Bertoia/ Dossier en PDF

Luciana Bertoia*

Universidad de Buenos Aires- Memoria Abierta

Buenos Aires, 2016

lucianabertoia@gmail.com

Resumen

La llegada de Mauricio Macri al gobierno no sólo plantea una nueva era política en la Argentina sino que configura el inicio de un nuevo modo de relacionamiento con los actores que han promovido la memoria y la justicia por los crímenes de la última dictadura (1976-1983) como también con quienes han procurado su impunidad. El inicio de una nueva etapa política también implica cambios en los discursos oficiales a la hora de nominar lo sucedido en esos años en el país y la consecuente implementación o no de políticas en ese sentido.

Este artículo releva las principales discusiones que el gobierno afrontó en los primeros nueve meses de ejercicio del poder en materia de Memoria, Verdad y Justicia a partir de las intervenciones públicas de funcionarios de la cartera nacional y de otros actores influyentes en la agenda pública.

Palabras clave: memorias, terrorismo de Estado, discurso oficial, políticas públicas

Introducción

Sólo bastaron un par de horas después de que Mauricio Macri, representante de la alianza de centro-derecha Cambiemos, derrotara con el 51,40 por ciento de los votos a su competidor Daniel Scioli, del hasta entonces gobernante Frente Para la Victoria (FpV), para que el segundo diario en importancia en el país pusiera sobre la mesa el tema que ha sido el parteaguas de la política nacional durante la etapa democrática: el proceso de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado.

En su editorial del 23 de noviembre de 2015, el diario La Nación reclamaba: “No más venganza”. En ese texto, le decía al flamante gobierno que debía atender a dos frentes: las condiciones de reclusión de los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad y la situación de los magistrados que actuaron durante la última dictadura (1976-1983), que según el diario de Bartolomé Mitre habían sufrido la persecución durante la administración kirchnerista (2003-2015). La Nación también se arropaba en la bandera de “verdad completa” (La Nación, 2015), que los grupos que reivindican, con distintas variantes, lo actuado durante el terrorismo de Estado vienen enarbolando desde la transición.

En su primera conferencia de prensa como presidente electo y con el editorial de La Nación de trasfondo, Macri debió responder qué pensaba hacer con los juicios por crímenes de lesa humanidad. “La justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea”, sostuvo sin dar mayores precisiones sobre su política de Memoria, Verdad y Justicia.

En el presente artículo, se procurará dar cuenta de cuáles han sido las principales discusiones que se han abierto con relación al pasado reciente de la Argentina durante los primeros meses de gobierno de Macri y cómo se ha relacionado con distintos emprendedores de memoria. Para hacerlo, se analizarán declaraciones públicas del propio presidente, de funcionarios de su administración y de actores influyentes, aparecidas en distintos medios de comunicación.

El gobierno busca definiciones en torno a los años ‘70

El presidente Macri se refirió en, al menos, tres oportunidades a lo sucedido durante los años ’70 y principios de los años ’80 en el país y en ninguna hizo referencia a los crímenes de lesa humanidad – como fueron definidos por la Corte Suprema de Justicia – o al terrorismo de Estado o al genocidio, tal como definieron al período distintos tribunales orales que tuvieron a su cargo el juzgamiento de los hechos.

Macri asumió la presidencia de la Argentina el 10 de diciembre de 2015, reconocido como el Día Internacional de los Derechos Humanos. En su discurso inaugural, el mandatario -- que llegó al poder como parte de una alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y su partido Propuesta Republicana (PRO) -- no hizo referencia a las políticas de derechos humanos ni contó con la presencia en el recinto de referentes de las organizaciones que habían acompañado las medidas implementadas por las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

La campaña presidencial de 2015 fue un terreno fértil para que brotaran discursos impugnando el proceso de verdad y justicia. El diario La Nación sirvió como aglutinador de todos ellos y fue el que puso al presidente recién electo ante la disyuntiva en torno a estas políticas (CELS, 2016). Es cierto también que la ausencia de organismos de derechos humanos durante la asunción de Macri no puede considerarse una sorpresa, ya que varios de ellos – como las dos líneas de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, así como el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel – habían llamado a votar por su competidor, Scioli. Macri había incrementado los resquemores que los activistas tenían frente a él cuando, a fines de 2014, declaró al diario La Nación: “Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los ‘curros’ que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron” (El resaltado es mío) (Rosemberg, 2014).

Después de un prudente silencio, la primera mención que Macri hizo como presidente a la temática fue en su discurso de apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo de 2016: “Este año se cumplen 40 años del golpe militar, un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos: Nunca Más a la violencia institucional y política” (El resaltado es mío).

