Dictaduras de seguridad nacional en Chile y Argentina. Estudio comparativo y relacional de sus estrategias represivas
Aletheia, volumen 7, número 13, octubre 2016 ISSN 1853-3701
Melisa Slatman*
Universidad de Buenos Aires/ Ministerio Público Fiscal
Buenos Aires, 2016
melslatman@gmail.com
Resumen
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las similitudes y diferencias en el desarrollo de las estrategias represivas y los respectivos andamiajes institucionales, en las experiencias que se desarrollaron en Chile y Argentina, durante el ciclo de dictaduras de seguridad nacional y que transcurrió entre 1964 y 1990. Para ello, se explicarán las características de este ciclo de dictaduras, se analizarán luego ambas experiencias y, por último, se revisarán algunos problemas que surgen de la comparación. Se realiza una aproximación comparativa sobre ambos casos, siguiendo lo propuesto por Marc Bloch, esto es, el estudio de un mismo problema (y no solamente de determinados aspectos) en dos espacios diferentes pero cercanos. Sin embargo, se sitúa también en el campo más general del abordaje transnacional, porque se considera que la evolución de ambos casos nacionales está íntimamente unida y que dicha unión responde a la pertenencia a un ciclo que se desarrolla en un espacio y tiempo mayor.
Palabras clave: Estrategias Represivas- Dictadura de Seguridad Nacional- Chile - Argentina
Introducción
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las similitudes y diferencias en el desarrollo de las estrategias represivas y los respectivos andamiajes institucionales, en las experiencias que hicieron Chile y Argentina durante el ciclo de dictaduras de seguridad nacional, y que transcurrió entre 1964 y 1990. Para ello, se explicarán las características de este ciclo de dictaduras, se analizarán luego ambas experiencias y, por último, se revisarán algunos problemas que surgen de la comparación.
Se realiza una aproximación comparativa sobre ambos casos, siguiendo lo propuesto por Marc Bloch, esto es, el estudio de un mismo problema (y no solamente de determinados aspectos) en dos espacios diferentes pero cercanos [1]. Sin embargo, esto se sitúa también en el campo más general del abordaje transnacional (Siegel, 2005), porque se considera que la evolución de ambos casos nacionales está íntimamente unida y que dicha unión responde a la pertenencia a un ciclo que se desarrolla en un espacio y tiempo mayor.
Contexto: Ciclo de dictaduras
Las experiencias de Chile y Argentina necesitan ser pensadas en una perspectiva que considere a los procesos históricos de escala nacional dentro de un ciclo que afectó a todos los países de la región. Dentro de esa mirada que busca una lógica de interconexión y cruzamiento de experiencias, deben considerarse las especificidades de cada país, es decir, las contradicciones particulares, las necesidades más urgentes de los sectores dominantes, el esquema de relación de fuerzas, los ritmos de los procesos internos y tendencias coyunturales, entre otros. Estas características, a su vez, son susceptibles de ser comparadas en el marco de un interrogante general sobre la naturaleza de estos procesos históricos. Este trabajo se enmarca dentro de otro, en el que se discute la viabilidad de pensar a las dictaduras del Cono Sur como una unidad temporal y espacial susceptible de análisis. Allí se debate con los trabajos de Manuel Garretón (1987), Adolfo Rodriguez Elizondo (1979), Guillermo O´Donnell (1997) y Alain Rouquie (1984), pero especialmente con el trabajo de Waldo Ansaldi (2004), a quien se le cuestiona el carácter limitado del análisis comparativo para analizar la dinámica de la experiencia del Cono Sur (Slatman, 2013). Aquí se busca complejizar lo afirmado en dicho trabajo, en el sentido de poder establecer, con mayor precisión, cuáles fueron los vasos comunicantes que se desarrollaron entre Chile y Argentina como dos casos particulares.
En relación con lo anterior, puede ensayarse una periodización regional de la evolución de los aspectos represivos del ciclo de dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur. La totalidad del ciclo puede datarse entre 1964 (golpe de Estado en Brasil) y 1990 (finalización institucional de la dictadura chilena). Entre 1964 y 1975 se observa una fase genética, de carácter reactivo. A medida que se fueron sucediendo los golpes de Estado, la represión se fue haciendo más virulenta y más clandestina, no solamente en el país en que sucedía el último golpe de Estado, sino también en el resto de los países. Esto puede verse, por ejemplo, en el aumento paulatino de las cifras de desaparecidos y asesinados sumariamente a medida que se sucedían los golpes, siendo Brasil el país que registró menor cantidad de casos y Argentina el que registró mayor cantidad.
Entre 1975 y 1978 se produjo una aceleración en los ritmos represivos, tanto en el plano regional como en el de cada uno de los casos y tuvo como uno de sus resultados, la consolidación de la red de coordinación represiva más institucionalizada del período, la denominada “Operación Cóndor”, hacia fines de 1975. En el mismo período, además, operaron otras redes de coordinación, como la establecida entre las armadas uruguaya y argentina, por nombrar un caso (Slatman, 2012). Es de notar en este punto que, a diferencia de los demás golpes de Estado, el argentino se produjo en esta fase avanzada del desarrollo regional, momento en que, en Brasil, al menos en sus aspectos institucionales, comenzó la desaceleración del ritmo represivo.
