Pensar y actuar en red: los lugares de memoria en Colombia
Aletheia, volumen 8, número 16, junio 2018 ISSN 1853-3701
Guglielmucci / Artículo en PDF
Ana Guglielmucci*
CONICET – UBA (ICA)
2018, Buenos Aires.
mucciana74@gmail.com
Resumen
En este trabajo, a partir de entrevistas, análisis de documentos y material de prensa se explora la conformación de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, sus actividades y su integración en la Red de Sitios de Memora Latinoamericanos y Caribeños. Los resultados de este estudio permiten abrir una serie de reflexiones en torno a las particularidades del caso colombiano frente a otras experiencias latinoamericanas; en especial, la creación de lugares de memoria en medio del conflicto armado y la demanda de adecuar ciertos principios de funcionamiento de los sitios de memoria a coyunturas disímiles a las del Cono Sur.
Palabras clave: Lugares de memoria, Museos, Conflicto armado, Colombia
Introducción
Desde mediados de la década del noventa, en algunos países de Sudamérica como Chile y Argentina se ha dado un proceso social de marcación y refuncionalización de lugares donde operaron centros de reclusión, tortura y desaparición o, donde tuvieron lugar acciones de resistencia a los regímenes dictatoriales o al terrorismo de Estado. Incluso, se han consolidado políticas públicas de sitios de memoria que han implicado la aprobación de leyes para la expropiación de inmuebles o el cambio en la tenencia de edificios públicos, su protección edilicia, y la institucionalización de programas gubernamentales para su gestión política y administrativa. A la luz de estas experiencias pioneras, que han sido estudiadas por diversos investigadores (Besse, 2005; Bustamante, 2016; Carnovale, 2006; Catela Da Silva, 2014; Feld, 2017; Guglielmucci, 2007, 2011 y 2013; López, 2009 y 2014; Messina, 2011; Piper y Hevia, 2012; Schindel y Colombo, 2014; entre otros), este trabajo busca analizar de manera comparativa el proceso de gestación de la Red Colombiana de Lugares de Memoria (RCLM), y de algunos de los sitios que la integran, a partir de la realización de entrevistas y la recopilación y sistematización de documentos y material de prensa (1).
Primero, el trabajo reseña - en forma concisa - el proceso de creación de sitios de memoria en la región. Luego, da cuenta de la configuración social de la RCLM de memoria y de algunos de los principales debates en torno a su creación en una coyuntura nacional signada por el conflicto armado y la búsqueda de una solución política al mismo. Y, por último, se analizan algunas particularidades del caso colombiano, frente a otros casos como el argentino o el chileno. Sobre todo, se distinguen algunos lineamientos de los lugares de memoria que se han fortalecido a lo largo de Colombia, más allá de las particularidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de los lineamientos que se destaca frente a los otros casos latinoamericanos es el énfasis en la convivencia entre diferentes actores para detener la victimización y alcanzar la paz en medio de la guerra.
De este modo, a partir de la descripción de algunos de los principales conflictos, debates y dilemas en torno a la constitución y articulación de la RCLM se busca nutrir una lectura en clave latinoamericana de la proliferación de lugares de memoria y cómo ellos han impactado en la escena pública y política, particularmente en Colombia. Esta lectura, por un lado, permitirá observar la influencia que ha tenido el proceso de institucionalización de sitios de memoria en Argentina y Chile en otros países de la región y, a su vez, cómo la articulación entre activistas y funcionarios de diversos países sudamericanos y centroamericanos ha impulsado la adecuación de algunos principios ya consensuados sobre el funcionamiento de los sitios de memoria para realidades muy diferentes a las del Cono Sur.
Los sitios de memoria en Latinoamérica: un breve panorama
La creación de lo que hoy llamamos espacios o sitios de memoria en países como Argentina y Chile, ha sido producto de amplios debates entre actores interesados en transmitir ciertas narrativas sobre hechos de violencia que afectaron la vida cotidiana de sus colectivos de pertenencia; narrativas que han buscado insertarse en marcos interpretativos nacionales, regionales e, incluso internacionales sobre las causas y consecuencias de actos de violencia masiva. El impulso para crearlos ha sido sostenido por algunos actores - activistas de derechos humanos (DDHH) u organizaciones sociales, militantes políticos, funcionarios, entre otros - en contextos locales de impunidad hacia crímenes estatales o paraestatales, pasados y presentes. Cuando las vías judiciales para juzgar a los responsables de probadas violaciones a los DDHH fueron clausuradas o limitadas, diversos actores mantuvieron vivas las consignas de “Verdad y Justicia” en pos de fortalecer la necesidad, no sólo de conocer y condenar lo sucedido sino también de rememorarlo en la escena pública. La conmemoración de los ausentes, recordar las cusas por las que los reprimieron y desaparecieron, y llevar a los responsables de crímenes atroces frente a los estrados judiciales se convirtieron en un renovado objetivo político. La consigna “Memoria” se instaló como una manera de actualizar las demandas de reconocimiento histórico y de procesamiento judicial por los crímenes pasados pero, simultáneamente, habilitó la emergencia de nuevos temas en la agenda pública y la configuración de novedosos espacios de encuentro y organización entre actores con diferentes perspectivas en torno a la política, las relaciones con las agencias estatales y el espacio público.
En el Cono Sur, sobre todo en Chile y Argentina, ha primado la configuración de sitios de memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención o centros de reclusión. Asimismo, en estos países, desde mediados de la década del noventa diversas organizaciones sociales han venido articulando con agencias estatales la institucionalización de políticas públicas de memoria y la promulgación de leyes para conservar y gestionar los sitios de memoria a nivel nacional (Guglielmucci, 2013) (2). Estas experiencias pioneras han marcado un rumbo en materia de creación y gestión de sitios de memoria en Latinoamérica y el Caribe. No obstante, este proceso de memorialización (Schindel, 2009) presenta características particulares en cada país de la región (3). Por ejemplo, en primer lugar, mientras que en Argentina y Chile este tipo de sitios se han emplazado principalmente en centros de reclusión o tortura, en Perú o Colombia no se observa esta misma predominancia. En segundo lugar, mientras que en el Cono Sur se ha logrado consolidar el interés general de gran parte de la población por crear e implementar políticas públicas para recapitular hechos de violencia política masiva – sobre todo a través de la creación de lugares de memoria -, esto no ha sido así en países como Perú, donde los memoriales como el “Ojo que llora” (ubicado en Lima) comprometen a muy pocos ciudadanos. En tercer lugar, mientras que en los países australes este proceso de creación de sitios se ha dado después de que han culminado gobiernos dictatoriales que implementaron una política terrorista desde el Estado; en otros países como Colombia o Guatemala ello ha tenido lugar en el marco de gobiernos constitucionales durante los cuales, no obstante, han imperado las declaratorias de “estado de sito” o “de excepción” y, a su vez, en medio de conflictos persistentes en los que han confluido actores armados de orígenes muy diversos (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, fuerzas militares). Esta última peculiaridad, de manera indefectible, ha repercutido en el reconocimiento social y jurídico de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en unos y en otros países.
Más allá de estas diferencias, se destaca el modo en que varias instituciones o asociaciones que gestionan sitios de memoria, o que están interesadas en su promoción social, en países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana o Uruguay, se han articulado en redes de carácter nacional, regional (como la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños) o internacional (como la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia) (4). Este proceso de articulación ha incidido en las distintas experiencias ya existentes, por ejemplo, a través de la elaboración e implementación de principios comunes para el funcionamiento de los sitios de memoria, a través de Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), y de la gestación de diagnósticos y agendas de trabajo a nivel regional, a través de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) (5).
Por supuesto, esta confluencia en redes regionales e internacionales es heredera de iniciativas locales y nacionales heterogéneas. Y, asimismo, cabe aclarar que no todos los sitios de memoria están insertos en ellas. Esto último se pone de relieve en el caso argentino, donde la mayoría de los espacios para la memoria - creados en lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) - no integran ni la red nacional ni la regional (RESLAC), sino que son parte de una Red Federal de Sitios de Memoria (REFESIM) a cargo de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria dependiente del Gobierno Nacional (6). Solo cuatro lugares del país integran la red argentina coordinada por Memoria Abierta: El Archivo Provincial de la Memoria (Córdoba), el Centro Cultural por la Memoria de Trelew (Chubut), el Museo de la Memoria de Rosario (Santa Fe) y el Parque de la Memoria (Ciudad de Buenos Aires). Esto se debe a intereses y perspectivas divergentes por parte de quienes integran los órganos de gestión de cada sitio y a su relación tanto con las instituciones estatales como con la organización no gubernamental Memoria Abierta.
En este sentido, Gabriela Porras (integrante de Memoria Abierta, entidad coordinadora de la RESLAC), advierte que en muy pocos países existe una red de sitios de memoria a nivel nacional (como en Colombia) que luego se integra a la RESLAC como un todo formalizado. En la mayoría de los casos, aunque exista una red nacional, los sitios participan en la RESLAC a nivel individual, no como un colectivo. Por otro lado, la RESLAC no reúne a todos los sitios de memoria creados en los distintos países de la región, muchos de ellos – como el caso argentino o chileno – no participan en la red nacional, regional o internacional. A su vez, de manera inversa, las instituciones que participan en la RESLAC no necesariamente están incluidas en la red nacional de sitios de memoria, como en el caso chileno (7). Por último, Porras señala que la RESLAC está integrada por sitios de memoria pero también por organizaciones sociales e instituciones estatales que no gestionan un sitio en particular o un conjunto de sitios. En Perú, por ejemplo, existe una asociación civil que integra la RESLAC, el Movimiento Ciudadano “Para que no se repita” (MC PQNSR). Esta asociación no ha impulsado la marcación y creación de lugares de memoria sobre el conflicto armado en el Perú, pero sí se encarga de “destacar virtualmente los enormes aportes y esfuerzos realizados por diversos agentes o emprendedores de memoria peruanos por preservar la memoria de la época del terror vivida […] entre 1980-2000” (8). Lo mismo sucede con Memoria Abierta que no gestiona ningún sitio, a pesar de coordinar la RESLAC y la red argentina (no gubernamental).
En definitiva, Colombia es el único país donde las iniciativas de lugares de memoria han ingresado a formar parte de la RESLAC como una red propia a nivel nacional: la Red Colombiana de Lugares de Memoria (RCLM). Esto ha sido producto del trabajo previo de la RESLAC y las particularidades de la coyuntura colombiana, lo que pasaremos a desarrollar a continuación.