La agenda de Memoria, Verdad y Justicia se impuso con fuerza para el gobierno de Cambiemos no tanto por la conmemoración del 40° aniversario del golpe en sí sino por la confirmación de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegaría al país el 23 de marzo y se quedaría hasta el día siguiente, que coincidiría con las manifestaciones y actos en repudio a la última dictadura. La administración macrista no tuvo, por ende, un rol activo a la hora de impulsar la agenda de derechos humanos, sino que ésta apareció directamente ligada a su agenda internacional.

El 17 de marzo, la consejera en temas de seguridad nacional Susan Rice informó que Washington haría una segunda tanda de desclasificación de documentos vinculados a la última dictadura con la llegada de Obama y que esta vez se incluirían archivos de inteligencia y militares. El anuncio de la administración Obama fue celebrado por funcionarios del gobierno de Macri, como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien sugirió que la desclasificación era una respuesta a la nueva política internacional encarada por el presidente. “La desclasificación es el resultado de la buena relación entre el gobierno y los Estados Unidos” (Bertoia, 2016).

La afirmación de Avruj podría relativizarse, ya que la primera tanda de desclasificación se realizó en 2002 y poco tuvo que ver con el gobierno que en ese entonces estaba en la Casa Rosada ni con la inserción de la Argentina en el mundo, ya que el país luchaba por recuperarse de la crisis económica, política e institucional que eclosionó en 2001. De hecho, la desclasificación se produjo en respuesta al pedido que un grupo de organismos de derechos humanos – como Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – habían hecho a la administración de Bill Clinton antes de que dejara la Casa Blanca. Tras el anuncio de que Obama vendría a la Argentina, los organismos de derechos humanos reactivaron el pedido de apertura de los archivos – especialmente de Defensa, Inteligencia y los del legal attaché (encargado de asuntos jurídicos) en la embajada estadounidense en Buenos Aires. La petición se realizó ante las autoridades de la embajada de los Estados Unidos. La Procuración General de la Nación también hizo un planteo en la misma línea (Ludueña & Bertoia, 2016).

La propuesta del gobierno nacional – deslizada en declaraciones a la prensa por Avruj -- de llevar a Obama a recorrer el sitio de memoria erigido donde funcionara el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se topó con la resistencia de un grupo de organizaciones de derechos humanos, que hizo desistir a Macri e invitar a su par estadounidense a recorrer el Parque de la Memoria (Bertoia, Obama 'will pay tribute to victims', 2016). Al mismo lugar había concurrido en febrero de este año el presidente francés, François Hollande, junto con referentes del movimiento de derechos humanos.

El Parque de la Memoria fue inaugurado en noviembre de 2007, un mes antes de que Macri asumiera como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recogía una propuesta de organismos de derechos humanos realizada diez años antes (Memoria Abierta, 2009). Pese a ello, el lugar es percibido por funcionarios de la administración macrista como un espacio más “amigable” que el de la ex ESMA, lugar elegido el 24 de marzo de 2004 por Kirchner para pedir perdón por la “vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”, disparando una serie de lecturas históricas del pasado (Lorenz, 2007, págs. 88-89). Fernández de Kirchner volvió el año pasado, de la mano de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, a inaugurar la puesta museográfica en lo que fuera el Casino de Oficiales en mayo y, en diciembre a sólo días de dejar la Casa Rosada, inauguró la sede de la Secretaría de Derechos Humanos en el predio y promulgó la ley que crea una comisión bicameral para la investigación del accionar de las empresas durante el terrorismo de Estado.

Finalmente, el último 24 de marzo, Macri visitó el Parque de la Memoria junto a Obama, quien arrojó una ofrenda floral al Río de La Plata en homenaje a los desaparecidos y brindó una conferencia de prensa junto al otro mandatario. En esa oportunidad, el presidente argentino citó su discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo y volvió a pedir el Nunca Más a la violencia política e institucional y se refirió a las “víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos” (El resaltado es mío). La lectura del pasado de Macri se hacía en clave con el presente, aparentemente como una versión de la antinomia actual macrismo-kirchnerismo o lo que vulgarmente desde los medios de comunicación se presenta como la “grieta”.

La última definición sobre lo sucedido durante la última dictadura fue realizada por el presidente en una entrevista con una periodista del medio BuzzFeed el 10 de agosto pasado. Allí Macri sostuvo: "Es importante saber bien lo que pasó y darle el derecho a los familiares que sepan definitivamente después de esa horrible tragedia, que fue esa guerra sucia, que sepan qué fue lo que pasó" (La Nación, 2016).

En el mismo reportaje, Macri repuso también la discusión que había abierto en enero el entonces secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido en torno a la magnitud de la represión. Lopérfido había sostenido que no eran 30 mil los detenidos -desaparecidos y que esa cifra, de hecho, se había concertado en una mesa para reclamar subsidios. "No tengo idea. Es un debate que no voy a entrar si son 9 mil o 30 mil, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido" (La Nación, 2016). Con BuzzFeed, el presidente también se refirió a Hebe Pastor de Bonafini, dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, como una “desquiciada” (La Nación, 2016).

