Charla debate: “Complicidad civil con la represión, la dimensión local y los juicios por crímenes de lesa humanidad”

Barragán, Basualdo y Godoy/ Conferencia en PDF

Expositoras: Ivonne Barragán (UBA/CONICET), Victoria Basualdo (FLACSO/CONICET),  Guadalupe Godoy (UNLP)

Presentación: Aníbal Viguera (Decano FaHCE-UNLP)

Coordinadora: Laura Lenci (FaHCE-UNLP)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP

31 de marzo 2016

Laura Lenci: Buenas tardes, en primer lugar queremos agradecer a todos y a todas que estén acá acompañándonos en esta actividad que hemos organizado como conmemoración por el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, muy especialmente a las panelistas, a Victoria Basualdo, Ivonne Barragán y Guadalupe Godoy. Antes que nada quería saludar la presencia de varias personas que nos acompañan, la vicepresidenta académica de la Universidad, Ana María Barletta, los decanos de las Facultades de Agronomía y Ciencias Exactas, el secretario General de ADULP, Octavio Miloni, personal de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad, que siempre están al pie del cañón trabajando con estos temas, la directora del IDIHCS -Instituto de doble pertenencia UNLP-CONICET- Gloria Chicote, a todos ellos muchas gracias. También quiero destacar a los compañeros trabajadores de Astillero Río Santiago que están acá presentes y que son un ejemplo de lucha, y agradecer a las compañeras de la Unión por los Derechos Humanos que siempre están con nosotros. Profesores y profesoras, estudiantes de grado, de posgrado, docentes, creo que la comunidad de la Facultad está muy bien representada en el público, así que muchas gracias.

Voy a leer algunas adhesiones que hemos ido recibiendo. La Plata 31 de Marzo de 2016, la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata adhiere y acompaña esta iniciativa en el marco del mes de la Memoria y los Derechos Humanos: “convencidos de que la promoción y reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia en torno de la historia reciente aportan al fortalecimiento de nuestra democracia en tiempos donde la vigencia de los derechos humanos requiere de nuestros mejores esfuerzos. Un saludo afectuoso, Verónica Cruz”. Por otra parte, el centro de graduados de la Facultad de Veterinaria, Agrupación 6 de Agosto: “los graduados de Veterinaria adhieren a los actos conmemorativos que se realizan en el mes de la memoria y recordamos hoy a los compañeros y compañeras desaparecidos asesinados por la Triple A, la CNU, y la dictadura cívico militar de 1976 a 1983. Por la reconstrucción de la memoria histórica y del pasado reciente de nuestra Universidad. Acompañamos esta jornada en el marco de los 40 años del golpe cívico militar, una de las más oscuras y dolorosas épocas para recordar; decimos presente porque vivimos la necesidad vital del ejercicio y la lucha por la memoria”. Otro mensaje que nos llegó: “acompañamos en este día a la Comisión por la Memoria del ex BIM III, terreno sobre el que se encontraba el ex Centro Clandestino de operaciones de la Fuerza de Tareas 5, instrumento del terrorismo de Estado. Hoy el espacio es el sitio de la memoria y de la educación. Como hijos e hijas de esta lucha, como nietos y nietas hemos caminado un largo trecho. Fueron las madres y abuelas de la plaza las que nos marcaron ese camino, y aunque la derecha intente impedirlo, cuando ellas ya no caminen su lucha no se detendrá. Como no resignamos el sueño de los y las 30 mil, sabemos que queda mucho camino por recorrer, como también muchos responsables por juzgar. Hoy que nos golpea la herencia camuflada de la dictadura vestida de globos y de alegría, no debemos desanimarnos. El pueblo organizado derribó las leyes de obediencia debida y punto final, y se ve que el pueblo no permite ya ningún retroceso. Hemos dado lucha que no podemos abandonar. Debemos encontrar serenidad para pelear por los derechos humanos de ayer y de hoy. Es por eso que por los laburantes, por nuestros niños, niñas y jóvenes, y por la patria grande que soñamos y que quisimos, que perdimos, también compañeras/os desaparecidas/os presentes, ahora y siempre. Presidencia del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, Agrupación Unidad para la Lucha Estudiantil (AULE), Corriente Universitaria Julio Antonio Mella, Colectivo de Derechos Humanos Aguafuerte, movimiento popular Patria Grande”. Y, por último: “A 40 años del comienzo de la siniestra dictadura cívico militar, adherimos a este acto por la memoria colectiva, la verdad y la justicia, Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata”.

Ahora le doy la palabra al decano de la Facultad de Humanidades, Aníbal Viguera.

Aníbal Viguera: Buenas tardes, reitero el agradecimiento a todos y a todas por estar presentes hoy. En particular quiero agradecer a la Comisión de Memoria de la Facultad que organizó este acto, a Laura Lenci que está aquí para coordinar el panel, y por supuesto, a las tres panelistas, que después voy a presentar con mayor detalle. Sólo quiero decir algunas palabras introductorias, porque este es el acto con que desde la Facultad nos sumamos al conjunto de actividades que se están desarrollando en distintas dependencias de la Universidad y en la propia Presidencia de la Universidad en estos 40 años.

En la Facultad, desde hace varios años, venimos llevando adelante una línea de trabajo sobre la memoria respecto a la última dictadura cívico militar, que va más allá de esta efeméride que nos convoca cada 24 de marzo. Hemos tenido en esta trayectoria algunos hitos significativos, especiales, como lo es esta nueva situación en que nos encontramos como Facultad de Humanidades desde que nos mudamos a este predio del ex BIM III. La nuestra es una memoria que ha estado centrada en la recuperación de las historias de los desaparecidos, en la recuperación de su militancia, en una reivindicación de su militancia y de sus horizontes de lucha y, al mismo tiempo, en una condena profunda de la dictadura cívico militar en tanto proyecto cívico militar, que se propuso instalar un horizonte de exclusión y de represión con aspiraciones de largo plazo en nuestra sociedad.

Recientemente a esta trayectoria de actividades relacionadas con la memoria -que en buena medida tuvieron que ver con homenajes a los desaparecidos en general y en particular a los desaparecidos de nuestra Facultad- hemos incorporado el desafío de habitar este lugar con el compromiso de investigar lo que pasó aquí y que no se pierda la memoria de que aquí hubo un centro clandestino de detención. Por eso hay equipos de docentes, graduados y estudiantes que con muchas ganas, con mucho compromiso, han tomado a su cargo todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la historia particular de este predio y en términos más generales, de lo que fue la represión en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

Si lo pensábamos hace algunos meses, seguro imaginábamos que estos 40 años podían ser un hito más de esa línea de actividades, marcado especialmente por corresponder con un aniversario redondo. Siempre las conmemoraciones se activan un poquito más cuando se cumplen 10, 20, 30 o 40 años. Pero creo que hoy adquieren otra significación por el contexto político que nos atraviesa, con una fuerte ofensiva de la derecha en todos los planos que, entre otras cosas, nos presenta renovados intentos de imponer una determinada memoria sobre la dictadura que -desde el punto de vista que tratamos de sostener en esta Facultad- supone un gran retroceso. O supondría un gran retroceso si esa memoria es la que logra imponerse. No ofrece grandes novedades, pero sí viene con impulsos renovados de todo tipo, que una vez más ponen el énfasis en la necesidad de la reconciliación, de perdonar y olvidar. O no olvidar pero sí reconciliar. Otra vez aparece un relato impregnado de lo que se ha denominado la “teoría de los dos demonios”, pero con aditamentos nuevos. La dictadura parece tener que ver con una dicotomía entre la represión ilegal y una violencia política instalada en la sociedad argentina. No aparecen otras causas, otras complicidades, otros proyectos. Otra vez y con más fuerza que nunca, la dictadura aparece diluida en estos relatos en una suerte de violencia política generalizada, en un conjunto de enfrentamientos, en una tragedia, en “años de intolerancia entre los argentinos”.

Esto viene unido a intentos de distintos actores por frenar los juicios que tanto nos costó a la sociedad conseguir e impulsar contra los participantes civiles y militares de la dictadura. Se llega a criticar a estos procesos de construcción de memoria, verdad y justicia como si implicaran actitudes de venganza. Incluso algunos intelectuales hicieron circular documentos donde convocan a la construcción de una memoria “realmente integral”. La única que para estos grupos podría realmente incluir, representar a todos los argentinos. Esa memoria es la que supone reconciliarse, que todos hagan una autocrítica, para poder así “seguir adelante”.

Esto es parte de lo que se dice en los relatos que aparecen con nuevo impulso. Pero es importante también señalar lo que no se dice. La última dictadura por momentos desaparece del discurso. El problema en esos relatos parece haber sido que hubo una represión ilegal. No es problematizada la represión en sí misma ni lo que enmarcó a la represión. Y como se plantea que esa represión estuvo dirigida contra las organizaciones político-militares también se diluye el conjunto de militancias que fueron objeto de la represión, los otros ámbitos de la sociedad donde había todo un entramado de militancias radicalizadas. Sobre todo, creo que lo que se diluye e incluso se censura, es la idea de que esto fue una dictadura cívico militar, porque aparece presentado como un problema que afectó al conjunto de la sociedad sin discriminar realmente cuáles son las responsabilidades sobre las cuales hay que hablar y cuáles hay que juzgar.

No es casual este intento sistemático de reescribir la memoria -como se ha dicho por ahí-. Tiene que ver con el contexto político al que me refería al principio. Se busca desplazar la memoria que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se ha ido construyendo desde distintos ámbitos: políticos, militantes, académicos, de organizaciones de derechos humanos, del Estado. Y ésta es una memoria que debemos defender. Una memoria que parte de reconocer que no sólo hubo cómplices, sino participantes orgánicos y civiles que no son personas “x” de la sociedad, son un conjunto de grandes empresas, de grandes empresarios que tenían objetivos concretos para apoyar y sostener a la dictadura; que hubo también cúpulas eclesiásticas así como otros sectores civiles con una orientación determinada; y que llevaron adelante entre todos una represión que apuntó fundamentalmente a quebrar a la clase obrera, a quebrar la capacidad de resistencia de los trabajadores, que buscó en términos globales inclinar la balanza a favor del poder económico más concentrado local e internacional y producir una transformación de la sociedad en una dirección más excluyente, más dependiente y más disciplinada.

