Panel Genocidio y negacionismo. Disputas en la construcción de la memoria

Conferencia en PDF

Acto inaugural mes de la memoria. 21 de marzo de 2017. Rectorado UNLP.

Expositores: Daniel Feierstein y Daniel Rafecas.

Coordinación: Ana Barletta y Verónica Cruz

Ana Barletta: Qué tal, buenas tardes a todos. Un gusto darles la bienvenida a la inauguración de nuestro mes de la memoria. Como en los últimos años inauguramos acá, en el edificio de la Presidencia, el conjunto de actividades que nuestras facultades, claustros, gremios, agrupaciones estudiantiles, organizan en forma colectiva y masiva los actos de conmemoración del aniversario tremendo de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Este año, además, se conmemoran los 35 años de la Guerra de Malvinas. Y eso también nosotros lo inscribimos dentro de la historia de la dictadura militar.

Les doy la bienvenida en nombre del presidente de la Universidad, el licenciado Raúl Perdomo, que a último momento no pudo estar con nosotros porque tenía una reunión inesperada en el Consejo Interuniversitario Nacional. Esta inauguración es en un momento difícil porque hoy es un día de paro nacional docente y va a haber mañana también una movilización que va a reunir a todos nuestros gremios. Nosotros tomamos la decisión, de todas maneras, de inaugurar el mes de la memoria. Tenemos invitados de lujo y, pensamos que no obstante este paro, la Universidad también tiene que mantener las actividades que nos llevan a visibilizar nuestras ideas, a potenciar nuestro pensamiento, a enriquecer nuestras perspectivas sobre el pasado reciente y, también, a reivindicar desde la Universidad el conocimiento que nosotros estamos aportando al conocimiento de la historia reciente, de la historia argentina contemporánea, en momentos en que hay fuertes indicios de negación de la historia; de la negación de –podemos decir- verdades establecidas. No sé si llamarlas así, aquí tenemos a nuestros invitados que nos dirán cómo llamarlas: conocimiento establecido, verdades establecidas, certezas que hemos ido acumulando en todos estos años desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad. Los organismos de derechos humanos y también la justicia, el derecho, la historia, la antropología, la sociología y las ciencias sociales, en general, la Universidad de La Plata, como otras universidades, hemos aportado al conocimiento de la sociedad argentina, del pasado reciente, y de los periodos tan dramáticos que hemos vivido los argentinos.

Entonces, frente a un momento donde algunas de estas verdades parecen no ser verdades, me parece que es fundamental pensar en nuestro papel en el establecimiento de esos conocimientos que nos permiten avanzar. Y tenemos que difundir. Nuestros invitados hoy, creo que son justamente referentes de esa perspectiva de aportar conocimiento al estudio de nuestra realidad y de nuestro pasado. Así que, bienvenidos. Bienvenidos a esta mesa, a inaugurar el Mes de la Memoria con la infinidad de actividades que tendremos en los próximos días, en todos nuestros espacios: facultades, colegios y dependencias. Así que muchas gracias por acompañarnos a pesar del día complicado que es hoy.

Verónica Cruz: Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes también y un agradecimiento muy especial a nuestros dos invitados que sabemos que son personas con agendas complicadas pero que, sin embargo, se hicieron un lugar en su agenda para poder estar con nosotros hoy. Y eso es importante poder reconocerlo y no naturalizarlo.

Muchas de las cosas ya las planteó Ana. Yo quería hacer alguna reflexión a qué es esto que nosotros hemos dado a denominar el Mes de la Memoria en la Universidad Nacional de La Plata, que es un proyecto relativamente reciente que no tiene, estrictamente, un correlato cronológico sino que arranca en marzo. De hecho, hay unidades académicas que realizaron actividades desde el 6 de marzo hasta la fecha y que, se extiende, en abril –como bien decía Ana [Barletta]-, incluyendo en el cronograma la conmemoración de nuestros caídos en Malvinas. Y uno podría seguir pensando que seguimos trabajando y realizando actividades hasta el mes de septiembre, que abarca a las propuestas que fuertemente trabajan los estudiantes de nuestros colegios secundarios.

Así que esto es una iniciativa colectiva que procuramos empezar a instalar en la Universidad con el convencimiento de dar visibilidad a lo que cada quien hace porque nos parece que la reflexión, el ejercicio de memoria, el acompañamiento de los procesos de reparación, verdad y justicia, requieren ser visibilizados y más en este momento histórico y, en función de eso, cada unidad académica generalmente organiza distintas actividades. Lo que sucedía es que, por ahí, no nos enterábamos. Además, es una puesta colectiva estratégica también, porque eso implica coordinar actividades, fechas, horarios. Ir generando una red solidaria entre nosotros para poder pensar los temas de forma colectiva, para poder pensar cómo los acompañamos, para que haya lugar para las expresiones artísticas, como para las expresiones culturales, como para las expresiones típicamente académicas de reflexión o debate político. Cada uno con su impronta y su trayectoria aporta, da contenido y sentido a este Mes de la Memoria. Por supuesto, nosotros, desde la Prosecretaría de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Presidencia y de la Vicepresidencia, también debatimos un poco y vamos pensando qué propuesta para cada año. Por eso digo, como bien decía Ana [Barletta], no es casual que decidimos arrancar este acto de apertura con este panel titulado: “Genocidio y negacionismo. Disputas por la construcción de la Memoria”.

Dicho esto, yo quería hacer inicialmente un recorrido, porque también –esto es más conocido para los que somos de la casa y quizás no tanto para los que nos visitan- muchas veces escuchamos discursos que dicen “la Universidad no debate, la Universidad de los silencios, la Universidad no discute temas de interés”; entonces, empezamos a hacer un recorrido con el equipo de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la cantidad de cuestiones que la Universidad ha ido colocando, disputando, y las decisiones que hemos ido tomando en materia de derechos humanos en los últimos años y que han sido sumamente valiosas pero que a veces aparecen naturalizadas o invisibilizadas.

