Rompiendo el silencio institucionalizado en Brasil: los memoriales sobre la dictadura y las políticas públicas de memoria

Brito /Artículo en PDF

Ana Paula Brito*

Pontifícia Universidad Católica de São Paulo.

2018, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

paulabritoa@yahoo.com.br

Resumen: En Brasil la transición hacia la democracia estuvo marcada por un silencio institucionalizado en relación a las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante la Dictadura cívico-militar de 1964-1985. Sin embargo, grupos de víctimas y sus familiares pasaron a exigir del Estado el derecho por la memoria y la verdad respecto a dicho pasado. En ese contexto de reivindicaciones fueron creados memoriales sobre dicho periodo, surgiendo además, otras iniciativas en relación a la preservación de las memorias de la Dictadura. Entre las instituciones museísticas creadas se destaca el Memorial de la Resistencia de São Paulo, bajo responsabilidad del Estado y el Memorial de la Lucha por la Justicia, iniciativa privada con tutela de la Orden de los Abogados de Brasil (Sección São Paulo) y del Núcleo de Preservación de la Memoria Política. A pesar de estos progresos, después del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, el país comienza a vivir un retroceso en el campo de los Derechos Humanos y en los procesos de memorialización sobre la historia de la Dictadura.

Palabras clave: memoria, dictadura, políticas públicas, memoriales.

Los movimientos de transición de los regímenes dictatoriales y de redemocratización en los diversos países de Latinoamérica abrieron un proceso para saldar cuentas con la historia, que tienen su base en una compleja disputa en torno al registro público de las memorias sobre dichos períodos. Es interesante observar que las primeras acciones de transición de los regímenes dictatoriales a sistemas democráticos, fueron respaldadas por las leyes de amnistía, promulgadas en toda América Latina, es decir que utilizaron leyes para conceder la amnistía a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, bajo la noción de conciliación nacional, a través de un olvido inducido.

Ese tipo de olvido se dio, sobre todo, por medio de estrategias como la limitación del acceso a las informaciones que registraron los crímenes ocurridos, impidiendo que parte de esa memoria fuese restaurada. Manipulado en nombre de una supuesta “reunificación nacional”, el olvido fue implantado en la coyuntura social como un deber, aun de forma sutil, buscando “cicatrizar” las heridas colectivas.

En las últimas décadas muchos países de la región experimentaron un período de enfrentamiento al silencio institucionalizado, respecto a las violaciones de los derechos humanos, ocurridas durante los regímenes dictatoriales, al mismo tiempo en que sobrevivientes, familiares de víctimas y grupos de derechos humanos reivindicaron el establecimiento de la verdad sobre los crímenes del pasado. Esos movimientos de la sociedad civil, focalizados en la voluntad política favorecida por la toma de poder en manos de gobiernos de izquierda, sobre todo en el Cono Sur, contribuyeron a la creación de comisiones de la verdad, fortaleciendo así el compromiso con la memoria de un pasado tan cercano como doloroso, por medio de una serie de políticas públicas de memoria.

Es importante destacar que cada país de América Latina enfrentó su propio pasado dictatorial de forma diferente, ya que cada uno posee un contexto histórico y político distinto y, en algunos casos, como en Brasil, experimentó años de silencio institucionalizado. No cabe entonces, hacer una desvalorización de Brasil frente a otros países en relación a este tema, pues a pesar de que en la esfera pública la cuestión del derecho a la memoria, verdad y justicia haya recorrido un largo camino hasta llegar a la esfera política, para muchas víctimas y familiares dicho tema nunca estuvo en el letargo.

Breve contexto de la transición para la democracia brasileña

Entre 1964 y 1985 Brasil vivió una dictadura cívico-militar que violó derechos fundamentales en nombre de una supuesta “Seguridad Nacional” contra cualquiera que fuera considerado “enemigo del Estado”. Al final del recrudecimiento de la Dictadura y el fortalecimiento de las luchas por hacer efectiva la transición hacia la democracia, en 1979 fue creada la Ley de Amnistía (Ley N° 6.683), pero a pesar de esta reivindicación, no se contempló una amnistía amplia, general e irrestricta, demostrando así que la transición sería hecha en términos de quien aún estaban en el poder: los militares. De manera que, la ley indultó a aquellos que cometieron crímenes políticos y los llamados “conexos”, perdonando de ese modo, a todos los agentes del Estado. Sin embargo, los militantes políticos que habían cometido los llamados “crímenes de sangre”, los cuales culminaron con víctimas fatales, continuaron presos.

En 1984 ganó fuerza la campaña por elecciones directas e intensas manifestaciones fueron realizadas en todo el país. Finalmente, en marzo de 1985, asumió el poder un presidente civil, el último electo por voto indirecto.