Por eso este acto y estos 40 años nos encuentran tratando de defender y contribuir a la construcción de esta memoria. También es cierto que la fecha del 24 de marzo nos remite directamente a la dictadura, pero es importante recordar que esa represión empezó un tiempo antes de 1976, esto es muy importante porque si no hay muchas víctimas de la represión estatal del año ´75, fines del año ´74, incluso antes, que quedan sin memoria, que quedan sin oportunidad de obtener justicia. Pero también es importante decir que esta represión empezó antes porque ese proyecto cívico militar estaba planteado desde antes y por esas complejidades que suele tener la política, se expresó primero en el accionar de la Triple A, de la CNU, de esas bandas que fueron protegidas desde el Estado.

Por todo esto es que este panel que se ha organizado para hoy nos resulta especialmente significativo. Gracias a un creciente conjunto de investigaciones nosotros sabemos que hubo empresarios responsables de la dictadura. No es una especulación, no es un relato meramente inspirado en una decisión política. Obviamente, hay una decisión política en abonar esta mirada, pero tenemos investigaciones que pueden demostrar que hubo responsabilidad empresarial, que hubo un plan sistemático de exterminio con la participación de civiles y que apuntó en buena medida contra los trabajadores. Y lo sabemos porque esto se ha investigado desde espacios de militancia, desde espacios de la justicia y fundamentalmente desde espacios de investigación académica. Creo que en este panel tenemos clarísimas expresiones de cómo se han venido complementando la investigación académica y la militancia por los juicios. Y eso es algo que me parece muy importante rescatar y destacar en este espacio.

Victoria Basualdo e Ivonne Barragán, en particular, representan a un conjunto de investigadores que vienen trabajando intensamente para reconstruir tanto esta complicidad empresarial como la historia de la represión y cómo la represión atravesó a los trabajadores. En estos días hemos tenido en este marco una buena noticia, como es la primera condena a un empresario -Marcos Levín- por la responsabilidad en la represión de la dictadura,  que ha sido posible en buena medida por el aporte de estas investigaciones.

Guadalupe Godoy, además de tener una activa participación como parte de las querellas de los juicios que se vienen realizando, es entre otras cosas una precursora de la introducción en los juicios de los testigos de contexto, a partir de los cuales también se pudo sumar el aporte de la investigación académica a los juicios.

Por estos motivos es muy importante y particularmente significativo contar hoy con estas tres compañeras en nuestro acto y en este panel. Para ir cerrando estas palabras, nosotros trataremos de seguir investigando, de seguir difundiendo desde nuestra Facultad esta manera de construir una memoria de la dictadura bajo la consigna de que nosotros no olvidamos, no perdonamos, pero no vamos con ninguna venganza.

También nosotros podemos decir nunca más. Yo creo que decir nunca más significa, entre otras cosas, que no queremos que haya una nueva dictadura, pero tampoco queremos que aquellos objetivos sociales, económicos y políticos que tuvo la dictadura, esos proyectos excluyentes y represivos, se impongan de otra manera en un contexto democrático, eso también es decir nunca más.

Finalmente queremos, como siempre decimos, memoria verdad y justicia. También reivindicamos la militancia de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos, detenidos y asesinados. Porque igual que ellos queremos una sociedad donde se imponga en profundidad la justicia y particularmente la igualdad para todos y para todas. Muchas gracias.

Laura Lenci: Ahora pasaremos al desarrollo del panel. Voy a presentar brevemente a las compañeras que nos acompañan. En el medio de la mesa está Victoria Basualdo, Doctora en Historia, con una larga trayectoria en estudios sobre trabajo y movimiento sindical y organización industrial. Trabaja en el área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina, donde también es profesora de la Maestría en Economía Política. Forma parte del equipo de coordinación del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, y es por este motivo que la invitamos a participar en esta mesa a la que ella tan amablemente aceptó.

Ivonne Barragán también es historiadora, graduada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora en Historia de la UBA, viene trabajando sobre el Astillero desde su tesis de grado y continuó trabajando sobre estos temas. Su tesis doctoral es sobre la organización obrera y la transformación de la condición de trabajo a partir de observar los procesos de disciplinamiento industrial, violencia y represión en el caso del Astillero Río Santiago, 1964-1983.

Finalmente, Guadalupe Godoy es abogada graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Participó de los Juicios por la Verdad en Mar del Plata hasta 2001. Fue integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y, representando esta organización, fue abogada querellante en varios de los juicios penales que se desarrollaron en la ciudad de La Plata. El juicio contra Miguel Etchecolatz, contra Christian Von Wernich, el juicio por los crímenes cometidos en la Unidad 9 de La Plata, los juicios del Circuito Camps y, últimamente, en el juicio por crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas V de la Armada Argentina, a cuya estructura operativa pertenecía el BIM III, actual Facultad de Humanidades donde nos encontramos ahora. Guadalupe es docente de la Facultad de Periodismo, también es de las abogadas que fueron corriendo los límites de la justicia juicio a juicio, no solamente con la incorporación de los testigos de contexto, sino también con la instalación de figuras como la de genocidio, desde el juicio a Etchecolatz. En ese sentido, Guadalupe es modesta en la elaboración de su currículum y yo agrego algo de mi propio coleto. Primero va a hablar Ivonne, después Victoria y por último Guadalupe. Muchas gracias.

Ivonne Barragán: Primero que todo agradecer muchísimo la posibilidad de estar acá, de compartir este panel. Mi participación en el mismo tiene por objetivo plantear algunas líneas, en vistas a mi investigación, sobre los esquemas represivos a escala local. Para esto voy a tomar muchas de las cuestiones que planteó Aníbal, pensar las condiciones previas al Golpe del 24 de marzo y las condiciones que lo posibilitaron. Y pensar también algunas líneas que exceden lo local, tales como son los marcos doctrinarios y de acción de la Armada Argentina puntualmente, que es hoy el eje central de mi interés en la investigación.

De este modo empezaré enunciando muy arbitrariamente algunas cuestiones –y se dice arbitrario cuando no es exhaustivo-, vinculadas con los tiempos históricos que permiten observar las condiciones previas al Golpe y aquellos procesos que se pueden inscribir en esa larga trayectoria de experiencias dictatoriales previas, que se puede extender hasta la dictadura autodenominada Revolución Libertadora de 1955. Para comenzar a pensar cómo, en el marco del Estado, comenzó a profundizarse, institucionalizarse y fortalecer gradualmente una estructura de control, vigilancia y seguimiento de la disidencia social y, posteriormente, de represión. En este sentido tengo intención de hacer eje en los años ´74 y, muy particularmente, en el ´75, como un año clave en la configuración del esquema represivo de la dictadura.

No puedo dejar de mencionar que en todos estos años el eje de mi trabajo de investigación ha sido el caso del Astillero Río Santiago, empresa estatal administrada por la Armada Argentina y cuyos trabajadores vivieron y experimentaron un proceso represivo de dimensiones brutales. El análisis de su experiencia represiva, invita a complejizar y pensar el juego entre diacronía y sincronía que quisiera empezar a desarrollar.

Algunas de estas experiencias quisiera pensarlas tomando los conceptos de dos historiadores, de Ariel Eidelman y Débora D´Antonio quienes plantean la existencia y la construcción, en la década del ‘60 puntualmente, de una legalidad autoritaria. Retomando un poco las palabras de Aníbal para pensar qué pasa en democracia y qué pasa en dictadura donde también se hicieron uso de los marcos legales. Ejemplo de ello pueden ser la batería de leyes que instaló la Revolución Libertadora a partir del ‘55 con vistas a lograr un proceso de desperonización. Se institucionalizaron en el seno del Estado y fueron hacia la justicia, donde se habilitaron en todas las instancias del Estado nacional, provincial y municipales las denuncias por delito de peronismo. Acompañadas de otra serie de medidas como fueron la prohibición de cantar la marcha partidaria, denunciar los nombres propios del presidente y de su esposa, la intervención de la CGT, la intervención de los bienes y de la fundación Eva Perón, la intervención y liquidación del Partido Justicialista, la prohibición de participación de elencos políticos, la liberación de militares que habían participado en golpes previos, el encarcelamiento -sin contar los fusilados- de militares y militantes que se opusieron al golpe.

Sin embargo, en el seno del Estado se dieron otra serie de transformaciones sobre las que faltarían algunos años para ver sus consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es hacia el año ‘57 la incorporación por el Ejército Argentino de la Doctrina Francesa de la Guerra Revolucionaria, lo que conllevó a la instalación de especialistas galos en el Comando General del Ejército de forma permanente. Y que si bien en el breve tiempo estos principios fueron superados, no fueron desplazados totalmente, sino que hay estudios que muestran que resultaron complementarios de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional. Se comienzan a instalar en el Estado algunos esquemas -y en parte de los elencos políticos posteriores-, en donde la concepción del lugar para la disidencia social va cambiando y el tratamiento de los procesos de vigilancia, control y represión posteriores, modificándose a su vez se modifica la percepción sobre la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el escenario interno.

El concepto de legalidad autoritaria también permite pensar la década del 60 en tanto que fueron gobiernos democráticos los que generaron condiciones para la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional. A partir del 13 de marzo de 1960 se puso en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado. Con este Plan, conocido como el Plan CONINTES, se otorgó a los militares atribuciones de las Fuerzas de Seguridad, se organizó la cuadrícula del territorio base para la represión posterior, se autorizaron allanamientos y detenciones sin intervención judicial, se poblaron las cárceles de presos políticos que posteriormente serían juzgados por tribunales militares.