Yo quería, ahora, dedicar unos minutos a hacer ese recorrido colectivo que, no es sólo una iniciativa de gestión, esto tiene que ver con el compromiso de esta comunidad universitaria, de quienes estudiamos y trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata, y luego finalizar la intervención con algunas interpelaciones de contexto que también me parece –nobleza obliga-, en función de ese recorrido transitado, nos sentimos interpelados doblemente en este contexto histórico a repensar qué producir y qué comunicar desde la Universidad pública.

Pensaba, por ejemplo, políticas y acciones que dan cuenta del compromiso ético y político de nuestra Universidad, respecto de cuando nos constituimos –allá por el año 2007- en querellantes de los juicios donde se juzgan las violaciones a los derechos humanos que padecieron integrantes de esta comunidad universitaria, que fue una resolución votada en el Consejo Superior en el 2007. Pensaba también en la publicación del Huellas 1 y 2 que fue la primera iniciativa de construcción e identificación de los compañeros detenidos- desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico- militar y que se pudo compilar, hacer una primera publicación, aun teniendo en cuenta que estos procesos son por definición procesos incompletos, y que la reconstrucción sigue y sigue, que cuando uno moviliza aparecen nuevos nombres, aparecen nuevos planteos y eso es muy fructífero. Pensaba también en la reformulación de nuestro Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2008 –ahí lo miro a Fernando [Tauber], nuestro Vicepresidente que le tocó liderar fuertemente ese proceso-, que fue un debate enriquecedor donde claramente incluimos en el Preámbulo y en el Estatuto una referencia respecto a que ninguna persona vinculada a la violación de derechos humanos o al terrorismo de Estado puede pertenecer a nuestra comunidad universitaria. Eso fijó un piso de conquista y un piso de realización en cuanto a la dirección política del proyecto institucional, que me parece sumamente importante señalar. Justamente ello posibilitó que el Consejo Superior en el año 2014 se pronunciara a favor de la expulsión de la Universidad Nacional de La Plata del Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, el Dr. [Enrique] Pérez Albizu, tras el testimonio y la documentación aportada por Adelina Dematti de Alaye –que ya no está con nosotros, sino hubiera estado sentada en la primera fila-. Adelina en su testimonio aportó documentos muy importantes, los Libros de Actas donde figuraban las firmas de este señor certificando la defunción de personas NN, un hecho gravísimo que lesiona la ética universitaria de nuestra propia universidad. Luego, en el año 2015 también tuvimos otro hecho lamentable que fue el desempeño del Juez [Horacio] Piombo, en un fallo muy polémico, donde nuevamente la comunidad universitaria se vio interpelada para tomar la decisión de expulsar a esta persona de esta casa de estudios. Si bien en ese momento entre la decisión del Consejo Superior y la decisión personal de renunciar a los cargos siempre están matizadas, a mí me parece que igualmente esos movimientos y que el Consejo Superior y la comunidad universitaria nos demos un debate respecto de esto y tomemos una decisión al respecto, es sumamente importante.

Lo pudimos hacer porque tenemos este Estatuto desde el año 2008 que fija con total claridad hacia qué direccionalidad queremos marchar como Universidad pública. También pensaba la designación con el título de Honoris Causa de referentes de organismos de Derechos Humanos, tal como Estela de Carlotto, Rosa Bru, las Asociaciones Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel –que vamos a estar entregándole la semana próxima su título de Doctor Honoris Causa-, a Hugo Cañón –que ya tampoco está con nosotros, pero que era una persona sumamente cercana y reconocida por nuestra Universidad-, Adelina Alaye, Chicha Mariani, a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, Anahí Ginarte y Darío Olmo, por citar algunos que han estado directamente vinculados a la defensa de los derechos humanos y que la Universidad Nacional de La Plata decidió darles este título.

Pensaba también en la reconstrucción, reparación y digitalización de los legajos, de las casi 800 víctimas del terrorismo de estado que esta Universidad tiene, y que viene realizándose como una política institucional. Asumiendo esta deuda institucional con esos familiares y con esas víctimas, que en el año 2015 nos llevó a entregar una copia a familiares y allegados de 36 trabajadores no docentes, que desconocían totalmente qué documentación obraba en esta Universidad. Se hizo todo un trabajo de reconstrucción, digitalización y entrega de la cual hoy dispone la Dirección de Personal, el Archivo Histórico y la Prosecretaría. Una copia que nos permite aportar también esa información a los juicios, a nuestros investigadores, para un conjunto de toma de decisiones muy importantes. Luego también entregamos legajos reparados a los estudiantes secundarios que fueron víctimas de lo que conocemos como “La Noche de los Lápices”, y que pertenecían a nuestros colegios pre universitarios. Esa también fue una decisión trabajada fuertemente con las organizaciones que se van dando también las víctimas, los allegados y los propios compañeros de la comunidad universitaria. Y en este momento nos encontramos trabajando en el proceso de reparación de legajos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y de la Facultad de Ingeniería. La idea es llegar a la totalidad de la reparación de esos legajos. Se imaginan con este volumen que decía, de casi 800 víctimas, de las cuales no toda la información está disponible, ni siquiera ubicable, pero es una apuesta que hemos decidido asumir con la mayor seriedad y compromiso que esos familiares y esos compañeros se merecen. Pensaba también que recientemente se ha organizado el material histórico documental, que depende del Archivo Histórico y de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad, donde ellos han hecho un trabajo que recorre un conjunto de fotografías donde se muestra, al entonces rector, Dr. [Guillermo] Gallo, que fue el rector que ocupó ese cargo desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 1983, y donde esas fotografías muestran, también, qué re direccionamiento se quería dar a la Universidad en ese momento –que claramente no tiene nada que ver con la Universidad que tenemos hoy-. Está bueno porque ese registro fotográfico, esa imagen visual, nos permite también mirar cómo se miraba la Universidad hacia sí misma y cómo era mirada en relación con la sociedad.