La Red Colombiana de Lugares de Memoria
Los actores que integran la RCLM marcan como su hito fundacional el IX Encuentro Regional de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, realizado en Bogotá en 2015, cuando decidieron juntarse para fortalecerse mutuamente, ganar fuerza política como colectivo y posicionar temas comunes en la agenda pública nacional. Este encuentro se hizo con el fin de impulsar la ratificación en Colombia de los “Principios Fundamentales para las Políticas Públicas Sobre Sitios de Memoria” aprobados por el Mercosur en 2012, por medio del cual se busca que este tipo de lugares se consoliden como referentes para el conocimiento y recreación de la memoria histórica en cada país y en la región. Uno de los organizadores locales de este IX Encuentro fue el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La primera Asamblea, ya como Red Colombiana de Lugares de Memoria, tuvo lugar en el Parque Monumento de Trujillo (Valle) el día 29 de noviembre de 2015, para lo cual buscaron sus propios recursos financieros. En la Segunda Asamblea anual, realizada en el Carmen de Bolívar en noviembre de 2016, los gestores de la Red se propusieron como objetivos de acción, por un lado, apoyar el proceso de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la implementación de los Acuerdos de Paz (2016), así como las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Especialmente, se plantearon participar en las negociaciones y fortalecerlas en lo que concierne al derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación colectiva de las víctimas, y a la contribución que puedan hacer las iniciativas y los lugares de memoria frente a estos temas. Asimismo, se propusieron construir una política de memoria a nivel nacional con el apoyo de congresistas, organizaciones sociales y otros aliados políticos.
En octubre de 2017, la RCLM realizó su Tercera Asamblea con representantes de 27 lugares, en Florencia (Caquetá). Ahí evaluaron su estructura organizacional y decidieron pasar de un comité coordinador a una estructura de nodos territoriales: Norte, Occidente, Sur Oriente y Antioquia, continuando con las líneas de incidencia política, pedagogía, comunicación y archivos. Fue en esta asamblea que la RCLM recibió la invitación a ser parte de la RESLAC, y que sistematizaron y ampliaron sus objetivos de la siguiente manera:
“1) Acompañar la implementación de los Acuerdos de paz con las FARC y los diálogos con el ELN; en especial, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV); 2) Desarrollar procesos de recolección de archivos y repertorios como elemento fundamental para mostrar los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva; 3) Generar recomendaciones para los comisionados, sobre la estrategia de relacionamiento con iniciativas no gubernamentales de reconstrucción de memoria individual y colectiva con enfoque territorial; 4) Recoger y sistematizar las experiencias de pedagogía de la memoria realizadas por los lugares de memoria; 5) Generar una estrategia de relacionamiento e incidencia en pedagogía de la memoria con entidades del Estado, organizaciones a nivel nacional e internacional, universidades, escuelas, maestros, académicos, jóvenes y las comunidades; 6) Desarrollar una estrategia de comunicaciones en los nodos y a nivel nacional que nos permita cumplir con las tareas propuestas y una a nivel nacional e internacional que haga visible el trabajo que realizan los lugares de memoria y las comunidades que hacen parte de ellos, por la verdad y en la construcción de una cultura de paz” (RCLM, 2017).
Los gestores de la RCLM se presentan como una voz crítica colectiva hacia las políticas de memoria actuales, caracterizadas por la dependencia de la voluntad política gubernamental. Y, al mismo tiempo, se postulan como veedores y acompañantes de los procesos y acuerdos de paz, así como de los mecanismos de justicia transicional aplicados en Colombia, como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Paralelamente, a través del trabajo en Red, procuran que las iniciativas de memoria con mayor experiencia apoyen a los que tienen menor experiencia o están comenzando a funcionar, para lograr su sostenibilidad y gestionar proyectos conjuntos. Por ejemplo, actualmente, con el acompañamiento de ACDIVOCA están realizando una línea de tiempo de cada lugar de memoria que integra la Red y han creado su propia página web donde figura la información de cada uno de los lugares (9). Los principales anhelos de la RCLM son acabar con la victimización vigente en el país, “parar la guerra”, y construir garantías de no repetición, sobre todo, a través de la implementación de pedagogías para la paz.
Varias de las iniciativas memoriales que integran la RCLM intentan reconstruir las causas y los impactos del conflicto en regiones donde aún hay presencia de actores armados y donde siguen vigentes intereses hegemónicos sobre los recursos económicos existentes en esos territorios. Algunos de estos sitios nacieron en la década del noventa, pero actualmente están congregados en dicha Red. Hoy en día, la RCLM está integrada por 27 sitios en total, construidos o en proceso de construcción física, que buscan llevar adelante procesos sociales y pedagógicos permanentes en torno a la memoria histórica del conflicto armado y movimientos de resistencia. Estos sitios son:
1) Centro de Memoria del Conflicto (Valledupar, Departamento del Cesar)
2) Centro Integral de Formación y Fortalecimiento Espiritual y Cultural WIWA (Sierra Nevada de Santa Marta, Departamento de Magdalena)
3) Kiosco de la Memoria (corregimiento San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar).
4) Museo Comunitario de San Jacinto (Departamento de Bolívar).
5) Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María (Departamento Bolívar)
6) Monumento - Casa de la Memoria de El Salado (Carmen del Bolívar, Departamento de Bolívar)
7) Centro Social y Comunitario Remanso de Paz (Pueblo Bello, Turbo, Departamento de Antioquia)
8) Lugar de Memoria del Atrato – Iglesia del viejo Bella Vista (Bojayá, Departamento de Chocó)
9) Museo Casa de la Memoria (Medellín, Departamento de Antioquia)
10) Salón del Nunca Más - (ASOVIDA) Asociación de Víctimas Unidas del municipio de Granada (Departamento de Antioquia)
11) Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación - CARE (San Carlos, Departamento de Antioquia)
12) Parque Monumento de Trujillo (Departamento Valle del Cauca)
13) Capilla de la Memoria de Buenaventura (Departamento Valle del Cauca).
14) Casa de la Memoria Triana (Buenaventura, Departamento Valle del Cauca).
15) MOVICE Capítulo Valle del Cauca (Cali, Departamento Valle del Cauca)
16) Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla (Cali, Departamento de Valle del Cauca)
17) Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense (Tumaco, Departamento de Nariño)
18) La Piedra de San Lorenzo (El Decio, Samaniego, Departamento Nariño)
19) Museo de la Memoria Histórica “Tras las huellas de El Placer” (Valle del Guamez, Departamento de Putumayo)
20) Museo Caquetá (Florencia, Departamento de Caquetá)
21) Bosque de la Memoria - Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la Vida - MUMIDAVI (Cartagena del Chairá, Departamento de Caquetá)
22) Rutas de Memoria o Proceso de Construcción Social del Parque de la Memoria del Municipio del Castillo (Departamento del Meta)
23) Centro de Memoria (Villavicencio, Departamento del Meta).
24) El Tente (Villavicencio, Departamento del Meta)
25) Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPyR) (Bogotá DC)
26) Museo Nacional de la Memoria (MNM) - Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (Bogotá DC)
27) La Casa de la Memoria Viva de los Hijos del Tabaco, Coca y Yuca dulce (La Chorrera, Departamento de Amazonas).
A estos sitios se suma una institución, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y su centro de documentación.
La mayoría de estos lugares de memoria han sido impulsados y sostenidos desde actores de la sociedad civil. Mientras que algunos otros han sido exigidos por sentencias judiciales o mandatos gubernamentales (10). De todos los lugares de memoria, uno es mantenido por el Estado nacional y dos por Alcaldías: el Museo Nacional de la Memoria (MNM-CNMH) por el Gobierno Nacional, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPyR) por la Alcaldía de Bogotá y el Museo Casa de la Memoria por la Alcaldía de Medellín. El resto es subvencionado por las propias comunidades en diferentes regiones del país con apoyo eventual de agencias gubernamentales o de cooperación internacional. Algunos de los que son sostenidos por las comunidades afirman llevar más de veinte años trabajando procesos de “memoria, verdad y construcción de una cultura de paz”, pues el conflicto armado en Colombia lleva varias décadas, según cómo se lo compute e interprete históricamente (11). En definitiva, lo que los integrantes de la RCLM demandan al Estado es un marco normativo, una “ley de memoria”, que garantice la autonomía y sostenibilidad en el tiempo de las diversas iniciativas memoriales y que los ampare de los vaivenes de la voluntad política del gobierno de turno.
Los debates acerca de la institucionalización de estos lugares de memoria, que en muchos casos vienen funcionando de manera auto gestionada, cobró fuerza a partir de las discusiones en torno a la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), y su posterior reglamentación. Ya que, si bien esta legislación fue impulsada por las propias organizaciones de víctimas, finalmente ella no garantizó la autonomía y sostenibilidad de las iniciativas de memoria preexistentes en el país. En este sentido, varios activistas se propusieron impulsar una reglamentación del decreto ley por medio del cual se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica y se dispuso la construcción del Museo Nacional de la Memoria con el fin de fortalecer los procesos locales y regionales de construcción y preservación de lugares de memoria, y rectificar cómo ha sido planteada hasta ahora la iniciativa estatal de crear un Museo sin garantizar la participación plena de quienes llevan adelante iniciativas memoriales a lo largo de todo el país. En este sentido, Alejandra Gaviria, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y ex empleada del CMPyR de la Alcaldía de Bogotá, explica que:
“el artículo 143 de la Ley de Víctimas […] habla explícitamente del deber de memoria del Estado Colombiano, de acompañar, fortalecer e incentivar los procesos de memoria de las víctimas y de la sociedad en general. Ahora es necesario proponer una hoja de ruta para empezar a regularlo, darle un marco de acción para garantizarlo y que no se quede en el papel. La Red propone una ruta para que la legislación profundice en tres principios necesarios de los lugares de memoria: participación, autonomía y sostenibilidad” (12).
