El pasado reciente entre Historia y Justicia. Un análisis sobre el rol de empresarios en dictadura, a propósito de la causa Massot

Zapata/ Dossier en PDF

        Ana Belén Zapata*

UBA - UNS-CONICET

Bahía Blanca, 2016

aymarazapata@yahoo.com.ar

Resumen

En este trabajo nos  proponemos analizar el diálogo entre las investigaciones de carácter histórico y las de carácter judicial respecto a las responsabilidades empresariales frente a delitos de lesa humanidad contra trabajadores. Para el análisis nos enfocaremos  en  un proceso actualmente en curso, la causa Massot. Nos referimos a la imputación al dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, por los hechos de los asesinatos en dictadura de los dos obreros gráficos y representantes gremiales dentro de su empresa en los años ´70. Entendemos que estos crímenes deben ser leídos en relación a las situaciones de conflictividad laboral vividas entre 1973-1976 dentro del multimedio bahiense.

En primer lugar, nos centraremos en analizar cómo fueron los usos de reconstrucciones históricas en incipientes causas judiciales contra imputados empresarios. En una segunda instancia analizaremos el lugar del testimonio entre el ámbito judicial y en la entrevista del historiador y por último examinaremos la disímil valoración documental (de la “prueba” o “evidencia histórica” según el caso) que realizan jueces e historiadores en torno al caso Massot.

Palabras clave: responsabilidad empresarial- terrorismo de Estado- Bahía Blanca.

Introducción

 “Los historiadores también tienen una función en este proceso de resistencia. Heródoto los consideraba guardianes de la memoria de los hechos heroicos. Yo prefiero verlos como guardianes de los esqueletos conservados en el armario de la memoria colectiva – las “anomalías”, como las denomina el historiador de la ciencia Thomas Kuhn, que revelan la debilidad de las grandes teorías y de las no tan grandes. Antaño había un funcionario denominado ´recordador´. En realidad, este título era un eufemismo de cobrador de deudas. Su misión consistía en recordar a la gente lo que le hubiera gustado olvidar. Una de las funciones más importantes del historiador es la de recordador” (Burke, 2000: 85)

Han pasado cuarenta años del último golpe militar en Argentina pero aún hay mucho por desentramar de ese pasado reciente, pasado que hoy continúa convocando desde la demanda por memoria, verdad, justicia y reparación a las víctimas; como así también por la reconstrucción de una historia de heridas abiertas. Esa aspiración que adelantaba Peter Burke, la de ser “recordador” de aquello que se ha querido olvidar resulta una buena imagen para comenzar este trabajo al que yo le agregaría la pregunta respecto al ¿quién/quiénes desean olvidar, acallar, silenciar el pasado y por qué?

En este trabajo propongo analizar el diálogo entre las investigaciones de carácter histórico y aquellas vinculadas a los recorridos judiciales en las causas por delitos de lesa humanidad con imputados civiles y en concreto sectores del poder económico concentrado. Muchas de las líneas de investigación en el campo de la historia reciente han estado vinculadas a temas que tocan la última dictadura militar y en particular las causas por la represión cometida en terrorismo de Estado. En términos historiográficos, Gabriela Águila señala que luego de la transición hacia la democracia, mientras en el ámbito público los organismos de derechos humanos y la justicia se preocuparon por reconstruir las características del accionar represivo en dictadura, las ciencias sociales y la disciplina histórica no acompañaron este proceso; advirtiendo “una evidente disociación entre la preocupación de importantes porciones de la sociedad por conocer lo sucedido y las investigaciones producidas en el ámbito académico” (Águila, 2010: 71-72). Podríamos matizar esta consideración si nos enfocamos en campos hacia los cuales el poder judicial ha sido/es muy reticente de ingresar. Nos referimos en concreto a la cuestión de las responsabilidades de sectores empresarios durante la dictadura. Para estos casos encontramos algunos estudios tempranos desde finales de los años ´80, que indagaron la clave económica del terrorismo de estado y el papel del poder empresarial durante la dictadura. Más tarde esta línea de trabajo se relacionó con los análisis sobre la participación de sectores empresariales en delitos de lesa humanidad contra trabajadores (Basualdo, Azpiazu, y Khavisse, 1986; Basualdo E., 1987; Basualdo V., 2006; Zapata, 2008; Barragán, 2009; Cieza, 2012; Lascano Warnes, 2012; Verbitsky y Bohoslavssky, 2013; Veksler, 2014; Bretal, 2014). Algunos estudios muy recientes han avanzado empíricamente en investigaciones que permiten, incluso, hablar desde la noción de “responsabilidad empresarial” (1). A la luz de toda esta producción, observamos que actualmente la justicia se encuentra por detrás de los avances en el terreno de los estudios académicos/históricos o de las ciencias sociales en estos casos.

En este artículo nos enfocaremos en el análisis de un proceso actualmente en curso. Nos referimos a la causa contra Vicente Massot (2) dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; quien fue imputado por los casos de los asesinatos en dictadura de dos obreros gráficos y representantes gremiales dentro de la empresa hacia los años ´70- hablamos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola (3). Por su parte, estos crímenes deben ser leídos en relación a las situaciones de conflictividad laboral vividas entre 1973-1976 dentro de este multimedio bahiense (4). Asimismo, y en relación a lo anterior, el empresario también enfrenta una imputación por ser considerado partícipe de actividades de acción psicológica desde las publicaciones del diario durante la dictadura (5).

A propósito del diálogo entre campos (histórico/ciencias sociales y judicial), partimos de entender que más allá del rol con el cual un juez se presente a sí mismo –generalmente como técnico que aplica una norma- “los jueces participan de la concepción cultural de la decisión judicial, asumiendo una situación en la que el principal riesgo es la introducción de la ideología y esto permanecería aún hoy como parte de la cultura legal moderna occidental” (Guthman, 2016:130). Frente a esto, consideramos que “la decisión judicial es producto de la dinámica política y social que lejos de ser ajena a las tensiones de dicha dinámica, las reproduce” (Guthman, 2016: 122).

La organización del artículo tiene tres partes, en la primera nos enfocaremos en analizar cómo han sido los usos de reconstrucciones históricas en incipientes causas judiciales contra imputados empresarios. En un segundo lugar analizaremos el lugar del testimonio entre el ámbito judicial y en la entrevista del historiador y por último analizaremos la disímil valoración documental (de la “prueba” o “evidencia histórica” según el caso) que realizan los jueces y los historiadores a la luz de la causa Massot.

Los usos de producciones históricas en investigaciones judiciales sobre empresarios

Carlo Ginzburg en su clásico libro El Juez y el historiador marcaba las diferencias de los abordajes entre historia y justicia, a la vez que admitía “lo común” de ambos campos en el trabajo con documentos; el “uso de la prueba” como punto de contacto entre ambos mundos (Ginzburg, 1991: 23). Sabemos que las diferencias radican en que ni al juez le ocupa la comprensión del pasado, ni al historiador establecer sentencias frente al mismo. Y mientras que los fallos de los jueces resuelven definitivamente una condena o absolución, las reconstrucciones históricas admiten verdades provisorias, en tanto que “la historiografía jamás está fijada, pues en cada época nuestra mirada sobre el pasado –interrogado a partir de cuestionamientos nuevos, explorado con la ayuda de instrumentos y categorías de análisis diferentes- se modifica” (Traverso, 2007: 90).

Pese a lo claro de estos límites, las intromisiones entre un campo y el otro resultan inevitables. Y es por eso que nos planteamos como pregunta inicial ¿cómo fueron utilizadas las producciones históricas en investigaciones judiciales respecto a los casos de responsabilidad empresarial en la dictadura?