La creación desde hace varios años de carreras de posgrado vinculadas a los derechos humanos, tal y como la Maestría en Derechos Humanos que tiene el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos que tiene la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Maestría en Historia y Memoria que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en vinculación con la Comisión Provincial con la Memoria y un sinnúmero de proyectos de investigación y de extensión que toman la temática y que están vinculados a nuestros laboratorios y centros de investigación. También la producción de diversas investigaciones, más de carácter colectivo, tales como la que viene desarrollando la Facultad de Humanidades –que viene sintetizando en publicación que denominó Memorias del BIM-, reconstruye las biografías de las personas que al día de hoy han sido identificadas como víctimas del circuito represivo del Grupo de Tareas 5 –integrado por la Prefectura, la Escuela Naval, la Base Naval y el Batallón de Infantería de Marina 3, el BIM 3, donde hoy está ubicada esa facultad-. O el libro La Universidad y la educación en el siglo XXI. Los Derechos Humanos como pilares de la nueva reforma universitaria, que fue la tesis de posgrado del Dr. Fabián Salvioli –a la cual nosotros recurrimos habitualmente porque nos parece que él hace ahí todo un análisis que ubica la dimensión transversal de los Derechos Humanos para pensar la política universitaria-. Más recientemente –que estuvimos en su presentación- el libro Guardianas de la memoria colectiva, co-producido por EDULP a partir de una iniciativa del grupo de docentes investigadores de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en reconocimiento a la incansable lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. También –miren que en esta búsqueda para pensar en cómo compartir todo lo que hacemos como Universidad pública, me puse a buscar en el repositorio digital, en el SEDICI nuestro, poniendo “universidad y derechos humanos” encontré 3.142 publicaciones, de tesis de posgrado, artículos de revistas científicas, programas radiales, notas de opinión… Esto nos habla de cómo la temática de derechos humanos está presente como preocupación teórica, como preocupación política, como campo de conocimiento al que un montón de integrantes de la comunidad universitaria está abocado en sus trayectorias de investigación y docencia.

Ahora bien, también quería compartir la segunda parte, que no es tan auspiciosa porque nos marca cierto desfasaje entre todo lo que venimos produciendo como Universidad en este tiempo histórico y en las condiciones que el contexto nos ha facilitado, y cómo también estas políticas institucionales y proyectos que he mencionado son interpeladas por el contexto actual, con una fuerza en un contexto histórico que, por momentos, parece querer arrasar con las conquistas logradas con enorme esfuerzo, militancia y dedicación en todos estos años. Un contexto donde aparecen discursos y prácticas simplificadores que relativizan el genocidio argentino, al poner el eje en el número de víctimas, tal como lo expresaran Darío Lopérfido y el propio presidente de la Nación, banalizando un proceso sumamente complejo y dramático que, lejos de ser negado, requiere la producción constante de condiciones que habiliten la palabra, condiciones que contrarresten el terror y el silenciamiento, condiciones que reinstalen y aseguren la continuidad y la profundización de los juicios como política de Estado, que permitan sancionar a los culpables y que nos permitan construir y reinterpretar colectivamente ese pasado tan doloroso.

Un contexto donde también se procedió a desarticular un conjunto de programas que estaban dirigidos a acompañar a las víctimas y testigos, y a fortalecer el proceso de enjuiciamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad. Un contexto donde se instala la prisión domiciliaria para los genocidas, tal como sucedió –si bien no se efectivizó por el reclamo popular-, con la justicia federal aquí en La Plata, que concedió el arresto domiciliario al ex comisario Miguel Etchecolatz –con 6 condenas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura cívico militar- principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en el 2006.

Un contexto donde se propuso reabrir la Unidad 34 del Campo de Mayo como cárcel para condenados por delitos de lesa humanidad, a pesar de haber sido cerrada por considerarla insegura. Un contexto donde se inscribe como iniciativa gubernamental, en el marco del 40 Aniversario del golpe, la revisión del Nunca Más –texto tan querido y reconocido por muchos de nosotros- en su versión original del año ’85, que si bien contiene el prólogo original de la CONADEP –y eso así debe ser- se sacó el escrito producido por el Secretario del Ministerio de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el año 2006, que procuraba, precisamente, poner en tensión la “Doctrina de los Demonios” y dar centralidad al terrorismo operado por el Estado al margen de la ley, donde no hubo violencias cruzadas y donde varios organismos de derechos humanos expresaron su acuerdo con este modo de conceptualizar lo ocurrido. Nos preocupa, en este sentido, que se haya procedido de ese modo, bajo el argumento del Secretario de Derechos Humanos [Claudio] Avruj, que dijo que lo hacían para evitar aditamentos ideológicos, como si fuese posible abstraernos de la dimensión ideológica, tanto para dejar ese prólogo como para quitarlo –quizá para escribir otro, ¿no?-.