En lo que fue un único movimiento, Macri reconoció uno de los reclamos históricos de los familiares de los detenidos – desaparecidos, saber qué pasó con cada uno de ellos, pero en simultáneo dijo que era una discusión estéril. ¿Puede esto tener un correlato en la investigación que deben llevar adelante distintas oficinas estatales en pos de determinar ese número? También, cuestionó a una referente del movimiento de derechos humanos que motorizó el reclamo de verdad y justicia, entre otros.

Las referencias a lo sucedido durante los años ’70 y las valoraciones al movimiento de derechos humanos no fueron monolíticas dentro de la administración Macri, ni la palabra del presidente quedó consagrada como una fuente de autoridad que no pudiera reformularse. De hecho, quedó en manos de Avruj explicar las palabras del presidente y lo hizo a través de una publicación en la red Facebook de la Secretaría de Derechos Humanos, titulado Nuestro Compromiso. "Repudiamos y condenamos hoy y siempre el terrorismo de estado desplegado y a sus perpetradores. 30.000 es la cifra que marcó el camino de la lucha de la sociedad argentina por esa memoria, verdad y justicia. Pero cada vida que se perdió es irremplazable y el dolor es inmenso", se leía en el comunicado en el que también usó el término guerra sucia, pero con una connotación más similar a la del terrorismo de Estado. "La 'guerra sucia' debe entenderse desde la responsabilidad mayúscula del estado por los crímenes cometidos. No debemos darle paso nunca más a ningún tipo de violencia".

Desde su designación al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Avruj fungió como nexo entre el gobierno y el movimiento de derechos humanos, que no perdió oportunidad en señalar su recelo y desconfianza frente al macrismo. Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos logró una comunicación fluida con algunos referentes, como la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, quien manifestó tener un buen diálogo con Avruj.

En declaraciones públicas, Avruj también había descalificado los dichos del exsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. “El gobierno no comparte los dichos de Lopérfido sobre los desaparecidos”, dijo en enero, al tiempo que sostuvo que esa discusión alejaba al gobierno del objetivo de unir a los argentinos (Télam, 2016).

El secretario también se mostró contrario a la teoría de los dos demonios en declaraciones públicas, aunque no dejó de hacer mención al accionar de grupos armados de izquierda durante los primeros años de la década de 1970. “No hay posibilidad de que en esta Secretaría de Derechos Humanos se venga a reivindicar el terrorismo de Estado, a pedir dispensas por los asesinos ni por los que callan. (…) Quien violentó los derechos humanos fue el Estado nacional, (…) sí digo estudiemos la historia, conozcamos qué fueron los grupos armados, quiénes fueron los grupos que se sumaron a la clandestinidad” (Bertoia, ‘US should acknowledge past mistakes in region’, 2016).

Las narrativas de la guerra

Las referencias del presidente argentino en torno a lo sucedido durante la última dictadura y los años anteriores como guerra sucia o violencia política remite a una lógica de binaria, de dos contendientes y por ende a lo que Daniel Feierstein (2012) engloba dentro de las narrativa de la guerra. Según el autor, el discurso de la guerra es una versión relativamente marginal en la Argentina, que es reivindicada por los sectores afines a los perpetradores, por una minoría de sobrevivientes de las organizaciones armadas de izquierda y por un núcleo reducido dentro del mundo académico (Feierstein, 2012: 133).

Para Hugo Vezzetti (2009), la referencia a un escenario bélico es la única justificación que esgrime el bloque favorable a la dictadura para explicar su accionar. La idea de que en Argentina se libró una guerra fue desechada por el informe Nunca Más – producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), pese a que el informe se inscribe dentro de las versiones de la teoría de los dos demonios, que posee la lógica binaria que Feierstein (2012) le atribuye a la narrativa de la guerra. La idea de la guerra funciona como un potente aglutinador para los perpetradores, ya que es a través de esta idea que se pueden encerrar las distintas solidaridades que se resumían en un pacto de sangre sobre la metodología criminal empleada (Vezzetti, 2009).

Pese a que en la Argentina la referencia a la guerra sucia resulta marginal, también es cierto que el modismo Dirty War es de aceptación masiva en medios de lengua inglesa para referirse a las prácticas de la última dictadura. La guerra sucia – tal como la entienden los perpetradores – implica que los combates no fueron abiertos ni participaron fuerzas en un campo de batalla. Se nutre de la doctrina francesa de la contrainsurgencia aplicada en Argelia y en Indochina que establecía que era imposible llevar adelante una guerra convencional contra un enemigo camuflado en el conjunto de la población que le era favorable (Feierstein, 2012).