Si observamos, por ejemplo, la causa contra el empresario Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma en Jujuy y concretamente el rol de la defensa técnica del empresario, encontramos que se hizo una arbitraria utilización de algunas investigaciones de cientistas sociales. Las autoras Karasik y Gómez (2015) sostienen que, en este caso, la defensa además de descontextualizar hechos históricos, atomizó datos concretos para que perdieran su conexión entre sí. Para el caso de estudios de cientistas sociales –como la investigación de la antropóloga Ludmila Da Silva Catela (2003), quien trabajó sobre las memorias “locales y oficiales” de la noche del Apagón, se advierte que:

“La estrategia de la defensa rearticula de un modo falaz las reflexiones de la antropología y otras ciencias sobre el carácter selectivo y posicionado de las formas de recuerdo, sobre la variabilidad de los relatos sobre el pasado, sobre las experiencias y versiones que expresarían esos relatos, los procesos de legitimación de la memoria social” (2015: 127).

Es importante señalar que, para este caso, y pese a una importante cantidad de documentación probatoria para poder iniciar una instancia de juicio, el 13 de marzo de 2015 con un fallo de la Cámara de Casación se estipuló la “falta de mérito” para Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos por considerar que si bien la empresa aportó a las fuerzas militares vehículos para el secuestro de sus trabajadores, “aun no estaría debidamente probado el dolo en esa acción”.

Apropiaciones similares a las que se dieron para el caso de Ledesma se dieron con el caso de La Nueva Provincia pero ahora por parte del abogado Claudio Pontet, designado como juez ad hoc (cuestionado en el Consejo de la Magistratura y recusado por la fiscalía por considerar que no ofrecía las garantías de imparcialidad para actuar en causas de lesa humanidad) (6) y que resolvió en primera instancia la “falta de mérito” para Vicente Massot. Este juez no solo incurrió en anacronismos, descontextualizaciones, y notorios falseamientos de investigaciones históricas que mostraban la vinculación de la empresa LNP en los casos de los dos trabajadores gráficos asesinados en dictadura; al mismo tiempo procedió a aislar los indicios y vaciar de sentido histórico parte de la evidencia que comprometía a Massot. De esta manera, en su resolución Pontet desligaba al empresario de los hechos y deslizaba la anacrónica sugerencia de que a los trabajadores los habría asesinado la Triple A en 1976.

Con respecto al otro núcleo de imputaciones sobre Massot (el referido a la acción psicológica) el juez Pontet utilizó un conjunto de investigaciones de historiadores de la Universidad Nacional del Sur (Llull, 2005; López Pascual y Agesta, 2013; Fernández 2013; Orbe, 2013; Marcilese, 2013; Zapata, 2013) citando trabajos que referían en términos generales a los medios de prensa como “actores políticos” -que jerarquizan, omiten, sobredimensionan, seleccionan aspectos de la realidad a la vez que construyen su visión sobre los hechos. Sin embargo, la utilización de esta noción (compartidas ampliamente por quienes se dedican al estudio sobre prensa y medios) y de esas investigaciones como “citas de autoridad” buscaron minimizar la acusación fiscal. Desde esta acusación básicamente se señaló el carácter punible de la conducta de instigación al genocidio identificada en el discurso editorial de LNP entre 1974 y 1983; discurso que de forma explícita incitaba a la población a la delación y a las fuerzas militares a la “aniquilación” de los sujetos considerados “subversivos”. El juez, no obstante haber referenciando estudios que analizaban las particularidades del discurso del diario en diversas coyunturas históricas, optó por adscribir a una visión deshistorizada y sin contextos del mismo. Entonces -desde un rol que bien podría confundirse con el del abogado defensor del empresario- presentó de manera monocorde la línea editorial de un diario con más de cien años de existencia:

“La política editorial de La Nueva Provincia fue siempre igual, ayer y hoy, en 1974 o en 2009, y, precisamente por ello, se puede concluir que no actuó en el período investigado a modo de ´usina ideológica del terrorismo de Estado´, sino como lo que siempre fue: un diario de opinión absolutamente consecuente con su opinión que fue -y sigue siendo- nacionalista y católica, contraria a toda posición populista, y de marcada postura anticomunista y antiperonista” (7).

El testimonio entre el contexto judicial y la entrevista histórica

Frente al análisis de las relaciones entre investigación histórica y judicial, resulta interesante pensar qué características asume un mismo testimoniante frente a ambas situaciones. Entendemos que los contextos de solicitud de testimonio juegan interviniendo en dichos registros. Y que todo testimonio está anclado en las condiciones sociales que lo vuelven comunicable (Pollak, 2006); que “el testimonio incluye a quien escucha, y el que escucha se convierte en participante, aunque diferenciado y con sus propias reacciones” (Jelin, 2002: 85).

Aquí analizaremos distintas instancias del testimonio de una misma persona que nos permiten iluminar ambos escenarios de análisis (8). Por un lado, trabajaremos con dos entrevistas que historiadores realizaron a Vicente Massot, una del año 2007 que el empresario concedió al Programa de Historia Política del Instituto Gino Germani de la UBA (9). La otra entrevista se la concedió a la autora, y fue realizada el 6 de junio de 2013 (10). Contrastaremos ambas con las tres situaciones de testimonio judicial que brindó Massot ante el juez Álvaro Coleffi (11) en fechas posteriores, durante el año 2014.

En un sentido general, lo que resulta evidente en una primera observación de los relatos es la cerrazón que caracterizó el testimonio en ámbito judicial a diferencia del brindado previamente ante historiadores. Incluso observamos cambios en cuestiones de detalle que podrían ser considerados datos menores, como la manera en la que Massot decidió presentar su profesión en ambas situaciones. En la amena y relajada entrevista frente a historiadores del IIGG del 2007 él aclaraba que “si bien es cierto que yo estoy vinculado al diario desde los 18 años, en realidad yo no soy un periodista”, a lo que agregaba que le quedaba “grande el nombre de periodista, esa es la verdad. No es lo mío” (12). Luego, en la declaración judicial de 2014, al ser consultado sobre su profesión frente al secretario del juzgado titubeó: “empresario…periodista… No: ponga periodista”. Tal vez consideraría que en esta coyuntura explicitar su rol de “empresario de medios” no le resultaba conveniente ante la posibilidad del procesamiento por su responsabilidad en tanto socio y parte de la empresa familiar en el asesinato de los dos obreros. Inferimos en cambio, que el rol de “periodista” le resultó más útil para defenderse de las imputaciones fiscales sobre su responsabilidad en la acción psicológica del diario durante la dictadura. En efecto, hoy sabemos que públicamente se defiende de esa última acusación posicionándose como “un periodista perseguido en su derecho de libertad de expresión”. Más allá de este dato, los ejes centrales que presentaron tensiones y contradicciones entre el testimonio para el registro histórico y para el judicial, tuvieron que ver con aquellos puntos que comprometían al empresario en los crímenes de los cuales se lo acusaba. Los ejes fueron: 1-su relación con el poder militar del momento; 2-el lugar que ocupaba en la dirección y en la función de editorialista en el diario; 3-la presencia de fuerzas militares dentro de la empresa en la época y 4-el contacto específico de Massot con los obreros asesinados en el contexto de los conflictos laborales.