Un contexto en el cual en marzo del 2016 se invitó al presidente de Estados Unidos a recorrer el Parque de la Memoria, casi sin visibilizar, sin hablar del rol que tuvo Estados Unidos en las dictaduras de la región, propiciando violaciones a los derechos humanos. Donde el presidente de nuestro país hizo referencia a lo ocurrido en la dictadura como parte de la “intolerancia y las divisiones entre los argentinos” mientras –el entonces- presidente [Barak] Obama dirimía una tibia autocrítica al rol tremendo que tuvo su país en este proceso. Un contexto en el que un juez decide, el jueves en la ronda de las Madres, ir a buscar a Hebe de Bonafini, para proceder a su detención a fin de que prestara declaración indagatoria –primer ejercicio de defensa del que disponemos los ciudadanos y las ciudadanas y al que no estamos obligados por ley- por lo cual, tal como expresara el jurista Mario Juliano, la situación generada en esa ocasión fue paradójica y contradictoria y debiera interpelar hasta al más común de los sentidos.

Un contexto, también debo decir, donde se produjo la detención ilegal de Milagro Sala, respecto de la cual este Honorable Consejo Superior se expidió pidiendo su libertad en el marco de lo establecido por la normativa de derechos humanos internacional y nacional, sin haberse logrado su liberación aún.

Un contexto que pretende instalar, de manera poco seria y sin argumentos, un protocolo de seguridad para las protestas de los y las trabajadoras en la calle, vulnerando el conjunto de derechos constitucionales.

Un contexto que propone cambiar el régimen de responsabilidad penal juvenil, sin explicitar con claridad y precisión los argumentos que fundamentan esa iniciativa e instalando con fuerza el propósito de bajar la [edad de] imputabilidad de los jóvenes –que como sabemos en su mayoría son jóvenes pobres- con derechos vulnerados desde la temprana edad al impedírsele el acceso a servicios educativos, de salud, de recreación, por citar algunas de las situaciones a las que el Estado Nacional, Provincial y Municipal está obligado por la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos que sigue sin cumplimiento efectivo total.

Y más recientemente, el intento de modificar el día del feriado del 24 de marzo, cuando se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia al igual que el 2 de abril donde recordamos a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas.

Y por último, tal como lo mencionara la Vicepresidenta, un contexto donde la educación pública está puesta en jaque y, donde los docentes e investigadores de todos los niveles educativos estamos en estas semanas defendiendo la Universidad pública, la instancia de negociaciones paritarias, el financiamiento de la investigación, la ciencia y la técnica, cuestiones que han llevado al paro nacional de hoy y a la organización de la marcha federal educativa que se realizará el día de mañana en el entendimiento de lo inadmisible que resultan afirmaciones desafortunadas como las que realizó nuestro presidente esta mañana, al referirse a la inequidad existente entre los niños que pueden ir a una escuela privada y aquellos que “tienen que caer” –textual- en una escuela pública.

En este marco, tensionado, contradictorio, donde vemos cómo se erosiona el sentido de lo público, nuestra Universidad registra un conjunto de avances en materia de derechos humanos, que han sido construidos colectivamente por los que estudiamos y trabajamos en esta Universidad. Y precisamente, es ese recorrido del cual fueron parte los compañeros que hoy ya no están físicamente acá,porque fueron asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado, el que nos lleva a sentirnos interpelados ante el avasallamiento de derechos y a profundizar nuestra lucha por un proyecto de Universidad y de sociedad más justo e igualitario, con memoria, verdad, justicia y reparación.

[Aplausos]

Sólo una cosita para cerrar en honor a los compañeros. Digo, denunciando la situaciones que atentan contra la dignidad humana y reafirmando que los 30, 000 compañeros detenidos- desaparecidos, siguen y seguirán presentes y en nosotros, tal y como corea la consigna, “ahora y siempre”.

Ana Barletta: Ya pocas cosas pueden agregarse a lo que Verónica desarrolló: un catálogo del contexto en el que vamos a inscribir esta reflexión sobre negacionismo y genocidio, que fue realmente muy fino y muy detallado. Yo solamente, antes de darles la palabra, agregaría dos cosas de la importancia de tener a estos dos especialistas en La Plata. En el caso de Daniel Feierstein querría solo resaltar que nosotros tuvimos la reapertura de los juicios en La Plata en el 2006. En el primer juicio después de la derogación de las Leyes de Impunidad a Miguel Ángel Etchecolatz, el Juzgado Federal Oral Número 1 de La Plata utilizó –en una manera tímida pero en avance, en pasos sucesivos-, la categoría de genocidio. Y la inspiración de ese tribunal del que formó parte el Dr. Carlos Rozansky –que también es Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad- fue inspirada por las investigaciones y en las concepciones teóricas de Daniel Feierstein. Y eso para nosotros es importante resaltarlo. Es importante resaltar los aportes que los investigadores, la sociología, las ciencias sociales podemos hacer a las causas, a los juicios y a la articulación de conocimiento entre sociedad, universidad y ciencias sociales. Y que es importante poder contar con su presencia porque también en La Plata, en esos juicios, que constituyen parte de nuestro acervo político, documental y de conocimiento en esta ciudad él ha aportado.

Respecto a Daniel Rafecas también ha tenido presencia en nuestra Universidad en varias oportunidades. Varias facultades –yo creo que la Facultad de Derecho siempre ha invitado a Rafecas, y nosotros también en la Facultad de Humanidades-, la Maestría en Historia y Memoria de nuestra facultad se ha nutrido de sus ideas, no sólo en lo que tiene que ver con su planteo con sus investigaciones históricas sobre el Holocausto, sino también, recuerdo –¿no sé si te acordás Daniel sobre una conferencia que diste con Hugo Cañón en la Maestría?-, en donde vemos el aporte que ha hecho su participación en la causa que trató las violaciones a los derechos humanos por el Primer Cuerpo de Ejército. Ahí, también, siguiendo su razonamiento –y esa conferencia que está publicada en la Revista Aletheia-, nos muestra cómo el juicio ha sido productor de conocimiento, productor de verdad, y productor, también, de reparación, fundamental a las víctimas, a los sobrevivientes de estos años siniestros. Así que, particularmente, quería resaltar el aporte de ellos hacia la política, hacia la sociedad desde el conocimiento, desde las ciencias sociales, desde el derecho, desde la sociología que es lo que estamos reivindicando hoy. Primero doy la palabra a Daniel Rafecas y luego Daniel Feierestein.