La dictadura posterior, en 1966, autodenominada Revolución Argentina, profundizó este proceso. Sancionó la ley 16.970 que previó la generación, bajo la égida del Poder Ejecutivo, de nuevas instituciones con el objetivo prioritario de articular "la seguridad" y "el desarrollo" en un programa inscripto ideológicamente en la guerra contra revolucionaria. A partir del año ‘71 el Estado contó con otra herramienta que tendió a achicar el espacio de la disidencia, que fue la Cámara del Terror o el “Camarón”, como se conocía a la Cámara Federal en lo Penal, por la cual pasaron miles y cientos de activistas, militantes y políticos. Entonces aquí lo que podemos observar es un proceso en donde los gobiernos, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad contaron con cada vez más y más potentes herramientas para la punición del conflicto social.

Haciendo un salto temporal, el año ´74 se implantaron tres medidas muy contundentes en este sentido. La ley 20.642 de enero de 1974 previó el aumento de penas para las actividades que caracterizaba como subversiva y encontraba inspiración en la legislación de la dictadura previa. Esta ley presentó una vigencia inusitada hasta el año 1988. Fue sostenida por la última parte del gobierno peronista, por la dictadura militar y por el primer gobierno democrático. En septiembre del ‘74 la Ley de Seguridad Nacional puso en vigencia la posibilidad de que cualquier ciudadano que cometiera actos que alteraran "el orden" institucional fuese puesto a disposición de la justicia. Seguidamente, en el mes de noviembre, el decreto 1368 implantó el Estado de Sitio, que con las consiguientes prerrogativas lo extendieron hasta el año 1983 y permitió la puesta a disposición del poder ejecutivo nacional de todos los ciudadanos con suspensión de las garantías constitucionales.

Y así llegamos al año clave en la configuración de prácticas represivas, que es el año 1975. La acción contrainsurgente llevada adelante por el Ejército argentino a partir del mes de febrero de 1975 en la provincia de Tucumán, contra el foco guerrillero establecido por el Ejército Revolucionario del Pueblo, se implementó a partir de una dimensión legal conferida por un decreto secreto y reservado: Decreto N° 261 del 5 de febrero de ese mismo año. El llamado Operativo Independencia inauguró la sistematización de prácticas basadas en la clandestinidad. Concretamente el secuestro de personas, la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición del cuerpo de las víctimas. Pero este proceso de avance del Estado y las distintas facetas del plan represivo se da en el marco de lo legal. Insisto con la idea: el decreto 2.770 constituyó el Consejo de Seguridad Interna conformado por el Poder Ejecutivo, sus representantes y los comandantes de las tres fuerzas armadas. Los decretos siguientes, conocidos como decretos de aniquilamiento 2.771 y 2.772, pusieron bajo la órbita de acción de las Fuerzas Armadas el poder penitenciario nacional, las Fuerzas de Seguridad, suscribieron convenio con las provincias, y organizaron el territorio en cuadrículas. Se organizaron cinco grandes zonas con sus correspondientes sub zonas, áreas y sub áreas. Bajo el control operacional del Ejército argentino se pusieron el conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad.

La directiva número uno del Consejo de Seguridad Interna dictada el 15 de octubre de 1975, dispuso que el accionar de todas las Fuerzas Armadas debía ser en conjunto. Y se complementó con la directiva número 404 del Ejército argentino para la “lucha contra la subversión”. Entonces, la directiva 404 organizó el plan sistemático de acción del Ejército argentino que se reservó para sí la actividad y la responsabilidad principal de la acción represiva en todo el territorio nacional. Organizó la Comunidad Informativa –y el rol que le cabía a cada una de las siguientes armas y sus lugares y ámbitos de acción.

Este marco directriz del Ejército fue utilizado para la configuración del ejercicio represivo, y aquí me centraré cada vez más en la región y en la Armada argentina. En el año ‘75 la Armada configuró su propia herramienta para la acción que se conoce como el Plan de Capacidades. El Plan CINTARA fue su marco de operación en el territorio nacional, y de inserción al plan sistemático de la Junta Militar. Para esto, la jurisdicción para el accionar de la Armada Argentina, fue la correspondiente al mar, los ríos navegables, las riveras, las zonas portuarias y las zonas territoriales circundantes a sus bases y a su infraestructura en tierra. De este modo, el esquema territorial para la acción de la Armada -que no es una cuestión estricta en términos de lo que sucedió después-, se correspondió a su propia infraestructura y al agua como su ámbito natural de acción, a diferencia del Ejército, organizado en zonas, sub zonas y demás. Asimismo, se estableció en el Plan CINTARA que los comandos, organismos y dependencias de dichas fuerzas constituirían, a los fines de combatir la subversión, una sola zona de defensa.

La Armada estableció once áreas de interés principal a los que destinó fuerzas de tareas entre las que cuentan las localidades y ciudades Punta Alta y Bahía Blanca, Capital Federal y Gran Buenos Aires, Salta y Puerto Belgrano, Mar del Plata, Trelew, Rawson y Puerto Madryn, Ushuaia, Río Gallegos y Río Grande, Verónica, puntos del litoral y del cauce vial. El anexo A del apéndice 1 del Plan, describió las áreas de interés y las agencias de colación. En el punto 5 indicó como área de interés principal a las localidades de Berisso y de Ensenada. La Fuerza de Tarea 5 fue la fuerza operativa en esta región. La Agrupación Río Santiago, que fue la que actuó en la zona, incluyó en sus áreas de incumbencia la Escuela Naval Militar ubicada frente al Astillero, cruzando el río, el Liceo Naval Almirante Brown, el Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería de Marina n°3 –donde estamos hoy- la Prefectura de La Plata, el Centro de incorporación y formación de conscriptos de Infantería de Marina y las dependencias con asiento en La Plata, Berisso y Ensenada.

En referencia a la puesta en práctica del esquema represivo para las distintas áreas de interés de la Armada argentina y para la operatividad de las fuerzas de tareas, en el Anexo B punto 1, el marco doctrinario de la Armada decía lo siguiente: “La complejidad de la subversión y las características del enemigo imponen la necesidad de emplear los medios de la Armada disponibles en su jurisdicción. Con la más amplia libertad de acción e iniciativa regional para intervenir en todas aquellas situaciones en que puedan existir contracciones subversivas”. En la práctica esta modalidad implicó una enorme discrecionalidad en el desarrollo de la acción represiva y en la construcción de dispositivos represivos.

Aquí me gustaría comenzar a hacer eje en la práctica de la Fuerza de Tarea 5 en la región. Los estudios que disponemos, desde perspectivas de casos, nos han señalado la descentralización operativa como una característica que se puede generalizar, tanto de distintos circuitos represivos, como de distintas Fuerzas. Sin embargo todas, y también este es el caso de la Fuerza de Tareas 5, confluyeron en los parámetros generales de la represión a escala nacional. El plan desde arriba, que es lo que pretendo observar en relación a la práctica concreta, se desarrolló en el Plan CINTARA. El esquema organizativo para las Fuerza, las estrategias generales, quedaron plasmadas en este instructivo. El comando de operaciones navales fue el órgano que dirigió los procedimientos militares, tanto oficiales como clandestinos, y del cual dependían todas las fuerzas de tareas.

Entonces ¿por qué observar un caso como el Astillero Río Santiago? El Astillero tiene un enclave institucional de larga trayectoria en la estructura de la Armada argentina. Fue una empresa estatal, no era una empresa de la Armada, que hacia 1969 se constituyó como una sociedad anónima del Estado. Entonces, es ahí donde comienzan a perfilarse los intereses particulares. La incorporación del Astillero, como una unidad operativa del sistema represivo de la Fuerza de Tarea 5, implicó no sólo la convivencia de ese esquema con la continuidad productiva de los trabajadores, que debieron seguir trabajando en esa situación, sino el retiro de la empresa del ámbito de lo civil, por la Armada Argentina. Su retracción completa del ámbito de lo civil. Emplazado en el área natural de interés de la Armada, en un espacio de histórica trayectoria de ocupación, como es la región de Río Santiago, estas fueron condiciones para profundizar la indefensión de trabajadores del Astillero Río Santiago y de también de las empresas de la región. La voluntad represiva de la Fuerza de Tarea 5 sobre el colectivo de trabajadores del Astillero Río Santiago tuvo claramente proyección regional. Para el caso puntual del Astillero, en el año 1976 fueron detenidos y permanecen desaparecidos dieseis trabajadores. En el año ‘77 fueron secuestrados y permanecen desaparecidos trece trabajadores. En el año ‘78 tres más. Hay diez desapariciones de trabajadores que no se ha podido datar fechas exactas en las que ocurrieron. Sin contar que entre los meses finales de 1975 y en la mitad de 1976 fueron asesinados doce trabajadores y representantes sindicales o activistas gremiales del Astillero. Un importante grupo de trabajadores –estas cifras pueden estar sujetas a revisión- fueron secuestrados en los grandes operativos que se realizaron a partir del 24 de marzo y puestos a disposición del poder Ejecutivo nacional, entre ellos tres mujeres delegadas que habían trabajado muy fuertemente en el último proceso de negociación colectiva entre la empresa AFNE y la Asociación de Trabajadores del Estado. Hubo una enorme cantidad de otros trabajadores que sufrieron secuestros por tiempo indeterminado y que, o fueron trasladados al sistema penitenciario legal, o fueron liberados en un marco de total clandestinidad.

Muchos de los trabajadores fueron secuestrados en el mismo Astillero. Pero muchos otros trabajadores y militantes sindicales de la región pasaron por el Astillero para ser destinados a las distintas dependencia del circuito represivo de la Armada argentina. Es decir, qué implica esa apropiación, esa retracción de una empresa estatal del ámbito de lo civil y su apropiación por la Armada. Que el Astillero no sólo colaboró con la puesta a disposición de transporte, infraestructura y haber cedido una parte de su predio a la Fuerza de Tracción Terrestre a la Fuerza de Tareas 5, sino que fue un lugar en donde estuvieron detenidos, de donde fueron secuestrados trabajadores y donde fueron trasladados algunos trabajadores de otras empresas para ser llevados frente al Astillero, a la Base Naval, que además de haber sido un centro clandestino donde se los sometió a torturas y tormentos, se continuaron dando clases. Y por qué hago eje en esta dualidad. Porque el Plan CINTARA previó la dualidad operativa de las unidades. Esto quiere decir que la empresa continuó con su actividad productiva, la escuela continuó con su actividad educativa y esto se plasmó en toda la estructura de la Armada. El comandante de la Fuerza de Tarea 5 era director de la escuela y sucedió lo mismo con la Fuerza de Tarea 3, donde su comandante era el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, otra institución educativa.