Observamos como una constante en su relato dentro de la entrevista de 2007, un discurso que mostraba cierta jactancia frente a sus interlocutores historiadores porteños en la opción por comunicarles el rol de “relevancia” que tuvo el diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca y la zona entre los años ´50 y ´80. Para Massot, el diario fue “muy importante en una Argentina donde las fuerzas armadas eran el principal factor de poder, o uno de los factores de poder decisivos” (13). Massot planteaba que, entre 1955 y 1983, el diario sostenía “una visión muy conservadora, siempre o muchas veces coincidente con la visión de las fuerzas armadas” (14) pero cuando los militares dejaron de ser un factor de poder, el diario también mermó en su importancia e influencia. Este mismo nivel de jactancia, respecto al rol del diario en la época fue expresado en alusión a los vínculos y relaciones cercanas que su familia sostuvo con militares de alto rango en contexto dictatorial.

“Mamá era una mujer muy política, desde muy chicos nos permitió no estar en la mesa pero… nos ha permitido escucharla. Más allá de las cosas que no se le podía contar a un chico pero bueno, después no fuimos tan chicos y…ya estábamos…. Nos permitía unirnos a las reuniones y demás… Bueno yo diría que pasó toda la gente importante de este país durante 30 años. (…)Bueno, de resultas de eso, uno ha escuchado cosas muy importantes” (15).

El mismo hincapié que hacía respecto al papel del diario y su importancia en la región; lo expresaba sobre las cercanas y asiduas relaciones con militares en la época. Frente a los investigadores del Germani en 2007, Massot contaba anécdotas de veinteañero que –para 1976- evidenciaban los estrechos vínculos que lo relacionaban con jefes militares como Carlos G. Suarez Mason (16) y Osvaldo René Azpitarte (17).

“A mí no me lo contó nadie, yo lo viví eso. Tendría que ser un mitómano para inventarles esto (…) En un momento, me llama Suarez Mason y me dice: ´te pido Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte, en Aeroparque tenes el boleto de ida y vuelta. Andá y decile al Vasco que lo quieren rajar a fin de año, que la junta de calificaciones, o lo que está manejando Videla y Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para tratar de mantenernos. Decile que vas de parte mía y que él sabe como comunicarse.´ Yo fui y se lo dije a Azpitarte. La verdad, era… yo tenía 22 años, era hasta divertido” (18).

Sin embargo, esas relaciones fueron relativizadas luego, en la instancia de testimonio judicial:

“PREGUNTADO qué relación tenía con René Azpitarte, Adel Edgardo Vilas y Abel Teodoro Catuzzi, CONTESTA ninguna relación, si recuerdo que en el año 1978, si fue específicamente el 1ro de agosto u otro día no podría precisarlo, mi madre hizo en conmemoración de los 80 años del diario, una reunión donde fueron todas las autoridades no solamente militares.(…) Una cosa era conocerlos o tener una relación asidua o reunirme con ellos, otra es haberlos visto, creo yo por primera vez en esa oportunidad, tanto a uno como a otro, puedo obviamente olvidarme por el paso de los años. Yo entonces tenía 24 o 25 años y ellos formaron parte de la más alta jerarquía del cuerpo militar que gobernaba el país, por tanto la sola idea de que la relación podía exceder el hecho de estar presentes en una misma reunión social carecería de sentido” (19).

En la misma lógica, cuando los fiscales indagaron respecto a su relación con el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército Suarez Mason, Vicente Massot manifestó que no pensaba contestar ninguna pregunta que viniera del Ministerio Público Fiscal.

Otro eje de contradicción que encontramos entre el registro de la entrevista histórica y el testimonio ante un juez, fue la opción por distanciarse del epicentro del conflicto laboral en su empresa. El “no estar en Bahía Blanca” ni durante los conflictos, ni cuando los trabajadores gráficos fueron asesinados en 1976; fue otro de los ejes argumentales utilizados en la indagatoria donde minimizó en todo momento su participación en la empresa familiar. El empresario buscó quedar eximido de responsabilidades desde el factor “distancia a Bahía Blanca” aduciendo que cumplió con el servicio militar obligatorio en Buenos Aires inmediatamente luego de marzo de 1976: “cuando se produjeron los dos crímenes reseñados y durante toda la época en que se afirma que LNP de común acuerdo con las autoridades militares desarrolló ese plan de acción psicológica, yo no estaba en la ciudad de Bahía Blanca porque desde los ocho años nunca residí en la misma” (20).

Sin embargo, observamos que durante la entrevista frente a historiadores en 2007 esta búsqueda por minimizar su rol dentro de la empresa no operó. Por el contrario, encontramos nuevamente cierto nivel de jactancia en las respuestas hacía los respetables interlocutores a quienes, parecería, intentaba impresionar mostrando los estrechos vínculos con altos mandos de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983:

“Hay dos diarios que se les invita a formar parte del dispositivo que va a tomar Malvinas, hay un cronista de La Razón y uno de La Nueva Provincia. La mayor parte de las fotos que se conocen son las del fotógrafo nuestro. A quien yo mando… mi hermano que era en ese momento el director del diario estaba estudiando en EEUU, yo estaba al frente digamos, yo estaba en Buenos Aires. Y me llama el secretario general de redacción y me dice mire Vicente, me ha llamado el Comandante de Operaciones Navales para decir que si usted se quiere embarcar va a haber maniobras en el Atlántico Sur, por teléfono. No me dice que ´van a tomar Malvinas´, a él tampoco le habían dicho, pero era… era un secreto a voces, digamos con medias palabras estaba sobre entendido que a eso me estaban invitando” (21) (el resaltado es nuestro).

De la cita anterior surgen algunas cuestiones que luego fueron negadas en el ámbito judicial por sus implicancias obvias: Massot se muestra aquí “al frente” y “en mando” de las tratativas del diario respecto a la coyuntura de la guerra de Malvinas en 1982. Si bien esto no contradice necesariamente su relato judicial en el cual dijo que comenzó a trabajar en el diario en 1977, si contradice la cuestión de la supuesta imposibilidad de tomar decisiones para Bahía Blanca estando en Buenos Aires. Frente al juez, justificó que en la época no existía la tecnología necesaria para establecer comunicaciones fluidas entre la sede del diario en Bahía Blanca y su supuesto domicilio de Buenos Aires.

“En aquellos años no había ni redes sociales, ni internet ni wi-fi, ni twitter ni nada que se le parezca. El instrumento tecnológico más sofisticado para el tráfico de información periodística era el télex. Concluyo pues una primera parte de la declaración en respuesta a una de las acusaciones que me han sido formuladas resumiendo mi argumento en esto: hasta 1976 no tuve ningún contacto, ningún vínculo con LNP y a partir de 1977 estaba a 700 km de distancia y supuestamente se dice que yo manejaba o co-manejaba una redacción a través del uso de un teléfono o una máquina de télex” (22).

Queda en evidencia, con la entrevista del 2007, que él mismo reconocía su poder de mando operando desde Buenos Aires, y hablando “por teléfono” con su secretario de redacción en Bahía Blanca –quien, a su vez, parecía contactarse con el Comandante de Operaciones Navales de manera bastante asidua.

Aclaramos que los cambios dentro del relato judicial del 2014 frente al testimonio de 2007, no fueron los únicos que encontramos. Porque el discurso de Massot también se vió afectado por amplias modificaciones si analizamos la otra entrevista histórica realizada hacia 2013. Entendemos que en esos cambios en particular, resultó determinante la nueva situación judicial (23) -adversa para el empresario- que se filtró en su relato marcando cerrazones, silencios y “olvidos” respecto a cuestiones que antes sostenía públicamente y sin reparos.

