Reseña de actividad: Mesa de debate “Políticas de Memoria, Verdad y Justicia: balances y perspectivas”
Aletheia, volumen 7, número 13, octubre 2016 ISSN 1853-3701
Paganini y Zubillaga/ Reseña en PDF
Mariana Paganini*
Paula Zubillaga**
Universidad Nacional de La Plata
Buenos Aires, Argentina
2016
El pasado 1° de julio se llevó adelante la mesa de debate “Políticas de Memoria, Verdad y Justicia: balances y perspectivas”, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El encuentro estuvo moderado por el Licenciado en Ciencias Políticas Matías Cerezo y contó con la participación del Doctor Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Doctora en Sociología Elizabeth Jelin y el Doctor en Ciencias Sociales Eduardo Jozami. La actividad estuvo organizada por el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente de la UNTREF, que el propio Jozami dirige, e intentó articular preguntas y posibles respuestas -desde la investigación académica, la justicia y el movimiento de derechos humanos- en relación a la situación de las políticas de memoria a partir del cambio de gobierno en diciembre del año pasado.
El primero en tomar la palabra fue el juez Rafecas, quien realizó un balance de los avances y de las cuentas pendientes en materia de justicia por los crímenes cometidos en la Argentina, desde la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2005 a la fecha. En ese entonces, la posición tomada por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Simón Julio H.” -en el que sostuvieron el carácter insanablemente nulo de las mismas- tuvo como consecuencia la presentación de nuevas causas y el tratamiento de las abiertas con anterioridad. En este sentido, el magistrado sostuvo que si bien aún existen deudas en materia de justicia -alrededor de 400 personas que aún no conocen su verdadera identidad, la desaparición de Jorge Julio López en el marco del Estado de derecho, el carácter incipiente de las condenas a los responsables civiles de la última dictadura y la falta de pruebas para esclarecer el destino final de los detenidos-desaparecidos y condenar a sus perpetradores-, la Argentina viene transitando en los últimos años un avance en el proceso de justicia. Esto se evidencia en la cantidad de juicios por delitos de lesa humanidad en marcha en distintos puntos del país, en el número de procesados y de condenados con sentencia firme y en el reconocimiento de las víctimas por parte del Estado.
Asimismo, Rafecas sostuvo que existe una notable atención y admiración por parte de la comunidad internacional en relación a la posición tomada por Argentina de revisar el pasado y proveer verdad y justicia allí donde hasta hace unos años reinaba la impunidad y el olvido. En relación a lo anterior, el magistrado estableció diferencias con los procesos llevados adelante en otros países de la región como Chile, Uruguay y Brasil, e identificó a las decisiones tomadas por los máximos tribunales de justicia como las responsables de la falta de profundización en el juzgamiento a los crímenes cometidos en dichos países. En consecuencia, llamó a prestar atención a los cambios en materia de juzgamiento del pasado reciente que pueden producirse por futuros fallos de la Corte Suprema de nuestro país, a partir de la reciente incorporación a la misma de dos nuevos jueces: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Finalmente, si bien destacó el accionar constante de los organismos de derechos humanos en nuestro país, advirtió un repliegue parcial a partir del cambio de gobierno y manifestó su repudio ante la reciente vinculación de los organismos con presuntos casos de corrupción, impulsada por los medios de comunicación hegemónicos y apoyada por algunos sectores de la sociedad (1).
Por su parte, Elizabeth Jelin retomó el debate sobre la asociación inmediata que comúnmente se establece entre memoria - derechos humanos - última dictadura y apuntó a resaltar las cuentas pendientes en materia de derechos humanos del presente, fundamentalmente en relación a la situación de los presos, de los pueblos originarios y de las mujeres. En este sentido, su intervención se basó en una reflexión en torno a cómo vincular las memorias y la manera de tratar la última dictadura con una noción amplia de derechos humanos que incluya una agenda compleja y extensa que mire hacia el futuro. Asimismo, manifestó recelo ante el cambio de nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el de Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, inquietud manifestada luego por Eduardo Jozami. Por otra parte, resaltó positivamente la fortaleza del movimiento de derechos humanos de la Argentina y su capacidad de invención y de búsqueda de nuevas alternativas a lo largo de los años. Por ejemplo, a través de los Juicios por la Verdad llevados a cabo en el contexto de restricción que imponían las leyes de impunidad, la recuperación de sitios junto al Estado o las señalizaciones de ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en distintas localidades. La socióloga manifestó que el movimiento aún tiene mucho por hacer y por enseñar a las nuevas generaciones y rescató la labor del programa Jóvenes y Memoria que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria. Para Jelin, dicho programa tiene la fortaleza de trabajar desde las problemáticas que movilizan a los jóvenes en el presente, dejándoles un espacio para que se apropien y construyan nuevos sentidos a partir de lo “recibido”. De esta manera, sostuvo que no le sorprende que en los últimos años se hayan realizado producciones cuyas temáticas giraron en torno al medio ambiente, las drogas y la violencia de género.