La noción de violencia política repone también la idea de bandos enfrentados, tendiendo a difuminar la asignación de responsabilidades sobre los crímenes. Para quienes se inscriben en el discurso de la guerra – que tiene distintas variantes, como se explicó con anterioridad y no sólo refiere a la guerra sucia -- el terror implantado sobre la sociedad argentina durante la última dictadura constituyó una reacción defensiva frente al ataque anterior de los grupos armados de izquierda y que sólo puede explicarse por la radicalización de las luchas en el país (Feierstein, 2012).

Lejos de dar cuenta de la sistematicidad de los crímenes de la dictadura o del terror inoculado sobre la totalidad del cuerpo social, Macri también hizo referencia a la violencia institucional, un concepto que cobró fuerza en los años posteriores a la transición democrática y que no recoge ni la tradición académica ni la discusión más puramente política encarada por los organismos de derechos humanos. Para Martín Abregú (1993), la violencia institucional son todos aquellos actos efectuados por agencias legitimadas para el uso de la fuerza cuando en el uso de la fuerza la institución se exceda en su ejercicio (el resaltado es mío). El autor explica que constituye un accionar delictivo que, en algunos casos, puede estar abonado por normas jurídicas que avalen este accionar violento. La violencia institucional – cuyo ejemplo más acabado en los primeros años de democracia fueron los asesinatos de jóvenes en barrios pobres, nombrados como “gatillo fácil” – también puede abarcar al poder judicial.

En ninguno de los casos analizados, el presidente hizo una valoración sobre el rol asumido por el Estado durante la última dictadura, omisión que fue enmendada por el secretario de Derechos Humanos a través de una declaración en redes sociales. El gobierno, hasta ahora, no propuso un debate sobre lo sucedido en los años ’70 y principios de los años ’80. En todo caso, combinó gestos de una empatía novedosa hacia sectores que se muestran críticos del proceso de justicia y definiciones políticas ambivalentes, tendientes al uso de categorías desacreditadas por las fuerzas políticas democráticas y por los propios tribunales. No debe soslayarse que pese a ser un partido que originariamente representa los intereses de los sectores de poder en la Argentina, el PRO ha mantenido posiciones públicas de valorización del proceso de justicia. En 2010, acompañó en el Congreso un texto declarando que los juicios constituían una política de Estado de carácter irrenunciable (Torras, 2015).

Un nuevo viejo Nunca Más

El informe realizado por la CONADEP, el Nunca Más, es considerado el texto fundacional de la democracia en Argentina, pese a que su prólogo suscitó la crítica de intelectuales y de organismos de derechos humanos por presentar una versión de la teoría de los dos demonios, que postulaba la existencia de un enfrentamiento entre las fuerzas estatales y los grupos armados de izquierda, que dejaba sin problematizar el rol asumido por distintos grupos sociales desde mediados de la década de 1970 y los primeros años de la década de 1980.

Como sostiene Emilio Crenzel (2008: 105), el Nunca Más inauguró una nueva lectura de las desapariciones, propuso un relato integrado sobre sus fases públicas y clandestinas, instituyó un conocimiento novedoso sobre la magnitud y estableció oficialmente la responsabilidad de las fuerzas armadas en su ejercicio.

En el prólogo, no se historiza ni se explican las causas de la violencia, pese a que se deja en claro que, aunque las fuerzas represivas estatales fueron reactivas a un ataque anterior, la desproporción de la respuesta fue extrema.

En 2006, la editorial Eudeba imprimió nuevamente el Nunca Más al cumplirse el trigésimo aniversario del último golpe de Estado pero esta versión contaba con un aditamento: un nuevo prólogo, que estaba firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese momento, la oficina estaba a cargo de Eduardo Luis Duhalde, defensor de presos políticos en los años ’70 y quien en 1983 publicó en España y un año después en Buenos Aires el libro El Estado Terrorista argentino, que se proponía discutir la noción del Estado combatiendo al “terrorismo” pero, sobre todo, a iluminar las responsabilidades de lo que él denominó bloque civil para que la práctica del terrorismo de Estado pudiera llevarse a cabo.

El nuevo prólogo sirvió para imponer una nueva lectura oficial del pasado y confrontar con la explicación de la CONADEP, como apunta Crenzel (2008, 174-175). Sin embargo, el sello de ese nuevo prólogo fue explicar que el objetivo que persiguó la dictadura fue implantar un modelo neoliberal que barriera con las conquistas sociales de décadas. Tal fue la explicación que al cumplirse 20 años del último golpe de Estado aglutinó a los organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones de trabajadores reunidos en Memoria, Verdad y Justicia (Lvovich & Bisquert, 2008: 65) y,por lo tanto, gozaba de un extendido apoyo social.