 Otro eje de contradicción en el relato del empresario aparece cuando se le consultó en sede judicial sobre la presencia (o no) de personal policial/militar dentro del establecimiento del diario. Este no es un dato menor ni para la reconstrucción histórica, ni para la investigación judicial ya que uno de los documentos de inteligencia de Prefectura -que es evidencia histórica de la entrega de información desde la empresa hacia las fuerzas militares y navales de la zona- especificaba que quien había realizado las tareas de inteligencia sobre los gráficos luego asesinados había sido el subcomisario José Héctor Ramos. (24) En este sentido, cuando el empresario fue consultado sobre el rol de Ramos en el diario en la entrevista de 2013 dijo que el subcomisario cumplía funciones de seguridad dentro del diario bajo el cargo de “Jefe de seguridad” (25). Pero luego, en la ampliación de indagatoria del 20 de noviembre de 2014 negó esto último:

“Que yo sepa nunca en LNP hubo personal militar cumpliendo tareas militares o periodísticas o de seguridad y periodísticas (…) porque cualquiera que conociese a mi madre, y más allá de sus observancias y simpatías políticas, jamás hubiese admitido ningún tipo de control por parte de fuerzas militares, policiales o de otra índole que nada tenían que hacer en el ámbito del diario, la radio o el entonces Canal 9” (26).      

Cuando Vicente Massot fue interpelado respecto a su conocimiento o contacto con los dos obreros asesinados -durante la entrevista de 2013- manifiestó: “haberlos visto alguna vez” pero no haber tenido ningún tipo de trato con ellos (a diferencia de su hermano Federico y su madre Diana, ambos ya fallecidos). Pero, estos dichos fueron modificados en las sucesivas declaraciones judiciales, donde optó por ampliar sus justificaciones a la luz de la nueva documentación que lo comprometía y que fue aportada por los fiscales. Massot decía en su defensa:

“Quisiera referirme a la acusación levantada en mi contra por los fiscales ad-hoc respecto a lo que ellos consideran mentiras de mi parte expresadas el pasado 18 de marzo por las contradicciones en las que habría incurrido y que existían entre mis dichos y 7 actas que ellos acompañaron al día siguiente de mi declaración. Pasados 40 años de esos hechos la única forma, por lo menos que yo imaginé para saber qué es lo que había sucedido, se daba con arreglo a: 1° lo que recordaba, es decir la memoria, 2° los cargos que se me hacían, 3° la documentación que obraba en la empresa y 4° aquella que podía existir fuera de la empresa” (27).

Ahora bien, como historiadores y frente a tantas contradicciones y cambios del relato cabe interrogarnos sobre ¿cuál es la efectiva relación con “la verdad” que opera en una situación de indagatoria judicial para cualquier persona? Lo cierto es que frente a la justicia ningún imputado está obligado “jurar verdad” como parte de lo que implica el derecho a su legítima defensa. Esto no quita que desde el campo de la historia podamos realizar múltiples lecturas (y funcionar como “recordadores” al decir de Burke) frente a los vaivenes que sufre el testimonio bajo distintos contextos.

La valoración del juez y del historiador frente a los documentos.

“Un historiador tiene derecho a distinguir un problema allí donde un juez decidiría un ´no ha lugar´” (Ginzburg, 1991:23). Seguiremos en su literalidad más llana esta frase Ginzburg y partiremos de los “no ha lugar” de varios jueces (28) para abordar el análisis sobre los puntos de divergencia en la tarea del juez y la de un historiador a la hora de valorar las fuentes del pasado, en concreto, aquellos documentos que fueron una fuente importante de información sobre las instancias de conflictividad. Nos referimos a las actas notariales elaboradas por el escribano Raúl Vicente Galmarini, a pedido de la empresa y facilitadas más tarde por ésta a los militares (29). Como punto de partida, consideramos que el tratamiento en la documentación que hicieron los jueces que sostuvieron la “falta de mérito” en la causa Massot, estuvo –por lo menos- direccionado hacia una acción casi defensiva del empresario acusado. Observamos cómo las ponderaciones de estos actores judiciales implicaron la descontextualización de los documentos, además de lecturas parciales de los mismos. En este sentido, para el juez Pontet no parecería ser razonable el hecho de suponer que:

“Los directivos del diario La Nueva Provincia se hayan tomado el trabajo de documentar un conflicto por actas notariales para luego decidir eliminar a los trabajadores que encabezaban el conflicto gremial y que figuraban en esas mismas actas, junto con ellos: lógicamente, en caso de ocurrir las muertes de los empleados, aquellas constancias probarían un supuesto móvil en una eventual investigación penal, y los principales sospechosos serían -sin dudas- ellos mismos” (30).

Asimismo, el juez manifiesta no considerar lógico que la empresa hubiera mandado a matar a dos de sus trabajadores a partir de un conflicto que para el año 1976 “ya había terminado”. Para comenzar, encontramos que esta valoración –que por lo menos rayana lo ingenuo- niega e invisibiliza el efecto aleccionador que tuvo para todos los trabajadores de LNP los brutales asesinatos de sus compañeros. “Le tenemos miedo a la señora de Massot” (31) decían los gráficos en actas de asambleas, ya en diciembre de 1975 hacia el final de la fuerte lucha que sostuvieron frente a la empresa ese año. Luego con los asesinatos de sus compañeros meses más tarde, imaginar el cimbronazo no resulta difícil; de hecho La Nueva Provincia no volvió a tener luchas internas ni conflictos laborales durante décadas luego de esos episodios. Luego, el juez agrega que:

“La actuación en las tratativas laborales y/o sindicales con los delegados gremiales es absoluta y totalmente lícita. Lo único que demuestran las actas es la existencia de un conflicto gremial (lo que era público y notorio) y eventualmente, detraer de ello la existencia de un móvil para el crimen. Pero es claramente inidónea tal prueba para acusar de homicidio o de participación en el genocidio a quienes llevaron a cabo tal negociación sindical” (32).

Aquí entendemos que el contexto de época desaparece del relato del juez y su interpretación cae en el negacionismo del costado más político de los hechos históricos. Desaparece la movilización social y la conflictividad laboral existente en los años previos a la dictadura que marcó la realidad de cientos de establecimientos y fabricas en todo el país. Debemos subrayar también que estas situaciones de conflictividad, por demandas concretas en un año más que bullente como fue 1975, resultaron en factor determinante para el posterior secuestro, la desaparición y el asesinato de miles de delegados de planta, gremialistas o trabajadores de base ya durante el terrorismo de Estado.

En relación a lo anterior, y para poner en contexto algunas de las cuestiones que los jueces negaron; de las conclusiones del informe “Responsabilidad empresarial…. ” (op.cit.) se desprende que la segunda práctica de empresarios más común y vinculada a la posterior represión de obreros en dictadura fue la “entrega de información privada de los trabajadores y listados de delegados a las fuerzas represivas” (AA.VV., 2015: 408) se encontró esta práctica en el 76% de los casos analizados de todo el país; esto es 19 de los 25 casos de empresas analizadas por dicho informe. Y en un 60% de los casos -como variable relacionada a lo anterior- se vio actividad de agentes de inteligencia infiltrados en los predios fabriles (33). Para el caso de La Nueva Provincia, existe evidencia histórica que nos permite documentar la entrega de documentación privada de los trabajadores aportada por la empresa a las fuerzas militares. Dicha información resultó finalmente utilizada por las fuerzas militares para reprimir, represaliar y amedrentar a los empleados que protagonizaron ciertas demandas entre 1973 y 1976. Por documentos de inteligencia es posible desentramar cómo fue el recorrido de la documentación. Estos muestran, que la empresa no solo permitió el trabajo de agentes de inteligencia informando a las fuerzas sobre la organización obrera en el propio taller, sino que también denunció y aportó la información vertida en actas notariales confeccionadas al calor del conflicto y que documentaron en detalle la dinámica del mismo (34).