Daniel Rafecas: Muchas gracias, Ana [Barletta]. Buenas tardes. Para mí es un motivo de honor y de orgullo estar aquí en este panel, tan distinguido, estar en esta Casa, en esta sede del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Recién, se destacaba que pudimos “hacer un lugar en la agenda” para poder estar aquí. La verdad es que es exactamente al contrario. Por lo menos, creo que también Daniel Feierstein compartirá conmigo el sentimiento, que la invitación de esta Casa, de estos prestigiosos colegas, que para nosotros es –digo nosotros, Daniel- una especie de imperativo moral. Lo digo en serio, precisamente, pensando –por lo menos hasta lo que yo he visto- en estos 13 años que llevo de investigaciones de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, si hay un ámbito, si hay una ciudad en donde el terrorismo de Estado se campeó y arrasó con toda una generación, fue esta ciudad, esta Casa de estudios, estos 800 hijos de esta Casa, que ya no están, que cumplían distintos roles: autoridades, docentes, no docentes, alumnos, alumnas. Cómo no vamos a estar acá. Por supuesto. Para nosotros es absolutamente prioritario y, también lo siento realmente como un homenaje, como un tributo, un muy humilde tributo hacia ellos.

Bien. En mi caso yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Me parece un tema urgente –el tema elegido de este panel-, un tema crucial, un tema muy importante en este momento, en esta coyuntura. Yo creo que esta cuestión de las tendencias y las posturas que están apareciendo de relativismo, de negacionismo, del terrorismo de Estado en la Argentina, merecen una reflexión profunda. Merecen un análisis detenido precisamente para desbaratarlos, para desvirtuarlos. No solamente en los ámbitos académicos, sino también proyectándolo hacia la sociedad en general. Y en este sentido, me parece interesante abrir un poco el espectro y, brevemente, trazar algunas comparaciones respecto de otros procesos genocidas que tuvieron lugar en el siglo XX y que tienen, respecto del caso argentino, muy intensas similitudes. Una de estas intensas similitudes es, precisamente, la intención de los perpetradores de instalar en el post genocidio estos discursos relativistas o negacionistas. En ese sentido, yo me detendría, además del caso argentino, en otros dos acontecimientos –muy conocidos, muy estudiados- como han sido el genocidio del pueblo armenio –por parte del Imperio Turco Otomano-, especialmente entre 1915-1917, y la Shoah.

Para no extenderme demasiado, me voy a detener en dos aspectos que hermanan a los tres procesos. El primero es el de la lógica de “solución final” que atravesó cada uno de ellos. Es decir, la lógica de “solución final”, conceptualmente, vendría a ser cómo que en cada uno de los acontecimientos, o en cada una de las experiencias, las elites, o los dominadores intentaron –o lidiaron- de distintas maneras y a través de distintas estrategias, resolver, lo que ellos consideraban un “problema” o una “cuestión”. Una “cuestión” molesta. Una “cuestión” a la que debe darse una “solución”, de modo tal de terminar con ese problema o esa cuestión. En el caso del Imperio Otomano, entre otras minorías, la minoría armenia –que era cristiana- que étnicamente no tenía mucho que ver con lo que era la mayoría de la población en el Imperio Turco Otomano, era un “problema” –entre comillas- para el establishment de ese régimen durante muchos siglos. Y, a lo largo de esos siglos, se fueron ensayando diversas estrategias para darle una solución a la “cuestión armenia”. En 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se llevaría a cabo la “solución final” de esa “cuestión armenia" que fue –como todos sabemos- la deportación masiva de todo ese enorme colectivo, de aproximadamente –en total-, un millón y medio de armenios hacia el Este, hacia los desiertos de Anatolia, de Arabia, de Siria, con fusilamientos en el medio, con muertes masivas por inanición, por hambre, por sed en esos lugares inhóspitos. Pero con una estrategia, obviamente dirigida y pensada de antemano, para asegurar, una vez finalizada la tarea, la negación de los hechos.

En el caso de la Shoah pasó exactamente lo mismo, quizá obviamente con una escala temporal menor. En el marco del régimen nazi, entre 1933 y hasta aproximadamente 1941, el régimen va a ir ensayando distintas estrategias también para lidiar con la “cuestión” o el “problema judío”, de los judíos alemanes y luego de los judíos europeos. El plan original del régimen nazi para, en definitiva, implementar la “solución final” de la “cuestión judía” en Europa era un proyecto inspirado en lo que había sido el genocidio de los armenios 25 años antes. Consistente en deportar a la totalidad de los judíos en Europa al Este, al extremo Oriental de Europa, una vez derrotada la Unión Soviética. Algo que, como sabemos, nunca ocurrió. Nunca llegó a ocurrir. Fracasado ese plan original, surge el plan alternativo, que fue la creación y la aparición de los seis Campos de Exterminio, en lugares secretos y apartados. Allí, unos tres millones y medio de judíos, fueron exterminados con gas (más de la mitad de los seis millones de judíos que en definitiva fueron aniquilados por el nazismo y sus aliados). Y de este modo, la “solución final” de la “cuestión judía” en Europa también tuvo un elevado nivel de cumplimiento, es decir, desde el punto de vista del plan de los perpetradores.