Para poder llevar adelante esta iniciativa legislativa varios gestores de lugares de memoria e integrantes de organizaciones de DDHH y sociales (sobre todo aquellas integradas por actores identificados como “víctimas del conflicto”), se han articulado con congresistas (por ejemplo, con la oficina de la entonces senadora Claudia López, las oficinas de los representantes a la cámara Ángela María Robledo y Harry González, el senador Iván Cepeda, entre otros) y funcionarios de agencias estatales y organizaciones no gubernamentales (Dirección de Justicia Transicional, Unidad para las Víctimas, Departamento de Prosperidad Social, Dirección de Poblaciones y Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el Grupo de Iniciativas de Memoria del CNMH, ICTJ, Indepaz), con la misión de: “fortalecer, articular, visibilizar y proteger lugares y territorios de memoria en Colombia para que esa historia de violencias y muerte nunca más se repita y sea el fundamento de un país que se construye en justicia, que reconoce la diversidad, con una democracia social, participativa que respeta la dignidad y los DD.HH. de las personas y colectividades” (13).
De esta manera, la RCLM ha buscado tener incidencia política, participando activamente del momento histórico en el que están desarrollando su trabajo como lugares de memoria. Por ello, desde marzo de 2016, una de sus principales líneas de acción es articularse con líderes de opinión, congresistas y funcionarios de ministerios, agencias de cooperación y embajadas. Como resultado de este trabajo, el 2 de junio de 2016, llevaron a cabo la Audiencia Pública en el Congreso de la República “El deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”. Paralelamente, a finales de 2016, la RCLM se integró a la Mesa por la Verdad, en la que participan 150 organizaciones sociales. La Mesa acogió su propuesta respecto a la reforma a la Ley de Víctimas y su solicitud de inclusión de los lugares de memoria en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El 23 de febrero de 2017, en esta misma línea de acción, se dirigieron a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) haciendo las mismas solicitudes. El 6 de abril de 2017 participaron en una reunión con la Unidad de Víctimas y en la audiencia de la Comisión Primera del Senado donde entregaron la solicitud de modificaciones a la Ley 1448 y su decreto 4803, en lo relacionado con el “Deber de Memoria del Estado”. Esta incidencia dio como resultado la inclusión de puntos fundamentales para la participación de los lugares de memoria en el Decreto reglamentario de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Decreto 588 de abril de 2017). Sobre su mandato, funciones, atribuciones y metodología, el Artículo 11 plantea que “la CEV tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: […] (12) Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva”; el Artículo 13 plantea que es función de la CEV, entre otras, (7) “Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones, con iniciativas no gubernamentales de reconstrucción de memoria individual y colectiva con enfoque territorial”.
Estas iniciativas, además de buscar incidir políticamente en la coyuntura actual, responden a uno de los propósitos cardinales de la RCLM: “trabajar por una política pública de memoria en Colombia que garantice lo que han denominado el PASS: la participación, la autonomía, la sostenibilidad y la seguridad de los lugares de memoria, como depositarios de elementos probatorios para el esclarecimiento de la verdad y de la memoria para la garantía de no repetición”. Al respecto, algunos gestores de la RCLM, han destacado que en Colombia ya existen varios lugares donde se exponen “fotografías del conflicto, objetos baleados e historias de personas que han sobrevivido a la guerra librada por guerrillas, paramilitares y el Estado” (Verdad Abierta, 2016). Pero el problema es que ellos no tienen garantizada su continuidad.
Otra de las peticiones de los integrantes de la RCLM, vinculada con la institucionalización de una política nacional de memoria con PASS, es que el futuro Museo Nacional de la Memoria tengan una junta directiva conformada mínimamente en un 70% por organizaciones de víctimas, de DDHH y la academia, y en un 30% por el gobierno. Y que los lugares de memoria no queden despojados de sus propios archivos locales por el CNMH-MNM, ni que sus narrativas queden subsumidas por un relato central dominante. A su vez, proponen que los recursos financieros lleguen a los lugares ubicados en las diferentes regiones del país, donde aún hoy se convive con actores armados y las consecuencias del conflicto. En definitiva, que haya un Fondo Público asignado para el funcionamiento de todos los lugares de memoria, no solo del MNM.
Respecto a estas peticiones, Martha Nubia Bello, ex Directora del futuro MNM, sostuvo que “el Museo Nacional de la Memoria que se construirá en Bogotá no tendría sentido ni legitimidad si no apoya los lugares de memoria en las regiones, y si no hace visible los aportes de esos lugares. Por eso siempre hemos hablado de un museo red, que sea una ventana en Bogotá, del país” (Moreno, 2016). Sin embargo, para los gestores de la RCLM este museo red ha sido edificado como un museo centralista, puesto que no ha sido plasmado a través de relaciones igualitarias con los diferentes lugares de memoria. Respecto a estas observaciones críticas, el actual Director del MNM, Luis Sánchez, reconoce que ello se desprende de una cuestión estructural, ya que el MNM-CNMH ocupa una posición ambigua (difícil y productiva) por su doble pertenencia, como integrante de la red y, a su vez, como agencia del Estado. Por ejemplo, el MNM-CNMH como parte de la red apoya a las iniciativas de memoria que la integran pero, paralelamente, como agencia estatal debe ir más allá e impulsar a otras iniciativas menos consolidadas. A su vez, debido a la constitución político-administrativa del Estado, los integrantes de la red no pueden ser simultáneamente beneficiarios y seleccionadores de los concursos a través de los cuales se definen contenidos y se asigna presupuesto público a diferentes iniciativas de memoria. Es decir, ellos no pueden ser “juez y parte”. Esto, de manera ineludible, limita las formas de participación ya que pueden proponer contenidos pero si lo hacen, son imposibilitados para fungir como validadores de las propuestas presentadas. En definitiva, lo que advierte Sánchez, es que para ampliar la participación debiera cambiarse la estructura administrativa del CNMH y aprobarse una política pública a nivel nacional que contemplara el financiamiento estatal de las iniciativas de memoria en los territorios (Entrevista a Luis Sánchez, realizada por la autora el 22 de marzo de 2018 en Bogotá).
Pensar y actuar en red es la forma en la que los integrantes de la RCLM se refieren a estas iniciativas memoriales, el desafío reside en cuál será la manera en que se podrá materializar esta voluntad y pensamiento colectivo atravesado por relaciones de poder e intencionalidades muy diferentes entre sí. Pues, mientras que estatalmente se impulsa un MNM en la capital del país, donde además ya existe el CMPyR, las organizaciones locales demandan mayor presencia de lo estatal-nacional en otros territorios (sobre todo en materia de apoyo financiero) sin perder su autonomía ni su pluralidad. Por ahora, para poder sostener su trabajo, la RCLM ha recurrido mayoritariamente a las agencias de cooperación nacional, lo cual no deja de presentar algunos inconvenientes en cuanto a su continuidad material y a la inserción de sus demandas en una política de Estado a nivel nacional.
Lugares y Museos de memoria
Así como en Chile y Argentina, en Colombia también se ha dado el debate sobre la construcción de un museo de la memoria donde se transmitan narrativas sobre los enfrentamientos armados que han signado la historia contemporánea de estos países. En Chile se construyó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), que se define como un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los DDHH cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a las víctimas y a sus familias, y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan. En Argentina, a diferencia del museo chileno y del futuro MNM colombiano, el Museo de la Memoria fue creado en el predio donde funcionó uno de los mayores CCDTyE: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todo el predio ha sido calificado como un espacio para la memoria sobre el terrorismo de Estado, sin embargo, es en el ex Casino de Oficiales –considerado evidencia y prueba material en los juicios por crímenes de lesa humanidad – donde se ha montado una puesta museográfica sobre la base de testimonios de las víctimas y documentos históricos de la CONADEP, el Juicio a las Juntas y documentación desclasificada por las agencias del Estado para los juicios actuales, entre otros archivos. En definitiva, no todas estas iniciativas museográficas se han constituido como “museo de sitio”.
La creación de museos de memoria en varios países de Latinoamérica ha implicado debates sobre su posible existencia, su emplazamiento y las narrativas que allí se exponen o se expondrán, así como sobre los soportes escogidos (Feld 2017, Guglielmucci 2013 y 2016, Sastre Díaz 2015) (14). En el caso colombiano, la construcción del Museo Nacional de la Memoria también ha sido objeto de disputa, primordialmente en torno a su emplazamiento, diseño, gestión y guión museográfico (Guglielmucci, 2016), así como sobre su articulación con otras iniciativas memoriales como las que integran la RCLM. Como ya lo mencionamos, una de las demandas de los integrantes de la RCLM se refiere a la conformación - en proceso - del MNM, su guión y su gestión político-administrativa. Desde la Red se considera que el MNM debe estar fundamentado en los activos previos que los lugares de memoria han construido en el país, que debe estar articulado con éstos como una red de iguales y que debe posibilitar un debate democrático para la creación de su relato y sus acciones. Respecto a ello, en su página web afirman lo siguiente: “Pensamos que el Museo Nacional debe tener una junta directiva democrática, con una participación mayoritaria de representantes de los diferentes lugares de memoria, organizaciones de víctimas, de DDHH y academia y una minoría de instituciones ad hoc del Estado, todos con voz y voto” (RCLM, 2017).
Uno de los debates centrales gira en torno a lo que los gestores de distintos lugares de memoria y organizaciones de víctimas, y los representantes del CNMH entienden por “participación”, sobre todo en cuanto al proceso de creación del MNM. Según el padre José Luis Foncillas (Casa de la Memoria de Tumaco), todos los gestores de los lugares de memoria que integran la RCLM están en desacuerdo con la manera en que el CNMH concibe la palabra participación, entendiéndola como sinónimo de consulta más que como un intercambio entre iguales o como participación activa por parte de todos los que vienen trabajando en diferentes regiones con el problema de construir memorias en medio del conflicto armado. En sus propias palabras: “El CNMH hace el guión a su modo y luego nos consultan en un encuentro de un día, les hacemos una devolución, y luego cambian un 1 % del guión”.