Como primer punto, si confrontamos la documentación con los dichos del empresario -quien en indagatoria anunciaba no haber ejercido cargo directivo o ejecutivo dentro del diario hasta 1990- encontramos que en actas se detalla la conformación societaria de la empresa La Nueva Provincia SRL. -y ya para 1974- Vicente G. Massot figuraba como socio capitalista de la misma. Sin embargo los jueces nunca pusieron en duda lo testimoniado por Massot. Ellos resolvieron tomar sus palabras por verdaderas sin evaluarlas críticamente frente a lo aportado por la otra documentación disponible. Luego de la apelación fiscal a la resolución de Pontet, fueron los jueces de Cámara quienes evaluaron lo resuelto por el juez ad hoc. Ellos consideraron que no se encontró desvirtuado el hecho de que efectivamente Massot residiera en Capital Federal y no en la ciudad de Bahía Blanca en los años ´70. Sostuvieron eso, incluso, independientemente de que las mismas actas notariales mostraban que efectivamente su actividad se desarrolló por momentos en Bahía Blanca; no solo negociando, sino también pensando tácticas concretas en defensa de los intereses empresariales en pleno conflicto en 1975. En su lugar, minimizaron estos documentos. Y entendieron que como: “las actas notariales labradas a petición de la empresa durante el conflicto, aquellas en las que aparece interviniendo Vicente MASSOT no llegan al diez por ciento del total” (35) la participación de Massot dentro del conflicto habría sido ocasional –e igual de excepcional que el poder especial por el cual Diana Massot le cedió a su hijo en el control para que se ocupara de todo trato con el personal de la empresa en el marco de los conflictos que se estaban viviendo dentro del diario hacia 1975 “…todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot, según lo resuelto por la Dirección…” (36).

Antes de continuar, nos parece necesario adelantar una caracterización sobre el tipo de datos que el escribano, a pedido de la empresa, volcó en estas actas. En ellas se reunió muchísima información sensible sobre los trabajadores, su organización y actividad diaria en LNP. Encontramos que se exponen: nombres y apellidos de los obreros de las diferentes empresas de los Massot; prácticas y actitudes en la organización obrera; tipos de medidas de fuerza que realizaban e impacto de la misma en término de grado de acatamiento; horarios y turnos de trabajo por secciones y por empresa; distribución de días francos; horarios de entradas y salidas de cada uno de los empleados; nombres y apellidos que quiénes colaboraron con la empresa (empleados leales) y quienes no lo fueron y sostuvieron a raja tabla las medidas de fuerza; roles sindicales; actitudes de los delegados de planta; niveles de ausentismo en tareas específicas; detalles de las tratativas de negociación, quiénes y cómo negociaban; detalles de los momentos de asamblea o reunión de delegaos dentro del predio de la empresa; detalles de los procesos de sabotaje de la producción e incluso las implicancias negativas para la empresa en términos de pérdida de auspiciantes y publicidad a raíz de los mismos, etc.

Sin embargo la valoración que hicieron los jueces sobre el caudal de información de las mismas se restringió solo a considerarlas como “el registro a través de un medio fehaciente de las relaciones conflictivas que se desarrollaban entre la patronal y el gremio, resulta el ejercicio regular de un derecho en los términos del art. 1071 del Código Civil con miras a salvaguardar los intereses de la empresa en un eventual litigio judicial” (37). Esta caracterización no solo descontextualiza la funcionalidad que tuvieron estos documentos para los fines represivos, sino que también deja sin efecto la cuestión de la responsabilidad empresarial al respecto de su uso posterior y puesta en circulación ante las fuerzas militares y agencias de inteligencia. A diferencia de los jueces, entendemos que estos documentos que portaban datos sensibles y privados de los trabajadores, adquirieron finalmente carácter de documentación delatora al pasar de La Nueva Provincia a manos militares. Con esto decimos que la descontextualización de la documentación, el análisis sesgado de la misma y totalmente parcial y a favor de la versión empresarial termina considerando este cúmulo de fuentes como un “registro legítimo” que la empresa realizó en el marco de una puja laboral ante “eventuales litigios judiciales”, sin más.

Como los jueces no pudieron ignorar el informe de los servicios de inteligencia de Prefectura donde se plantea la necesidad de “ralear” a los gráficos de LNP, ellos al respecto consideraron que este fue producto de “tareas de inteligencia desarrolladas por agencias estatales profesionales en la materia respecto de una situación conflictiva, ya hecha pública y extendida en el tiempo, que involucraba al que califican como único medio real de difusión” (38). De esta forma, los jueces manifestaron que los servicios seguramente contaron con amplia información sobre el conflicto de LNP, pero que solo fue producto del “despliegue de actividad técnica idónea a tal fin, que es la que da razón de ser a dichas agencias” esto lo subrayan a partir de citar el membrete del documento de Prefectura que consignaba su fuente de información como “Propia y de la Policía Federal”. Con este planteo los jueces pasaban por alto algo que aparece explícito y dicho de forma clara en la documentación, y esto es: la acción de la empresa en la entrega de información a las fuerzas militares. Cuestión que dentro del documento de Prefectura aparece plasmada en dos oportunidades. Primero desde la frase “el detalle del proceso de sabotaje, ampliamente documentado por la empresa día a día por actas notariales que obran en su poder y denuncias tanto públicas como a los comandos militares y navales de la zona” (39). Como resulta evidente, la frase misma ya da cuenta que las actas notariales eran conocidas por las fuerzas y que la empresa había “denunciado” en sedes militares el nombrado “sabotaje”- Y en segundo lugar, tras la mención de José Héctor Ramos –agente de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el responsable de ciertos datos específicos que reunía ese informe. Esta presencia implicó las cotidianas tareas de de agencias de inteligencia dentro del diario.

Vicente Massot dijo en indagatoria que al haber transcurrido 38 años de los hechos su memoria no le dejaba recordar la “única vez” en que por “unos minutos” él tuvo vínculo con los gráficos asesinados (40) ¿Qué podemos referir ante esta declaración puntual contrastándola con la documentación disponible? Que aunque resulte comprensible que la memoria de Massot luego de 38 años incurra en olvidos, las actas notariales que la misma empresa mandó a elaborar nos muestran que no fue una “única vez”, ni fue solo por “unos minutos” que Vicente Massot tuvo trato con los gráficos (41). No obstante, los jueces decidieron dar ciego crédito al relato del empresario descartando la evidencia sobre su incidencia y participación en las negociaciones con los trabajadores en distintos momentos del conflicto que dejaron ver las actas (42).

¿Qué perdieron de vista entonces los jueces por analizar de manera parcializada los documentos? Por lo pronto la comprensión -repleta de matices en lo cualitativo- respecto del nivel de actuación de cada uno de los miembros de la familia empresaria. La documentación arroja que si bien quien negoció la mayoría de las veces con los trabajadores de las empresas LU2 y Canal 9 (locutores, técnicos del canal y periodistas nucleados en el Sindicato de Prensa) fue el hermano mayor de Vicente Massot: Federico Massot; para el conflicto con los gráficos de los talleres apareció protagonizando varias tratativas Vicente Massot. Por lo pronto, el poder especial que le fue otorgado el 18 de julio de 1975 (43) le permitió hacer uso del mismo como un activo negociador en el conflicto los días: 14, 15 y 16 de septiembre 1975; también los días 28, 29 y 30 del mismo mes; 1 de octubre de 1975 y 28 de enero de 1976. En último lugar encontramos a Diana Massot en pocos episodios de negociación –en relación a sus hijos- con trabajadores de las diferentes empresas.