A partir de 1978, se verificó un relajamiento de las tendencias represivas en la región, que tuvo relación con la apertura de la etapa fundacional de varias de las dictaduras, el comienzo de la transición en el caso de Brasil y, además, la emergencia de ciertos conflictos entre naciones, latentes durante el período anterior, como el del canal de Beagle o las tensiones por la represa de Itapú en 1978 y 1979. A esto debe sumarse el generalizado rechazo internacional ante la denuncia por las violaciones a los Derechos Humanos que, en algunos casos determinó también la quita de ayuda económica por parte de los Estados Unidos. A esta etapa corresponde, por último, una crisis de las relaciones de coordinación represiva, que no cesaron por completo y que en gran medida se orientaron a operaciones de acción psicológica. En relación con lo anterior, la curva de desapariciones extraterritoriales dentro de la región cayó bruscamente, en una tendencia similar a lo que sucedió en el interior de cada país.
Finalmente, en 1979 se inició la crisis terminal del ciclo de dictaduras de seguridad nacional, con la aprobación de la ley de amnistía en Brasil y finalizó con el fracaso de Pinochet en el referéndum de 1988 y el traspaso del poder en Chile en 1990. No debe dejar de anotarse que, más allá de la periodización institucional, en realidad, las transiciones a la democracia se prolongaron en el tiempo, dependiendo de cada país. Este es, entonces, el marco general para entender la relación entre las experiencias chilena y argentina.
Descripción de los dispositivos represivos
El caso de Chile
Chile, durante los primeros años de la dictadura, fue un laboratorio de prácticas represivas, que se nutrió de algunas que habían sido ensayadas en los nueve años anteriores en el Cono Sur y también de las experiencias que le fueron contemporáneas (1).
Dentro de lo que fue la fase reactiva de esta dictadura, el primer modelo represivo adoptado, entre septiembre y octubre de 1973, fue el de la detención masiva y tortura en lugares públicos de miles de personas y la organización de pelotones de fusilamiento, que resultaron muy caros a la dictadura en el nivel de la opinión pública internacional. Durante este primer período, según datos oficiales del Estado Chileno, se produjeron el 67% de las detenciones que se sustanciaron durante toda la dictadura, y solamente durante los primeros tres días del golpe fueron detenidas más de 5373 personas, según los cómputos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005). Se organizaron redadas en empresas, poblaciones, asentamientos campesinos, centros mineros, universidades. Además, se publicaron listados de dirigentes políticos que debían presentarse en las delegaciones de carabineros para ser detenidos.
El tamaño de los operativos y la cantidad de las detenciones desbordó la capacidad de los centros de reclusión existentes, y debieron improvisarse en una multitud de espacios públicos. Si bien el caso más conocido es el del Estadio Nacional de Santiago, este dispositivo se instauró también en el norte del país (Pisagua) o en el Sur (Dawson). Las detenciones se efectuaban, en su mayoría, invocando el estado de excepción que regía, aunque algunos detenidos fueron procesados por tribunales militares. Los recintos de detención estuvieron a cargo de diferentes sectores de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Este primer patrón represivo, poco planificado (2), comenzó a ser revertido en un segundo momento, con el dispositivo conocido como la “Caravana de la muerte” (fines de septiembre a octubre de 1973). Se trató de una comitiva del Ejército que recorrió diferentes centros de detención a lo largo del país y ejecutó a 97 presos políticos y que estuvo bajo el mando de Sergio Arellano Stark. En este grupo participaron muchos de quienes luego serán altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
A la vez que comenzaban a vaciarse los campos de concentración y comenzaba la política oficial de destierros y relegamientos, ya en octubre comenzó a perfilarse lo que sería el modelo más permanente de represión. Para ese entonces, se creó la DINA.
El surgimiento de la DINA dio lugar a la aparición del dispositivo represivo clandestino y centralizado que se concentró en la obtención de información por medio de tortura, la desaparición de personas y el establecimiento de centros de detención (Moulian, 1997; Mario Amorós, 2009; Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996). Una vez creada la DINA, y una vez que se le otorgaron funciones, las otras Fuerzas continuaron participando de los actos represivos, pero de manera subordinada y más como colaboración. Además, tenía carácter de fuerza combinada, es decir, estaba compuesta por personal de las tres armas y carabineros que cumplían funciones en comisión. Esto permitía que todas las fuerzas estuvieran representadas en las actividades represivas. A la vez, como Pinochet manejaba directamente el organismo, esto le aseguraba el control de la totalidad de las actividades represivas.
Para entender la importancia de la DINA, se puede retomar a Alain Rouquié, quien señaló el uso de “policías secretas” como medio de equilibro de fuerzas aplicado por los dictadores de los regímenes patrimonialistas de América Latina. Pinochet, en este y otros sentidos, estaría a mitad de camino entre las dictaduras institucionales y las patrimonialistas. La DINA, como “puño de Pinochet”, por otra parte, acerca a esta experiencia a la del strossnismo, cuyo líder había tenido que crear una policía secreta como modo de hacer contrapeso a las fracciones no leales de las Fuerzas Armadas. La DINA, que tuvo a cargo las tareas de contraespionaje, cumplió también esa función (Rouquié, 1984).