Otro tema, además de las condiciones para la participación y la conformación de la dirección del MNM, es el acceso a recursos para financiar y sostener las iniciativas memoriales. Muchos de ellos solicitan al menos contar con una persona dedicada de lleno al lugar de memoria. Pues, hasta ahora funcionan en su mayoría por medio de voluntariados. Para poder afrontar estas dificultades, algunos lugares de memoria se han presentado como museos con el fin de cumplimentar un requisito legal que les permite gestionar recursos estatales por otras vías diferentes a las del CNMH, por ejemplo, a través del Ministerio de Cultura. Sin embargo, este reconocimiento institucional de los lugares de memoria como museos no se traduce en un financiamiento directo y renovable, como ocurre con otras iniciativas estatales, tales como el CNMH, establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), o el CMPyR que depende de la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, en el 2016, la Casa de la Memoria de Tumaco fue inscrita como Museo en el Registro del Ministerio de Cultura (SIMCO) y participó en la Mesa Nacional de Museos del Ministerio. Pero, su fuente principal de financiamiento no proviene de las arcas públicas, sino que ha sido financiada por los obispos alemanes, la AGEH y el Servicio Civil por la Paz, con aportes puntuales de la Alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Ministerio de Cultura y PNUD. Un caso similar es el Museo itinerante de la memoria y la identidad de los Montes de María.
Para los gestores de la RCLM el temor es que “el Museo se coma a los Lugares” y que desde el Estado no se reconozca a las iniciativas comunitarias - consideradas por el Estado como “regionales” o “territoriales” - de igual a igual con las iniciativas impulsadas desde las instituciones gubernamentales (como el MNM-CNMH). Este temor está fundado en las consecuencias de largos procesos históricos ligados a la configuración del Estado-Nación colombiano y su aparato administrativo, cuya representación hegemónica por parte de los funcionarios ha tendido a distinguir entre “la nación” y “los territorios”. Esta distinción se caracteriza por comprender a la nación como el centro del poder, el gobierno y la política - lo que también coincide con un centro geográfico -, y al territorio como un espacio alejado del centro de poder e ingobernable en espera de ser civilizado (Vera, 2017). Este tipo de representaciones han marcado ciertas interpretaciones dominantes sobre el conflicto armado (visto como un problema de ciertos territorios prevalentemente rurales y alejado de la capital del país) o, como un problema de falta de civilidad o de ausencia de Estado (Serje, 2011). Las formas en que el sistema Estado-Nación ha sido configurado históricamente, así como sus representaciones o ideas hegemónicas merecen ser atendidas con una mayor profundidad, pero no podremos encargarnos de ello en este trabajo. No obstante es importante dejarlo planteado para comprender ciertas especificidades del caso colombiano respecto a los casos chileno y argentino, relacionadas con las maneras en que los lugares de memoria sobre eventos de violencia masiva se insertan no sólo en relatos hegemónicos sobre la Nación sino también en la propia estructura político-administrativa del Estado y la gestión de los recursos públicos.
La principal tensión entre los gestores de la RCLM y los funcionarios del CNMH se ha centrado hasta ahora en la definición de las formas de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las instituciones estatales, y la definición de cuáles son las formas deseables de participación. Este debate también se manifestó inicialmente en el caso argentino, donde a posteriori se crearon instancias de gestión mixta en los sitios de memoria, conformadas por organizaciones sociales y agencias del Estado, lo cual no ha estado exento de conflictos (Guglielmucci, 2013). Una diferencia entre estos casos, sin embargo, es la predisposición frente al concepto de museo. En Argentina, de antemano, las organizaciones de DDHH expresaron un rechazo bastante generalizado a la iniciativa de construir museos de la memoria en los ex CCDTyE (como la ESMA o el “Olimpo”), ya que los asociaban con ciertas ideas anquilosadas sobre lo que supone este tipo institución. En Colombia, si bien la mayoría de los lugares de memoria no se piensan a sí mismos como museos sino como casas de memoria o centros comunitarios, ello no implica que renieguen de este tipo de institución. Lo que rechazan los gestores de los lugares de memoria es que ellos no sean integrados en igualdad de condiciones en los mecanismos institucionales de toma de decisiones sobre la construcción de memorias públicas sobre la violencia en Colombia. Según Sánchez, no obstante, la única forma de transformar esta forma limitada de participación implicaría la aprobación de una nueva política pública de memoria a nivel nacional que fuera aprobada en el Congreso y asumida por el Poder Ejecutivo, de modo tal de garantizar formas de gestión mixta y financiamiento estatal.
Respecto a esta nueva política de memoria, la RCLM demanda la articulación entre iniciativas de carácter comunitario e iniciativas institucionales, sobre todo en cuanto a participación, recursos y garantías de continuidad. Una propuesta concreta es que delegados de cada lugar de memoria y de las organizaciones de víctimas y de DDHH integren una comisión conjunta con algunas agencias estatales para definir, entre muchos otros temas, el guión del MNM. Para Foncillas, este tipo de medidas permitiría fortalecer no sólo a los lugares de memoria y a las organizaciones sociales, sino al propio CNMH-MNM que, de otro modo, está expuesto a los cambios en las políticas de los distintos gobiernos. De hecho, el Consejo Directivo del CNMH está integrado en su mayor parte por agencias del Estado, a las que en marzo de 2017, vía Decreto presidencial, se sumó al Ministerio de Defensa sin el consentimiento de las organizaciones de víctimas y del propio director del CNMH, el historiador Gonzalo Sánchez (15).
Para algunos gestores de la RCLM, como Foncillas, con este tipo de medidas “autistas” se corre el riesgo de tender a una memoria estatal que olvide la memoria de las víctimas. Para él, si el CNMH-MNM se articulara con los lugares de memoria como una red de iguales, a través de un modelo de cogestión con una junta directiva plural y democrática, ello se traduciría en una mayor apropiación social y un mayor respaldo por parte de diferentes organizaciones sociales. En esta misma sintonía, Foncillas propone que el MNM en vez de ser un solo museo sea una red de museos, en la que la sede de Bogotá sea sólo una de varias sedes regionales con presupuesto común y una junta directiva plural (Entrevista a José Luis Foncillas, realizada por la autora el 12 de febrero de 2018, Colombia).
Por su parte, algunos funcionarios de las iniciativas gubernamentales como el CNMH y el CMPyR afirman que si bien estas demandas de la Red son pertinentes, ello no puede excluir la importancia que tiene hacer un MNM en Bogotá, donde se aloja una gran parte de la población del país y donde han llegado millones de desplazados de manera forzada. Y, por otro lado, que a diferencia de los lugares de memoria comunitarios un museo estatal debe elaborar un relato heterogéneo y complejo que no se centre solo en la perspectiva de las organizaciones de víctimas y, sobre todo, en ciertas víctimas, sino que contemple los puntos de vista de distintos sectores sociales. Este último debate remite de modo indefectible a los criterios institucionales para el reconocimiento de víctimas del conflicto armado y a los grados de responsabilidad que asume el Estado. Para algunas organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) hasta ahora se ha minimizado la responsabilidad de agentes estatales en la victimización de grandes sectores de la población y es por ello que – precisamente – se demanda la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en iniciativas como las del MNM.
Respecto a la financiación de los lugares de memoria, hasta ahora es el CNMH el que decide a cuál iniciativa va a apoyar por medio de convocatorias, como “ConmeroAndo”, que busca acompañar a las víctimas y sus organizaciones en el desarrollo de sus actos conmemorativos en los territorios (16). Sin embargo, para Foncillas estas convocatorias no tienen criterios claros y les falta una estrategia planificada de participación. Según él, el CNMH solicita lo que necesita a cada sitio de manera individual para cumplir con sus propias metas pero sin fortalecer o garantizar la continuidad de los procesos locales de memoria. Cabe destacar, no obstante, que este no parece ser solo un problema de los lugares de memoria pues el propio CNMH ha tenido serias dificultades para destrabar el presupuesto asignado para la construcción del MNM y, el propio Director del CNMH no tiene voto en el Consejo Directivo de dicha institución. En este sentido, cobra fuerza la postura de Foncillas quien sostiene que al propio CNMH le convendría tener a la Red y a las organizaciones sociales como aliados fuertes.
Al repasar los propósitos y las peticiones de la RCLM, observamos que ellos remiten a la institucionalización de una política pública de memoria que comprometa de manera transversal a los distintos Ministerios a nivel nacional (Educación, Cultura, Justicia) y, paralelamente, a la constitución de órganos de gestión política y administrativa que contemplen la participación activa de organizaciones sociales y de víctimas. Dos de las iniciativas de la RCLM en este sentido han sido: la reglamentación de la Ley 1448 y el “Deber de Memoria del Estado” y, el impulso dado a la redacción de una “Ley de Memoria”, junto a la Mesa por la Verdad, que engloba a muchas más organizaciones que las que integran la RCLM y que busca tener injerencia directa en el trabajo de la CEV. En este contexto, el MNM es una iniciativa más entre otras por medio de las cuales se pretende transformar el relegamiento estatal de poblaciones enteras en gran parte del país y la construcción de pedagogías de paz en territorios en guerra. Pero esta iniciativa no es menor pues, como indica Foncillas “Si yo le pregunto a un bogotano qué ha pasado en Tumaco [Departamento de Nariño], lo primero que preguntan es si queda en [el Departamento del] Chocó. Las regiones no han sido visibilizadas en los medios de comunicación y mucho menos sus procesos de resistencia o las violaciones de derechos humanos” (Verdad Abierta, 2016).
El MNM, de este modo, puede convertirse en un espacio que permita replantear las formas en las que el Estado-Nación y el territorio han sido configurados y representados institucionalmente en Colombia a lo largo de su historia. O, como temen algunos gestores de lugares de memoria, puede constituirse en un espacio más desde donde reproducir las lógicas hegemónicas de administrar la Nación imaginada desde los centros de poder. Para los gestores de lugares de memoria, replantear las formas históricas de construcción de la Nación en Colombia, no tiene que ver solo con el futuro guión del Museo sino también con las formas de participación que sean estatalmente garantizadas. Por esto último, señalan que la construcción de un guión museográfico que contemple perspectivas heterogéneas sobre los efectos de la violencia masiva en diversos lugares del país no es garantía suficiente, si ello no se expresa a través de una red de lugares de memoria a lo largo de todo el territorio.
Los lugares de memoria como espacios de construcción de paz y convivencia en el presente
Las propuestas y debates de la RCLM se asemejan a algunos de los que se han dado en Chile y en Argentina. No obstante, los lugares de memoria en Colombia se distingue de estos otros dos casos en un punto fundamental: su condición de existencia no se organiza de un modo prioritario sobre el eje de la justicia, su función primordial – por el momento – tampoco es fungir como prueba material de lo que intentó ser ocultado o negado. La mayoría de ellos no se identifican como “museo de sitio” ni intentan documentar lo que “allí ha ocurrido”, sino más bien documentar lo que “continúa sucediendo” en inmensas zonas del país, como los numerosos asesinatos de líderes sociales ocurridos con posterioridad a la firma del Acuerdo de paz con las FARC (la Defensoría del Pueblo ha registrado 282 casos de líderes asesinados entre diciembre de 2016 y marzo de 2018). Por ello, primordialmente, se definen como lugares de encuentro y reconstrucción social en medio del conflicto.