El circuito represivo de la Armada para la región incluyó la Escuela Naval Militar, como decía, el Batallón de Infantería de Marina y la sub prefectura de Ensenada, en ese entonces dependiente de la Armada. En el reciente juicio a la Fuerza de Tarea 5 se comprobó algo que veníamos estudiando, que la labor represiva de la unidad se concentró mayoritariamente –aunque no de modo exclusivo- en la persecución, represión y desaparición de un grupo significativo de trabajadores. Con alguna representación o simplemente participación activa en los procesos de conflicto por demandas de mejoras salariales y de mejoras de condiciones de trabajo en los años ´73, ´74 y ´75. Específicamente de las empresas Astillero Río Santiago, YPF, Frigorífico Swift y Propulsora Siderúrgica. La Fuerza de Tarea 5 no desconocía el contexto social industrial donde se desarrollaba. A lo largo de todo el año ‘75 están comprobadas sus tareas desarrolladas en la protección de objetivos, tanto en YPF como en AFNE, el control de población, los patrulleros y la averiguación de antecedentes en toda la región de Ensenada. También se ha comprobado su larga trayectoria en términos de permanencia, ocupación del espacio fabril en la misma empresa, donde los directivos –todos oficiales retirados de la Armada Argentina- apelaron y recurrieron sistemáticamente a la presencia de la Fuerza de Tareas de la Infantería de Marina en la empresa como forma de disuadir el conflicto y de asegurar el uso hegemónico de la empresa. En la zona de Ensenada, al igual que en otros grandes centros industriales del país, el 24 de marzo de 1976 se sucedieron detenciones masivas, en el marco del despliegue de importantes operativos, a la luz del día y se realizaron cientos de detenciones. Muchas de las personas que fueron detenidas ilegalmente fueron trasladadas al Astillero y a la Prefectura Naval. Las privaciones ilegales se sucedieron en los días siguientes y, en la generalidad de los casos, los detenidos fueron interrogados en esta parte del circuito represivo, base naval o BIM III, para posteriormente ser trasladados a otros centros clandestinos de la Armada, de otras fuerzas en la región o al sistema penintenciario en el caso de haber sido legalizados.

Es decir que, a diferencia de lo que la Armada implementó en otras áreas, con otras Fuerzas de Tarea -como en el caso la Fuerza de Tarea 3 de la ESMA- la región de Ensenada articuló las detenciones ilegales en el tiempo con otras fuerzas, como el Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que sostuvieron el sistema clandestino. Otra diferencia con la Fuerza de Tarea 3 y con los distintos grupos de tareas o patotas que la compusieron, fue que en el caso de la Fuerza de Tarea 5 la Infantería de Marina constituyó el sistema de tracción esencial del aparato represivo en la región. Fueron mayormente infantes de Marina los que participaron en las acciones y en lo que ellos denominaban situaciones de combate real. En este caso la Infantería de Marina tuvo participación mayoritaria en cuatro Fuerzas de Tarea en todo el territorio nacional: la Fuerza de Tarea 2, la Fuerza de Tarea 5, la Fuerza de Tarea 6 y la Fuerza de Tarea 9.

Como ha sido señalado, la Armada no instaló en la región de Ensenada un centro clandestino de detención, tortura y exterminio bajo el modelo representado en la ESMA. Pero el informe del equipo de investigación del área jurídica nacional de Derechos Humanos que obra en la causa 17 contra la Fuerza de Tarea 5 del año pasado -que seguramente Guadalupe va a ahondar en eso-, señaló que la autonomía comprobada en el accionar represivo de la Fuerza de Tarea 5 avala su conceptualización como un sub sistema represivo. Es decir, establecía dinámicas, y respondía a intereses y producía prácticas propias con total autonomía.

Me interesa acá recuperar alguna de las cuestiones que desarrollé en primer término y que tenían que ver con esta idea del crecimiento del aparato represivo del Estado. La conformación de un marco legal, jurídico, para el control, la vigilancia y el seguimiento de la disidencia social y la represión de la acción política, requieren de este tipo de implicaciones más complejas y vinculadas al marco legal. Las legalidades construidas por gobiernos civiles y militares implicaron procesos de institucionalización que otorgaron un marco doctrinario y operativo para la represión de la Armada en la región de Ensenada y de Berisso.

Para cerrar me parece interesante abordar y pensar en el trabajo nuestro, es decir, lo que podemos aportar y lo que tenemos pendiente aún. Los estudios con los que contamos, provenientes de la Historia y las Ciencias Sociales, desde distintas perspectivas y con ejes muchos de ellos y cada vez más en estudios de casos, ya sean empresas, localidades o regiones, han producido enormes y valiosos aportes al conocimiento de la estructura represiva general. Y de las prácticas y singularidades con que el plan general de la Junta Militar fue llevado adelante en cada región y por cada una de las Fuerzas.

Las pruebas que hemos producido, en muchas de estas investigaciones, se han enriquecido mutuamente en el marco de los procesos judiciales de manera tal que hemos tenido la posibilidad de avanzar en el conocimiento, en las modalidades, la construcción de elencos y las responsabilidades. También nos han dejado en evidencia cuán difícil ha sido avanzar en otro tipo de responsabilidades como las responsabilidades civiles. Sin embargo, todavía no contamos con un conjunto de avances plasmados como un cuadro establecido que contenga elementos de diálogos y de cruces entre la totalidad de los casos. Me parece que lo que presentará Victoria es un gran avance en ese sentido, uno de los primeros. Pero en términos de los esquemas represivos tenemos pendiente la construcción de un mapa que cuente con la puesta en conjunto de los resultados de cada una de las investigaciones.

Los campos de la historia social, la historia de la clase trabajadora, la historia del tiempo presente y del pasado reciente, en los últimos años han sido prolíferos y han mostrado entre sus ejes de interés la preponderancia de la violencia política y la represión estatal en la segunda mitad del siglo XX. Un campo de estudios que lejos está de encontrar puntos de saturación, es el de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en el sentido de componer explicaciones complejas y de largo plazo, que nos explique cómo establecer líneas para comprender trayectorias de larga duración. Quiero decir que, considerando la compleja tradición de represión a civiles de la Armada argentina, no se han presentado aún explicaciones que unan los bombardeos a civiles en Plaza de Mayo el 16 de julio de 1955, el posterior fusilamiento de militantes sin juicio en la base aeronaval Almirante Zar en Trelew en el año 1972, la ESMA como emblema del terror de Estado y de la violación a los Derechos Humanos, la participación y el rol de la Armada argentina en la guerra de Malvinas y los distintos circuitos, prácticas y núcleos represivos que esta fuerza fue desarrollando a lo largo del territorio nacional. Para terminar, me queda decir, y ya para darle la palabra a Victoria, que la agenda de investigación en este sentido por delante es muy extensa y está colmada de desafíos.

Victoria Basualdo: Buenas noches. Yo también quería empezar agradeciendo a los organizadores por esta invitación, por este panel y este auditorio lleno, por tener la oportunidad de estar acá. Venimos hablando del espacio donde estamos, creo que es una marca fuerte y que es una gran satisfacción poder estar discutiendo estas cuestiones acá, poniendo sobre la mesa lo que se vivió en este territorio y tratar de entenderlo. Creo que esta reconstrucción de la historia es indispensable para todo intento de transformación hacia adelante, y el mejor homenaje en esta conmemoración a 40 años del Golpe de Estado que estuvo marcada por marchas multitudinarias. Creo que algo de esta movilización y esta presencia masiva que vimos en las calles y que se registra acá y en distintos espacios es uno de los datos más alentadores de una etapa que parece bastante desalentadora en otros sentidos.

Mi nombre es Victoria Basualdo y soy investigadora de CONICET, con sede en el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. No obstante, no estoy acá para hablar de mis investigaciones personales, sino de un proyecto que llevamos adelante cuatro instituciones. Entre ellas el Área de Economía de FLACSO del cual formo parte, y que viene trabajando desde hace años en el análisis de las transformaciones económicas y sociales de la estructura económica argentina, con particular énfasis en el impacto que tuvo la dictadura. Pero además con un organismo de Derechos Humanos, el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-, junto a dos programas estatales que estuvieron desarrollando líneas muy importantes de investigación y asistencia al proceso de judicialización profundizado en los últimos años. El Programa Verdad y Justicia es uno de ellos, y contamos hoy aquí con la presencia de algunos de sus integrantes, a quienes quiero rendir mi homenaje porque hicieron una tarea muy importante en la investigación y que hoy se encuentran peleando por sus puestos y espacios de trabajo, pues fueron duramente golpeados con las políticas del nuevo gobierno. Y por último, el cuarto componente en este consorcio de instituciones, la Secretaría de Derechos Humanos a través de su área de investigación y, en particular, el área de investigación histórica del Archivo Nacional de la Memoria. Las cuatro instituciones trabajamos muy fuertemente desde el 2014 hasta el 2015 en este proceso de investigación.

Retomando en forma complementaria algunas de las cuestiones que desarrolló Ivonne, que sintetizó algunas de las grandes líneas de la represión por parte de espacios militares en la zona, centrándose particularmente en la Armada, pero articulando el desarrollo de políticas represivas previas por parte de las Fuerzas Armadas, el eje central de esta intervención es abordar algunos de los hallazgos de este informe que lleva como título “Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, y fue publicado por la editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Infojus, en diciembre del 2015. Este informe se encuentra todavía disponible en PDF en Infojus-Publicaciones, y en otros sitios institucionales como el del CELS y el de FLACSO.