El último en tomar la palabra fue el ex Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, quien realizó una breve exposición de las políticas de memoria implementadas en nuestro país desde 1984. Tras un recorrido histórico por los debates y políticas de memoria en Europa, enfatizó la idea de que la importancia que asume el movimiento de derechos humanos a partir del año 2003 se debe a la profunda crisis de representatividad política que vivió la Argentina en el 2001. Dicha crisis, sostuvo Jozami, generó unos marcos interpretativos según los cuales los integrantes del sistema político eran “espurios” y “corruptos” y, en contraposición, el movimiento humanitario aparecía como el refugio de lo puro, lo verdadero, lo ético y lo moral. En esta línea, resaltó la importancia de la decisión política de Néstor Kirchner de hacer suyas las reivindicaciones de dicho movimiento, convirtiéndolas en políticas de Estado, y ensayó una comparación con el contexto de la inmediata posdictadura: ¿Podía Alfonsín tomar otras decisiones? ¿Por qué decidió utilizar el preámbulo de la Constitución y deslizar el debate político que marcaba la coyuntura a 1853? Jozami rescató que, si bien es comprensible el intento de establecer una lógica binaria entre dictadura y democracia por parte del líder radical, esta decisión excluía de la explicación lo ocurrido en la Argentina desde 1955 en adelante -contexto socio-político que explica el golpe de Estado de 1976- y dejaba el terreno despejado para la propagación de la “teoría de los dos demonios”.
En relación a la situación actual, manifestó que hay indicios preocupantes sobre la política de derechos humanos del macrismo. Jozami advirtió que nunca se vio un interés por parte del nuevo gobierno en desarrollar políticas de memoria, lo que se evidencia en el desfinanciamiento paulatino de los sitios de memoria y en la abstención del PRO en la Cámara de Diputados a la hora de votar leyes que buscan investigar a los actores civiles de la última dictadura.
En síntesis, los expositores hicieron un balance positivo tanto de la proliferación de los juicios por delitos de lesa humanidad, como del crecimiento de los sitios de memoria en distintos puntos del país. Sin embargo, los tres manifestaron que este optimismo convive con situaciones alarmantes. Por ejemplo, la dificultad para avanzar en el enjuiciamiento a los partícipes empresariales de la última dictadura, los recientes despidos de profesionales que cumplían tareas de investigación para aportar pruebas en los juicios en curso y en los que pueden sustanciarse en el futuro, la falta de presupuesto en los espacios de memoria y la anulación del segundo prólogo del Nunca Más, que proponía una problematización de la “teoría de los dos demonios”.
La realización de esta mesa evidenció, una vez más, la necesidad y la importancia de continuar reflexionando en torno a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. A su vez, demostró que un tratamiento serio de la temática requiere del diálogo interdisciplinario y de una evaluación profunda del rol de los distintos actores involucrados. En este sentido, la comunidad académica y las universidades nacionales en particular, juegan un papel relevante al producir conocimiento, promover el debate y generar un vínculo con la sociedad.
Notas
(1) Consideramos que uno de los ejemplos más claros que avala los dichos de Rafecas es la nota de opinión de Alfredo Leuco, titulada “Es necesario que haya nuevos organismos de Derechos Humanos”, publicada en el diario Clarín el 26 de marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.clarin.com/politica/necesario-nuevos-organismos-Derechos-Humanos_0_1546645705.html
* Mariana Paganini es Profesora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y estudiante avanzada de la Maestría en Historia y Memoria que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
** Paula Zubillaga es Profesora en Historia y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y estudiante avanzada de la Maestría en Historia y Memoria que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