La inestabilidad y el clima de control y represión todavía estaban presentes en espacios públicos. El Servicio Nacional de Información, creado en 1964 para espiar los llamados “enemigos del Estado”, solo sería deshecho en 1990, aunque aún continuaría actuando, tal como lo demuestran los registros de las Delegaciones de Orden Política y Social – DOPS de varios estados brasileños.

En 1988 fue convocada una constituyente, para votar por una nueva Constitución Federal. En la nueva Carta Magna, no hubo ninguna garantía o estímulo a acciones que garantizasen el derecho a la memoria y la verdad.

Naturalmente, el tema no fue olvidado, aunque no ocupaba los espacios públicos; hasta que, en 1995, el descubrimiento de una fosa clandestina en un cementerio municipal de São Paulo, ganó destaque nacional. Como resultado del trabajo de investigación protagonizado por familiares de víctimas, fueron encontrados 1049 esqueletos, siendo identificados oficialmente solo los restos mortales de dos desaparecidos políticos.

La noticia tuvo intensa repercusión nacional y la “Vala Clandestina de Perus”, como fue conocida, pudo ser destacada como uno de los gatillos que motivaron la creación, por parte del Gobierno Federal, de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP), por medio de la Ley N° 9.140/99. De acuerdo con ésta, el deber de la Comisión es promover esfuerzos para la localización de los cuerpos de muertos y desaparecidos políticos, además de adoptar otras providencias relacionadas con los requerimientos de familiares de las víctimas.

Con la creación de la CEMDP, grupos e individuos, sobre todo familiares de víctimas y ex presos políticos, comenzaron a articularse de manera cada vez más presente en la esfera pública. En este sentido, las luchas por memoria, verdad y justicia estuvieron combinadas con reivindicaciones antiguas, aunque muchas veces restringidas a espacios privados o de poca articulación política.

En la misma década del 90 cabe destacar la ocupación cultural hecha en el edificio de la antigua DOPS, la cárcel oficial de la Dictadura en la Ciudad de São Paulo. El gobierno del Estado de São Paulo estaba en proceso de reforma de dicho edificio para construir en su lugar una escuela de música. Luego de una intensa reivindicación de diversos grupos sociales, entre ellos el Fórum de Ex prisioneros y Perseguidos, y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, sumados a una articulación política con representantes del Poder Público estadal, dicho espacio fue cedido para la puesta en escena de un espectáculo teatral que duró todo el año de 1999: la pieza “Recordar y resistir”. En esta obra, los asistentes desde su entrada en el edificio eran tratados como presos, mientras que la pieza como tal representaba diversas historias de represión, resistencia y solidaridad vividas en el local durante la Dictadura por parte de ex prisioneros políticos, siendo algunos de ellos los propios actores. La ocupación cultural fue importante para acceder al debate en la esfera pública respecto al uso que sería dado al lugar poco tiempo después, cuando iniciarían en São Paulo, acciones políticas de preservación de ese pasado hasta entonces ocultado.

Políticas Públicas y Derecho a la Memoria

Para el historiador Richard Vinyes (2014), una política pública de memoria está compuesta por la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. En el caso de Brasil dicha tríada se hizo posible y ganó visibilidad, a partir de la creación de la Comisión de Amnistía, de 2002.

Es importante registrar, antes que todo, el hecho de que las legislaciones no garantizan una política pública de memoria, siendo apenas instrumentos legales que buscan garantizar el derecho a ella. Sin articulación social y uso de otras estrategias dispuestas en el ámbito de la Justicia de Transición, las leyes no sustentan la dinámica necesaria para la garantía de una política pública continua y sólida. En Brasil, la publicación de la Ley N° 10.559/2002,  estableció la creación de la Comisión de Amnistía, que promovió un intenso debate social sobre la Dictadura, siendo, sin duda, su mayor contribución. Entre las “acciones de reparación” previstas en la ley, el núcleo central estuvo compuesto por juicios sobre procesos de indemnización financiera para las víctimas y el pedido de disculpas oficial por parte del Estado brasileño, como reparación simbólica. En su programa de acción la Comisión de Amnistía realizó juicios itinerantes, por medio de un proyecto llamado  ”Caravanas de la Amnistía”, el cual recorre todo el territorio nacional en sesiones públicas. Otro proyecto de acciones de reparación, la “Clínica del Testigo”, ofrece atención psicológica a las víctimas y sus familiares, a través de la creación de núcleos de apoyo profesional financiados por el Estado. Asimismo, se destaca el proyecto “Marcas de la Memoria”, que consiguió potenciar la presencia del tema en la esfera pública por medio del financiamiento a varias iniciativas de preservación de la memoria en distintos soportes. En ese proyecto se destaca el fomento a investigaciones sobre el periodo dictatorial, la publicación de libros, producción de películas y documentales, la creación de monumentos y la formación de acervos de historial oral, además de la organización de eventos nacionales e internacionales.