Este libro de más de mil páginas sintetiza dos años de trabajo sobre un tema que considerábamos clave, y complementario del papel de las Fuerzas Armadas en la represión -cuestión central sobre la cual se ha centrado el proceso de judicialización en estos 30 años de disputa en torno a la memoria, la verdad y la justicia. El foco de este trabajo, como su título lo indica, está en profundizar el análisis del entramado complejo que sostuvo a la dictadura, estudiando en particular el papel de los empresarios en la represión a los trabajadores.

Existe un campo muy amplio de análisis de la relación entre poder económico y dictadura, que contempla una serie de relaciones entre los grupos empresarios y las fuerzas militares, abordando aspectos como las transferencias desde el Estado al capital concentrado en forma de promoción industrial, estatización de la deuda privada de grandes empresas, y distintas formas de vinculación orgánica entre el poder económico y la dictadura, temas sobre los cuales hay numerosas investigaciones y sobre los cuales la comisión bicameral aprobada en diciembre de 2015 tendría la misión de profundizar.

El estudio que quiero presentar aquí aborda una cuestión específica, un sub campo dentro de este gran campo que estudia la relación entre poder económico y dictadura, que es el de la participación empresarial en la represión propiamente dicha desplegada contra los trabajadores. No estamos hablando entonces de relaciones amplias y genéricas entre dirigencias empresariales y las fuerzas armadas, ejemplificadas de manera muy clara por la figura de Martínez de Hoz, que pasó de ser el presidente de la empresa siderúrgica Acindar a ser el Ministro de Economía de la dictadura, iluminando muy claramente la relación entre determinados grupos económicos y las cúpulas militares, a partir del diseño de los lineamientos centrales de la política económica. Muchos análisis disponibles han demostrado los beneficios económicos de sectores empresariales, la participación de cámaras empresarias en la gestación del golpe y en distintos aspectos de las transformaciones estructurales y como beneficiarios, en muchos casos de apropiaciones de empresas. Todos esos procesos son enormemente interesantes y son incorporados en nuestro análisis en forma complementaria, pero nuestro eje central en este informe es analizar en qué forma se involucraron directamente estos empresarios en la represión a los trabajadores.

El diseño de investigación contempló la selección de 25 casos que nosotros consideramos prioritarios en un listado mucho más amplio de empresas para las que habíamos registrado una significativa cantidad de desaparecidos y procesos represivos muy importantes. Priorizando los casos para los que teníamos ya evidencias, aunque fueran fragmentarias, de participación empresarial en la represión, seleccionamos 25 empresas de todo el país, ubicadas en seis regiones: 1) el cordón industrial de zona sur –al que me referiré en particular hacia el final por el interés para esta audiencia- que comprende desde Buenos Aires hasta La Plata, Berisso y Ensenada; 2) El cordón industrial zona norte desde Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe; 3) El interior de la provincia de Buenos Aires, tomando casos como Loma Negra o la misma provincia como Bahía Blanca y la zona de Olavarría; 4) El NOA tomando casos muy interesantes, no sólo el emblemático caso de Ledesma, sino también los casos en Tucumán de los Ingenios Fronterita y Concepción, que ejemplifican algunas de las cuestiones que Ivonne mencionaba cuando hablaba del Operativo Independencia y el proceso represivo desde el ‘75 en adelante en esa zona, pero además otros casos como Minera Aguilar y el caso de la Veloz del Norte cuyo proceso judicial se acaba de cerrar con la primera condena de un empresario por responsabilidad en delitos de lesa humanidad, Marcos Levín, junto con otros tres miembros de las fuerzas policiales; 5) el Noreste argentino, con el caso de la empresa yerbatera Las Marías en Corrientes; 6) y en la región centro del país, el caso emblemático de Fiat en Córdoba.

Estos 25 casos de todo el país abarcan grandes empresas, porque el cordón industrial de zona norte hay automotrices trasnacionales como Mercedes Benz y Ford, que se suman al caso ya mencionado de Fiat en Córdoba. En zona norte, estudiamos empresas muy relevantes como los Astillero de zona norte ASTARSA y Mestrina y empresas ceramistas de esta zona, como Lozadur y Cattaneo, todas las cuales fueron focos de represión muy fuertes. Entre otras actividades industriales de gran importancia está la siderúrgica, a partir de la empresa Acindar en Villa Constitución, y dos empresas del grupo Techint como Propulsora Siderúrgica en Ensenada y Dálmine Siderca en Campana, la actividad textil, a partir de Alpargatas y Grafa y Grafanor, la industria alimenticia, con casos como Molinos Río de la Plata, entre muchas otras. Estamos hablando entonces de empresas que eran propiedad de grandes grupos empresarios, y de procesos de muy difícil reconstrucción, que obligaron a un diseño metodológico que contempló varios pasos o líneas de trabajo. En primer lugar, realizamos un análisis de las trayectorias empresariales en cada uno de los casos, es decir, recurrimos a la bibliografía en historia económica y una serie de fuentes para reconstruir las trayectorias empresariales. En segundo lugar, nos centramos en el análisis de los procesos de movilización y organización obrera, tomando como un núcleo central de esta historia parte del proceso de militancia de los trabajadores en los establecimientos fabriles. En tercer lugar, estudiamos las dinámicas de los procesos represivos en cada uno de estos casos, contemplando cuestiones como las planteadas por Ivonne, referidas a las fuerzas y circuitos represivos. Es decir, viendo no sólo la represión en los establecimientos, sino la vinculación que esta represión tenía con el territorio. Por último, y en este marco de análisis previo, analizamos finalmente la cuestión de las formas de responsabilidad empresarial en estos delitos de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores.

¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de responsabilidad empresarial? Y aquí sí me interesa bajar al caso del cordón industrial de zona sur, contarles un poco los casos que abordamos en esta región y poder pensar un poco más conceptualmente, que me implica incluso discutir con el título de esta charla. En esta zona nosotros analizamos seis casos de establecimientos fabriles, dos de ellos están por fuera de la zona tradicional definida como La Plata, Berisso y Ensenada y contemplan este cordón que va hacia Buenos Aires. Estos son los casos de Molino Río de La Plata en Avellaneda y de Alpargatas en Florencio Varela, ambos vinculados en términos de las corrientes de circulación de los trabajadores y de zonas pensadas en términos amplios que no pertenecen estrictamente al cordón zona sur.

Hay cuatro casos específicamente en La Plata, Berisso y Ensenada que son, por supuesto, Astillero Río Santiago, además de los casos de Propulsora Siderúrgica del grupo Techint, Petroquímica Sudamericana y el caso de Swift y su planta de Berisso. Analizamos también tentativamente el caso de YPF que resultó muy complejo, porque es la empresa más grande del país con una implantación en territorios muy diversos que implicaba abusar en una investigación para lo cual no nos alcanzaban los tiempos ni los recursos. Más allá de las complejidades ya mencionadas en términos de metodología y fuentes, había que terminar en diciembre de 2015, presentar el informe, publicarlo antes del cambio de gobierno, pasara lo que pasara. Entonces efectivamente los tiempos también nos corrieron en contra en ese sentido y el caso de YPF finalmente fue eliminado de la lista.

En línea con lo analizado por Ivonne, que permite un análisis de la dinámica represiva en la zona y tomar conciencia de la centralidad del Astillero, yo les quiero proponer mirar esta política represiva ya no desde las Fuerzas Armadas -en este caso de la Armada Argentina- sino en términos de las vinculaciones con el poder empresario en la zona. Porque nuestra conclusión central en este informe –y anticipo la conclusión para luego desarrollarla y que me permite respaldarla- es que no vemos una relación de complicidad entre los dirigentes empresariales analizados y las Fuerzas Armadas, sino una situación de co-responsabilidad. Por eso hablamos de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, y no ya de “complicidad”.

Tradicionalmente el término de complicidad fue el más usado, incluso por muchos de nosotros. Ya desde artículos y trabajos iniciales sobre estos temas, en 2005 y 2006 aludí a la “complicidad patronal-militar” para poder dar cuenta de las distintas formas de involucramiento de funcionarios empresariales en la represión, cuestión que luego retomé en mi propia tesis doctoral defendida en 2010. El libro recientemente publicado y coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Cuentas Pendientes -que les recomiendo enormemente-, de algún modo marca este campo amplio sobre la relación entre poder económico y dictadura al cual me refería inicialmente, no solamente en términos de vinculaciones con las relaciones represivas y las políticas represivas específicamente, sino en términos de relaciones orgánicas entre poder económico y las Fuerzas Armadas. En otras palabras, en término de algunas corporaciones claves, de figuras empresariales que nutrieron los distintos ministerios durante la dictadura o de políticas económicas que retroalimentaron esta relación. También en Cuentas Pendientes, libro publicado en el 2013, se hablaba de “complicidad”.

El libro avanza – y recuperando lo que planteaba Aníbal al principio-, en una periodización de la represión a los trabajadores que creemos imprescindible, marcando la represión en el ´74 y ´75 como hitos muy significativos. Córdoba en el año ´74, todo el cordón industrial de zona norte con epicentro en Villa Constitución en marzo del ´75 y el Operativo Independencia en Tucumán como otro eje central, que hace ineludible pensar el proceso represivo de los trabajadores en este período. Lo que nosotros vemos en el conjunto de estudios, y que se verifica en esta región, es la enorme importancia de la militancia obrera y sindical en la primera mitad de los años ´70, como una variable determinante para entender el desarrollo del golpe de estado y de las políticas represivas.

La reconstrucción de las trayectorias empresariales y del proceso de activismo sindical -al cual aludía y que se aborda en cada uno de los capítulos- permite confirmar un proceso de creciente movilización y lucha obrera en este período, que se repite en cada uno de los casos y que presenta enorme preocupación para las Fuerzas Armadas y para el poder empresarial simultáneamente. Porque compromete severamente los niveles de rentabilidad, porque pone en juego una disputa respecto de las relaciones de poder, porque vincula estrechamente (aunque no de forma lineal, ni sencilla, con tensiones y contradicciones importantes) el proceso de militancia sindical y obrera con la militancia política y político-militar.