La “Comisión DINA”, un prototipo, fue fundado en noviembre de 1973 (3). El 14 de junio de 1974 la Junta Militar de Chile firmó el decreto ley N° 521, bajo el título “crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (4). La DINA se constituyó como un organismo de inteligencia técnico profesional, que debía reunir información y producir inteligencia para asesorar directamente a la Junta Militar. Se le otorgó un mando militar (“un oficial general o superior, en servicio activo, en las Fuerzas de Defensa Nacional [sic]”). La planta se constituyó por “personal proveniente de las instituciones de Defensa Nacional” (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones) y por personal civil que para ser contratado, debía ser aprobado por Decreto Supremo y por el Ministerio de Hacienda.
A la DINA se le otorgaron amplios poderes represivos: en el nivel de la obtención y procesamiento de información, por medio de la centralización de actividades de inteligencia y también se le dio operatividad, por cuanto se permitía a los agentes la realización de allanamientos y detención de personas, por medio de su inclusión en la llamada “Ley de armas” (5).
Además de los miembros de planta, la DINA contaba con agentes agregados provenientes de las distintas Fuerzas Armadas o carabineros, personal contratado, asesores, colaboradores, contactos en servicios del Estado e informantes. Pero la mayoría del personal provenía de las Fuerzas Armadas. Los cargos más altos los ocupaba personal del Ejército, aunque también hubo miembros de la Marina y Fuerza Aérea, y también civiles, muchos de ellos reclutados de los grupos de extrema derecha.
La DINA contó con fondos presupuestarios de carácter reservado, generó recursos propios mediante la creación de empresas en Chile y en el exterior y además, recibía donaciones de empresas. También se apropió de bienes inmuebles, automóviles y pertenencias de las personas secuestradas.
La jerarquía superior de la DINA estaba compuesta por un director y un subdirector. La sede de la dirección fue el Cuartel General, sito en la calle Belgrado 11, en Santiago. Había además varias subdirecciones: Exterior, Interior, Económica, Psicológica, Apoyo Técnico y Transportes, dependientes del director general.
La subdirección interior, tenía dos brazos operativos. La Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) que se ocupaba de las actividades en Santiago, y la Brigada de Inteligencia Regional (BIR), que se ocupaba de las relaciones con las unidades o contactos de la DINA en las regiones.
La BIM tuvo una primera sede en la rinconada de Maipú. Luego pasó a Villa Grimaldi. La BIM tenía un jefe, una plana mayor y agrupaciones operativas. En la primera época, las tareas operativas eran más desordenadas y poco planificadas. Existían diversas agrupaciones o unidades con nombres como “Caupolicán”, “Purén” o “Lautaro”. Cuando la BIM se instaló en Villa Grimaldi, hubo una reorganización. Se crearon solo dos grandes agrupaciones, “Caupolicán”, encargada de la represión al MIR y “Púrén”, que se ocupaba de los demás partidos. Cada una de estas agrupaciones, se subdividían en unidades de 20 a 30 agentes.
La DINA creó y comenzó a utilizar centros clandestinos de detención en 1974. Según el informe Rettig, la DINA administró ocho centros clandestinos de detención en Santiago de Chile: Tejas Verdes, Cuatro Alamos, Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, La Venda Sexy, Implacate, Cuartel Valencia. Las otras fuerzas represivas también utilizaron recintos clandestinos, en especial el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y el Servicio de Inteligencia Naval (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996).
Un aspecto no desdeñable de la organización de actividades represivas de la DINA fue la instalación de la mitad de su planta fuera del territorio, afectada a las actividades represivas extraterritoriales, como el espionaje, secuestros, asesinatos y operativos de repatriación clandestina de exiliados. Para estas acciones promovió lo más que pudo alianzas con gobiernos, organismos represivos y grupos de extrema derecha. Algunas de estas acciones fueron concretadas, como los asesinatos de Carlos Prats y Orlando Letelier, y otras no.
Un segundo componente de este intento de acallar a la oposición fue la realización de acciones psicológicas de gran envergadura, como la “Operación Colombo” en 1975 (Paz Rojas, 1994). O una similar que se emprendió contra dirigentes del Partido Comunista en 1977. Y también campañas de propaganda del régimen, por medio de contactos con medios de prensa casi siempre derechistas, que diseminaban información que emanaba de la propia DINA.
La historia de la DINA estuvo atada a la suerte de su director, y muy especialmente, a las relaciones con Estados Unidos. Si Estados Unidos, a través de la CIA, participó en la formación de este organismo de represión, tras el atentado a Orlando Letellier en Washington, ejerció intensas presiones hasta la disolución de este organismo.
El organismo que reemplazó a la DINA, la Central Nacional de Inteligencia (CNI), fue fundado el 13 de agosto de 1977. Odlanier Mena, un rival de Manuel Contreras, fue puesto a cargo y heredó los bienes y personal de la DINA. El principal cambio entre la etapa de funcionamiento de la DINA y de la CNI fue la reorganización de la cadena de mandos. Además, el surgimiento de la CNI coincidió con el pasaje de la fase reactiva a la fase fundacional de la dictadura chilena.