Estas iniciativas hoy de día se piensan como espacios desde los cuales apoyar las labores encomendadas a la CEV, tanto en su mandato como en la divulgación y seguimiento a su futuro informe y recomendaciones. Aunque la CEV no tiene atribuciones judiciales. Por ejemplo, William Wilches (gestor de la Casa Museo de la Memoria de Caquetá) sostiene que el trabajo que realizan en los lugares de memoria es una contribución a la verdad:
“Documentar los hechos del conflicto en esas regiones a través de entrevistas, de videos, de expresiones artísticas, es darle al Estado un avance sobre una investigación de trabajo de campo. De esta manera, la Comisión de la Verdad no comenzará de cero a contar el origen y la verdad de lo que ha sucedido en esas regiones. El aporte que le estamos haciendo a la paz es muy grande y el Estado no se da cuenta” (Verdad Abierta, 2016).
Los lugares de memoria son definidos por la Red como espacios para dar a conocer y reconocer los crímenes cometidos en los territorios y las actividades de resistencia y de construcción de paz por parte de las comunidades locales; y como vehículos de memoria para contribuir a parar la guerra y edificar garantías de no repetición. Estos lugares, en definitiva, suelen ser presentados como “espacios de convivencia”. Pues, como sostiene Soraya Bayuelo, periodista y líder comunitaria, fundadora y directora del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María Línea 21: “Esos lugares se construyeron en medio del conflicto, y han permitido abrir escenarios de participación, de reivindicación de derechos y de paz. La experiencia y el potencial que tienen estos lugares es muy grande, si logramos sostenerlos y trabajar mancomunadamente” (Moreno, 2016).
Este retrato de los lugares de memoria como espacios de convivencia es muy distinto al que se ha consolidado a lo largo de casi dos décadas en Argentina y Chile, donde los conceptos de convivencia y reconciliación suelen ser duramente criticados por las organizaciones de DDHH dado que tales conceptos, en general, son propuestos y exhibidos por sectores sociales que buscan minimizar o negar los crímenes de masa cometidos en el pasado. Por ejemplo, en el caso del Espacio para la Memoria creado en el ex CCDTyE ESMA, la convivencia con los liceístas de las escuelas navales que ocupaban el predio con anterioridad no fue una posibilidad atendible para la mayoría de las organizaciones de DDHH por lo que, al final, ellas fueron desalojadas en su totalidad (Guglielmucci, 2013).
Paralelamente, varios activistas de la RCLM exponen que su trabajo excede la referencia al conflicto armado y que, más bien, se orienta a destacar los valores culturales y las acciones de resistencia comunitaria. Por un lado, por el peligro que implica denunciar crímenes masivos cuando los actores armados que los cometieron continúan teniendo presencia y cuentan con la impunidad de volver a cometerlos en el presente. A su vez, porque centrarse en los casos de victimización en un contexto donde el miedo aún es físico, donde la vida puede ser arrebatada fácilmente, puede promover el aislamiento y el pesimismo. Con relación a los objetivos de estos lugares, José Luis Foncillas destaca que en la Casa de la Memoria de Tumaco junto a un espacio donde se exhibe a quienes han sido víctimas directas y a sus deudos, mostrándolos como sujetos activos, con capacidad de resiliencia e, incluso, ejemplares; se está montando otro espacio donde se muestran las acciones de paz, con la finalidad de articular qué es lo que se puede hacer para que el visitante no se vaya con la pregunta: “Y ahora qué” impregnado de una sensación de desaliento:
“…nos resistimos a hablar solo de la historia del conflicto, es también la de los pueblos. Por ejemplo, en el Museo de Tumaco la primera sala es sobre las raíces de la cultura afro: cómo llegaron, cuáles son sus instrumentos, sus ritos religiosos. La segunda sala sí está dedicada al conflicto. Lo difícil es que en Tumaco estamos haciendo memoria en medio del conflicto y ahí la memoria tiene que ser muy prudente. Porque no se puede hablar de los victimarios pues todavía están por la calle” (Verdad Abierta, 2016).
Foncillas entiende que las narrativas que se pueden exponer en Bogotá, la capital del país, son distintas a las que se pueden transmitir en las localidades donde todos se conocen entre sí y los actores armados tienen una presencia cotidiana. En sus propias palabras:
“Quizá en Bogotá se puede hacer otro discurso, pero en regiones es mucho más delicado. Con las historias de las víctimas ponemos a pensar a la gente cuál ha sido la magnitud del conflicto. El otro día llegó un grupo de militares y al entrar a la sala de las víctimas dijeron ‘aquí seguro hay muchos guerrilleros’. Les dimos una charla diciendo que seguramente, pero también militares y civiles. Cuando terminaron, expresaron ‘¡Uh! Qué hijueputa este conflicto, ¿no? Tiene que parar’. Además, aquí se cuentan las resistencias, qué ha hecho la gente por la paz. Son lugares de diálogo pues en muchos casos son el único sitio con un auditorio gratuito, y pues si el conflicto nos ha dividido, estos son lugares para tejer confianzas” (Verdad Abierta, 2016).
Convivencia, diálogo, paz y confianza suelen aparecer como conceptos clave de estos lugares de memoria en una coyuntura donde centenares de líderes sociales han sido asesinados en el marco del llamado “posconflicto”. A su vez, sus gestores se están preparando para colaborar con el trabajo de la CEV, haciendo un inventario de sus archivos para luego trabajar en su sistematización, protección y difusión. Para la RCLM “Este proceso es fundamental para mostrar a la CEV las graves violaciones a los DDHH y al DIH [Derecho Internacional Humanitario], pero también los procesos de resistencia, con diversos lenguajes artísticos y culturales, por medio de los cuales las comunidades han buscado contar la verdad sobre lo que les ha sucedido” (RCLM, 2017).
Los principales interlocutores de muchos de estos lugares, por ahora, son las nuevas generaciones. Por ello, además de la incidencia política que buscan tener en una futura “Ley de Memoria”, están trabajando mancomunadamente en la creación e implementación de pedagogías para la paz. Junto a las escuelas y a través de visitas guiadas u otro tipo de iniciativas promueven que los jóvenes se conviertan en garantes de la paz, desalentando el ingreso a grupos armados y fortaleciendo las redes comunitarias y el apoyo a las personas que fueron victimizadas.
Los lenguajes de la memoria
Colombia es un país multicultural, lo cual ha sido reconocido por la nueva Constitución de 1991. El reconocimiento de esta diversidad está presente tanto en los programas de gobierno (a través del enfoque diferencial) así como en los encuentros e intercambios al interior de la RCLM, donde emergen las materialidades, sentidos, formas y lenguajes a través de los cuales cada comunidad va tejiendo y exhibiendo sus memorias. Por ello, una de las propuestas de la RCLM es descentralizar el conocimiento porque reconocen que existen múltiples lenguajes, tiempos y sentidos para construir memorias entre los pueblos y las comunidades.
Quienes han promovido la RCLM establecieron redes de relaciones entre personas y organizaciones con distintos perfiles (campesinos, activistas de DDHH, víctimas, académicos, gestores culturales, artistas, funcionarios políticos) que integran comunidades urbanas o rurales, de carácter étnico (muchos de ellos se identifican como afro, indígenas o romaní). La disposición de la RCLM, de este modo, ha reunido experiencias de organización colectiva, cultural, espiritual, memorial y territorial, heterogéneas entre sí, con la intención de intercambiar saberes, apoyarse mutuamente, y crear una agenda política para incidir en las estrategias de sostenimiento y comunicación, las modalidades pedagógicas de transmisión intergeneracional y la protección de los archivos de los lugares de memoria.
Esta diversidad entre los lugares de memoria, por un lado, se expresa en los lenguajes y recursos simbólicos utilizados y en la temporalidad histórica (a la que llamaremos diacrónica) que cada comunidad imprime a las narrativas sobre el conflicto y, por otro lado, en la coyuntura tiempo-espacial propia del conflicto (a la que llamaremos sincrónica) y sus constreñimientos presentes para poder documentar, procesar y transmitir socialmente cierta información. Por ejemplo, en algunos lugares se recurre a ceremonias religiosas o espirituales para enmarcar el sentido de lo sucedido y su posible transformación, en otros se recurre al lenguaje laico de los derechos humanos. A su vez, en ciertos lugares la temporalidad diacrónica asignada al conflicto se remonta a la época de la colonia o la formación de los Estado-Nación modernos y no se reduce al conflicto armado; mientras que en otros la profundidad es menor, remontándose por ejemplo a la génesis de las guerrillas, la lucha estatal contrainsurgente o la profundización del paramilitarismo en ciertas regiones. Además, no en todos los lugares existe la posibilidad de construir y transmitir estos relatos sin poner en riesgo la vida de quienes lo hacen o la propia armonía de la comunidad.
Consideremos un ejemplo particular respecto a la temporalidad histórica asignada al conflicto. Para ciertos grupos étnicos de la Amazonía colombiana, los orígenes del conflicto se remontan al período de extracción del caucho a comienzos del siglo XX, cuando los caucheros esclavizaban a indígenas que muchas veces eran capturados con ayuda de grupos étnicos rivales. En La Chorrera (Amazonas) están transformando el lugar en el que se sometió a los indígenas (la Casa Arana) en un espacio de encuentro y construcción de la historia desde las voces de los mayores y en un espacio educativo. Transmitir estas memorias conflictivas ha sido considerado problemático no tanto por la presencia de grupos armados sino más bien por las relaciones actuales establecidas entre diversos grupos étnicos o distintas familias en una misma comunidad y las posibles acusaciones mutuas en el presente. Las comunidades habían decidido enterrar el pasado por un tiempo prudencial de cien años para abrirlo una vez que se pudiera “hablar con el corazón y la cabeza fríos”, es decir, cuando los rencores ya no estuvieran a flor de piel y los odios pasados hubieran sido saneados. En este sentido, traer el pasado al presente tiene sus propias temporalidades sociales. En este caso, el pasado de enfrentamientos crueles fue enterrado en un “canasto de la tristeza” o “de las tinieblas” en espera del momento social y espiritualmente adecuado para poder abrirlo como un “canasto de la abundancia y la esperanza” o “de la vida” (Echeverri, 2010). Desde esta perspectiva, el conflicto no se limita al conflicto armado y, es más, traer el pasado al presente demanda un trabajo de elaboración para poder “endulzar la palabra” y proyectar mejores futuros.