Otro programa interesante desarrollado en el ámbito del Gobierno Federal, para garantizar el derecho a la memoria, es el titulado “Memorias Reveladas – Centro de Referencia de las luchas Políticas (1964-1985)”; además fue elaborado un banco de datos virtual que reúne documentos de archivos de todo el país sobre la Dictadura, vinculado al Archivo Nacional, con importantes actividades, tales como el Premio de Investigación, llevado a cabo con periodicidad bianual, premiando con publicación trabajos que tengan por base fuentes documentales referentes al periodo dictatorial.

El Estado Nacional ha demostrado preocupación por garantizar el derecho a la memoria, ampliando la producción de conocimientos y registros sobre el tema, pero no ha desarrollado estrategias para la re-significación de las nuevas generaciones. Democratizar memorias de pasados traumáticos es un grande desafío para sociedades post dictatoriales, sobre todo cuando se intenta como deber del Estado, proporcionar elementos para nuevas interpretaciones y re-significaciones de esa memoria esencialmente conflictiva.

“La idea de conflictos de memoria se vincula, en primer lugar, con las representaciones de pasados trágicos, inmersos en el dolor colectivo, en los resentimientos y manipulaciones, sobre todo de carácter político” (FERREIRA, 2008, p. 04). Dichos conflictos y disputas se presentan en torno a una determinada representación del pasado, estando inmersos generalmente en zonas de la memoria llamada colectiva. En ese contexto, es fundamental percibir que el poder político influye de modo significativo en estas disputas de sentido del pasado, sobre todo cuando se refiere a la consolidación de una memoria social oficial, que puede servir para definir y reforzar sentimientos de pertenencia, cohesión social y encuadrar las memorias de grupos”. (JELIN, 2002, p. 40)

En los diferentes estados del país paulatinamente estuvieron siendo fortalecidas iniciativas de reparación financiera después de las reivindicaciones de grupos de víctimas; esas organizaciones ganaron mayor visibilidad cuando pasaron a articularse nacionalmente, lo que ocurrió cuando habían condiciones políticas favorables a sus demandas. En 2007, fue realizado en la ciudad de São Paulo, el primer Congreso Nacional de ex prisioneros y perseguidos políticos. Registros del evento revelan una preocupación por la preservación de la memoria para el establecimiento de la verdad sobre el pasado. Verdades aun no registradas oficialmente.

 El Estado de São Paulo ya había publicado el año anterior la Ley Estadual de Amnistía, previendo las debidas indemnizaciones a las víctimas; ya se habían abierto los archivos del DOPS, hecho crucial para el proceso de revisitar ese pasado silenciado. El acceso a los archivos fue una gran conquista nacional, sembrando precedentes para otros Estados.

La reglamentación nacional sobre la apertura de los archivos del período dictatorial solo vino en 2011, con la publicación de la ley N° 12.527, que trata sobre el derecho constitucional de acceso a las informaciones públicas. La norma entró en vigor al año siguiente, así como la Ley N° 12.528, que creó, el 18/11/2011, la CNV – Comisión Nacional de la Verdad.

De la publicación de la ley que creó la CNV hasta su activación, fue fundamental la acción del Colectivo de Jóvenes del Levante Popular de la Juventud, que en marzo de 2012, reivindicó el cumplimiento de las leyes. Los jóvenes fueron a las calles en todo el territorio nacional para denunciar agentes de la Dictadura que habían participado de secciones de tortura. La acción denominada “escracho” es similar a la practicada en Argentina “escrache” y en Chile “funa”, consistiendo en denunciar las actividades de los criminales de lesa-humanidad en su residencia o locales de trabajo (1). En la acción, los jóvenes denunciaron la represión de la Dictadura, sus agentes y sus herencias para la sociedad brasileña. La acción generó intensa repercusión nacional y contribuyó para que las leyes antes citadas entrasen en vigor.

La CNV actuó de 2012 a 2014 investigando los crímenes cometidos durante el periodo dictatorial. Su relatoría final fue un gran progreso histórico, pues el Estado estaba reconociendo oficialmente las violaciones otrora cometidas. Pero, a pesar de este éxito, su contenido no alcanzó la sociedad civil ni otros grupos actuantes en el campo de los derechos humanos; tampoco sus recomendaciones fueron atendidas por el Poder Público.