La represión en Chile, en este período central, de manera parecida a lo que surge del análisis del caso uruguayo, se produjo a la manera de oleadas. En este sentido, el análisis de los informes Rettig y Valech permite ver que en un primer momento la represión se fijó sobre los depuestos miembros de la Unidad Popular y sobre el MIR, para luego concentrarse en el Partido Comunista y Socialista. Esto, por supuesto no es esquemático sino son tendencias que pueden observarse.
Durante el período de la CNI, se mantuvo la práctica de la prisión clandestina, aunque fue mucho mayor la de la prisión política dentro de los marcos institucionales. Los plazos para la detención resultaron más breves y los detenidos fueron procesados por las fiscalías militares. En este período se refinaron las normas jurídicas que validaban la detención de largo plazo por motivos políticos y el uso de la tortura. Además, volvieron a instrumentarse los allanamientos a gran escala en el marco de la ley de control de armas. Al enemigo “clásico” de la dictadura, el MIR, se sumaron ahora nuevos actores: el Frente Patriotico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, y el Mapu Lautaro. Este cambio estuvo determinado, en gran parte, por un proceso de reactivación política de la ciudadanía y por el crecimiento de la crítica internacional (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).
El caso de Argentina
En el caso de Argentina, al contrario de Chile, el elemento distintivo fue que la planificación antecedió a la ejecución de la represión. Como en cualquier proceso dinámico, el desenvolvimiento de la represión obligó a racionalizar el modelo y realizar modificaciones. El modelo represivo fue un modelo de escala decreciente.
La estrategia represiva argentina tuvo como antecedentes la experiencia uruguaya de control militar del territorio implementada durante la represión a los Tupamaros con anterioridad al golpe de Estado (Rico, 2008); el uso de prisiones clandestinas por la DINA chilena y la planificación de la desaparición sistemática de personas (6), que comenzó a ser utilizada con la represión a la guerrilla Ñancahuazú y el asesinato y posterior desaparición de los cuerpos del Che Guevara y seis de sus compañeros en Bolivia (Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y ASOFAMD, 2007), que se aplicó sistemáticamente por primera vez en Brasil, cuando la represión a la guerrilla de Araguaia (7), se utilizó en Chile, como forma de “oxigenar” al régimen ante el avance de la crítica internacional, y se utilizó como estrategia preferencial durante la dictadura argentina (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996; Kornbluh, 2004; Bonnefoy Miralles, 2005).
La ocupación militar, el uso de prisiones clandestinas, el uso menor de la prisión legal por largos períodos de tiempo y la desaparición forzada de personas fueron aplicadas en Argentina, configurando un sistema particular (Calveiro, 1998; Merenson y Garaño, 2010; Garaño, 2008; D'Antonio y Eidelman, 2010).
A esto se sumaron los actos que emparentaron a la represión argentina con los propios de la tradición de las campañas militares: apropiación de bienes materiales (como botín de guerra), de los cuerpos de los derrotados e incluso, apropiación sistemática de sus hijos. Si bien pudo haber un componente de codicia personal en estas formas de apropiación, la base y el resultado que se esperan es limitar la posibilidad de que estas fuerzas continúen reproduciéndose. Y es notable que esto sucediera en todas las dictaduras de la región, lo cual habla de la sistematicidad de estas acciones.
Todas las prácticas mencionadas tenían como finalidad allanar el camino a la reorganización de las relaciones sociales (Feierstein, 2015). Para ello, era necesario acabar con la disidencia. La estrategia fue la generalización del terror, siendo su elemento más distintivo el aniquilamiento moral y material de los opositores políticos.
La represión en Argentina se ejecutó con los organismos y las estructuras existentes. Es muy importante señalar esto, porque la investigación, en los últimos años, permitió romper la idea de las “patotas” o los “grupos de tareas” actuando en paralelo, vigentes sobre todo, en el discurso de la transición a la democracia (8).
Como el territorio que se ocupó fue el mismo en el que se asentaban las unidades que organizan el ejército en tiempos de paz (9), el tipo de intervención elegido determinó la superposición entre la estructura administrativa y la represiva. Esto quiere decir que siguieron funcionando las cadenas de mando y la estructura de responsabilidades, y entonces, estaba previsto que los funcionarios cumplieran al mismo tiempo las tareas administrativas y las represivas. En este contexto, se produjeron adaptaciones funcionales y reasignación de recursos, que permitieron llevar a cabo el plan represivo.
La toma de decisiones, en un esquema en que ningún elemento del sistema estaba exento de responsabilidades, era de centralización en el nivel estratégico, descentralización en el nivel táctico y ejercicio de comando por directivas —imposición de propósitos y misiones generales— y con menor frecuencia por órdenes (10). Este esquema garantizó un pacto de silencio, que se mantiene hasta hoy.
Si bien ya se mencionaron los antecedentes generales, el período genético del dispositivo represivo argentino comenzó en febrero de 1975, con el “Operativo Independencia” en la provincia argentina de Tucumán. Se estableció una zona de emergencia bajo jurisdicción del Ejército, que obtuvo el control operacional de las demás fuerzas intervinientes, y se instalaron los primeros centros clandestinos de detención. El despliegue de la estrategia represiva fue sobre la guerrilla rural del PRT, pero también sobre sus bases de apoyo rurales y urbanas.
