generar una política pública de memoria.

Algunos de los grupos vinculados a la reivindicación de espacios son, entre otros, el de sobrevivientes del CCDyT  “300 Carlos”, que se consolidó a través del apoyo del Museo de la Memoria de Montevideo (MUME); el colectivo Ágora; el colectivo por la Memoria de Soriano, la Comisión del Sitio ex-CCDyT SID y el Colectivo por la Memoria de la Tablada (COMETA).

Se destaca que en el año 2017 surge de la inquietud de familiares y sobrevivientes del CCDyT La Tablada y de vecinos de la zona, la iniciativa de impedir la utilización del predio para construir una cárcel para adolescentes en conflicto con la ley penal, en ese lugar ubicado en la zona oeste de Montevideo donde funcionó la sede del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

 La reparación simbólica que otorgan a la sociedad en su conjunto los sitios de memoria requiere de un diseño institucional sustentable que debe contemplar la construcción de mecanismos de participación y transparencia de procesos. En ese sentido el documento del IPPDH (2012), orienta de manera muy relevante:

“El diseño institucional de estos sitios debe contemplar mecanismos de transparencia, monitoreo y evaluación que permitan la rendición de cuentas por parte del conjunto de la sociedad. Ello sobre todo cuando se trate de instituciones que están dentro de la administración estatal o que cuenten con algún tipo de financiamiento público” (IPPDH: 2012)

 Consolidar avances normativos es un avance, pero la concreción dependerá del desarrollo de las capacidades de todos los actores involucrados, en ese sentido esta etapa de fomentar intercambios y promover amplios acuerdos entre las organizaciones sociales, funcionarios públicos y representantes políticos es fundamental para que la recuperación de sitios de memoria sea sustentable.

Podría suponerse en una primera lectura superficial que Uruguay se asoma tarde a los debates sobre el papel de los sitios de memoria, casi sustraído a las interrogantes sobre la posible carga sacralizadora o fetichizadora de los edificios convertidos en sitios de memoria. En ese sentido las reflexiones de Portos (2017) y Croccia, Gugllielmucci y Mendizábal (2008) presentan un campo de  interrogaciones valiosas. Sin embargo, las diferencias, a veces sutiles y a veces no tanto, con las contingencias histórico - políticas de nuestros vecinos, permiten conjeturar que habrá debates en común pero también oportunidades para pensar en torno a las diferencias y las singularidades de los procesos.

Quizá una de esas singularidades más desafiantes es la de construir herramientas conceptuales que consideren en el análisis de los sitios de memoria las singularidades del proceso represivo uruguayo, en particular la sobrevivencia de la mayoría de los secuestrados que pasaron por centros clandestinos de detención y tortura para transformarse en presos y presas políticas o exiliados y exiliadas. (13)

 Messina (2010) aborda el caso de CCDyT “Olimpo” y destaca a partir del estudio de los considerandos del juez Daniel Rafecas que: “La amplia descripción y argumentación del proceso de deshumanización al que fueron sometidos los detenidos que se realiza en el fallo —proceso posibilitado y sustentado en la desaparición de la persona jurídica, de la persona moral y en la destrucción de la identidad en términos de Hanna Arendt (1982), y en la situación de "estado de excepción" propia de los campos en términos de Agamben (1995, 2000, 2005)—, permitió asemejar estos centros con otros universos concentracionarios y, al mismo tiempo, alejarlos de otras formas de encierro, como los establecimientos carcelarios” (Messina: 226:2010).

En Uruguay algunos de los miles de sobrevivientes de tortura y prisión prolongada se convirtieron en los dirigentes políticos representativos de la coalición de izquierda que se mantiene en su tercer período de gobierno. Esto tal vez deba ser considerado como un factor de incidencia en las formas y los tránsitos particulares que han adquirido, los acuerdos y los debates políticos y sus impactos en las reivindicaciones de verdad, memoria y justicia. Es reciente la conformación de coordinaciones entre distintos grupos de la sociedad civil, personalidades representativas e instituciones del estado por la demanda por una recuperación material de los espacios de la  memoria.

 Este abordaje busca señalar las formas de surgimiento de nuevos espacios de debate, de interpelación a los espacios en su amnesia persistente y en especial, en la naturalización de su mantenimiento dentro de funciones represivas.

Las condiciones de sobrevida para la acción y la reflexión crítica parece estar convocada a generar agendas de la memoria, para que la impunidad no se cristalice en una apatía que clausure la acción reivindicativa y abra a las nuevas generaciones posibilidades de enunciación y de circulación plural del sentido político, como herramienta de construcción de futuras narrativas.

5- Las tramas que dan sentido

“El lugar, en otras palabras, es el sitio donde el acontecimiento adviene y configura, marca y afecta. Entonces, la memoria requiere de un lugar donde acontecer porque la memoria es un diálogo complejo e indeterminado entre espacio y tiempo”.

Pablo Sztulwark (2009)

De aprobarse el Proyecto de Ley de Sitios, suceso que posiblemente ocurra en junio 2018 durante el proceso de revisión de este artículo, se avanzaría en formas de preservación que permitan dar pasos en el cumplimiento de la importante deuda en materia de justicia, verdad, memoria y reparación que tenemos en nuestro país.

Aquellos sitios donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos son espacios para recuperar, en tanto lugares y en tanto narrativas colectivas a construir. Los sitios de memoria son oportunidades de elaborar, repensar y transformar las huellas traumáticas de la conflictividad política y de las lógicas represivas y criminales desplegadas por el estado en nuevas formas de apropiación de los territorios y las comunidades, para el despliegue de relatos y posicionamientos comprometidos con el respeto a los derechos humanos.