Vale mencionar la poca articulación existente entre grupos que luchan por la memoria, verdad y justicia en el periodo dictatorial y grupos sociales que demandan acciones en derechos humanos de casos del presente. En este sentido, la creación de instituciones culturales que buscan la promoción de esas memorias traumáticas fueron – y continúan siendo- fundamentales para aproximar las nuevas y viejas generaciones, con la finalidad de conocer y re-conocer esa historia, que tiene herencias significativas en el presente.

Creación de Memoriales sobre la Dictadura en Brasil

Elizabeth Jelin (2002), al analizar los procesos sociales post-dictatoriales en el Cono Sur, observó que las sociedades latinoamericanas son distintas en sus formas de promover un enfrentamiento con el pasado traumático. Pero, a pesar de las diferencias, “con formatos y contenidos diversos, en todos los países del Cono Sur, existen sitios de memoria que surgieron de forma más o menos espontánea con la llegada de la democracia”. (IPPDH, 2012, 13). 

En Brasil, la primera institución museística creada sobre el periodo dictatorial fue el Memorial de la Libertad, instalado en el edificio de antiguo DOPS/SP. Fruto de la reivindicación de diversos grupos sociales, entre ellos el Fórum de Ex prisioneros y Perseguidos Políticos y la Comisión de los Familiares de los Muertos y Desaparecidos Políticos. Después del éxito de la ocupación cultural hecha en el edificio, el gobierno del Estado de São Paulo acordó la demanda social de construir un memorial sobre el periodo dictatorial en dicho edificio.

Así en 2002, fue inaugurado el Memorial de la Libertad, a pesar de lo cual el proyecto implementado no tardó en demostrar fragilidades. Ocupando apenas parte de la planta baja del edificio, el Memorial tenía una exposición de larga duración que poco exploraba el contexto histórico, las dimensiones de la represión y de la resistencia durante la Dictadura. Además, los ex prisioneros políticos criticaron la concepción museológica de la institución, afirmando que en ese lugar no hubo libertad. Luego de nuevas disputas por el uso del espacio, en 2007 la gestión de la institución, hecha por el Archivo Público del Estado de São Paulo, fue transferida a la Asociación Pinacoteca. Con esa mudanza un nuevo proyecto fue implementado, siendo creado así el Memorial de la Resistencia de São Paulo.

Actualmente, la institución ocupa dos pisos del edificio y recibe anualmente cerca de 80.000 (ochenta mil) visitantes en la exposición de larga duración. Por medio de su programa museológico realiza exposiciones temporales e itinerantes desarrollando también dos programas de investigación (Recolección Regular de Testigos y Lugares de Memoria), disponiendo además, de un programa educativo inclusivo para personas con discapacidad (Programa Memorial para Todos). Además realiza otras actividades culturales, como el “Sábado Resistente” y ferias del libro; de igual modo destacan otros trabajos realizados con colaboradores que integran la Red Latinoamericana y Caribeña de Sitios de Memoria, de la cual forma parte desde el año 2010. 

Edificio del antiguo DOPS/SP que abriga el Memorial de la Resistencia

de São Paulo. Foto: Ana Paula Brito.

El Memorial de Resistencia de São Paulo aun hoy es la institución museística de referencia en el tema en Brasil, debido a su pionerismo y su esfuerzo por democratizar una memoria por tantos años silenciada. A pesar de no estar representados en la institución todos los grupos y organizaciones de resistencia a la Dictadura, la institución ha actuado en el sentido de ampliar ese alcance a través de la recolección de testimonios y de la realización de actividades culturales. Hasta diciembre de 2017 la institución grabó entrevistas de 126 personas que fueron prisioneras o perseguidas políticas durante el periodo dictatorial (2). Además, desarrolló otras actividades educativas, como ruedas de conversación con ex prisioneros políticos, buscando una aproximación de las nuevas generaciones hacia los diferentes relatos sobre dicho periodo. Las actividades son percibidas como ejercicios para que esa memoria oficial dispuesta en la institución, sea discutida públicamente a la luz de la diversidad de memorias individuales de los ex prisioneros y, a su vez, re-significadas a partir de las interpretaciones de los visitantes.

Efectivamente, democratizar memorias tan plurales y complejas como esas, es un gran desafío para las instituciones que trabajan con el tema. Hay muchas disputas y conflictos en torno a la representación oficial sobre ese pasado; garantizar esos registros y aspectos compartidos es un deber del Estado: proporcionar el derecho a la memoria de modo amplio y plural. De cualquier modo, son grandes los riesgos de la selectividad sobre cuáles memorias preservar y divulgar, para tornarlas en memoria oficial.