En el caso del terrorismo de Estado en la Argentina, las sucesivas experiencias autoritarias a lo largo del siglo XX, también fueron lidiando con la “cuestión” de la insurgencia y de la efervescencia de las organizaciones de izquierda; a través de, por ejemplo, la implementación de leyes penales especiales, la imposición de la pena de muerte, la creación de tribunales penales especiales, el armado de organizaciones paramilitares –como el caso de la “Triple A” o el “Comando Libertador de América”- y finalmente, el 24 de marzo de 1976, inspirado en las experiencias genocidas anteriores, se pone en marcha la “solución final” de la cuestión de la izquierda en Argentina, que fue el exterminio de todos los que integrasen, participasen, colaborasen, simpatizasen con estas organizaciones que estaban definidas como enemigos políticos del establishment, de los factores de poder y del régimen que se acababa de instaurar.

En los tres casos se llevó adelante una lógica de implementación de los procesos genocidas, siempre pensando también –o además- en la negación posterior de esos sucesos. En el caso del genocidio armenio esto fue relativamente exitoso de parte de los perpetradores. Es más –como sabemos- hasta el día de hoy, el Estado turco sigue negando la característica o la condición de genocidio que tuvieron aquellos sucesos a comienzos del siglo XX. Y hubo toda una enorme estrategia, y unos enormes esfuerzos, para lograr esa impunidad y esa negación posterior que fue objeto de inspiración para el régimen nazi cuando puso en marcha la “solución final” de la cuestión judía. El régimen nazi, en definitiva, con la implementación de los Campos de Exterminio tenía la misma idea. En los Campos de Exterminio estaban asignados sólo dos o tres docenas de perpetradores. El resto de los que operaban las maquinarias infernales y las instalaciones eran las propias víctimas a través de la creación tan perversa de los Sonderkommando. Y la idea era que nadie saliera con vida de los Campos de Exterminio, de Treblinka, de Sobibór, de Majdanek, etcétera. De modo tal que, en el futuro, cuando Occidente, cuando los organismos de derechos humanos, la Cruz Roja, preguntasen ¿dónde están los judíos de Europa?, el régimen invocaría la duda, la falta de certezas, “no se sabe dónde están”, “acá no los tenemos”, “se habrán ido a Palestina”, “se habrán ido a Estados Unidos”. Como decía Videla respecto del caso argentino, también. En los tres tenemos esta misma lógica. Para decirlo gráficamente: la impresión que yo he tenido de estos estudios comparados de procesos genocidas es que quienes son perpetradores dedican igual energía, iguales esfuerzos, a cometer los crímenes, por un lado, y a procurar la impunidad y el negacionismo posterior, por el otro. El diseño de las estrategias de negación también ocupa, considerablemente, los esfuerzos y la voluntad de los perpetradores. Prácticamente no hay genocidio sin este diseño coetáneo para procurar la impunidad posterior y –digamos- una herramienta esencial de impunidad posterior es la preparación, la elaboración y sostenimiento a lo largo del tiempo de los discursos negacionistas. Entonces, respecto del destino de los armenios aniquilados, se sostiene que “están en Francia, en Grecia, en Estados Unidos, pero acá no están”. “De acá se fueron y nosotros no tuvimos nada que ver con la desaparición de ellos como colectivo en el Imperio Turco”. Respecto de los judíos europeos, lo mismo. “No están”. “Se fueron”. “Nosotros no tuvimos nada que ver“. Ante los desaparecidos de la Argentina, exactamente nos encontramos con el mismo discurso. “No están. No están ni vivos ni muertos”. “Son una entidad”. Entonces, acá tenemos –creo yo- estos dos denominadores comunes, de estos tres procesos que yo elegí, más o menos arbitrariamente, para mostrar este fenómeno. Para salir un poco del marco local y advertir que los discursos negacionistas son absolutamente inherentes a los procesos genocidas, de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, enfocándonos un poco más en el caso argentino, la implementación a través de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura del terrorismo de Estado, tiene que ver, al menos en parte, con la preparación de la impunidad posterior. Eran lugares secretos, lugares ocultos, apartados, o por lo menos sustraídos a la mirada pública. La elección de los métodos masivos de exterminio en el caso argentino, especialmente los vuelos de la muerte, no es antojadiza y reasegura la posibilidad de sostener en el tiempo la impunidad y la negación de los sucesos, este método tan cruel que todos conocemos y que no hace falta aquí detallar en demasía. Bueno, entonces todo esto, además, coronado con esa conferencia de prensa que dio [Jorge Rafael] Videla, en el año ’79, a corresponsales extranjeros en donde, muy francamente, él como cabeza de ese aparato de poder que en ese momento estaba en pleno desenvolvimiento, esboza esta doctrina, este discurso negacionista para la opinión pública mundial.

En ese sentido, los discursos que ahora están tratando de volver a instalarse, los discursos de los “dos demonios,” de la “guerra sucia”, se asientan sobre las bases de la doctrina negacionista del terrorismo de Estado. ¿Cuál es el objetivo? Por lo menos lo que yo vislumbro lo que estaría detrás del intento de instalar estos discursos: me parece que el objetivo nuevamente es el negacionismo del terrorismo de Estado. Y detrás del negacionismo del terrorismo de Estado el objetivo final, obviamente, es lograr la impunidad. Es decir, desandar el camino que se trazó los últimos quince años.