Coincidentemente con la publicación del nuevo prólogo, el entonces presidente Néstor Kirchner encabezó un acto en el Colegio Militar de la Nación del Palomar, donde sostuvo que no sólo las fuerzas armadas tuvieron responsabilidad en el golpe, apuntando a la prensa, la iglesia y la clase política (Lvovich & Bisquert, 2008). El discurso y el nuevo prólogo del Nunca Más dejaban en claro que para el gobierno kirchnerista era esencial apuntar hacia el juzgamiento de los civiles involucrados en lo que algunos tribunales han definido como un proceso genocida en el país.

Al cumplirse el 40° aniversario del golpe de Estado, Eudeba reimprimió el Nunca Más pero, esta vez, sin el prólogo de 2006.

La presentación se realizó el 8 de mayo en la Feria del Libro de este año y contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, Norma Morandini y Alejandro Rozitchner, un intelectual del riñón del PRO de Macri que reclamó que se enjuicie a los “grupos insurgentes” (Dandan, 2016). Avruj resaltó que la reimpresión devolvía al Nunca Más a su estado original, “sin aditamento ideológico” (Dandan, 2016).

Pese a que el prólogo original del Nunca Más responsabilizó por lo sucedido durante la dictadura a las Fuerzas Armadas, el nuevo gobierno argentino planteó en distintas celebraciones en las que el presidente compartió con los militares su augurio de iniciar una nueva etapa.

Durante la celebración del Día del Ejército que se realizó el 30 de mayo en el Colegio Militar de la Nación, Macri pidió “dejar atrás enfrentamientos y divisiones”. También afirmó: “Las fuerzas armadas vienen de años en los cuales el Estado las ignoró” (Clarín, 2016). Macri volvió a referirse en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas a su intención de que en esta nueva etapa no existieran divisiones, según lo difundido por un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, cartera a cargo de Julio Martínez, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR).

El mismo 30 de mayo, el presidente firmó el decreto 721/2016 que deroga decretos del ex presidente Raúl Alfonsín y de Carlos Menem y devuelve al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas designar personal que no sea considerado “conducción superior”, que según el decreto debe ser informado por el ministerio quiénes quedan comprendidos en esa categoría. Para los cuadros superiores de las fuerzas, se mantiene la obligación de contar con el aval del Senado pero el decreto es visto como un gesto hacia el interior de las fuerzas y especialmente hacia la jefatura, la cual es habilitada a tomar decisiones que pueden redundar en la ampliación de su poder y en la creación de lealtades con la propia tropa.

La política de Memoria, Verdad y Justicia se rozó en las últimas décadas con la política de defensa. Con la llegada de la democracia, Alfonsín se propuso disciplinar y reducir el poder militar. Llevó adelante una reforma organizativa que redujo la potestad organizacional de las fuerzas armadas al tiempo que buscaba fortalecer el ministerio de Defensa. Durante su gobierno, también se aprobó la ley de Defensa Nacional en 1988 – que junto con la ley de Seguridad Interior aprobada en 1991 – establece que las fuerzas armadas no pueden realizar tareas de seguridad interior. Durante el menemismo, la principal política que impactó tanto en la esfera militar como en la política de derechos humanos fueron los indultos al tiempo que se avanzaba en la subordinación militar al poder político. Fue en esta etapa que los militares comenzaron a participar en misiones de paz de Naciones Unidas o que se aprobó la ley de Servicio Militar Voluntario, lo que terminó minando su fuente de poder histórico. En la era kirchnerista, las fuerzas armadas fueron subordinadas al poder político. El Ejecutivo introdujo cambios organizativos, educativos, doctrinarios y presupuestarios (Canelo, 2016).

El proceso estuvo acompañado por importantes gestos políticos como el retiro de cuadros del Colegio Militar el 24 de marzo de 2004 o un fuerte discurso de Kirchner durante el Día del Ejército de 2006, menos de diez meses después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que habilitaba definitivamente la reapertura de los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Se refería Macri a estas divisiones del pasado?

Para el bicentenario de la declaración de la Independencia de la Argentina, se realizaron desfiles tanto en Tucumán como en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera, se vio desfilar a quienes se reivindicaban como soldados del Operativo Independencia, la operación militar ordenada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón que operó como el puntapié inicial de lo que sería la práctica del secuestro, la tortura y la desaparición sistemáticas durante los ocho años siguientes. Los actos en Tucumán se sucedieron mientras en esa misma provincia se lleva a cabo desde los primeros días de mayo un juicio por crímenes cometidos en el marco de ese operativo. En Buenos Aires, desfilaron veteranos de la guerra de Malvinas, entre los que se encontraba Aldo Rico y el ex teniente coronel Emilio Nani.

Rico protagonizó en 1987 un alzamiento contra el entonces presidente Raúl Alfonsín que derivó en la sanción de la Ley de Obediencia Debida, que garantizaba impunidad para los cuadros medios y bajos de las fuerzas implicados en la represión.