Por otra parte, los jueces al ponderar el hecho de que las actas donde aparece Vicente Massot son solo “el diez por ciento del total” (44) caen en un sobredimensionamiento de lo cuantitativo frente a cuestiones que requieren de un análisis cualitativo y en términos históricos. Aquí resulta fundamental aludir a aspectos específicos del conflicto laboral en el diario entre 1973 y 1976. Los jueces no conocen, o por lo menos no dan cuenta, de una comprensión de lo que implicó para el desarrollo de las medidas de fuerza de los gráficos, el comenzar a operar en off set (una nueva técnica de impresión) ni cómo operó esta nueva tecnología al calor de la disputa (45). Arribamos en 2008 a la conclusión de que la empresa había utilizado ese cambio tecnológico de manera táctica ya que la incorporación de una nueva rotativa más moderna, logró combinar dos acciones: por un lado el aumento de su productividad y por otro la eliminación del personal más combativo en pleno auge de la lucha sindical (Zapata, 2008). Al respecto, podemos observar a través de las actas que quien apareció comandando la decisión táctica de la implementación de esa nueva rotativa en medio del conflictivo contexto, fue en efecto Vicente Massot. El joven Vicente Massot fue quien bregó por no perder productividad frente al conflicto laboral, haciendo funcionar la off set; disponiendo de una acción fundamental que los aventajaba como empresa ante la presión de la lucha obrera. Si el diario no salía en “sistema caliente” (por los paros, por los ausentismos) debía salir en “sistema frío” (offset) a como diera lugar.

Entonces, y en función a lo documentado en actas, podemos señalar que Vicente Massot apareció actuando activamente en el marco del conflicto con sus trabajadores en distintas ocasiones: como negociador de las horas extras de trabajo frente a Enrique Heinrich. También apareció decidiendo sobre la impresión del diario desde la novedosa tecnología del off set; constatando la ausencia de trabajadores gráficos en varias oportunidades durante las medidas de fuerza; denunciando “no colaboración” de varios gráficos, entre ellos Miguel Ángel Loyola; exigiéndole a dos trabajadores de la sección “perforadores de cometas” que hicieran el mismo trabajo pero en sistema off set. Y recorriendo los pasillos del diario -junto a su madre- buscando insistentemente a Enrique Heinrich en enero de 1976 para otorgarle sus haberes por vacaciones (46). Con todo lo dicho, vemos que la presencia de Vicente Massot en la gestión del conflicto en LNP, en la ciudad de Bahía Blanca y durante el año 1975; resulta claramente inocultable.

Consideraciones finales

Enzo Traverso planteaba que en comparación con la verdad judicial, la del historiador no solo es provisoria sino que también problemática y abocada hacia atender las estructuras que subyacen a los acontecimientos, las relaciones y motivaciones de los actos humanos “en resumen es otra verdad. No se limita a restablecer los hechos sino que trata de contextualizarlos, de explicarlos formulando hipótesis e investigando causas (bien que en un sentido no determinista)” (2007:91). Es en este sentido, que entendemos que los historiadores no debemos claudicar en nuestra tarea de buscar comprender y reconstruir el pasado en su complejidad, incluso cuando esto implique disputar los sentidos del mismo frente a otras voces que lo intentan presentar como monocorde, sin matices ni contextos. Porque, como quedó en evidencia en este trabajo, incluso con los mismos elementos de juicio y/o mismo corpus documental, jueces e historiadores pueden arribar a conclusiones muy diferentes respecto a la responsabilidad empresaria sobre los hechos que se ventilaron en esta causa. Y frente a los cuales la interpretación del juez resultó negacionista de aspectos propios del proceso histórico en cuestión.

Hasta el momento en el proceso de juzgamiento a civiles empresarios en Argentina solo se condenó recientemente (marzo 2016) al empresario Marcos Levín propietario de la empresa salteña La Veloz del Norte, a 12 años de prisión como culpable por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro del empleado y delegado de la UTA hacia 1977. Sin embargo, el avance judicial sobre el papel de sectores de empresarios en delitos de lesa humanidad en el país presenta grandes dificultades, relacionadas fundamentalmente con el hecho de que apuntar hacia sectores en las altas esferas del poder económico y social y que guardan entrañables lazos con sectores del poder político, resulta sumamente complejo. No obstante, y desde un sentido más amplio, nos parece relevante analizar estos caso, y sobre todo sin perder de vista la noción de que las prácticas represivas hacia trabajadores tuvieron intrínseca relación con el objetivo de disciplinar a los sectores obreros combativos y movilizados en años previos al 1976. Nos parece importante contribuir desde el análisis histórico crítico al proceso de memoria, verdad y justicia aún cuando como “recordadores” choquemos con las tramas más densas de un pasado que es actual y de algún modo todavía inconcluso.

Notas

(1) Esta noción proviene del reciente informe titulado justamente: “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. Este informe fue presentado a fines de 2015 por un equipo de investigación de distintas instituciones y del cual formamos parte (las instituciones fueron: Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina) que abordó los casos de una veintena de empresas que tuvieron responsabilidad en crímenes cometidos contra sus trabajadores en dictadura de todo el país, y que tuvo la potencialidad de profundizar empíricamente, a través de casos concretos y analizados en clave de variables comunes, en lo complejo del entramado cívico-militar en dictadura. Aquí se señaló la inexorable insuficiencia de la noción de “complicidad” frente a constatar que la participación de empresarios en concretas prácticas represivas hacia sus trabajadores los hacía, más que cómplices, responsables, a partir de “la opción que algunas empresas hicieron entonces de adoptar una estrategia de disciplinamiento vinculada al terrorismo de Estado” (AA.VV. 2015: 448).

(2) Nos referimos a la causa caratulada “MASSOT VICENTE GONZALO MARÍA Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA ART 142 INC 5, TORTURA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA VICTIMA: HEINRICH ENRIQUE Y OTROS”. En ella, está en cuestión la participación empresarial (específicamente de Vicente Massot) en relación a los secuestros y posteriores asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Heinrich y Loyola en julio de 1976. Y también se le imputa el haber formado parte de una asociación criminal, haber participado en operativos de acción psicológica sobre la opinión pública y a partir de esto haber instigado al genocidio. En este artículo nos referiremos a las dos instancias judiciales que resolvieron la “falta de mérito” del empresario, a saber: la Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por la que el juez ad hoc Claudio Pontet. Y al expediente nro. FBB 15000158/2012/6/CA4, del 25 de febrero de 2016 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, firmado por los jueces de Cámara Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, donde se confirma la “falta de mérito” -como respuesta al “LEGAJO DE APELACIÓN DE MASSOT, VICENTE GONZALO EN AUTOS: ‘MASSOT, VICENTE GONZALO... P/PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC.1), en concurso real con PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC.5) en concurso real con TORTURA Y OTROS” impulsado desde el Ministerio Público Fiscal.

(3) Ellos fueron secuestrados de sus casas por un grupo de tareas a fines de junio de 1976 y días más tarde fueron hallados sus cuerpos, con más de 50 tiros y signos de tortura, en un paraje llamado la Cueva de los Leones cerca de la ruta que une Bahía Blanca y Torquinst. Desde documentos de inteligencia, hoy sabemos que sus nombres figuraban en las listas de la SIPNA como parte del personal a ser “raleado” del medio.