Desde esta perspectiva este informe contribuye a replantear la mirada de la dictadura únicamente en clave política –Fuerzas Armadas versus guerrilla- para poder pensar estas dimensiones políticas, que son centrales, en relación con un eje central en la historia que es el de las transformaciones económicas y sociales y la historia de la clase trabajadora. Entonces desde ese punto trabajamos cada uno de los 25 casos con una obsesión, si ustedes quieren, por la cita, la nota al pie y por el respaldo documental, que se encuentra relacionado con los dos objetivos que nosotros tuvimos con este trabajo: por un lado el diálogo con el proceso de judicialización y la consolidación de las causas penales que tienen como imputados a empresarios corresponsables de delitos de lesa humanidad. Esta reconstrucción histórica permite conocer estos procesos específicos, ampliar y fortalecer la documentación de respaldo de cada una de las causas y al mismo tiempo ubicar hechos y personas específicas en un contexto que vuelva inteligibles y evidencie conexiones entre hechos y procesos que aislamiento son difícilmente comprensibles.

El otro gran objetivo es el análisis histórico en sí de este proceso con mayor complejidad e introduciendo un conjunto de dimensiones. La apuesta por analizar 25 casos simultáneamente se fundamenta en que cada uno de los casos, vistos en individualmente, permiten visualizar algunas de las relaciones, que sólo vistos en el conjunto terminan de dibujar patrones o grandes vínculos que nosotros consideramos decisivos para entender lo que se puso en juego en la dictadura, proponiendo además para esto una mirada de largo plazo que aunque con foco central allí no se encierre en ese período, sino que ubique continuidades y cambios en una línea de tiempo más amplia.

La zona de La Plata, Berisso y Ensenada tiene una fuerte tradición de historia de organización y militancia obrera y esto no lo tengo que decir ante este auditorio, lo tienen perfectamente claro. Y el proceso de organización y militancia estudiantil tiene estrecha vinculación con el proceso de militancia obrera, a pesar de que la zona no tuvo uno de estos emergentes denominados los “azos”: Cordobazos, Rosariazos, Mendozazos, etc. No tuvo una sola explosión, pero tuvo en cambio hitos de organización muy significativos desde el ´68 en adelante. No sólo desde el ´69, alguno de los procesos de movilización y organización particularmente en el puerto fueron muy importantes en el año ´68. Y esto marca un creciente interés y preocupación tanto de las fuerzas represivas como de las dirigencias empresariales, que vimos a partir de alguna de las fuentes de archivo.

Esto nos lleva a la cuestión metodológica y de fuentes, que adquirió una enorme complejidad. Del conjunto de fuentes disponibles seleccionamos dos repositorios centrales con los que trabajamos en todos los casos y luego una cantidad de repositorios complementarios que utilizamos en distintos casos. Los dos archivos centrales de los cuales hicimos la investigación original sistemática sobre todos los casos fueron por un lado el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene también los fondos de la CONADEP, la Causa 13 incluida dentro de estos fondos, además de otros muchos, por ejemplo, la colección de Olga Aredez para el caso de Ledesma y una cantidad de otros fondos complementarios que también utilizamos. Y por otro lado la ex DIPPBA, el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que nos permitió abordar un conjunto documental importante basado en el seguimiento policial de una gran cantidad de estos casos.

Lo que nosotros vemos ahí es que había un interés muy intenso por parte del seguimiento de inteligencia en el conflicto sindical y obrero en la zona, que pasó a ser un núcleo central de la atención y la tensión. Vemos además conflictos muy significativos como el de Petroquímica en el año ´71, por ejemplo, que fue otro gran hito, que si bien eso no se trasladó a una rebelión masiva en toda la zona de la ciudad, sí fue articulando hitos de organización obrera. Así como distintos procesos de organización en el ´73 y ´74 y la articulación para la conformación de las coordinadoras inter fabriles en el ´75 que implicó la unificación de luchas obreras en la zona.

Lo que registramos, parcial y limitadamente porque no era la vía de entrada central fue una relación muy fuerte entre estas fábricas –incluyendo YPF-, procesos de solidaridad respecto de una lucha con otra. Es decir, movilizaciones articuladas entre fábricas, incluso de rubros distintos, enorme circulación de los trabajadores y acá les planteaba a los compañeros la importancia de las investigaciones previas en todos los casos. Por supuesto para cada uno de los casos nosotros partimos de contribuciones muy relevantes previas de distintos investigadores sobre cada uno de los casos, punto de partida de gran importancia para un análisis de esta magnitud y el proceso de trabajo también incluyó lecturas posteriores por parte de un grupo de especialistas que hicieron aportes y comentarios que enriquecieron los trabajos. Todo esto se complementó luego con el trabajo de archivo que comprendió, no sólo los dos archivos mencionados, sino a un conjunto de fuentes judiciales de distintas épocas provistas por los querellantes (y provenientes tanto de instancias penales como de los Juicios por la Verdad), y otros archivos estatales como el Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, a Archivos de Defensa, Cancillería, Ministerio de Trabajo, hemerotecas y bibliotecas y repositorios universitarios y de otras organizaciones como FLACSO, el CELS, el archivo del CISEA (Fondo Schvarzer), además de archivos regionales varios. Y todo esto se complementó con aportes de fuentes de prensa y de historia oral, trabajando sobre testimonios previamente recolectados y sobre otros especialmente generados para este proceso.

En particular aquí vale la pena destacar que hubo un fuerte proceso de acumulación y un diálogo muy fuerte con la reconstrucción hecha desde esta Facultad respecto de algunas cuestiones que se mencionaron previamente. En particular, sobre el funcionamiento del BIM III, la articulación territorial de la represión y las víctimas de este proceso represivo y quiénes estuvieron aquí, y sin dudas este material nos fue de una enorme utilidad, así como también el archivo de historia oral de la Facultad que tiene varias entrevistas a trabajadores fue otra de las fuentes muy importantes para nosotros en este proceso.

Les decía que identificamos al activismo obrero sindical como central y su articulación con el activismo estudiantil y político. En este sentido, lo que detectamos en términos de responsabilidad empresarial es un proceso de militarización de las fábricas sin precedentes. Lo que se mencionaba para el caso del Astillero bajo control de la Armada, que uno podría pensar que era excepcional, y que por supuesto en un sentido lo fue, en términos de su intensidad y por su subordinación inmediata a la Marina que la dio una impronta particular. El nivel de presencia militar en el Astillero, los controles en el ingreso, el nivel de disciplinamiento feroz que existió respecto de los trabajadores, los secuestros en la fila de ingreso, trabajadores que eran secuestrados delante de sus propios compañeros, atados con alambre y tirados arriba de un camión, son cuestiones extremadamente brutales a las cuales no me tengo que referir yo, tenemos aquí entre nosotros a protagonistas que pueden dar su testimonio como tantas veces lo han hecho, y que claramente nos señalan un proceso de disciplinamiento feroz.

En este contexto, lo que vemos en las fábricas de la zona es una fuerte participación empresarial en los procesos de represión. Y acá me gustaría dar algunos ejemplos del caso de la empresa Propulsora Siderúrgica, del grupo Techint, que nos permitió empezar a pensar la política del Grupo económico en su conjunto. Porque analizamos también el caso de Dálmine-Siderca, empresa siderúrgica en Campana y también propiedad del grupo Techint y es muy interesante ver ambas en diálogo. Estos dos casos, tanto Dálmine como Propulsora, tenían un vacío respecto del análisis de la política empresarial durante la dictadura, en relación de su involucramiento en la represión.

Las reconstrucciones de ambos procesos fueron extremadamente complejos, porque estamos hablando de un grupo económico que es central hasta la actualidad, que marca el paso de los territorios, tiene una enorme importancia en términos de su presencia económica y social, en términos de la generación de empleo, de la inversión en escuelas, centros de salud, etc., con un poder simbólico y económico monumental. Por lo tanto, hablar y pensar en estas cosas ha sido un proceso muy complejo.

En el caso de Propulsora se han registrado testimonios en el Juicio por la Verdad que empezaban a iluminar la importancia del activismo sindical. Antes apenas se reconocían y vislumbraban la militancia sindical como un causal de represión y de persecución, buscando todo el tiempo referirse a la militancia política como el centro, no terminando de considerar que el papel del delegado o el papel de la militancia sindical podía ser central.

El caso de Propulsora Siderúrgica implicó un trabajo de investigación muy fuerte, muy difícil. Implicó un proceso de transformación incluso al calor de los juicios. Hubo varios ex trabajadores que declararon en los juicios y que a partir de poner su testimonio en el marco del proceso judicial avanzaron enormemente en su capacidad de reconstrucción. Además con testimonios claves, no puedo dejar de mencionar junto el trabajo tan importante de Alejandra Esponda, quien además contó con la ayuda de ex trabajadores que con enorme generosidad prestaron su testimonio nos permitieron articular una serie de testimonios, pero además entender una serie de dinámicas adentro de la fábrica, incomprensibles e inaccesibles sin su aporte. Estamos hablando de la instalación de una carpa de fuerzas militares dentro de la fábrica, de una sesión de las relaciones laborales por parte de la empresa a estas fuerzas militares, es decir, una virtual concesión de la autoridad sobre la propiedad privada de la empresa a las fuerzas militares. Reconstruimos casos de secuestros hechos por personal civil dentro de la propia planta, con una trabajadora que fue secuestrada en su oficina, vendada y metida en el baúl de un auto en el propio terreno de la empresa. Trabajadora que reconstruyó todo este proceso logrando identificar estas cuestiones, casi por primera vez, logrando entender que en realidad hay una responsabilidad de ese propietario del lugar donde esto está sucediendo, de ese empleador que, aún si protesta con sorpresa en ese momento, no denuncia el secuestro ni en el corto ni en el largo plazo. Responsabilidad también de algunas figuras empresariales, como fue el caso de uno de los funcionarios centrales de Propulsora, que advierten a los trabajadores de la inminencia del golpe, lo que implica que disponían de información clave antes de los hechos, advirtiéndoles: “acá se viene una dura, se van o se les viene la noche”. Encontramos casos de personal que no sólo presencia y participa de muchas de las instancias represivas, sino que cuando es llamado a declarar dice que nunca se enteró de esas cuestiones, que en realidad la dirigencia empresarial perteneció a la empresa hasta muy recientemente, no había tenido noticias al respecto.