En octubre de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó los que se conocen como “decretos de aniquilamiento”, que junto con órdenes y directivas emanadas de los altos mandos militares delinearon la forma de ejercicio de la represión que se aplicó a partir de marzo de 1976. Estos decretos, número 2770, 2771 y 2772 crearon, con el objeto de “reglar la intervención de las Fuerzas Armadas y en la ejecución de operaciones militares a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, un Consejo de Defensa y un Consejo de Seguridad Interior y extendieron a todo el país el “teatro de operaciones de la guerra contra la subversión” (11).
El Consejo de Defensa, reunido a continuación, delineó la Directiva del Consejo de Defensa N° 1/75, en la que se ordenó a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales su dedicación a la “aniquilación de la subversión”. Esta fue la piedra basal de la estrategia represiva que se implementó luego del golpe.
Se otorgó la responsabilidad primaria de la represión al Ejército, al que se subordinaron orgánicamente las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Penitenciario; y funcionalmente, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se asignaron zonas prioritarias para el ejercicio de la represión (provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe y las ciudades de Rosario, Capital Federal y La Plata). A las otras Fuerzas (Armada y Aérea) se les ordenó funciones secundarias de apoyo, pero se les otorgaron jurisdicciones de actuación.
El Ejército asumió la responsabilidad y su comandante general impartió la Directiva 404/75 (Lucha contra la subversión) para instrumentarla. En 1976, el comandante en jefe del Ejército reformuló parcialmente esta directiva por medio de la Orden Parcial 405/76, redefiniendo las áreas prioritarias sobre las que se desarrollaría la represión.
La represión que siguió al golpe de Estado, fue definida por medio del Plan del Ejército (contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), publicado en febrero del mismo año, en el que se hacía una evaluación concreta del “enemigo” a aniquilar y las vías para realizarlo a partir del golpe de Estado.
Como se les otorgaron jurisdicciones de actuación, las otras Fuerzas Armadas (marina y aviación) adaptaron sus estructuras para asemejarse a las del Ejército y poder intervenir. Para ello dictaron órdenes propias en relación con la Directiva del Consejo de Defensa 1/75. La Armada, el Plan de Capacidades Internas de la Armada Argentina (PLACINTARA C.O.N 1/75 “S”), mientras que la Fuerza Aérea dictó la “Orientación Actualización del Plan de Capacidades Marco Interno 1975”.
El golpe de Estado en Argentina no fue, entonces, una inflexión, sino más bien el punto más alto de desarrollo de una estrategia represiva. Con el golpe de Estado se destrabaron aquellos impedimentos legales para ejecutar este plan de aniquilamiento en su plenitud. A este momento, a diferencia de Chile, se llegó a través del establecimiento de un consenso entre las diferentes Fuerzas armadas, que permitió un ordenamiento interno inicial y una jerarquización en la actuación (12).
Dijimos antes que se organizó un esquema de centralización en el nivel estratégico, descentralización en el nivel táctico y ejercicio de comando por directivas. En la práctica, cada jefe de cuerpo, convertido en jefe de zona, territorializó la represión, es decir, la dividió en partes capaces de ejecutar la represión, llamadas subzonas y áreas.
En términos generales las subzonas fueron asignadas a los jefes de los regimientos y las áreas, e incluso las sub áreas, quedaron a cargo de los jefes de las unidades dependientes de las brigadas, es decir, los jefes de los batallones, o, en casos determinados, los responsables eran oficiales de la Armada o la Fuerza Aérea (D'Andrea Mohr, 1999; Mittelbach y Mittelbach, 2000; Aguila, 2008; Izaguirre, 2009).
La organización territorial descrita refiere a la organización de las jurisdicciones sobre las que cada unidad militar podía actuar, pero no explica cómo era el dispositivo represivo en sí mismo. Las subzonas eran las unidades desde las que se ejecutaban los ataques. A nivel de las subzonas se realizaba la gestión: de los detenidos, de los Centros de Detención, del personal operativo, etc. Las áreas eran las encargadas de lo que los militares llamaban “operativos de seguridad”, que eran las tareas de control de la población. En la práctica, las acciones de unos y otros garantizaron el genocidio.
Cada zona, como se dijo, estaba a cargo de un comandante de Cuerpo. Ese comandante tenía un Estado Mayor que se distribuía las tareas para hacer funcionar el cuerpo: G1 (Personal), G2 (Inteligencia), G3 (Operaciones), G4 (Logística), G5 (Finanzas o Asuntos Civiles). En lo que hace a la intervención en la represión, cada uno de los jefes también tenía una función: el G1 tenía la función de controlar todo lo relacionado con los individuos que se encuentran en la zona: amigos, enemigos, militares y civiles. Era responsable por la determinación del lugar en que los prisioneros de guerra serían reunidos y como serían tratados. El G2 era responsable de la inteligencia. Esto quiere decir que se ocupaba de obtener información, procesarla e informar al comandante de la zona (por canal orgánico) y al Batallón de Inteligencia 601 (por canal funcional). El G3 era responsable de las operaciones: debía organizarlas y asegurar el equipamiento de las unidades, era también el que solicitaba el envío de personal. El G4 se ocupaba del abastecimiento de la infraestructura necesaria (Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ privación ilegal de libertad, diciembre de 2008).