Nani, por su parte, comandó la represión en enero de 1989 contra el regimiento de infantería de La Tablada, donde se comprobaron desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó investigar en diciembre de 2014 para cumplir con una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1997.

Al ser consultado por periodistas, Macri minimizó la polémica y contestó: “Era la primera vez que desfilaban los héroes de Malvinas, la verdad que uno no entiende por qué no lo han hecho antes, pero lo importante es que hoy estamos en esta etapa, que es de reconstrucción, de reconciliación, de reconocimiento del otro” (Página/12, 2016). Sin intención de plantear un debate, Macri apeló a una palabra intensamente cargada en el camino por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina: la reconciliación.

Como recuerda Valentina Salvi (2012), el término reconciliación está presente desde abril de 1983 en el discurso militar a raíz de la publicación del Documento Final de la dictadura. El término tiene una raigambre cristiana. La Iglesia argentina empezó a emplearlo con un claro tono político desde 1981 con la publicación del documento “Iglesia y comunidad nacional”. La vaguedad del término sirvió entonces para que fuera apropiado por quienes reclamaban la apertura electoral y es después de la derrota en Malvinas que la reconciliación empieza a jugar un papel importante en el campo jurídico, planteando la pregunta sobre qué hacer con los crímenes de la dictadura (Bonnin, 2015).

Durante el menemismo, el término reconciliación sirvió como fundamento para el otorgamiento de los indultos a los condenados y procesados por crímenes cometidos durante la dictadura. También Menem invocó ese objetivo al proponer la demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro clandestino de detención de la Armada y el más emblemático de la Argentina, para crear allí un monumento a la reconciliación. Organismos de derechos humanos – como HIJOS – han hecho explícito su rechazo a la idea de reconciliación en sus lemas: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

En agosto del año pasado, el pedido de avanzar hacia la reconciliación encontró un escenario en la Universidad Católica Argentina (UCA) – donde muchos integrantes del actual gabinete nacional se formaron, incluso el presidente. Allí fueron reunidos familiares de víctimas de las organizaciones guerrilleras – como Arturo Larrabure – y familiares de víctimas del terrorismo de Estado – como la entonces senadora Norma Morandini, cuyos hermanos fueron desaparecidos durante la dictadura. En esa mesa, no había victimarios. Nadie que pudiera arrepentirse ni pedir perdón. (Fuego Simondet, 2015). En ese mismo mes, el diario La Nación dedicó su editorial del 16 de agosto a pedir “memoria y reconciliación”. El texto se publicó sólo una semana después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que posicionaron a Macri como candidato presidencial de la coalición Cambiemos y principal competidor de Scioli, quien no tuvo rivales en la interna del Frente para la Victoria.

Como explica Salvi (2012), durante 1983, en la transición y en los primeros años de la democracia, la idea de la reconciliación estaba atada a la necesidad de olvidar las secuelas de lo que los militares denominaban guerra antisubversiva. Una vez sancionadas las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y la concesión de los indultos, los militares y los grupos que los defendían sintieron saldado ese debate. Sin embargo, con la anulación de las leyes por parte del Congreso nacional en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema en 2005, la reconciliación volvió a resurgir como consigna de estos sectores. En esta nueva etapa, la reconciliación ya no estaba asociada al olvido, sino a un deber de memoria. Una memoria completa.

Nuevos actores en escena

La llegada de Macri a la Casa Rosada posibilitó que grupos que pugnan por la “memoria completa” encuentren interlocutores dentro del gabinete nacional. En enero de este año, Avruj recibió en la Secretaría de Derechos Humanos ubicada en el predio donde funcionara la ESMA a integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), generando zozobra entre organizaciones de derechos humanos (Bertoia, Gov't opens two demons door, 2016). En abril, el ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió a Cecilia Pando, referente de la Asociación de Amigos y Familiares de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA). Al mes siguiente, el ministro mantuvo dos encuentros con la Asociación Justicia y Concordia.

¿Cuáles fueron las características que comparten las distintas reuniones? Ninguna de ellas fueron informadas por los canales de comunicación del Ministerio de Justicia ni por la Secretaría de Derechos Humanos – como tampoco ésta había promocionado la reedición del Nunca Más. Los tres grupos en cuestión fueron creados mientras se discutía la reapertura de los juicios a los represores de la última dictadura o cuando éstos ya estaban en marcha. Las tres organizaciones impugnan los procesos y bregan por la “memoria completa”, aunque cada una de ellas con sus particularidades.

El deber de recordar de manera completa lo institucionalizó en 2000 el entonces jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, quien estuvo al mando de la fuerza hasta 2003, cuando fue removido por Kirchner días después de asumir la presidencia por las denuncias que lo señalaban como partícipe del asesinato de once militantes políticos en diciembre de 1976 en Chaco en lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén. Con la salida de Brinzoni, ese deber de memoria tuvo que inevitablemente traspasarse a las organizaciones que defendían lo actuado durante la dictadura.