A su vez, respecto a las propias dinámicas territoriales del conflicto o la temporalidad sincrónica, lo que se cuenta y la forma en que elige contárselo constituye un dilema para los gestores de estos lugares. Algunos de los sitios, por ejemplo, han sido saboteados por actores armados. El Parque Monumento de Trujillo ha sido saqueado varias veces. Otros sitios no han sido dañados, pero sus gestores afirman que es: “porque sabemos qué se puede decir y qué no; únicamente contamos lo que las víctimas nos dicen que se puede contar y lo hacemos de maneras indirectas como el arte, el teatro o la música, es decir, con una narración no tan obvia” (Verdad Abierta, 2016). De igual modo, algunos gestores de los lugares de memoria provienen de organizaciones cuyos miembros han sido amenazados o asesinados. En Tumaco, el 19 de septiembre de 2001 asesinaron a Yolanda Cerón, la directora de la Pastoral Social, por denunciar violaciones de DDHH cometidas por la organización paramilitar AUC en connivencia con la Fuerza Pública. Tras su muerte, la Diócesis siguió con el trabajo y le añadió el ingrediente de la memoria como denuncia de la impunidad. Pero el control de lo que se transmite y la manera en que se lo hace sigue siendo una preocupación latente y digna de atención para no favorecer procesos de revictimización.
Otra cuestión limitante mencionada por algunos gestores es la estigmatización a la que se vieron sometidos por sus actividades de denuncia y documentación de distintas formas de victimización. Algunos de ellos fueron señalados, por ejemplo, como “gente de izquierda con vínculos con la guerrilla”. Esta situación se transformó a partir de la firma del Acuerdo de Paz y la articulación entre múltiples actores a través de la RCLM y la Mesa por la Verdad que ampara y legitima este tipo de actividades de documentación y denuncia de violaciones a los DDHH y al DIH. Igualmente, ellos indican que lo que publican debe ser medido para no poner en riesgo la vida de quienes dan sus testimonios y de quienes los recogen. De hecho, como ya mencionamos, muchos líderes sociales han sido asesinados con posterioridad a la firma del Acuerdo de paz. Entre ellos, Temístocles Machado, vocero del barrio y expresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Isla de la Paz, en Buenaventura, quien había donado al CNMH todo un archivo sobre la resistencia al despojo que sufrió su comunidad. En este sentido, la seguridad es un tema central en los territorios pues, si los líderes que impulsan iniciativas de memoria son asesinados ello atenta directamente contra las luchas para que no solo sus narrativas sino el valor de sus propias vidas sean incluidos dentro de la Historia Nacional.
El peligro de un ataque por parte de actores armados ha sido una amenaza latente a la que se han enfrentado los activistas al hacer memoria desde estos lugares en medio del conflicto. William Wilches menciona que antes de las negociaciones de Paz “Hacíamos memoria clandestina. Íbamos donde la familia de alguna víctima y no publicábamos la historia porque nos daba miedo, pero sí documentamos” (Verdad Abierta, 2016). Ahora esta situación está cambiando. Por ejemplo, “En San Vicente del Caguán se está creando un centro de memoria que se llama Sachena Yona, que en lengua nativa significa laguna bella. Ellos documentarán directamente en la zona donde la guerrilla ha estado por más de 40 años. Ya estamos perdiendo el miedo” (Verdad Abierta, 2016).
Así como sucede con las temporalidades (diacrónicas y sincrónicas), también las formas de construir y transmitir memorias son variables según los lenguajes y soportes escogidos. Para muchos gestores, el arte, el encuentro colectivo y la itinerancia son algunos de los medios privilegiados para resignificar los estragos de la guerra. Por ejemplo, en Villavicencio un grupo de mujeres, a través del teatro, recorre la región y busca rescatar saberes culturales e historias de personas desaparecidas. Ellas llevan el nombre de el tente, un pájaro en vías de extensión que es reconocido por algunos grupos indígenas como guardián de la vida. Los recorridos son una manera que muchas de estas iniciativas memoriales han impreso a su forma de construir y transmitir memorias para “romper las cadenas de la guerra” que produjeron miedo, aislamiento y asolamiento. Otro proyecto itinerante es el del Mochuelo (Museo itinerante del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María), que como el pájaro homónimo de la región, busca ir mas allá de una localidad para transitar distintos espacios en donde comunicar su mensaje de resistencia. En palabras de Soraya Bayuelo: “Tuvimos la idea de un pájaro que pudiera volar por todos los territorios que se vieron afectados por la guerra y que ese mensaje, que también es de resistencia, se multiplique” (Medellín Cano, 2015). A partir de este proyecto han realizado capacitación y movilización comunitaria mediante herramientas comunicativas, han formado una red de Narradores y Narradoras de la Memoria, han realizado investigaciones sobre la lucha agraria y el conflicto armado en Montes de María, han producido piezas audiovisuales de un modo participativo y las han proyectado bajo las estrellas para volver a reunirse, perder el miedo y apelar a la conciencia y detener la guerra.
Lo itinerante y lo permanente no son alternativas excluyentes. Su potencialidad ha sido contemplada por varias iniciativas memoriales colombianas. Por ejemplo, una herramienta que ha sido aprovechada por numerosas organizaciones de víctimas (como el MOVICE) es la galería de la memoria, utilizada en el Valle del Cauca así como en muchas otras zonas. Por ejemplo, los gestores de la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla (Cali) han utilizado este recurso en el desarrollo de dos escenarios para su trabajo: uno de carácter permanente y otro de carácter itinerante:
“El escenario permanente es un espacio que contiene fotografías, pendones, afiches, textos con relatos y otras herramientas útiles para informar y sensibilizar […] acerca de la problemática de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Este espacio favorece los encuentros entre diversos sectores de la sociedad civil, a partir de la convocatoria abierta a eventos periódicos de conmemoración alrededor de la vida de las personas que fueron victimizadas, en los que se invita a participar a los familiares y las personas que conforman el entorno inmediato de las víctimas. El espacio itinerante hace referencia a las exposiciones de fotografías y relatos que realizamos en diferentes lugares como parques, plazas, colegios, universidades, sedes de organizaciones y escenarios de movilización” (17).
Otros lugares realizan actividades itinerantes de manera simbólica a los eventos sobre los que hacen memoria en medio de la guerra, como el desplazamiento forzado de millones de personas en todo el país. Desplazamientos que en un momento pudieron parecer casos aislados hasta que se dimensionó el nivel de despojo y victimización al que fueron sometidos. En El Castillo (Meta), distintas organizaciones han realizado “conmemoraciones, vigilias, peregrinaciones, marchas, y encuentros de memoria en las veredas de la Esmeralda, Caño Sibao, en la cabecera municipal; en el centro poblado de Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, Civipaz, la Casa sindical y otros lugares para denunciar el desplazamiento forzado ocurrido en el municipio, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, y ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida cuando diecinueve de sus veredas y cuatro de sus centros poblados quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y paramilitarización del territorio (18). A estas actividades itinerantes se suman el Jardín de la Memoria y el Santuario de la Memoria en Medellín del Ariari, y el Parque de la Memoria de El Castillo, dinamizados por el Comité de Memoria.
Otro desafío que se les ha presentado a algunos lugares de memoria tiene que ver con la manera de resignificar espacios asociados a la tortura, la muerte y la desaparición. De un modo similar a como ha ocurrido en Argentina o en Chile con los sitios de memoria creados en ex centros de reclusión y tortura, un tema de debate ha girado sobre las formas de refuncionalizar espacios asociados a historias de violencia masiva que afectaron de forma negativa a la comunidad. Por ejemplo, en San Carlos (Antioquia) organizaciones sociales, entre ellas CARE, accedieron a una casa que en el pasado fue utilizada como comando paramilitar y que luego fue abandonada al momento de la desmovilización. A través de su trabajo han buscado transformar imaginarios asociados a la violencia, atender a víctimas y victimarios, y construir memorias para la paz y la reconciliación, ya que los lazos comunitarios se vieron afectados de un modo directo por las dinámicas del conflicto en la localidad.
Otros lugares, como el Parque Monumento de Trujillo no se ubica en el lugar físico donde fue cometida una masacre sino en un espacio que de manera simbólica reúne distintos actos de victimización que fueron cometidos en la región (19). Este lugar conmemora el asesinato y desaparición de centenas de víctimas ocurridos desde 1986 y a lo largo de los siguientes años, mediante osarios donde reposan los restos de algunas de ellas, acompañados por objetos que les pertenecieron. Cada osario cuenta con una placa, algunas de ellas borradas casi de manera completa, donde aparece el nombre de la víctima y las circunstancias, lugar y fecha de su muerte. Los osarios están acompañados por altorrelieves que representan a las víctimas. Se trata en su gran mayoría de víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y homicidio. Además de los Osarios, han creado un Árbol del abrazo, el Muro de la Sombra del Amor, la Ermita del Abrazo, el Mausoleo en honor al Padre Tiberio Fernández (asesinado en 1990), el Salón de exposición y encuentro, un Sendero de la memoria (reconstruye la memoria de 14 masacres emblemáticas de Colombia, desde la Guajira hasta el Putumayo) y Estaciones en homenaje a episodios de violencia en América Latina.
Muchos de estos lugares de memoria también están asociados a espacios religiosos preexistentes, ya sea porque ellos fueron objeto de actos de victimización (como la Iglesia de Bojayá) o porque son lugares tradicionales donde reunirse y pronunciarse como comunidad. Por ejemplo, la Capilla de la Memoria de Buenaventura fue constituida en su mayoría por mujeres afrocolombianas, víctimas de la violencia de conflicto armado, en asociación con la Parroquia San Pedro Apóstol, lugar donde encontraron refugio espiritual y apoyo solidario frente la situación de las comunidades afectadas por la violencia. En Bojayá, en cambio, la iglesia del viejo Bella Vista fue el lugar en el que tuvo lugar una masacre por el fuego cruzado entre paramilitares, el Ejército y la guerrilla de las FARC. Más tarde esta iglesia se convirtió en un lugar conmemorativo donde se hacen asambleas con comunidades afro e indígenas.