En el corazón del dispositivo se encontraban las unidades de inteligencia. Eran los vasos comunicantes de la información que se extraía y de la inteligencia que se producía.
La Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército contaba con un brazo ejecutivo, que era el Batallón 601. El Batallón 601 era el lugar de llegada y salida de la información. Centralizaba la información proveniente de toda la comunidad informativa (los servicios de todas las fuerzas) y recibía y transmitía información a los destacamentos de inteligencia que funcionaban en cada cuerpo de Ejército. Los destacamentos de inteligencia estaban relacionados orgánicamente con los cuerpos y funcionalmente con el Batallón 601. Este esquema garantizaba la fluidez de la información y la consistencia de las operaciones en todo el territorio.
Dentro de cada territorio, además funcionaban centros de operaciones e inteligencia (COT), vinculados con los destacamentos de inteligencia, que eran los que determinaban los blancos, ordenaban a las fuerzas que actuaban dentro del espacio dando las “áreas liberadas”, y definían el destino de los detenidos dentro del esquema de CCDs existentes en ese territorio.
En paralelo actuaban el Servicio de Inteligencia Naval - y luego, también, por un período determinado, el Grupo de Tareas 3.3 de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada- y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
La inteligencia producida por otras Fuerzas se centralizaba en la Central de Reunión, dentro del Batallón de Inteligencia 601. Pero además, en cada instancia de organización (zona, subzona, área) existía a su vez una central de reunión que garantizaba la comunicación de las comunidades informativas. Existieron instancias en las que esto sucedió, pero, no obstante, la puja de poder entre la Armada y el Ejército (Canelo, 2008), que es una de las características principales de la historia política de la dictadura en la Argentina, determinó que la coordinación no siempre funcionara, que la inteligencia se utilizara para debilitar a la otra Fuerza y que se produjeran instancias de competencia entre los servicios de inteligencia. Lo mismo sucedía en el interior de cada Fuerza (Stepan, 1988; Andersen, 1993).
A partir de la Central de Reunión se organizaron fuerzas de tareas de cada arma, que se especializaron en determinadas organizaciones. A grandes rasgos se puede decir que la Armada y la Fuerza Aérea operaron contra organizaciones de origen peronista en las áreas donde tenían influencia, y el Ejército contra organizaciones de origen marxista en todas sus vertientes y contra el movimiento obrero organizado (organismos sindicales y agrupaciones de base).
La descripción anterior sirve para el momento inicial de la dictadura. Luego, se hicieron algunas modificaciones. De ellas, las más importantes fueron: la creación de la zona IV, que correspondió jurisdiccionalmente al Comando de Institutos Militares, dictada en la Orden parcial 405/76. Esto se debe a que la antigua zona I, que originalmente comprendía las provincias de Buenos Aires y La Pampa, contenía a la mitad de la población del país. Con la creación de la nueva zona de seguridad se racionalizó la responsabilidad en la represión.
Luego, en 1979 se hicieron modificaciones, a través de la directiva del Comandante en Jefe del Ejército 504/77 (“continuación de la ofensiva contra la subversión en el período 77 y 78”) y 604/79 (“continuación de la ofensiva contra la subversión”).
A diferencia de la dictadura chilena, que creyó que la expulsión de los opositores sería una válvula de escape y descomprimiría la situación, se decidió blindar las fronteras y aniquilar a la oposición dentro del territorio, para lo cual, todo el andamiaje represivo disponible fue reorganizado y puesto al servicio de esta tarea.
La persecución no fue escalonada o especializada, como en otros países, sino que se atacó a todas las organizaciones al mismo tiempo.
Aproximación comparativa
Habiendo establecido las características generales de ambos modelos represivos, veamos cuáles son los elementos susceptibles de ser comparados. Como son procesos dinámicos, y por lo tanto, no se pueden aprehender en su totalidad con una formulación teórica, se procurará comparar a partir de un recorte de lo que sería el momento maduro de ambos modelos. Nos referimos al momento en que la DINA logra transformarse en la fuerza represiva hegemónica en Chile y al modelo represivo de la dictadura argentina que se establece desde mayo de 1976 hasta fines de 1977.
La comparación entre modelos represivos de las dictaduras de la región que, como ya afirmamos, forman parte de un ciclo histórico transnacional, permite realizar un análisis sincrónico para analizar similitudes y diferencias.
De cualquier modo, es clave la cuestión de la clandestinidad de las prácticas represivas.
Existe cierta tendencia a medir los modelos represivos a partir del caso argentino. Esto parece deberse al nivel del terror implementado y la cantidad de víctimas fatales, unido a los procesos de justicia y de rememoración.