Quisiera, en los minutos que tengo para compartir con ustedes, detenerme en una de las estrategias que estamos advirtiendo en estos últimos meses, como parte de este fenómeno que estamos analizando, que es esta idea que ustedes habrán oído en algunos operadores, en algunos supuestos periodistas, de algunos supuestos representantes de ciertos sectores, de algunos medios de comunicación, que están volviendo a plantear la idea de que, así como se están juzgando a los criminales de lesa humanidad que actuaron en contextos de terrorismo de Estado, deberían también juzgarse a los miembros de las organizaciones armadas que, de una u otra manera, habrían cometido delitos en los mismos años, contemporáneamente a los sucesos. Esto es algo que se viene escuchando, precisamente en algunos medios en los últimos meses, y que formó parte de los discursos que circulaban en los años ’80 y ’90 y que formaron parte muy claramente de las políticas dominantes de olvido e impunidad. Pues bien, este argumento descansa, de vuelta, sobre la hipótesis del negacionismo del terrorismo de Estado. Y voy a hacer la siguiente reflexión al respecto: ¿Qué es lo que presupone esta postura o esta hipótesis? Lo que supone es que, así como hay unos 1200 criminales de lesa humanidad que están siendo juzgados –la mitad de ellos ya condenados-, no contamos con procesos y condenas contra los integrantes de las organizaciones armadas que realizaron supuestos delitos, durante esos mismos años. Ahora, esto parte de una falacia absoluta. Que es una suerte de insulto a estos sectores que han sido fuertemente diezmados por el terrorismo de Estado. Y lo voy a decir en estos términos. Ya desde el Juicio a las Juntas del año ’85 y luego también en muchos de los procesos judiciales que vinieron en la última década y media, ha quedado muy claro que el Estado argentino, usurpado por la dictadura cívico- militar, tuvo claramente un dilema y tomó una decisión acerca de cómo destruir, aniquilar –según sus propios términos- a las organizaciones de izquierda. En definitiva un dilema acerca de cómo encarar la “solución final” de la “cuestión subversiva” en nuestro país. Y frente a esa disyuntiva, una disyuntiva bastante evidente, consistente, por un lado, en utilizar las instituciones del Estado, es decir, la justicia, los fiscales, los jueces de instrucción, los jueces de cámara, etcétera, utilizar el código penal, que haya defensa, que haya debido proceso u optar, por el otro, para decirlo gráficamente, por ponerse la capucha, pasar a la más abierta clandestinidad e ilegalidad, convertirse en un Estado delincuente y desde ese otro lugar, de terrorismo de Estado, llevar adelante la tarea. Lo que digo es que, hoy en día, está absoluta y largamente demostrado que el 24 de marzo del ’76 se puso en marcha la opción de llevar adelante una suerte de “justicia policial” utilizando el aparato clandestino de poder, utilizando el terrorismo de Estado. Ahora, esa decisión consciente y muy clara de la dictadura, de utilizar el aparato clandestino de poder y de encolumnar en ese aparato de poder a todas las fuerzas militares, de seguridad, de inteligencia y penitenciarias al servicio de ese fin, trajo como consecuencia, por ejemplo, decenas de miles de asesinatos y de desapariciones forzadas. ¿Verdad? Y trajo también decenas de miles de secuestros y de torturas. En este sentido, y diría no solamente desde el punto de vista sociológico sino también jurídico, tenemos que hablar, no tenemos que olvidarnos nunca, que ha sido el Estado el que ha llevado a cabo cada uno de esos asesinatos, cada una de esas desapariciones forzadas, cada uno de esos secuestros y cada una de esas torturas. Y por lo tanto, cada una de esas víctimas, sufrió una pena. Una pena, no de la justicia convencional, pero sí de la “justicia policial” del Estado autoritario. Y por lo tanto, cada asesinato fue una pena de muerte. Y cada desaparecido fue una pena de desaparición forzada. Y cada torturado fue una pena de tormento –como en las épocas medievales-. Y cada secuestro debe considerársela una pena de prisión. Entonces, yo me pregunto, a partir de esta certeza, ¿es posible, así todo, sostener hoy en día esos discursos, frente a las decenas de miles de personas condenadas, en todos estos sentidos, agregando incluso la pena de exilio, a decenas y decenas de miles de compatriotas, el exilio externo y el exilio interno?. Si ponemos esta cuestión en la balanza ¿se sostienen estos tibios reclamos de que hay que juzgar a las organizaciones armadas? Estas argumentaciones tan endebles solamente se sostienen sobre la base de negar el terrorismo de Estado. Estos discursos que están apareciendo ahora solamente son sustentables sobre la base del negacionismo. Negando el terrorismo de Estado entonces podemos volver a instalar los “dos demonios”, la “guerra sucia”, “que se juzguen a los Montoneros”, como si miles de miembros de Montoneros no hubieran sido secuestrados, torturados y asesinados masivamente durante la era del terrorismo de Estado, es decir, condenados a penas de muerte, desaparición forzada, prisión y tormentos por la Justicia policial de la dictadura. A mí me toca investigar la causa del Primer Cuerpo, abarcando la represión contra la columna Oeste y parte de la columna Norte de esa agrupación y sus organizaciones de superficie. No quedó nadie prácticamente. Los mataron a casi todos. Y a los que no mataron, fueron torturados y secuestrados. Y los que no, fueron exiliados. Todos sufrieron penas. Todos fueron condenados por el Estado, por el Estado terrorista. Pero que haya sido un Estado terrorista no quita que todos y cada uno de ellos fueran objeto, destinatarios de penas, y por lo tanto, juzgados. A mí me parece que este es un argumento central para derribar, estos intentos de volver a instalar estos discursos. Y precisamente, lo que yo acabo de sostener, está fuertemente apuntalado por los procesos de juicio y castigo que hemos desarrollado y seguimos llevando adelante en todo el país.