Pando se convirtió en la cara visible de ese movimiento en 2005 al publicar una carta en el diario La Nación en defensa del obispo castrense Antonio Baseotto, cuya remoción solicitó el gobierno de Kirchner al Vaticano después de que dijera que el entonces ministro de Salud Ginés González García merecía ser arrojado al mar por promover el uso de profilácticos. Desde entonces, Pando – esposa de Rafael Mercado, un mayor pasado a retiro por el kirchnerismo -- irrumpió en actos de gobierno y organizó actividades para denunciar a la anterior gestión. En 2006, era parte de la asociación Memoria Completa, que terminó disolviéndose después de que un programa periodístico mostrara que una de las dirigentes de la organización ultranacionalista oficiaba de meretriz en la ciudad de Mar del Plata (Página/12, 2006).

El año 2006 marcó un antes y un después para las organizaciones de memoria completa y también para el resto de la sociedad argentina al reanudarse los juicios por delitos de lesa humanidad con dos procesos: el juicio a Julio Simón en Capital Federal y al excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz en La Plata. Etchecolatz oficiaba como un personaje emblemático para estos grupos desde su participación en las misas que entre 1983 y 1991 organizaba la agrupación Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) y por ser autor del libro La otra campana del Nunca Más.

Fue también un año bisagra para estos grupos, que buscaron llevar adelante actos de mayor visibilidad en el espacio público ante la imposibilidad de realizar homenajes institucionales y ante la inminencia de los juicios. Por ello, realizaron actos en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires en mayo y el 5 de octubre para conmemorar lo que estos grupos llaman el “día nacional de las víctimas del terrorismo”.

Como remarca Salvi (2012), la víctima emblema de estos grupos ya no eran los muertos por la subversión sino las víctimas del terrorismo. Es en ese contexto que se crea el Celtyv – que se reunió con Avruj en la ex ESMA – y que centra sus trabajos en las víctimas no militares de las organizaciones armadas de izquierda en los años ’70. Según lo informado por Avruj, los integrantes del Celtyv le pidieron colaboración para lograr el reconocimiento social y le comentaron sobre una actividad que habían organizado tiempo atrás con la diputada nacional Elisa Carrió, una de las líderes de la coalición gobernante.

Las primeras declaraciones de la AFyAPPA datan de 2007. La asociación civil, a diferencia de Celtyv, hace un explícito apoyo de lo actuado por las fuerzas armadas y de seguridad durante lo que definen, desde sus órganos de difusión, como la guerra contra el terrorismo de la década del ’70. En el caso de Celtyv y de AFyAPPA se ve un reclamo por la memoria pero también por la justicia completa – reclamando juicios para ex militantes.

Justicia y Concordia, por su parte, está enfocada a la estrategia judicial de defensa de los represores ya que nuclea a quienes los patrocinan en los tribunales. Creada en 2009, su principal objetivo estuvo puesto en los últimos tiempos en lograr la reclusión domiciliaria de los represores y, de hecho, en su página web se ofrece un modelo de escrito para pedir tal beneficio.

El ministro Garavano no hizo declaraciones públicas sobre la reunión con Justicia y Concordia, pese a que sí lo había hecho cuando trascendió que había recibido a Pando. "Yo recibo a todo el mundo en realidad, esa es la postura. Entiendo que debo recibir a todo el mundo y así celebro ésta y otras tantas reuniones. De hecho, el día que ella vino se cruzó con organizaciones de derechos humanos en el mismo ministerio", le dijo Garavano a Radio Télam. En la misma entrevista, Garavano insistió que el gobierno de Macri mantenía con matices la política de derechos humanos del gobierno anterior y que también era heredera de la política iniciada por Alfonsín en la restauración democrática.

Sin embargo, es claro que la actual administración muestra tener mayor apertura hacia grupos como el liderado por Pando o Justicia y Concordia. Garavano se formó en el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que posee vínculos con la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia (Vecchioli, 2015).

Al igual que el editorial del diario La Nación del 23 de noviembre del año pasado, la AFyAPPA y Justicia y Concordia abordaron al ministro con un reclamo conciso: cambios en la modalidad de cumplimiento de la pena de los condenados por delitos de lesa humanidad. Esos cambios vienen siendo reclamados por Carrió, quien ha vinculado a los juicios con la “venganza”.

Consultado acerca de dichos de la dirigente de la Coalición Cívica, Garavano dijo: “Hoy la ley habilita que los mayores de 70 años puedan cumplir sus prisiones preventivas en arresto domiciliario. Es una decisión que tiene que tomar cada juez en cada expediente (…) Por eso el país hoy está siendo cuestionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (…) La ley es igual para todos, no puede haber discriminación”.