Otra institución cultural que actúa específicamente con el periodo dictatorial, también en la ciudad de São Paulo, es el Memorial de la Lucha por la Justicia. Instalado en el edificio donde funcionaban las Auditorias Militares durante la Dictadura, es fruto de la reivindicación y el trabajo de la Orden de los Abogados de Brasil, sección São Paulo (OAB/SP) y del Núcleo de Preservación de la Memoria Política.

En agosto de 2013 la OAB/SP recibió de la Superintendencia del Patrimonio de la Unión la cesión del edificio para la creación de un sitio de memoria y, desde entonces actúa conjuntamente con el Núcleo Memoria, en la realización de actividades educativas y culturales en dicho espacio. El memorial aún está en la fase de implantación del proyecto museológico, pero ya actúa desarrollando investigaciones históricas, recolectando testimonios de abogados y presos que fueron procesados en las Auditorias Militares de São Paulo, promoviendo visitas educativas agendadas y realizando actividades culturales y debates vinculados a los derechos humanos en el presente.

Su primera exposición temporaria, titulada “Voces de la Defensa”, fue realizada en colaboración con el Superior Tribunal Militar. La muestra exhibió audios inéditos de la defensa de abogados en el STM durante la Dictadura, además de otros materiales vinculados a los procesos contra presos políticos.

La OAB/SP y el Núcleo Memoria actualmente están captando recursos para proceder a la reforma y restauración del edificio, e igualmente para la implementación del proyecto museológico previsto. Es interesante registrar que, en el proceso de entrevistas realizado por el Núcleo Memoria con abogados y ex prisioneros políticos para el memorial, los entrevistados pudieron opinar sobre la propuesta establecida y contribuir con sugerencias y críticas al plan inicial de la museografía.

Existen otros dos memoriales en funcionamiento sobre el periodo dictatorial en Brasil, ambos localizados en el noreste del país. Ellos son el Memorial de la Resistencia de Fortaleza, en Ceará, y el Memorial de las Luchas y Ligas Campesinas, en Paraíba. Estando ambos establecidos en lugares de memoria: el primero, en una antigua cárcel de la Dictadura y el segundo, en la casa donde falleció João Pedro Texeira, líder de las Ligas Campesinas en la región. Fruto de la reivindicación de la sociedad civil, las instituciones fueron creadas con pequeñas exposiciones y poco financiamiento del poder público.

 El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de MERCOSUR (IPPDH) publicó en 2012, un documento titulado “Principios fundamentales para las políticas públicas sobre lugares de memoria”, en el cual es resaltada la importancia de lugares de memoria como los citados anteriormente. El IPPDH afirma que “los sitios de memoria son herramientas adecuadas para la construcción de memorias vinculadas con los crímenes de Estado cometidos en el pasado, para conceder reparación simbólica a las víctimas y para ofrecer garantías de no repetición a la sociedad en su conjunto” (IPPDH, 2012, p. 7) Sin embargo, como destaca el historiador Ricard Vinyes (2009), es importante considerar que el lugar por sí solo no es lo más importante, pero si los elementos que permiten que los visitantes reinterpreten las historias desde el pasado traumático. Auschitwz no son las piedras del lugar, sino la re-significación que los visitantes promueven al visitar dicho memorial. Evidentemente, la preservación de esos lugares es importante y contribuye para la salvaguarda de las memorias traumáticas, no obstante, su mayor relevancia estriba en su uso, es decir, el trabajo de memoria realizado en el local. Es también importante percibir que esas transformaciones están insertadas en un proyecto mayor: la lucha por la memoria y por la verdad acerca de lo ocurrido durante la Dictadura.

Otras iniciativas de Preservación de lugares de memoria y proyectos de memorialización

 Existe una diversidad de iniciativas similares que buscan patrimonializar o musealizar esas memorias. Entre ellas cabe destacar el Memorial de la Amnistía (en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, concebido en 2008 y hoy en investigación por la Policía Federal por desvío de recursos vinculados con su construcción); el espacio Memoria y Derechos Humanos (en el edificio del antiguo DOPS de Rio de Janeiro, en disputa con grupos que reivindican la creación del Museo de la Policía Civil en el lugar); otras iniciativas en el Estado de Rio de Janeiro como el Centro de Memoria de Barra Mansa (a ser instalado en el edificio del antiguo Batallón de Infantería Blindada del Ejército) y el Centro de Memoria de Petrópolis (proyecto que se prevé sea localizado en la construcción donde funcionó la “Casa de la Muerte de Petrópolis”, centro clandestino de detención durante la Dictadura) y el Centro de Memoria Ico Lisboa (en el edificio del antiguo DOPS de Porto Alegre, Río Grande del Sur).