El golpe de Estado en Chile se produjo contra un gobierno que había proclamado que se encontraba instrumentando una “vía al socialismo”. Lo precedió un intenso proceso de movilización, contestación y polarización social. El golpe de Estado buscó poner fin a esos procesos. Al momento del golpe no estaba definido el método de disciplinamiento social que se utilizaría. Esto implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años. La dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de las figuras principales del depuesto gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino instrumentado por un organismo creado para tal fin. En el caso argentino, la dictadura también vino a obturar un largo proceso de movilización social. Sin embargo, la estrategia represiva utilizada fue planificada con antelación y comenzó a ser implementada antes del golpe de Estado. Un dato no desdeñable, en este sentido, es que a comienzos de noviembre de 1975, casi cinco meses antes del golpe, Argentina suscribió al acuerdo de cooperación represiva más letal que haya existido en la región: la Operación Cóndor. Siguiendo la periodización regional que se desarrolló antes, esto quiere decir que Argentina se incorporó en la dinámica represiva regional antes del golpe de Estado. El golpe de Estado, en este sentido, fue el momento de pasaje a la etapa madura del modelo represivo argentino.
El desarrollo de estas dos estrategias, además, estuvo determinado por la naturaleza del equilibrio de poderes en el interior del colectivo de Fuerzas Armadas que llevan adelante sendos golpes de Estado institucionales. En el caso de Chile, inicialmente se estuvo frente a un equilibrio de poderes inestable. La consolidación del pinochetismo como fuerza hegemónica fue, en parte, resultado de la aparición de la DINA, una de cuyas misiones fue la eliminación de la disidencia dentro del propio régimen (Valdivia Ortiz de Zárate, 2005).
En el caso de Argentina, el golpe de Estado se resolvió habiendo arribado a cierto nivel de consenso y con clara hegemonía del Ejército. Este equilibrio inicial dio lugar a un desenvolvimiento efectivo del ciclo represivo. Las asperezas entre las Fuerzas fueron agudizándose conforme el ciclo represivo se fue desacelerando y fueron surgiendo elementos de debate sobre los proyectos fundacionales de la dictadura.
Por último, debe tenerse en cuenta que el dispositivo argentino no se comprende sin la experiencia chilena. Si el dispositivo represivo chileno fue improvisado y construido según las necesidades y como resultado de la prueba y error, el argentino fue calibrado antes del golpe de Estado.
En el caso chileno, se procedió desde formas más visibles hacia formas más clandestinas. La experimentación tuvo como resultado la conformación de una fuerte oposición externa a la dictadura, que se apoyaba en las redes transnacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y organismos de solidaridad locales. Todo ello generó una fuerte presión a la dictadura chilena e incluso la afectó económicamente con la quita de préstamos por parte de los Estados Unidos. Esto fue lo que llevó a Chile, tarde, a adoptar prácticas represivas clandestinas.
En el caso argentino, se procuró evitar los conflictos que se ocasionaron en Chile, por lo tanto el modelo procuró la aniquilación física de aquellos que encarnaban los procesos de contestación social dentro del territorio nacional. Para ello, desde el momento mismo del golpe de Estado, la dictadura blindó las fronteras, organizó cordones de seguridad en las embajadas, suspendió el derecho a opción (que continuó hasta 1978) y generó temor entre los posibles desterrados no requeridos en los procesos de obtención de pasaportes. Cuando pudo, impidió hasta el límite de sus posibilidades la salida de figuras públicas que pudieran causar impacto internacional. Son sintomáticos, en este sentido, los casos de Héctor Cámpora y de Isabel Perón (Yankelevich, 2009). En los casos en que la presión externa se tornó acuciante, liberó a los secuestrados o detenidos (legal o ilegalmente). Y en los casos en que la contestación se produjo fuera del territorio nacional, buscó la manera de neutralizarla. Si había logrado consolidar pactos con otras dictaduras, lo hizo interrogando o incluso repatriando forzosa y clandestinamente a secuestrados, como sucedió en el Cono Sur. A veces, incluso lo intentó sin haber establecido esa clase de acuerdos (por ejemplo a través de la Operación México, con la búsqueda de desarticulación de la cúpula de Montoneros), realizando campañas de acción psicológica (por ejemplo, por medio del discurso de la “campaña antiargentina” en general) o intimidando a las comunidades de exiliados con la presencia de agentes de la represión fuera del país (como en España y Francia). En lo que hace a la operatividad exterior de los organismos represivos argentinos, la mencionada fragmentación y autonomización de los mismos se replicó, dando lugar a una particular forma de actividades extraterritoriales muy diferentes a las chilenas.
A modo de conclusión, tal como pudo verse en este estudio, las diferencias en las estrategias represivas en Chile y Argentina estuvieron determinadas por la naturaleza del conflicto social previo, el equilibrio de fuerzas existente en el interior de las fuerzas intervinientes durante el golpe de Estado y el contexto regional. En cada uno de los casos se desarrollaron estrategias diferentes, en el caso de Chile, muy improvisadas y con organismos ad hoc y en el de Argentina muy planificada y utilizando todos los medios disponibles.
El último elemento destacable es que la estrategia represiva adoptada en Argentina tiene muchos puntos en común con el momento en que se encontraba la dictadura chilena en el mismo momento. El resultado del fracaso de la política de represión abierta y masiva en Chile es la clandestinización de la represión hacia fines de 1974 y en Argentina, a comienzos de 1975 ya se observan en funcionamiento mecanismos represivos similares. Esto nos da la pauta de lo imbricado de los procesos regionales y de cómo aquellos impactaron en el desarrollo de cada caso nacional.