En otros casos no es una iglesia sino una piedra la que se convierte en vehículo de memoria e intervención artística. En febrero del año 2008, la comunidad de El Decio quedó confinada en sus hogares, pues la guerrilla del ELN, para impedir el ingreso del Ejército a la zona, sembró minas antipersona en la vía principal que los comunicaba con el casco urbano de Samaniego. La Piedra de San Lorenzo, ubicada en el corregimiento de El Decio, enclavado en las montañas nariñenses, a la orilla del río Chaupiloma, fue testigo de la violencia en la región. La comunidad, con el apoyo de la Pastoral Social del municipio (SEPASVI) y de las artistas plásticas Leidy Rodríguez y Magaly Salas, decidió tallar en ella a su santo patrono, junto con la figura del “ausente” que representa a las personas que han muerto por las minas antipersona o por cualquier acto violento. A su vez, esculpieron la figura de “la mujer” que lleva una cruz - reflejando el sufrimiento y la valentía al afrontar situaciones difíciles como maltratos, pobreza, amenazas, desapariciones y muertes de seres queridos - y otras cuatro figuras que representan a la comunidad de El Decio. A continuación, a través de mingas (trabajo colectivo) y ollas comunitarias, se fueron tejiendo más ideas, como la construcción de un kiosco con el techo en paja de bombona (típica artesanía de la región), un sendero y unos columpios.
En definitiva, en muchos lugares de Colombia, como dice Soraya Bayuelo, “las gaitas y los tambores fueron reemplazados por el sonido de los helicópteros, bombas y aviones fantasmas que impacientaron a la comunidad [como la de los Montes de María], que vio cómo la violencia no sólo acabó con sus costumbres sino también con sus amigos, vecinos y familiares” (Medellín Cano, 2015). Muchos de estos lugares, por lo tanto, se han constituido en espacios para vencer el miedo y volver a reunirse, retomar costumbres ancestrales, resolver conflictos comunitarios ligados a la convivencia y recordar a las víctimas que ha dejado la guerra. Lugares donde las personas hacen memoria para reanimar comunidad.
A modo de conclusión
Este trabajo por la memoria en Colombia ha resultado complejo para sus gestores. No solo por la presencia y amenaza de los actores armados sino también por los estragos que ha dejado el conflicto en las comunidades y las propias dinámicas burocráticas por parte del Estado para repararlos. Por ejemplo, para algunos gestores de lugares de memoria, la Ley de Víctimas ha privilegiado el asistencialismo a través de las reparaciones administrativas, en vez de asegurar el deber de memoria y el apoyo a las iniciativas comunitarias que se han venido sosteniendo –de manera primordial – a través del trabajo voluntario y de la cooperación internacional.
Más allá de estos obstáculos, desde hace varios años, un conjunto de actores han impulsado iniciativas memoriales a lo largo del territorio colombiano, pensándoselo en red. Esta manera de pensar-actuar en red permite afianzar nuevas formas de relacionarse y, al mismo tiempo, permite repasar los imaginarios hegemónicos de Nación, construidos a través de instituciones y artefactos culturales como el Censo, el Mapa y el Museo, retomando los términos de Benedict Anderson (1993). A través de este trabajo de participación e integración colectiva en una red de lugares de memoria, se observa la incorporación de narrativas y temporalidades heterogéneas respecto al supuesto tiempo homogéneo de la Nación, lo que permite apreciar los privilegios asociados a la configuración histórica dominante del Estado colombiano. Pues, como ha advertido Chaterjee, “El tiempo homogéneo vacío es el tiempo vacío del capitalismo. Dentro de su dominio, éste no contempla ninguna resistencia. Cuando encuentra un impedimento, lo interpreta como un residuo precapitalista que pertenece al tiempo de lo premoderno” (2008: 60). En este sentido, el trabajo de los gestores de lugares de memoria parece estar disputando este tiempo homogéneo vacío, a través de acciones de memoria que muestran la actualidad de sus demandas y las luchas por el reconocimiento público de diversas perspectivas sociales sobre el conflicto. Voces que, asimismo, demandan su reconocimiento, tanto como sujetos históricos así como sujetos políticos forjadores de otros posibles futuros.
Walter Benjamin (1995) ha escrito que “articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro” (1995: 51). El recuerdo es entendido por el autor como un momento en que se hace sentido sobre el presente (siempre peligroso de la modernidad) a partir de hechos ocurridos tal como hoy podemos concebirlos/imaginarlos, en tanto recuperación/construcción del verdadero origen del devenir que vivimos. El recuerdo de un pasado que nos libera de la opresión y que parece funcionar como un relámpago que ilumina la noche vacía del desamparo para darle sentido a experiencias de crueldad y violencia. Pensar y actuar en red, renovar lo comunitario, parece ser el sentido que muchos de los gestores de lugares de memoria están encontrando en Colombia para transformar las causas y los estragos del conflicto armado a nivel territorial, así como para intentar (re)imaginar otros futuros. Por ejemplo, a través de la disputa por una política pública de memoria que garantice su participación político-económica en los procesos institucionales destinados a construir narrativas históricas sobre el conflicto armado y los recursos estatales asignados para ello.
Notas
1. En este artículo no abordaremos las profundas discusiones académicas en torno al concepto de “lugar de memoria” elaborado por Pierre Nora (2008). En cambio, utilizamos los términos de “lugar”, “sitio” o “espacio de memoria” tal como lo hacen nuestros interlocutores.
3. De acuerdo con Estela Schindel, los procesos de memorialización pueden entenderse como “los modos que se va dando la sociedad de recordar y elaborar el pasado, combinando la necesidad privada e individual de homenajear a las víctimas con la aspiración colectiva de narrar la historia y plasmarla en el espacio público (…). Estos esfuerzos deben distinguirse del simple ejercicio de la memoria: la facultad psíquica de recordar. La memorialización implica un impulso activo y una voluntad de incidencia política” (2009: 66-67).
4. La RESLAC está conformada por distintos espacios de memoria, sitios históricos, museos, memoriales, archivos, organizaciones sociales o instituciones estatales que trabajan en la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las violaciones a los DDHH y las resistencias, ocurridas en la región durante los períodos de terrorismo de Estado, conflicto armado e impunidad institucional, con el objetivo de promover la democracia y las garantías de no repetición. Las instituciones que hoy conforman la RESLAC están ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; con la coordinación de Memoria Abierta (Argentina). La RESLAC desarrolla proyectos, iniciativas y capacitaciones conjuntas que buscan fortalecer la integración entre instituciones con perspectivas semejantes. El Primer Encuentro Regional se produjo en 2006, en Buenos Aires, y a continuación se han desarrollado reuniones anuales en diferentes sedes, con distintos temas. En el X Encuentro se tomó la decisión de interrumpir esta secuencia para dedicar el año 2017 a la planificación estratégica. Para mayor información véase https://redlatinoamericanadesitiosdememoria.wordpress.com/. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia se conformó en 1999. Está integrada por siete redes regionales en el mundo: África, que reúne al Este, Centro, Occidente y Sur de dicho continente; Asia; Europa; América Latina; Norteamérica; Medio Oriente y África del Norte; y Rusia. Para mayor información véase http://www.sitesofconscience.org/es/
5. En 2012 el IPPDH publicó el Documento “Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria”. Para mayor información véase http://www.ippdh.mercosur.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-de-sitios-de-memoria/
6. La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional argentino que desde 2006 articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de DDHH de las provincias y municipios. Hoy, la coordinación general de la Red está a cargo de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y entre sus principales funciones están las de promover el intercambio de experiencias entre los distintos espacios, difundir sus producciones y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos de recuperación en todo el país.
7. Para mayor información sobre la red chilena de sitios véase http://sitiosdememoria.cl/
8. Cf. http://espaciosdememoria.pe/
9. ACDIVOCA es un operador que ejecuta recursos provenientes de la cooperación internacional. Muchos de los programas orientados a la reparación de las víctimas son financiados de este modo en Colombia. Cf. http://www.acdivoca.org.co/historia/
10. Por ejemplo, como resultado de medidas de satisfacción o reparación simbólica establecidas judicialmente o por vía administrativa, se crearon: el Kiosco de la Memoria, construido luego de la masacre de Las Brisas, ocurrida el 11 de marzo del 2000, cuando el Bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Héroes Montes de María, torturó y asesinó a 12 campesinos. La Casa de la Memoria fue liderada por la comunidad víctima de El Salado como producto del ejercicio piloto de reparación colectiva realizado por la CNRR, la OIM y USAID, entre 2008 y 2011, para la configuración del Plan Integral de Reparación Colectiva. El Centro Social y Comunitario Remanso de Paz hace parte de las obras o medidas solicitadas por la comunidad de Pueblo Bello, como parte de la reparación colectiva a los hechos de violencia de los años 90 cometidos por el grupo paramilitar los “Tangueros” al mando de Fidel Castaño. En cambio, el Museo Casa de la Memoria surgió a partir de la necesidad identificada por el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, de generar reflexión e informar sobre los hechos conflictivos que han tenido lugar en Medellín y Colombia durante las últimas décadas.
11. En Colombia se recortan diferentes temporalidades para explicar los orígenes del conflicto armado. Algunas narrativas institucionales ubican en el 9 de abril de 1948 (fecha del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán) la profundización de la violencia bipartidista y los orígenes del conflicto, mientras que otras lo hacen en la conformación de las FARC hace mas de 60 años. Por su parte, las políticas estatales de reparación integral a las víctimas del conflicto armado fijan un período que va desde el primero de enero de 1985 (año de la toma del Palacio de Justicia por parte del la guerrilla M-19 y la retoma por parte del Ejército que dejó un saldo de casi un centenar de personas muertas y desaparecidas) hasta 2015; aunque la misma ley especifica que las personas que fueron víctimas a causa del conflicto armado con anterioridad a dicha fecha recibirán reparación pero no integral sino desde las garantías de no repetición y reparación simbólica. De este modo, se han instalado variadas interpretaciones históricas, algunas de las cuales han sido plasmadas en el Informe titulado “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicado en Febrero de 2015. Disponible en http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf.