En la relatoría final de la Comisión Nacional de la Verdad, una de las recomendaciones al gobierno brasileño fue crear en Brasilia un Museo de la Memoria y realizar el reconocimiento como patrimonio (3) de inmuebles donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. Otras comisiones estaduales de la verdad que fueron establecidas en el país después de la creación de la CNV también recomendaron en sus relatorías la creación de instituciones culturales. Entre ellas, cabe destacar la Comisión Estadual de la Verdad de Paraíba que consiguió la aprobación por medio del Decreto N” 33.426/2012, la creación del Memorial de la Democracia de Paraíba.

 A partir del proyecto del gobierno federal Marcas de la Memoria, fueron creados, en todo el país, ocho monumentos (4) en homenaje a las víctimas de la Dictadura, ubicados en ciudades donde pasaron las Caravanas de la Amnistía. Vale resaltar, de igual modo, acciones de grupos de la sociedad civil que reivindican la rebautización de parques y espacios públicos que con sus nombres hacen homenaje a torturadores de la Dictadura, como es el caso del proyecto “Calles de la Vergüenza”. Realizado por el Núcleo de Preservación de la Memoria Política, en el “aniversario del golpe”, el 31/03/2017, el proyecto cambió la placa que prestaba homenaje a torturadores de la Dictadura brasileña y en su lugar colocó nombres de dictadores reconocidos internacionalmente, como Pinochet, Mussolini, Hitler, entre otros. “Quien mató o torturó no puede tornarse nombre de calle”, esa fue la campaña que motivó la participación de más de tres mil firmas que fueron entregadas al Poder Público. Algunos habitantes se rebelaron con la acción y se manifestaron para la retirada inmediata de las placas, misma indignación que fue nula respecto a la placa que homenajeaba torturadores del país.

Es importante resaltar también, la iniciativa de musealización del edificio del antiguo DOI-Codi (Destacamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interna), creado como un órgano subordinado al ejército, de inteligencia y represión de la Dictadura, local que fuera uno de los mayores centros clandestinos de represión. Allí, centenas de brasileños estuvieron secuestrados y muchos, aún hoy, continúan desaparecidos. El edificio fue reconocido oficialmente como patrimonio histórico del Estado de São Paulo en 2014. Desde entonces, organizaciones por los derechos humanos y, asimismo grupos de víctimas, realizan actos de memoria los 31 de marzo (día de la Intervención militar de 1964), donde solicitan la transformación de ese lugar en un memorial de promoción a los derechos humanos. Actualmente, funciona como una delegación de policía.

Retrocesos en las políticas públicas de memoria y de promoción de los Derechos Humanos en el presente

Brasil experimentó en las últimas décadas un período de intensa reglamentación en legislación específica sobre el tema de la memoria política. En este sentido, cabe destacar que entre 2003 y 2016, durante la gestión del Partido de los Trabajadores en el gobierno federal, la reivindicación de los procesos de memoria sobre la Dictadura integraba la agenda del gobierno. Fueron leyes, decretos, desafectaciones edilicias, reconocimientos patrimoniales, acciones de reparación financiera, psicológica y simbólica, proyectos audiovisuales y otras acciones en pos de la preservación de la memoria sobre el periodo dictatorial.

 A pesar de eso, con la mudanza del gobierno, sobre todo a partir de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, con el impeachment en 2016, una serie de acciones fueron emprendidas en el sentido de desarticular una política pública aún no consolidada. Entre ellas, destaca la transformación del entonces Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial y de los Derechos Humanos, en Secretaría luego incorporada al Ministerio de la Justicia. Pocos días después del impeachment serían cambiados 19 de los 25 miembros de la Comisión de Amnistía que juzgaban los procesos de reparación financiera, trayendo consigo reducción del número de sesiones de los juicios y lentitud en la ejecución de los procesos. En 2017 el Ministerio Público Federal solicitó esclarecimientos al Ministerio de la Justicia, luego de una denuncia por parte grupos de víctimas donde afirmaban que el actual Ministro estaría negando pedidos de reparación financiera, incluso luego de una evaluación favorable por la Comisión de Amnistía.

La censura a los documentos del período dictatorial también volvió a escena pública, más recientemente cuando el Comando del Ejército, con aval de la Contraloría General de la Unión, restringió el acceso a la información y documentos sobre el diputado federal Jair Bolsonaro, militar y pre-candidato a la presidencia de la República. Esa restricción desconoce la Ley de Acceso a la Información y compromete el derecho a la memoria. Cabe recordar que Jair Bolsonaro fue el diputado quien, en el discurso de su voto favorable al impeachment de Dilma Rousseff, homenajeó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, único militar brasileño reconocido judicialmente como torturador (5).