Me interesa retomar el caso de Propulsora porque me parece que permite tomar lo planteado por Ivonne, en un sentido excepcional para el caso del Astillero, el único caso de empresa del estado que estudiamos, para pensar el sector privado, que fue el foco central de nuestro estudio. Y poder entender que lo encontrado en el conjunto de evidencias en estos 25 casos. Si tuviera que sintetizar alguna de las conclusiones del informe, que valdría la pena leer en su totalidad, es que se produjo en estos grandes establecimientos fabriles (y en el único caso de empresa de servicios, la empresa de transporte La Veloz del Norte de Salta), un proceso de militarización brutal de los establecimientos laborales a partir del 24 de marzo. Una presencia de las Fuerzas Armadas sin precedente en un territorio que es propiedad privada, un proceso de provisión de lo que nosotros llamamos recursos logísticos y materiales de las empresas a las Fuerzas Armadas. Es decir, instrumentos que son decisivos para el proceso represivo: información, como listado de nombres de trabajadores, sus direcciones, el recorrido de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, información como días de franco, días de vacaciones, equipamiento. Esto que se hizo famoso en el caso Ledesma -las camionetas de Blaquier-, en realidad es un fenómeno que se repite en otros también, la provisión de vehículos en los cuales se trasladó a los trabajadores secuestrados.

La presencia de dirigentes empresariales en los procesos de detención o de tortura es uno de los cargos claros del caso contra Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes y primer empresario condenado por participación en la represión a uno de sus trabajadores Víctor Cobos., En este caso, no sólo hay provisión de recursos logísticos y materiales, no sólo La Veloz del Norte envía el micro en el cual se trae a los trabajadores que fueron señalados como ladrones y detenidos por orden del propio empresario, siendo el empresario el que manda el micro a buscarlos. Además, es un funcionario de seguridad de la empresa, y al mismo tiempo sucomisario de la comisaría 4ta de Salta, quien comanda el proceso interrogatorio y tortura, y los trabajadores escuchan referencias a la presencia de Levín en ese mismo espacio de tortura. De este tipo de cuestiones estamos hablando, de este tipo de involucramiento. No se trata de aspectos generales de la relación entre sectores empresarios y fuerzas militares, de la provisión de funcionarios, o de conexiones de distinto tipo, estamos hablando de la participación directa y específica de los empresarios en los procesos represivos. Es sobre eso que versó la sentencia que se dio a conocer el lunes, y es por eso que Levín fue condenado. Porque proveyó las listas, proveyó los vehículos, su funcionario empresarial fue el que torturó a los trabajadores, señaló él a los trabajadores, les armó una causa por ladrones para detenerlos y el subcomisario que además trabajaba para él en la empresa, fue el que comandó la tortura, al tiempo que los trabajadores escucharon hablar de su presencia en el lugar de tortura.

La centralidad y relevancia de estos entramados y la continuidad del poder económico de muchas de estas empresas y empresarios, combinados con procesos de amedrentamiento feroz, hicieronque ésta y otras causas similares tuvieran trámites muy complejos hasta llegar adonde llegó. Un ejemplo claro de las dificultades que se enfrentan es que en esta causa por hechos represivos en el marco de la empresa La Veloz del Norte fue que de un conjunto de inicial de dieciséis trabajadores, nosotros luego llegamos a reconstruir veintidós víctimas totales para este proceso, se restringió el universo de víctimas a una sola, que fue Víctor Cobos, por el cual se hizo la condena. Dejando atrás a todos los demás, pues se los consideró víctimas de tortura en el marco de un delito común y que no podía ser equiparado con un delito de lesa humanidad. Esto es algo sin precedente, y llegar a esta condena implicó todo este camino.

De esto estamos hablando cuando hablamos de evidencia sobre participación empresarial y por eso hablamos de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. No estamos hablando de cómplices, ni de sectores que tuvieron un papel de asistencia secundaria respecto de protagonistas que son las Fuerzas Armadas. Sin duda las Fuerzas Armadas fueron protagonistas del proceso represivo y la justicia ha avanzado enormemente en ese sentido, con un nivel altísimo de prueba y de desarrollo que hoy no es discutible para nadie. Lo que vemos aquí es que hay un entramado que incluye a otros sectores y que el poder empresarial es claramente un participante central de este entramado que coincide estratégicamente con las Fuerzas Armadas en el interés por frenar el activismo sindical. En la enorme preocupación por este activismo sindical que le costaba una baja en la rentabilidad muy significativa en este proceso desde el ´55 hasta el ´76, donde el eje central fue tratar de reformular la participación de los trabajadores en el ingreso. Los trabajadores habían logrado llegar nuevamente, a mediados de la década del 70, a una participación entre 45 y 47 puntos en el ingreso nacional, es decir se acercaban a los 50/50 de las mejores etapas del peronismo.

Desde nuestra perspectiva, esta preocupación por la participación del ingreso de los trabajadores, por el poder obrero, la capacidad de organización sindical y de disputa económica, política y social, está en el centro de esta confluencia de intereses entre fuerzas armadas y ciertas dirigencias empresariales. Esto es clave para comprender el involucramiento directo que encontramos, y en emergentes muy serios ya mencionados para el caso del Astillero, pero que además encontramos en otros 4 casos más de empresas: el caso de La Veloz, el ingenio Fronterita, Acindar y Ford, que es la existencia de espacios de detención y tortura de trabajadores dentro de los propios establecimientos fabriles. Es decir: en 5 de las 25 empresas analizadas existieron centros de detención y tortura de trabajadores en los propios establecimientos fabriles. Hay mucho para analizar y comprender aún respecto del funcionamiento de estos espacios, su articulación con el proceso represivo y otras cuestiones, pero llegar a este punto de análisis de la evidencia marca un camino. Sin dudas es una línea de investigación muy compleja, muy difícil y la intervención hoy acá tiene que ver más que con presentar resultados finales de una investigación, con presentar un punto de partida para el trabajo.

La enorme relevancia de presentar esto aquí, en un ámbito de investigación en donde se ha generado un proceso de reflexión y de conocimiento respecto al BIM III, al activismo sindical en la zona y al proceso de represión, es poder enriquecer aún más este campo y convocar a nuevas investigaciones. En este informe el objetivo fue plasmar puntos de partida que permitan retomar el análisis en profundidad y que nos posibilite pensar en grandes relaciones, que sin descuidar las especificidades y la puntillosidad en términos de respaldo documental de cada uno de los casos, nos permite ubicar estos casos en un marco más amplio. Y aquí creemos que el cruce entre investigación y procesos judiciales es muy rico, porque los funcionarios judiciales tienen a su cargo discernir quién hizo qué en unos hechos muy específicos, muy acotados y respetando todas las garantías, y quizás los aportes desde las ciencias sociales puedan realizar una contribución en términos de la contextualización más amplia de estos procesos y en lo referido a herramientas teóricas y conceptuales, fuentes y líneas interpretativas más amplias.

Quizás entonces pueda ser una tarea útil lograr desde los ámbitos de investigación y producción científica ubicar esos hechos en un contexto y hacerlos inteligibles de otra manera. Realmente es difícil de entender que haya un campo de concentración adentro de una fábrica. Para un funcionario judicial, aún con muy buena voluntad, gran formación y compromiso, e incluso para un investigador formado trabajando en forma individual, es difícil entender que un empresario pueda desempeñar estas funciones represivas a las cuales yo me referí recién, y diseñar una estrategia metodológica que permita abordar este tema en toda su complejidad. El paso de las investigaciones individuales a procesos colectivos de construcción de conocimiento, interdisciplinarios y en vinculación con protagonistas de la historia y con organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos permite, desde nuestra perspectiva, un salto cualitativo en estos procesos de reconstrucción. Quizás la presentación de una serie de instrumentos analíticos y de la reposición de un contexto más amplio pueda contribuir a que estas cuestiones se vuelvan más inteligibles, contribuyendo a entender las lógicas y procesos en juego, a comprender mejor los sujetos sociales en pugna, y el entramado complejo de relaciones que sostienen estas disputas. De algún modo este es el objetivo de este trabajo: proveer un punto de partida para una profundización y una complejización del análisis de las políticas represivas que no pueden excluir a sectores que tuvieron una participación directa en ellos. Muchas gracias.

Guadalupe Godoy: Buenas noches. Lo primero, qué distinto hubiera sido hablar de esto hace un año. El cambio de contexto seguramente genera otras perspectivas un poco más oscuras. Pensaba cuando hablaban ambas, en el inicio de la etapa de juicios que arranca en el 2006. Una etapa inédita, no nos olvidemos que los únicos juicios donde se obtenían condenas que existieron previo a eso, fueron en un contexto político muy diferente, en el 84, 85, sin presencia de las querellas. Es decir, sin posibilidad de que los organismos de derechos humanos tuvieran una expresión dentro de lo que es la escena de justicia y con un contexto donde la vigencia de la teoría de los dos demonios directamente impedía el diálogo y mencionar en el caso de los sobrevivientes sus pertenencias políticas, sindicales, estudiantiles. La necesidad de argumentar y experimentar algunos mitos que pudieran pontificar el por qué uno estaba en determinado lugar y por qué entonces se convertía en víctima. En el juicio contra Etchecolatz, creo que había un par de preocupaciones iniciales, una era darle voz a los sobrevivientes y que los sobrevivientes pudieran verbalizar esas pertenencias. Me acuerdo que uno de los testimonios más impactantes de ese juicio fue el de Diego Barreda. Diego declaró, luego de la pelea que había dado por reingresar al Astillero [Río Santiago], con todos sus compañeros atrás vestidos con el uniforme del Astillero.