Marcos Peña también se mostró receptivo a los reclamos por el otorgamiento de la prisión domiciliaria para los represores mayores de 70 años. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor -ya que la cárcel está planteada como un lugar de rehabilitación- esté detenida en su casa, son convenciones internacionales”, sostuvo Peña (Carelli Lynch, 2016).

El primero en referirse a esa posibilidad fue el propio Avruj en una entrevista con el diario La Nación a días de cumplirse el 40° aniversario del golpe de Estado (Sehinkman, 2016), en la que sostuvo que era una posición del gobierno el aval a la excarcelación de mayores de 70 años. Meses después, el secretario explicó que la Secretaría de Derechos Humanos rechazó la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz por lo que significa a nivel social, como también lo haría con otro represor emblemático como el marino Alfredo Astiz (Rosemberg, 2016). La decisión se tomó después de que organismos de derechos humanos realizaran una conferencia de prensa en la ex ESMA y después de marchas y concentraciones en La Plata en repudio al posible beneficio al represor.

A modo de cierre

Mauricio Macri transita recién sus primeros meses en el ejercicio de la presidencia de la Argentina. En ese tiempo, atravesó el 40 aniversario del golpe de Estado, lo que obligó al mandatario a realizar definiciones en torno al proceso vivido en el país. Lo hizo junto al presidente de los Estados Unidos y sin el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, pese a que el otro dignatario anunció la desclasificación de archivos de los Estados Unidos, un reclamo de larga data para estas organizaciones que bregan por la verdad y la justicia.

En este tiempo, el presidente repuso discusiones en torno a lo sucedido, que en su mayoría transitan la lógica de una guerra – un discurso que confronta con la narrativa gubernamental durante la administración anterior – mientras emitió mensajes conciliadores con las fuerzas armadas. Con ocasión del 40° aniversario del golpe de Estado, desde el Estado se promovió la reimpresión del informe Nunca Más – que constituye una memoria emblemática de lo sucedido en la Argentina pero que ha suscitado críticas por consagrar en su prólogo una versión de la llamada teoría de los dos demonios. La impresión presentada en 2016 no cuenta con el prólogo agregado diez años antes por la administración kirchnerista, que propone una relectura del pasado a partir de la no-repetición de los crímenes perpetrados desde el Estado como las desapariciones y el robo de niños y del combate a las injusticias sociales.

Como se sugirió en este trabajo, a diferencia del gobierno anterior, éste no parece poseer un interés activo en promover una discusión abierta sobre el pasado. Es más, sus definiciones parecen tener un origen en una agenda que no es manejada desde el Estado: la visita de mandatarios extranjeros o entrevistas con medios del exterior. Es cierto, también, que cuando el gobierno se manifiesta se muestra ajeno a la tradición del movimiento de derechos humanos y con una actitud proclive al diálogo y a la escucha de los grupos que reclaman una “memoria completa”.

En simultáneo, organizaciones que defienden a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad encontraron interlocutores en el gobierno nacional y entendimiento en uno de sus principales reclamos: la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Cualquier decisión debe quedar en manos de la justicia federal, que está siendo objeto de un proceso de auditoría votado por el Consejo de la Magistratura – un órgano con mayoría oficialista que puede sancionar o hasta remover magistrados. Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sostiene que los juicios son parte del contrato social de los argentinos, y que su suerte no está atada a una administración política en particular. Pese a ello, los Ejecutivos han tenido un rol fundamental a la hora de apuntalar los procesos y debe esperarse qué efectos puede tener la promesa de no injerencia en los asuntos judiciales que formuló Macri a horas de ganar el ballotage.

Cualquier caracterización que pueda hacerse sobre la nueva etapa política que vive la Argentina después de doce años en que el Estado escenificara como nunca antes un relato épico y político de la lucha por los derechos humanos (Barbuto, 2007) será incompleta, debiendo contemplar que los discursos y acciones gubernamentales entran en juego con otros discursos y acciones de otros actores estatales – como el Poder Judicial – o de actores no estatales pero de gran impacto en la opinión pública como los organismos de derechos humanos.

Como sea, la memoria no es estática. Cambia. Nuevos discursos compiten con otros que habían sido hegemónicos a partir de nuevas luchas o de nuevas relaciones de fuerza, que pugnan por modificar los discursos y las acciones estatales – no sólo los actos del Ejecutivo sino también del Poder Judicial – arena principal en la que estas luchas se dirimen y gran constructor de verdad.

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* Luciana Bertoia es Periodista (TEA), licenciada en Ciencia Política (UBA), magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe (UNSAM), doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Como periodista escribió en Página/12, el Buenos Aires Herald, Ámbito Financiero, Miradas al Sur y como corresponsal del International Justice Tribune. Actualmente, se desempeña en el área de Comunicación de Memoria Abierta.