(4) Multimedio que para ese entonces reunía al diario local La Nueva Provincia, a la radio LU2 y al canal de televisión Canal 9 Telenueva.

(5) Los fiscales le imputaron haber formado parte de una asociación criminal, y haber participado en operativos de acción psicológica sobre la opinión pública; para la incitación a eliminar a un grupo social presentado, desde los editoriales y publicaciones del diario, como “enemigo subversivo” a ser “aniquilado”.

(6) Al respecto, cabe mencionar que es el mismo juez Pontet quien en su resolución admite tener diferencias respecto a la sentencia de la CSJN en el caso Simón (2005). Este fue un caso por demás paradigmático ya que permitió la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la apertura de una multiplicidad de juicios a responsables de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

(7) Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por la que el juez ad hoc Claudio Pontet.

(8) Michel Pollak diferencia ambos espacios de testimonio estableciendo que en el testimonio judicial: “la persona del testigo tiende entonces a desaparecer, ya que se trata de restituir la ´verdad´, mientras que su interlocutor no es ni un par, ni alguien cercano, ni un confidente, sino un profesional de la representación jurídica del cuerpo social. Estas declaraciones llevan pues las marcas de los principios de administración de la prueba jurídica: limitación al objeto del proceso, eliminación de todos los elementos considerados como fuera de tema” (2006: 62) En tanto que en el testimonio histórico: “El objeto de esos testimonios de corte histórico no está limitado a un asunto preciso (un conjunto definido de personas y eventos) y autoriza a una diversidad mayor de formas de expresión que la declaración judicial” (2006: 64)

(9) El eje temático de esta entrevista fueron las internas dentro de las Fuerzas Armadas entre las décadas 1950-1980. Y específicamente el relato de Vicente Massot se centró en las relaciones del diario LNP y de la familia Julio-Massot con las mismas.

(10) El eje temático de esta entrevista fue la relación del diario LNP y la familia empresarial Julio-Massot con sectores del movimiento sindical de Bahía Blanca en los años ´60 y ´70 y con ciertos dirigentes gremiales de la zona; entre ellos los dirigentes del gremio gráfico, y empleados del diario: E. Heinrich y M. A. Loyola.

(11) Cabe mencionar que el mismo juez Coleffi terminó siendo apartado de su cargo luego de pedir las indagatorias a Massot y el allanamiento del diario. Lo reemplazó el cuestionado juez ad hoc Claudio Pontet quien resolvió en primera instancia la “falta de mérito” para el empresario. Véase http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/como-la-corporacion-judicial-bahiense-cuido-a-massot-y-aparto-al-juez-6877.html

(12) Entrevista a Vicente Massot, Fecha 13/09/2007. Programa de Historia Política - IIGG – UBA. En: Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani - Universidad de Buenos Aires.

(13) Ídem.

(14) Ídem.

(15) Ídem.

(16) Ocupó el cargo de Jefe del I Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1980.

(17) En la época ocupó el cargo de Comandante del V Cuerpo de Ejército.

(18) Entrevista a Vicente Massot, Fecha 13/09/2007 (IIGG – UBA).

(19) Indagatoria 24/04/2014. Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por juez ad hoc Claudio Pontet.

(20) Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por el juez ad hoc Claudio Pontet. Cabe la mención que, sobre este tema, el mismo Massot modificará su relato durante un segundo encuentro con el juez Coleffi en abril del 2014. En dicha ocasión, -y frente a la contrastación que sostuvo la fiscalía desde actas notariales que lo mostraban presente y activo durante los conflictos en 1975 adentro del diario- optó por conceder que había estado en ese año en Bahía Blanca: “habiendo pasado casi dos semanas en Bahía Blanca tal como queda reflejado en las actas, algunos días o todos los días de esas dos semanas, tampoco lo recuerdo, entre más o menos el 14 y 28 de septiembre. Si antes vine, la verdad no lo recuerdo (…)”

(21) Entrevista a Vicente Massot, Fecha 13/09/2007 (IIGG – UBA).

(22) Declaración del 18/03/2014. Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por el juez ad hoc Claudio Pontet.

(23) El 12 de septiembre de 2012 el fallo del tribunal en la Causa V Cuerpo por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, ya había ordenado que se investigara “la posible comisión de delitos de acción pública” por parte de los directivos del diario respecto a sus publicaciones durante la dictadura. Y en mayo del 2013 la fiscalía solicitó al juez Federal Santiago Martínez que se indague y detenga al empresario Vicente Massot.

(24) A quien varios trabajadores veían cotidianamente dentro del diario hasta 1975, año en el que fue asesinado.

(25) Entrevista a Vicente Massot. Fecha 06/06/2013. Realizada Ana Belén Zapata.

(26) Ampliación de indagatoria 20/11/2014. Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por juez ad hoc Claudio Pontet.

(27) Indagatoria 24/04/2014. Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por juez ad hoc Claudio Pontet.

(28) Hacemos referencia a las resoluciones de los jueces que actuaron dictando y convalidando la “falta de mérito” a Massot desde la primera instancia y en la Cámara Federal de Bahía Blanca, a saber: Claudio Pontet, Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro.

(29) Dichas actas se dieron a conocer públicamente durante los alegatos fiscales en audiencias del juicio por la causa Armada Argentina (causa 1103) en el mes de septiembre del año 2015, al momento de exponerse los casos de los crímenes contra E. Heinrich y M. A. Loyola, en el marco del accionar de esta fuerza.

(30) Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por la que el juez ad hoc Claudio Pontet.

(31) Acta del Sindicato de Artes Gráficas, Asamblea, fecha 30/12/1975.

(32) Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por la que el juez ad hoc Claudio Pontet.

(33) Destacamos que estas fueron tan solo algunas de las prácticas represivas de empresarios contra trabajadores que se desplegaron en los hallazgos del informe, y que se vinculan con el caso Massot estrictamente. Sin embargo podemos mencionar otras observadas para el resto de las empresas, como: la realización de operativos militares en los predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y torturas; la habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas; los aportes económicos a las fuerzas militares; el uso de camionetas de la empresa en operativos de detención y secuestro; el control militarizado del ingreso a la planta fabril; las amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva; el funcionamiento de centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa; la retención y tortura en espacios de la fábrica, entre otros… (AA.VV. 2015 : 408-409).

(34) El informe de inteligencia que devela la entrega de información sobre los trabajadores a las fuerzas militares, y el posterior uso de esa misma información con consecuencias represivas en Heinrich y Loyola expresaba: “Con todo, no importa a este informe el detalle del proceso de sabotaje, ampliamente documentado por la empresa día a día por actas notariales que obran en su poder y denuncias tanto públicas como a los comandos militares y navales de la zona. En ellas se podrá encontrar, llegado el momento, elementos de juicio con respecto a altos funcionarios gubernamentales y sindicales en extremo comprometedores. La función del presente trabajo es consignar los datos que se pudieron establecer con veracidad respecto de personal a SER RALEADO DE UN MEDIO FUNDAMENTAL” Luego se mencionan los nombre de E. Heinrich y M.A. Loyola, entre otros. Fondo documental Prefectura Naval Zona Atlántico Norte –SIPNA. Memorando 8687-IFI-Nro27 "ESC"/76. Fechado 22 de marzo de 1976.

(35) Citado de: Expediente nro. FBB 15000158/2012/6/CA4, del 25 de febrero de 2016 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, firmado por los jueces de Cámara Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro.