Era un momento también donde estábamos más preocupados con la vigencia plena dentro del poder judicial de la teoría de los dos demonios. No nos olvidemos que mientras nosotros hacíamos el juicio contra Etchecolatz arrancó el juicio al “Turco Simón” y cuando terminó, lo hizo con una sentencia donde volvía la vieja frase del juicio a las juntas: “en nuestro país hubo terrorismo de diversos signos”. También se hablaba en ese momento, como ahora, de la posibilidad de que sectores de la derecha trataran de reiniciar las causas contra las organizaciones armadas.

En ese contexto surge la preocupación por plantear la cuestión del genocidio. Otra forma de leer que ya estaba instalada y empezaba a discutirse a nivel académico, pero que dentro del poder judicial no tenía ningún tipo de recepción. En realidad ahí empieza ese juego que terminamos haciendo con la necesidad de manotear, de algún lado, que no eran precisamente los tiempos jurídicos, los argumentos que nos permitieran dar algunas peleas dentro de los juicios. Pero a su vez esto, plantear genocidio y empezar a ver por qué y para qué del golpe, en realidad es también lo que abre el campo de la ampliación de las responsabilidades.

Ahí empezamos a hablar de la complicidad de la iglesia, de las responsabilidades del poder judicial que había tenido, del rol de los medios de comunicación y de las empresas. Pero todo surgía de una forma bastante tangencial. Lo empiezan a aportar los testigos, los sobrevivientes y demás, lo empiezan a aportar los testigos de contexto. Y empieza también una vez que se consolida el proceso –creo que a medida que avanzan los juicios nos damos cuenta que no es el único que vamos a tener y podíamos animarnos a otras cosas-, a plantear el terreno judicial ya no sólo como un lugar donde se obtienen condenas, donde se responsabiliza a quienes fueron la mano de obra de la represión, sino como un espacio donde también vamos a dar una disputa de sentido de lo que significó la dictadura. Obviamente teniendo en cuenta que no es el único, pero también en ese momento parecía que era el lugar donde se daban todos esos debates.

Fue tan difícil avanzar en eso. Pensemos que, por ejemplo, en esta ciudad se condenó a Smart y no llegamos a Saint Jean, al gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, porque falleció durante el juicio. Cuando ellos llegan al juicio los cabos de la comisaría 5ta, o sea el último eslabón del aparato represivo, venían con la clasificación de autores, con el concepto penal de autoría y Smart y Saint Jean venían como partícipes secundarios. Es decir, quienes eran en todo caso los jefes de la estructura legal –en el caso de Smart por ser ministro de gobierno, de quien dependía toda la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires-, venían con una expectativa y con una calificación ínfima. Ínfima y que tiene que ver con que si consideramos el poder judicial como parte del poder desaparecedor, por su pertenencia de clase se entiende que no sólo es mucho más sencillo juzgar a quien efectivamente tuvo en su mano una picana, sino que en realidad si se abría ese campo, se abrían enormemente las responsabilidades a ese poder judicial. Que fue lo que pasó en definitiva.

Esas resistencias tienen que ver con lo planteado por Victoria y a su vez con las dificultades que muchas veces tenemos quienes llevamos adelante los procesos. Pero también quienes los analizan y los han convertido en campo de estudio, en distinguir cuáles son las cuestiones que pueden ser parte de una condena penal y cuáles son las que en definitiva van a quedar en el terreno de una condena social o de lo que es la verdad histórica, pero no más que eso. Por eso está muy bien estas aclaraciones de cuáles son las cuestiones que se pueden judicializar. Hace poco estuve en la presentación de un libro donde había como un reproche hacia las querellas de por qué no había ahondado en determinada temática. Y si al día de hoy en la ciudad de La Plata no hemos podido pasar de lo que son las cadenas de mando policial al momento de las condenas, creo que esas dificultades están más que expuestas.

Por otro lado, parece que en La Plata particularmente el tema sobre las responsabilidades empresariales quedó un tanto oculto, porque la masividad de la represión se produce en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires y del ejército. Es la Fuerza de Tareas 5 de la Armada la que se queda con el control de todo lo vinculado al cordón industrial. Fue tan significativo, tan masivo, tan contundente y probablemente también tenga que ver con que siempre quedaron adelante los reclamos por las desapariciones que se produjeron en el sector urbano de La Plata. En uno de los juicios que apareció, pero apenas, fue en el juicio Unidad 9. El único testigo que lo mencionó fue “el negro” Páez. Pero claro, en ese juicio los que se visibilizaron fueron los “pabellones de la muerte”. El 1 y el 2 donde estaban los compañeros de las organizaciones armadas: el pabellón del ERP y el pabellón de Montoneros. Y cuando viene a declarar Páez cuenta que en los pabellones del fondo estaban todos los trabajadores de Astillero, del Frigorífico, de Ledesma que los habían traído desde allá y que eran los que peor lo pasaban.

Es un camino que tuvo todas esas complejidades y me parece que al principio sólo las querellas, pero después logramos que también desde las fiscalías se entendiera que el aporte de la investigación y el aporte de todas las construcciones que habían hecho a lo largo de los años iban a servir no sólo para comprender, sino que en esa comprensión se pudieran ampliar las responsabilidades. La mala noticia es que cuando Fuerza de Tareas termina en una condena a miembros de la Armada, también ordena investigar estas responsabilidades que mencionaba Victoria, pero nos encontramos con un contexto hoy donde el gobierno claramente abandona las políticas que durante estos años se construyeron -y que hacen pensar que nos quejábamos de llenos- en materia de memoria, verdad y justicia. Pienso en el desmantelamiento, por ejemplo, de quienes estaban investigando dentro del Banco Central en materia de derechos humanos o el desmantelamiento de las direcciones de derechos humanos de Defensa y del Ministerio de Seguridad que tanto aportaron estos años.

Por otro lado también ese abandono del gobierno genera en un poder judicial siempre permeable por su adhesión de clase a la defensa de los represores, una retracción muy importante. Y que puede agravarse en el caso de que la ofensiva contra Gils Carbo, ya que fue mediante su gestión donde se logró homogeneizar el planteo de los fiscales, tenga éxito. Eso va por el lado de las cuestiones que están sucediendo en concreto y después hay otras que creo que son mucho más simbólicas y que nos afectan a quienes nos dedicamos a estos juicios muchos más. Saber que un Blaquier integra el gobierno, o que un Massot es el presidente del bloque del Pro. Más allá de que nadie puede acusar a la gente por su parentesco, está claro que son las familias que formaron parte de ese poder económico las que ahora están en el gobierno.

Esas complejidades se empiezan a ver nuevamente con la ofensiva discursiva: la teoría de los dos demonios, otra vez  la idea de un enemigo interno militante, donde el militante tiene que ser erradicado del Estado y tiene que ser erradicado de muchos espacios. Esas desvalorizaciones de la militancia también dan cuenta de lo que habíamos logrado en estos años de mostrar lo que significó la dictadura. Y por otro lado el discurso penal que vuelve a derechizarse, pero que también es un discurso de derecha muy inteligente. A veces ni siquiera nos dan los márgenes de discusiones ideológicas, sino que toman nuestros propios argumentos y los pervierten.

Entonces los discursos que empiezan a aparecer en contra de los juicios son discursos que toman mucho de lo que es el garantismo penal. Nos terminan corriendo por izquierda en cuanto al garantismo, que fue un conflicto que el progresismo jurídico nunca pudo resolver en estos años. Esta dificultad de reconocer y asumir que obviamente el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad no tiene absolutamente nada que ver con los delitos comunes. Por tanto como nos han corrido con esas culpas, ahora aparece esta idea de “los viejitos”: Gils Laavedra hoy otra vez acusándonos de cazar leones en el zoológico y ahora le agregó que van esos pobres viejitos con pañales a los juicios.

El discurso del cese de los juicios, con esta cuestión es donde vamos a terminar seguramente con alguna interpretación de la Corte Suprema sobre la necesidad de domiciliarias automáticas a los 70 años. Seguramente no lo harán en una causa de lesa humanidad, lo harán en una causa común para que nos quedemos sin argumentos y nos digan que somos muy inhumanos porque pretendemos cárcel. Lo van a hacer también en esta cuestión de cómo hemos extremado los límites del juzgamiento y entonces ahí va a aparecer esto que sucedió hace pocos días de la censura de la palabra “cívico – militar”, que no es casual. Tiene que ver con esto. Lo que probablemente aparezca y bien claro es la enorme dificultad para seguir avanzando en esos procesos que exceden a lo que fue la mano de obra que tuvieron en su momento.

El panorama no es alentador y está bien asumir y reconocer que no lo es. Como siempre el campo popular lo que tiene que hacer es encontrar las herramientas que nos han mantenido durante todos estos años en un reclamo de justicia siempre vigente, ahora en los momentos más adversos. Tenemos las enormes ventajas de las construcciones, de la consolidación de las construcciones en estos años. La enorme ventaja de que el movimiento de derechos humanos que reclama verdad y justicia no está reducido a los organismos, se ha convertido en algo que atraviesa todas y cada una de las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles.

Y probablemente lo que haya que hacer en este momento es extremar esa coordinación entre estos campos de disputa que hemos dado estos años, a veces más coordinado a veces no, ahora habrá que extremarlo, el campo jurídico, el campo académico, el político. Que el movimiento de derechos humanos sigue teniendo fortaleza y vigencia y capacidad de afrontar esta ofensiva, se vio claramente el 24 [de marzo]. Se vio en que el poder imperial quería la foto de Macri y Obama en la ESMA con nuestros principales referentes de derechos humanos ahí y no la tuvieron. Y se ve en las resistencias que todos los días surgen. Así que, seguramente, la historia no va a terminar acá.