Otras apologías a la tortura y manifestaciones públicas solicitando intervención militar, fueron (y aún lo son) vistas en varias partes del país. Pancartas con discursos de odio con referencias al periodo dictatorial, como por ejemplo: “Dilma, lástima que no te ahorcaron en el DOI-Codi” o “Lástima que no mataron a todos en el ‘64”. Aunado a estos hechos, recientemente, el Ministerio Público de São Paulo abrió una investigación policial respecto a la apología de la tortura en la organización del grupo de carnaval llamado “Sótano del DOPS”. En la convocatoria, los organizadores homenajean a los torturadores reconocidos, incitando a la represión y convocando a participar en la promoción de la violencia. En respuesta, el Tribunal de Justicia de São Paulo liberó la realización del grupo, escudándose en la Ley de Amnistía y en la libertad de expresión. Pero después del recurso de organizaciones de derechos humanos y del Ministerio Público de São Paulo, el Tribunal de Justicia prohibió la realización del grupo de carnaval.

Ninguna de las recomendaciones publicadas en 10/12/2014 por la CNV fueron adoptadas por el Poder Público y cada día crece el número de víctimas por violencia. La crisis política, económica e institucional que atraviesa el país interrumpió debates importantes sobre políticas públicas de promoción de los derechos humanos, que contempla acciones de memoria, verdad y justicia sobre el periodo dictatorial.

Con este creciente retroceso en el campo de los derechos humanos, se nota que el proceso de memorialización interrumpido estuvo en el ámbito de una política pública de gobierno y no de Estado. La pauta aún no envuelve la sociedad civil, sino solo a grupos cuyas demandas fueron atendidas por el gobierno en el poder. Pero, ¿por qué esa memoria debería ser de interés para todos? ¿Qué importancia tiene para las nuevas generaciones? ¿Los conflictos en torno a ese pasado deberían ser ocultados por el Poder Público? Esas son algunas preguntas que se deben hacer las sociedades que re-visitan pasados traumáticos. Hay que considerar que no existe una fórmula para los trabajos de memoria realizados en el ámbito de la Justicia de Transición. Sin embargo, experiencias internacionales han demostrado que conflictos respecto a la representación de esas memorias son un problema. La manipulación de esas memorias, comprometen nuevas interpretaciones de ese pasado por las nuevas generaciones y su importancia para la consolidación del respeto a los derechos humanos en el presente.

El poder de la memoria y de las instituciones para el respeto a los Derechos Humanos

Considerada por muchos intelectuales como la mayor tragedia mundial, la memoria del Holocausto ya no produce algunos conflictos como antes, pues el nazismo es condenado en todo el mundo, sobre todo después de los juicios del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, que tipificó los crímenes nazis como de lesa-humanidad. Sin embargo, no fue siempre así. Hubo períodos de intensos conflictos en torno de la memoria de ese hecho histórico. Entre los innumerables ejemplos cabe citar el proceso que la historiadora Deborah Lipstadt tuvo que enfrentar en 1996 por haber escrito sobre el Holocausto. El renombrado historiador inglés David Irving, negador de dicho hecho histórico, hizo una petición contra la historiadora por difamación:

A sesenta años de distancia, el paisaje memorial es muy diferente. El Holocausto se sitúa hoy en el centro de la memoria colectiva. (...) La memoria del Holocausto tiende entonces a convertirse en paradigma de una reactivación del pasado que afecta a otras comunidades, otras experiencias históricas, otras víctimas, otras memorias. (TRAVERSO, 2008, p. 84.

Efectivamente, la emergencia y la proporción de los trabajos de memoria realizados sobre el Holocausto abren nuevas prerrogativas para enfrentamientos de memorias traumáticas en otras partes del mundo. En América Latina después de las dictaduras militares que asolaron el continente, la memoria era y continúa siendo, un instrumento fundamental en el proceso de re-observar ese pasado y promover un reconocimiento público de las persecuciones y represiones políticas ocurridas.

Brasil aún atraviesa el periodo de re-conocimiento social de los crímenes cometidos por el Estado dictatorial y sus herencias represivas en el presente. La relatoría de la CNV registró un total de 434 muertos y desaparecidos, víctimas de una dictadura que duró 21 años. En la misma relatoría, la Comisión afirmó que ese número no representa la cantidad final de víctimas, sugiriendo la continuación del trabajo de investigación. La recomendación no fue acatada y la investigación no tuvo continuidad, pero sirvió para destapar los conflictos en torno de ese pasado y demostrar el poder de la memoria para el fortalecimiento de la democracia. Cuando algunas manifestaciones en las calles piden intervención militar, organizaciones de defensa de los derechos humanos recuerdan que esas reivindicaciones en el presente solo son posibles gracias a la democracia.