(36) Ídem.

(37) Ídem.

(38) Ídem.

(39) Fondo documental Prefectura Naval Zona Atlántico Norte –SIPNA. Memorando 8687-IFI-Nro27 "ESC"/76. Fechado 22 de marzo de 1976.

(40) Citado de: Resolución del 5 de marzo de 2015 (hojas 1590/1755), firmada por el juez ad hoc Claudio Pontet.

(41) A esto se pueden sumar los testimonios de trabajadores que han dado cuenta de la presencia de Vicente Massot en el diario en la época, incluso hay testimonios que lo ubican portando armas largas como forma de amedrentamiento en el marco del conflicto.

(42) Debemos atender a todos los reparos que merecen estas actas como cualquier otro documento y analizarlo en su específico contexto de producción, esto es: actas confeccionadas por y para la parte empresaria; por un escribano empleado de los Massot; y firmadas por los Massot y bajo la posibilidad arbitraria de poder escribir en ellas lo que consideraran funcional a sus intereses en el marco de la disputa con sus empleados.

(43) Escritura n° 197 del escribano Raúl Vicente Galmarini- Fechada el 18/07/1975- PODER ESPECIAL: “Diario La Nueva Provincia” SRL. A favor de MASSOT, Vicente Gonzalo María.

(44) Citado de: Expediente nro. FBB 15000158/2012/6/CA4, del 25 de febrero de 2016 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, firmado por los jueces de Cámara Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro.

(45) Para más detalles véase Zapata, 2011.

(46) Escritura n° 10 del escribano Raúl Vicente Galmarini- Fechada 28/01/1976- del ACTA DE CONSTATACION: DIARIO LA NUEVA PROVINCIA S.R.L.

Bibliografía

AAVV. (2015). Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Bs.As. CELS/FLACSO/SDH/PVyJ Disponible en  http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Responsabilidad_empresarial_delitos_lesa_humanidad_t.1.pdf

ÁGUILA, Gabriela. 2010. Los historiadores, la investigación sobre el pasado reciente y la justicia .En CERNADAS, Jorge y LVOVICH, Daniel (eds.) “Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta”, Bs. As. Prometeo-UNGS

BARRAGÁN, Ivonne. 2009. Prácticas y formas de resistencia de los trabajadores. Astillero Río Santiago 1974- 1984, Tesis de Licenciatura, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata

BASUALDO, Eduardo, Daniel Azpiazu, y Miguel Khavisse (1986). El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta. Buenos Aires, Editorial Legasa

BASUALDO, Eduardo. 1987. Deuda Externa y Poder Económico en Argentina, Bs. As., Nueva América

BASUALDO, Victoria. 2006. Complicidad patronal-miliar en la última dictadura militar. Los casos Acindar, Astarsa, Dalmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz, FETIA, Buenos Aires

BRETAL, Eleonora. 2014. La época de los ingleses, la época de los militares y la época del cierre, tesis de maestría en Ciencias Sociales, UNGS

BURKE, Peter. 2000. Formas de historia cultural, Madrid, Alianza

CIEZA, Daniel. 2012. La muerte por cuenta ajena, Terrorismo de Estado, gran empresa y trabajadores en conflicto en Argentina. Campana de Palo, Bs.As.

FERNÁNDEZ, Juan Cruz. 2013. “Cambiamos botas por votos. El diario La Nueva Provincia ante la salida electoral a la última dictadura militar (1982/1983)” en CERNADAS, Mabel N. y ORBE, Patricia A, “Itinerarios de la prensa. Cultura y representaciones en Bahía Blanca durante el siglo XX”, EdiUNS

GINZBURG, Carlo. 1993. El juez y el historiador, Madrid, Anaya & Mario Muchnik

GUTHMAN, Yanina. 2016. “La justicia en el corazón de lo político: elementos para la construcción de un objeto de investigación sociolegal” en FUNES Patricia (comp), Revolución, dictadura y democracia. Lógicas militantes y militares en la historia argentina en el contexto latinoamericano, Bs.As, Imago Mundi

JELIN, Elizabeth.2002. Los trabajos de la memoria, Siglo XXI, Madrid.

KARASIK, Gabriela y Elizabeth L. GOMEZ. 2015. “La empresa Ledesma y la represión en la década de 1970. Conocimiento, verdad jurídica y poder en los juicios de lesa humanidad,” en Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Nº 3, pp. 110-131

LASCANO WARNES; María Florencia. 2012. Cambios y continuidades en la historia de los trabajadores industriales argentinos (1973-1983). Una aproximación a través del caso de Ford Motor Argentina, Tesis de Maestría, Bs.As, UNGS

LLULL, Laura. 2005. Prensa y política en Bahía Blanca. La Nueva Provincia en las presidencias radicales 1916-1930, Bahía Blanca, EdiUNS

LÓPEZ PASCUAL, Juliana y Nieves Agesta. 2013. “Páginas de cultura. Las revistas culturales en Bahía Blanca durante el siglo XX”; en CERNADAS, Mabel N. y ORBE, Patricia A, “Itinerarios de la prensa. Cultura y representaciones en Bahía Blanca durante el siglo XX”, EdiUNS

MARCILESE, José. 2013. “Tensiones y conflictos en la prensa bahiense durante el primer peronismo” en CERNADAS, Mabel N. y ORBE, Patricia A, “Itinerarios de la prensa. Cultura y representaciones en Bahía Blanca durante el siglo XX”, EdiUNS

ORBE, Patricia. 2013. “Diarios en guerra o ¿guerra de diarios?: la prensa gráfica bahiense en 1975” en CERNADAS, Mabel N. y ORBE, Patricia A, “Itinerarios de la prensa. Cultura y representaciones en Bahía Blanca durante el siglo XX”, EdiUNS

POLLAK, Michael. 2006. Memoria, olvido y silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite, Al Margen Editora, La Plata.

TRAVERSO, Enzo. 2007. “Historia y memoria. Notas sobre un debate”, en LEVIN F. Y Marina FRANCO, Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Bs. As. , Paidós

VEKLSER, Bernardo. 2014. La batalla de los Hornos, BsAs. Tecnoofset

VERBITSKY, Horacio, BOHOSLAVSKY Juan Pablo, (eds). 2013. Cuentas Pendientes: Los cómplices económicos de la dictadura, Bs. As., Siglo XXI

ZAPATA, Ana Belén. 2008. Páginas Manchadas. Conflictividad laboral entre los gráficos y La Nueva Provincia en vísperas de la dictadura de 1976. Tesina de Licenciatura en Historia, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, mimeo.

ZAPATA, Ana Belén. 2011. “Necesitaban gente que estuviese en el oficio…” Del olor a plomo al olor a tinta en los talleres gráficos de La Nueva Provincia (1973-1976)” en BASUALDO V. (comp) La clase trabajadora argentina en el signo XX, experiencias de lucha y organización, Bs.As. Cara o Ceca.

ZAPATA, Ana Belén. 2013. “Prensa y conflictividad laboral en Bahía Blanca. Problemáticas frente a la reconstrucción del pasado reciente en tres colectivos de trabajadores: estibadores, metalúrgicos y gráficos (1966-1976)” en CERNADAS, Mabel N. y ORBE, Patricia A, “Itinerarios de la prensa. Cultura y representaciones en Bahía Blanca durante el siglo XX”, EdiUNS

*La autora es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Licenciada y Profesora en Historia por la Universidad Nacional del Sur (UNS). Docente regular de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dentro de la materia Teoría e Historia de la Historiografía. Actualmente es becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).