Notas
(1) Esta misma dinámica se puede visualizar más tarde, por ejemplo en la relación de Argentina con Bolivia en 1980 durante el golpe de Estado: la transmisión del modelo más “avanzado” en lo represivo por medio de la presencia de agentes de la represión interviniendo directamente en los procesos bolivianos, con numerosas denuncias sobre la participación de argentinos en secuestros y sesiones de tortura y también por medio del dictado de cursos sobre la “experiencia argentina”.
(2) La idea de que la represión que siguió al golpe de Estado fue poco planificada, radica en el carácter masivo, público y caótico del dispositivo represivo adoptado. Además, el nivel de crítica internacional da la pauta de que la dictadura accionó sin medir demasiado las consecuencias. Y contrasta con los dispositivos represivos que surgieron luego, que buscaron corregir los efectos del primero.
(3) Según Peter Kornbluh, fue concebida según el esquema inicial represivo que se desarrolló en el marco de la llamada “Caravana de la muerte”. La “Caravana de la muerte” fue una delegación, al mando del Coronel Arellano Stark, que entre los días 16 al 19 de octubre de 1973 tuvo la misión de recorrer distintas provincias del interior chileno con el doble objetivo de asesinar a los principales referentes de la administraciones municipales de la Unidad Popular y de disciplinar a los destacamentos militares y comprometerlos con la represión que se estaba planificando. La “Caravana de la Muerte” dejó un saldo de 68 víctimas de ejecución (los cuerpos de 18 de estos ejecutados no fueron hallados, convirtiéndose en los primeros “desaparecidos” y varios militares exonerados). Pinochet designó a Arellano Stark para formar la plantilla inicial de la DINA, aunque luego puso a la cabeza de este organismo a Manuel Contreras Sepúlveda. Algunos de los miembros de mayor jerarquía de la DINA, como el coronel Pedro Espinoza, luego subdirector de la DINA, participaron de la “Caravana”. Véase Kornbluh (2004: 116-17); Verdugo (2000) y Escalante Hidalgo (2000).
(4) Decreto- Ley 521, “Crea la dirección de Inteligencia Nacional”, 14/06/1974. Versión facsimilar de la copia original del decreto. Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
(5) La ley 17.768 de octubre de 1972, “Ley de control de armas” o “Ley Carmona” fue presentada al parlamento chileno por Juan de Dios Carmona, quien, aprovechando la coyuntura de enfrentamientos internos en Chile, que había propiciado el intento de atentado, el 8 de junio de 1971, contra el ex ministro del interior del gobierno de Frei Montalva, Edmundo Pérez-Zujovic, propuso facultar a los militares para requisar locales o detener sospechosos ante cualquier denuncia que se presentara sobre tenencia ilegal de armas (Mires, 1988: 362).
(6) Es importante hacer una distinción aquí entre el ocultamiento del cuerpo de víctimas de la represión que morían en contexto de tortura y prisión política, como sucedió en Uruguay y la desaparición de personas como práctica sistemática, con el objeto de confundir la crítica y aterrorizar a la oposición, como sucedió primero en Chile y luego en Argentina.
(7) Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil, Corte Interamericana de Derechos Humanos (24 de noviembre de 2010). Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf y Comissão Nacional da Verdade (2014).
(8) Es importante aquí señalar los avances de la investigación en los archivo de los organismos militares y de seguridad. Algunos de esos avances fueron recientemente publicados. Véanse (Programa Verdad y Justicia 2015aa, 2015bb).
(9) Nos referimos a los distintos niveles de agrupamiento del Ejército, como regimientos, batallones, etc. principalmente, pero también del resto de las Fuerzas Armadas. La jurisdicción territorial de estos agrupamientos, es el territorio en que se asienta la unidad militar. Durante la dictadura, estos territorios se convirtieron, en cada nivel, en la cabecera de una zona de influencia, que se transformó en jurisdicción de cada unidad.
(10) Ejército Argentino, RC-8-2, Tomo 1 págs. 77-78.
(11) SEGURIDAD NACIONAL. Consejo de Seguridad Interna. Consejo de Defensa. Competencias y atribuciones. Convenio con las provincias. Operaciones militares y de seguridad. Decreto 2770 (Bs As. 06/10/1975); Decreto 2771 (Bs. As. 06/10/1975); Decreto 2772 (Bs. As. 06/10/1975). Boletín Oficial de la República Argentina N° 23276, 4/11/1975.
(12) Aunque esto no se sostuvo en el largo plazo y existió competencia entre las diferentes armas y también en el interior de cada arma, entre diferentes fracciones. Véase por ejemplo, (Canelo, 2008) y compárese con la situación chilena descrita por (Moulian, 1997).
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* Melisa Slatman es candidata a doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en la misma facultad, es docente de las cátedras Problemas Latinoamericanos Contemporáneos y Problemas de Historia Argentina: el pasado reciente. Integra, como historiadora, la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, jurisdicción Capital Federal, que interviene como fiscalía en el juicio Plan Cóndor I, II y III-Automotores Orletti II. Es miembro del comité editorial de la revista Taller-Segunda Época. Investiga las redes de coordinación represiva durante el último ciclo de dictaduras de seguridad nacional en el Cono Sur latinoamericano y sobre esta temática ha publicado artículos en revistas especializadas y libros nacionales e internacionales.