Al contrario de lo que muchos piensan, la memoria es producida en el presente, fruto de un proceso dinámico e influenciado por muchos elementos. Regine Robin (2012) destaca que el pasado no está libre y que ninguna sociedad lo abandona a sí mismo. Al contrario, él es regido, administrado, conservado, explicado, narrado, conmemorado u odiado. Sea para celebrarlo u ocultarlo, según la autora, el pasado sigue siendo un desafío en el presente.

Entender que esas memorias son intergeneracionales y que pertenecen a toda la sociedad, es uno de los caminos necesarios para que las mismas sean re-significadas en el presente. Y las instituciones museísticas creadas para compartir esas memorias precisan ofrecer elementos para que se realicen interpretaciones de ese pasado, que susciten debates importantes para el presente y futuro. Se sugiere que las instituciones no cambian la representación del pasado dictatorial, con sus herencias en el presente. Y estén en constante diálogo con otros espacios de producción de conocimiento.

Se entiende que las reivindicaciones para la creación de los memoriales presentados, además de las iniciativas en marcha, no fueron exigidas apenas para “exhibir” lo que sucedió durante la Dictadura. Los actores sociales que lucharon para sus creaciones no fueron meros observadores del pasado. Accionaron para la creación de sitios de consciencia, espacios para que los visitantes pudiesen disponer de una experiencia de enfrentamiento de ese pasado, con preguntas individuales sobre todo en torno a la importancia del respeto a los derechos humanos. Así, a parte del desafío de democratizar el acceso a esas memorias traumáticas, estas instituciones necesitan actuar en la promoción de educación en derechos humanos, con acciones efectivas para el combate de la violencia y discursos de odio o racismo, garantías éstas que pueden servir para la libertad de expresión y tantas otras banderas importantes en defensa de los derechos humanos, todo lo cual no puede ser disociado de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

         El caso brasileño ha demostrado que apenas las legislaciones por si solas no garantizan la aplicación de políticas públicas de memorias de pasados traumáticos, e incluso el “Nunca más”, lema internacional de combate a la represión después de los regímenes dictatoriales de América Latina. Una política pública de memoria es mucho mas que solo leyes memoriales y no pueden estar basadas en controlar el pasado y poner la memoria como deber, sino como un derecho, que el Estado debe garantizar a todos. Por eso, esas instituciones memoriales creadas en Brasil, después de años de silencio, son tan importantes para que el tema de la dictadura, sus efectos y herencias alcancen a la sociedad civil de modo amplio e irrestricto, involucrando las nuevas generaciones para que ellas puedan re-significar esas memorias en el presente. No se trata de tener una mirada congelada del pasado, al contrario, se trata de estimular el debate y nuevas miradas sobre el pasado en el presente.

BIBLIOGRAFIA

BRITO, Ana Paula. 2017. Escrachos aos torturadores da Ditadura. São Paulo: Editora Expressão Popular,

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NOTAS

(1) Para saber más sobre la acción, se recomienda la lectura de la obra “Escrachos aos torturadores da Ditadura”, de Ana Paula Brito, publicada por la Editora Expressão Popular, 2017.

(2) Dato oficial divulgado en enero de 2018, por el Núcleo de Investigación del Memorial da Resistência de São Paulo.

(3) Instrumento jurídico que reglamenta el reconocimiento público del valor patrimonial de un bien material, determinando su preservación por su valor histórico y cultural.

(4) Los monumentos fueron instalados en las ciudades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Ipatinga, Porto Alegre y Recife. Los proyectos son de autoría de la artista plástica Cristina Pozzobon y el desarrollo y registro técnico del arquitecto Tiago Balem. Información obtenida de la Comissão de Anistia en 05/02/2018.

(5) En sentencia divulgada por el Tribunal de Justiça de São Paulo, resultado de una acción realizada en 2005 por la familia Teles, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fue reconocido oficialmente como torturador de la Dictadura brasileña.  

* Ana Paula Brito: Doctoranda en Historia Social por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Becaria Capes del Programa “Sanduíche” en la Universitat de Barcelona (España) (2017). Fue miembro de la Dirección del Núcleo de Preservación de la Memoria Política de São Paulo desde 2014 hasta 2017, actuando en la coordinación de investigación histórica para la implementación del Memorial de la Lucha por la Justicia. Entre 2014 y 2016 actuó como responsable en nombre del Núcleo de Investigación del Memorial de la Resistencia de São Paulo.