Cumplida esa etapa, este tránsito requerirá también de una sociedad civil activa y fortalecida que, de vida a los espacios, en un vínculo que se retroalimenta: los espacios de memoria son lugares de encuentro donde las comunidades dialogan en el presente acerca de aquello que sucedió en el pasado pero que les permite comprender mejor su presente y sobre todo, conocer lo que no se quiere para el futuro. En este sentido, se transforman en la más potente reparación simbólica para las víctimas, así como en una herramienta valiosísima para la educación en derechos humanos.

El tránsito de los monumentos, marcas, placas y fechas a los espacios de memoria, a los sitios recuperados, es una oportunidad de profundizar el tejido de las tramas que dan sentido a esas señales en el territorio. 

La reivindicación de los espacios desafía a pensar colectivamente acerca de la violencia del estado terrorista y de sus expresiones materiales en el territorio. La continuidad de esos lugares o su reconversión en la actualidad como lugares de encierro, es un desafío para el debate que presenta aristas importantes que interpelan ala actualidad de las políticas  represivas del estado y su expresión en lugares y poblaciones.

La creación de sitios de memoria, además de su dimensión memorial, es una promesa de producir espacios de debate sobre la acción política y sobre las luchas populares. 

Notas

(1)  “Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará…” Fragmento de la canción Adagio a mi país de Alfredo Zitarrosa (1973)

(2)  Parlamento Uruguay. Texto del  proyecto de ley, aprobado con media sanción  véase en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135482/tramite

(3)  Nota metodológica: Las entrevistas solamente incluyen a aquellos que estuvieron procesados por la Justicia Militar y permanecieron recluidos en los Penales de Libertad o Punta de Rieles.

(4)  Algunas investigadoras estiman que es posible, en base a testimonios y documentos que acreditan el funcionamiento regular de secuestros en centros clandestinos, cuarteles o batallones sin ningún procesamiento, que la cifra de personas detenidas ascienda hasta unas 25.000 personas (Risso y González; 2012)

(5)  Investigación Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (2008) Véase en: http://sdh.gub.uy/wps/wcm/connect/sdh/9d988d65-3295-41fb-aa87-e0269c5613e6/Seccion+3+Centros+de+reclusion.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9d988d65-3295-41fb-aa87-e0269c5613e6

(6)  Veáse en : http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm

(7)  Veáse en: http://www.observatorioluzibarburu.org/noticias/texto-original-de-la-intervencion-del-oli-en-audiencia-cidh

(8)  Véase:http://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/news/attachments/Informe%20para%20Reunion%20privada%20con%20la%20CIDH%2026-10-%202017.pdf

(9)  Veáse la noticia en: http://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/news/attachments/Cautelar%20La%20Tablada.pdf

(10)               Véase la noticia en prensa en: http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/inauguran-nueva-marca-de-la-memoria

(11)               Las Tablas 1 a 5 fueron elaboradas en base as: Informe Uruguay Nunca Más, Servicio de Paz Justicia, Montevideo, abril de 1989, Actualización 2013 de la Investigación Histórica sobre detenidos desaparecidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y Proyecto Huellas de la Represión, Centro Municipal de Fotografía Intendencia de Montevideo, 2009

(12)               En los galpones de los Fusileros Navales (FUSNA) ubicados en los hangares del Puerto de Montevideo, funcionó simultáneamente hasta 1978 como CCDyT y como cárcel para presos políticos. Posteriormente a 1978 los presos son trasladados a otras unidades, las investigaciones documentales y los testimonios indican que allí se continuó operando clandestinamente con coordinación de acciones en el marco del Plan Cóndor.

(13)               Messina, L (2010) Véase: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4988/pr.4988.pdf

Bibliografía

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Normativa

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado N° 15.848

Ley de Reparación Integral a las Víctimas del Terrorismo de Estado, N° 18.596

Documentos

Principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria, 2012. Buenos Aires. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)

Proyecto de Ley Nacional de Sitios de Memoria Histórica a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, Parlamento Nacional, Uruguay, 2018.

Páginas web consultadas:

http://archivo.presidencia.gub.uy/_   

https://desaparecidos.org.uy     

http://www.memoria.org.uy/

http://www.observatorioluzibarburu.org/

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes

*Mariana Risso Fernández. Es Licenciada en Psicología y maestranda en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ha trabajado como psicóloga clínica e integrado y coordinado equipos de atención de salud mental comunitaria y de salud sexual y reproductiva.

Se desempeñó como investigadora en Facultad de Psicología, como docente en Educación Secundaria y coordinadora de Aulas Comunitarias. Participó como investigadora independiente en varios proyectos y como autora y coautora en algunos libros, artículos y producciones culturales.

Actualmente integra el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH y Defensoría del Pueblo.

**Manuela Abrahan. INDDHH Uruguay y UdelaR. Es docente y politóloga. Maestranda en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, su trabajo de tesis aborda a las Cortes Supremas de Justicia en el proceso de justicia transicional en Argentina y Uruguay. Ha integrado diversos equipos de investigación en la Universidad y desempeñado distintos cargos docentes en la Universidad y en Educación Secundaria. Actualmente se desempeña como docente en el Área de Educación y Estudios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y en el Área de DDHH del Servicio Central de Extensión Universitaria de la Udelar.