12. El artículo 143 de la Ley 1448 plantea que “El deber de Memoria Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de DDHH, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”. Cf. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/hacia-una-legislacion-para-los-lugares-de-memoria
13. El 29 de enero del 2016, integrantes de la RCLM junto con congresistas e instituciones aliadas conformaron una comisión política para reglamentar la Ley 1448 en lo que se refiere a reparación simbólica y a lugares de memoria. Esta comisión se ha reunido de manera periódica con las UTL de varios congresistas, Ministerios y otras instituciones para redactar una propuesta que ha sido presentada en el Congreso. En la actualidad, siguen trabajando para recoger insumos para la elaboración de una política pública de memoria en Colombia. Cf. http://redmemoriacolombia.org/sobre-la-red.
14. Para mayor información sobre algunos de los debates en torno al MMDH en Chile véase “Columna de Claudio Nash: ¿Museo Memoria bajo “fuego amigo”?”. 2017, abril, 25. The Clinic. Disponible en http://www.theclinic.cl/2017/04/25/columna-claudio-nash-museo-memoria-fuego-amigo/
15. El Decreto presidencial número 502 de 2017, modificó el Decreto 4803 de 2011, referente al Consejo Directivo del CNMH, hasta ese entonces integrado por: 1) el Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado. 2) El Ministro de Defensa o su delegado. 3) El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 4) El Ministro de Cultura o su delegado. 5) El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien lo preside. 6) El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV). 7) Dos representantes de las víctimas elegidos por la Mesa Nacional de Víctimas. 8) El Director General del Centro de Memoria Histórica que participa en el Consejo Directivo, con derecho a voz pero sin voto. Para mayor información véase https://colombia2020.elespectador.com/politica/polemica-por-el-cupo-de-los-militares-en-el-centro-de-memoria-historica.
16. “Desde el año 2014, ConmemorAndo ha hecho presencia en 75 acciones conmemorativas realizadas en 20 departamentos y en 40 ciudades, municipios y corregimientos. En estos territorios, han participado más de 10.500 personas que han acompañado a las víctimas en la exigencia de su derecho a verdad, justicia, reparación y no repetición”. Cf. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/conmemorando-acciones-para-la-vida-convocatoria-2018.
17. Cf. http://redmemoriacolombia.org/lugares-de-memoria/galeria-de-la-memoria-tiberio-fernandez-mafla-51.
18. La Zona de Distensión (ZD) o zona de despeje de San Vicente del Caguán fue un área otorgada por el gobierno del Presidente Andrés Pastrana (mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998) para adelantar un proceso de paz con las FARC. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. La zona de distensión pudo considerarse como un Estado al interior de Colombia. A partir del momento que se creó la ZD se comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros de la guerrilla violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes de la región. La zona de distensión fue abolida por el presidente Pastrana el 20 de febrero de 2002, quien ordenó a las Fuerzas Militares de Colombia retomar la zona de distensión en articulación con grupos paramilitares.
19. El Parque Monumento de Trujillo fue creado como homenaje a las cerca de 342 personas que fueron objeto, entre 1986 y 1994, de torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados por una alianza temporal entre narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. Su construcción se inició en septiembre de 1998 después de un proceso participativo para la creación de propuestas arquitectónicas y sociales lideradas por la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), quienes en la actualidad fomentan y sostienen este lugar de memoria a partir de diversas actividades, como ejercicios pedagógicos, iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, visitas guiadas por el parque, etc. El parque-monumento fue construido por solicitud de la Comisión de Investigación de los Sucesos violentos de Trujillo, con cargo al presupuesto nacional. En un inicio se pensó en ubicarlo en la finca Las Violetas donde diez y seis personas fueron torturadas y luego asesinadas, entre el 1 y el 2 de abril de 1990. Sin embargo, esa propuesta no tuvo acogida por parte de los familiares de las víctimas debido a la impronta de terror que tiene el lugar. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Trujillo, el Estado colombiano no ha aportado recursos ni humanos, ni técnicos ni financieros para la construcción del parque-monumento. La administración municipal compró un lote de 63.000 metros cuadrados ubicado a unas cuadras del parque principal de Trujillo y se lo entregó en comodato a AFAVIT mediante escritura pública No. 508 del 5 de diciembre de 2003 de la Notaría única de Riofrío. Cf. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/valledelcauca/parquemonumento/index.html
Bibliografía
ANDERSON, Benedict (1993) “Capítulo X. El censo, el mapa y el museo”. En Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
BENJAMIN, Walter (1995) La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago: ARCIS/LOM.
BESSE, Juan (2005) “Memoria urbana y lugares patrimoniales: elementos teóricos para el abordaje de las marcas territoriales asociadas a acontecimientos políticos”. En Anales Taller Internacional Desplazamientos, Contactos, Lugares: la Experiencia de la Movilidad y la Construcción de Otras Geografías, Buenos Aires: Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, pp. 15-28.
BUSTAMANTE, Javiera (2016) “Procesos de activación y patrimonialización de sitios de memoria en Chile. 1990 al presente”. En Aletheia, volumen 7, número 13, octubre 2016.
CARNOVALE, Vera (2006) “Memorias, espacio publico y Estado: la construcción del Museo de la Memoria en Argentina”. En Revista de Estudios AHILA de Historia Latinoamericana. Núm. 2, Nueva Serie, Verveurt.
CATELA DA SILVA, Ludmila (2014) “Lo que merece ser recordado...”. Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. En Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, núm. 2, octubre 2014, pp. 28-47.
CONADEP (1984) Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Buenos Aires: Eudeba.
CHATTERJEE, Partha (2008) La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Buenos Aires: Siglo XXI-CLACSO.
ECHEVERRI, Juan A. (2010) “To Heal or to Remember: Indian Memory of the Rubber Boom and Roger Casement’s ‘Basket of Life’”. En ABEI Journal 12, pp. 49-64.
FELD, Claudia (2017) “Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex-ESMA (1998-2013)”. En Revista Colombiana de Sociología, 40 (1), pp. 101-131.
GUGLIELMUCCI, Ana (2016) “El Museo de la Memoria y el Museo Nacional de Colombia: el arte de exponer narrativas sobre el conflicto armado interno”. En: Mediaciones, Bogotá, Núm. 15, pag.10-29.
GUGLIELMUCCI, Ana (2013) La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Buenos Aires: Antropofagia.
GUGLIELMUCCI, Ana (2011). “La construcción social de los espacios para la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina como lugares de memoria auténtica”. En Sociedade e Cultura. Revista de Pesquisas e Debates em Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, v. 14, n. 2.
GUGLIELMUCCI, Ana (2007) “La objetivación de las memorias públicas sobre la última dictadura militar argentina (1976-1983): el “24 de marzo en el ex centro clandestino de detención ESMA”. En Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, Número 4, enero-junio 2007, pp. 243-265.
LÓPEZ, Loreto (2009) “De los ex centros de detención a lugares de memoria del terrorismo de Estado”, en Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas, nº15, pp.147-172.
LÓPEZ, Loreto (2014) Lugares de memoria de la represión. Contrapunto entre dos ex centros de detención recuperados en Chile y Argentina: Villa Grimaldi y el Olimpo. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 2014. Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117179/Lopez%20Loreto_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
MEDELLÍN CANO, María J (2015) “Un ejemplo desde los Montes de María”. 2015, abril, 7. El Espectador. Disponible en https://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/gente/un-ejemplo-los-montes-de-maria-articulo-553732.
MESSINA, Luciana (2011) “El ex centro clandestino de detención “Olimpo” como dispositivo de memoria: reflexiones sobre las marcas territoriales y sus usos”. En Aletheia, volumen 2, número 3, noviembre 2011, pp. 1-25.
MORENO, Carolina (2016) “Hacia una legislación para los lugares de memoria”. 2016, marzo, 31. Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/hacia-una-legislacion-para-los-lugares-de-memoria.
NORA, Pierre (2008) Les lieux de memoire. Uruguay: Ediciones Trilce.
PIPER, Isabel y Evelyn HEVIA (2012) Espacio y recuerdo. Archipiélago de memorias en Santiago de Chile. Santiago: Ocholibros editores.
RCLM (2017) “Breve historia de la Red Colombiana de Lugares de Memoria”. 2017, Octubre, 30. Bogotá. Disponible es http://sitiosdememoria.org/es/biblioteca/breve-historia-de-la-red-colombiana-de-lugares-de-memoria/
SASTRE DÍAZ, Camila F. (2015) Tensiones, polémicas y debates: el museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social” en el Perú post-violencia política, Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Postgrado.
SCHINDEL, Estela y Colombo, Pamela (Eds.) (2014) Space and the Memories of Violence: Landscapes of Erasure, Disappearance and Exception. UK: Palgrave Macmillan.
SCHINDEL, Estela (2009) “Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano”. En Política y Cultura, núm. 31, 2009, pp. 65-87.
SERJE DE LA OSSA, Margarita (2011) El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá: Ediciones Uniandes.
SOSA, Ana M. y María L. FERREIRA (2014) “Memoria musealizada: un estudio sobre los procesos de patrimonialización de memorias traumáticas en Uruguay y Brasil”. En Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, vol. 7, no 1 – 2014, pp. 109-130.
VERA, Juan P. (2017) The Humanitarian State: Bureaucracy and Social Policy in Colombia. PhD Dissertation in Anthropology. Rutgers University, NJ.
VERDAD ABIERTA (2016) “Nosotros ya tenemos la memoria histórica”, 2016, abril, 3. Disponible en http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6224-nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica
*Doctora en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la misma Universidad. Ha realizado su pasantía posdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Ha publicado los libros: “Vivir para contarlo. Violencias y memorias en América latina”, junto a Sigifredo Leal Guerrero, “La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre el terrorismo de Estado en la Argentina “y “Memorias desveladas. Prácticas y representaciones colectivas sobre el encierro por razones políticas” que ha ganado un premio INCAA para convertirse en base de una serie documental para la televisión pública argentina. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas y ha dictado clases en la UBA, la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. También ha trabajado como asesora de proyectos gubernamentales como el Parque de la Memoria y Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y la re funcionalización de ex centros clandestinos de detención en espacios para la memoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actualmente investiga sobre los debates museográficos y conmemorativos en torno a la representación de la violencia política en la Argentina y en Colombia, y sobre la propaganda política contemporánea en Colombia.