Los procesos de juicio y castigo han venido a establecer objetivamente, con unas dosis de verdad –en sentido procesal, pero también histórico-, muy rigurosos, que han consagrado más allá de toda duda, la imposición masiva por parte del Estado terrorista, de todas estas penas que ha sufrido toda una generación. Esto me parece que es algo importante para traer al debate, allí cuando aparecen estos intentos de volver a instalar estos discursos. Justamente ayer en el Instituto “Haroldo Conti” de la ex ESMA participé de una mesa específicamente dedicada a la cuestión del exilio, que es algo que, por ejemplo en mi caso particular, como una generación posterior, como juez de instrucción de los casos de lesa humanidad, o del equipo de trabajo , no estamos en contacto permanente con el drama terrible que ha sido. Más allá de que, efectivamente, hemos tenido testigos fundamentales, pienso en Mario Villani, del circuito “Atlético-Banco Olimpo”, o Helena Alfaro de “Vesubio” o los sobrevivientes de “Mansión Seré”, [Claudio] Tamburrini y González, muchos están en el exilio y han venido. Pero la cuestión del exilio en nuestras investigaciones, en nuestras reconstrucciones históricas no es el tema central. Es algo que se toca tangencialmente. Pero cuando uno toma contacto con las historias concretas del exilio, sobre todo del exilio en el exterior, son cuestiones terribles, muy dolorosas. Familias separadas para siempre, pérdidas irrecuperables, dolores que no se pueden superar. ¿Acaso cada una de estas víctimas no sufrió una pena de parte del Estado? ¿Por qué hubo exilio masivo, de militantes, de simpatizantes, de intelectuales, progresistas, de izquierda, en aquellos años? Obviamente porque había una disyuntiva terrible. Era la muerte, el centro clandestino, la tortura, o sobrevivir huyendo del país. Y esto también, entonces, tiene que ser leído en clave de imposición de penas por parte del Estado policial. Miles y miles de compatriotas sufrieron esta pena de exilio. Y no solamente me refiero al exilio decidido, digamos, frente a esta disyuntiva de hierro por miles y miles de perseguidos en aquellos años; sino también de aquellos otros que, siendo presos políticos, fueron prácticamente obligados a abandonar el país, o aquellos otros que habiendo atravesado el secuestro y la tortura en centros clandestinos fueron, por una u otra razón, blanqueados por el Poder Ejecutivo y desde allí, prácticamente, eyectados al exterior. Decenas de miles de ellos. Y los que no tenían recursos, o por distintas razones, que decidieron emprender un exilio interno igual de doloroso y alienante que los que estaban en el exterior.

Entonces, frente a este panorama, de cientos de miles de compatriotas que sufrieron distintas clases de penas impuestas por el Estado terrorista, a partir de esta elección voluntaria de los dictadores de ir por este camino y de abandonar y prescindir de los mecanismos formales de castigo que prevé el Estado, ¿de qué nos vienen a hablar ahora? ¿De qué,  pese a todo esto,  hay que juzgar como si no hubiera pasado nada? Este fenómeno se enmarca en estos discursos y en estas estrategias negacionistas que son absolutamente inherentes y comunes a los procesos genocidas que informaron prácticamente todo el siglo XX, . Así que esto era importante y lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.

Daniel Feierstein: Bueno, buenas tardes, antes que nada quería compartir y suscribir las palabras de Daniel [Rafecas] en el sentido de que es un honor estar aquí. [A Rafecas:] vos lo calificabas de imperativo moral, y creo que es tal cual. En esta ciudad y en esta casa muy particularmente.

Creo que Daniel Rafecas desarrollaba con mucha solidez una respuesta, que podríamos llamar un poco más jurídica, algunos de los elementos de la relativización del genocidio. Yo quería profundizar entonces un poco en relación a sus efectos en la construcción de la memoria colectiva. Y creo que el rol de la academia, en ese sentido, es mejor cuando es un poco más incómodo. Entonces mi idea hoy, más allá de ratificar algunas cosas, no es tanto sostener unos argumentos, sino empezar a preguntarnos quizás por algunos errores nuestros y algunas cosas que han permitido estos avances.

En este sentido, si uno tuviera que imaginar –por lo menos es mi mirada– y hacer este recorrido de la lucha por la construcción de la memoria colectiva, yo creo que fue un recorrido sin duda ascendente durante 30 años. Y este recorrido, que se ubicaría entre el ‘79 y el 2009 más o menos, lo que uno observa es que –más allá de lo que se logró por parte del poder público– fue ascendente en el sentido de mayores y mayores conquistas en los modos en que nuestro pueblo iba concibiendo lo que nos ocurrió. Comienza ya a mediados/finales de la dictadura, en toda la lucha contra la dictadura, en la lucha por juicio y castigo, y en la denuncia de todos esos hechos. Inicia en el nivel que se puede, con un enorme coraje, en primer lugar por parte de las Madres de Plaza de Mayo y los organismos que las acompañaron. Inmediatamente, ya sobre el final, el último año de la dictadura o los últimos dos años, continúa con los ex detenidos desaparecidos y los compañeros sobrevivientes que empiezan a aportar a esa lucha. Y a partir del ’95 cuando se configura una nueva generación con los H.I.J.O.S. Pero cuando digo que es ascendente, digo que se van logrando más y más conquistas. Lo que uno olvida de los ‘80 es que la “teoría de los dos demonios” fue la forma de justificar el Juicio a las Juntas. Los “dos demonios” no es una teoría de Videla, surge de la propia sociedad, como un modo de aceptar que había un "terrorismo" –y sobre eso me voy a meter después– que había llevado a la Argentina a la anarquía y al caos, y que esta represión ilegal del "terrorismo" era tan grave o más, y que ese "terrorismo" justificaba el Juicio a las Juntas que se hace con esa doble mirada de los dos decretos de Alfonsín. Esto era lo que se había podido conquistar hasta ese momento, para de ahí hacia adelante poder avanzar: desarmando esa lógica de los dos demonios, comprendiendo que en realidad no había equivalencia entre esas prácticas y logrando derrotar a la impunidad.

Entonces, aun en la década menemista, en todos los años de impunidad, esa impunidad se llevó a cabo contra el pueblo. No había un apoyo social a las leyes de impunidad. Las leyes de impunidad se imponen con una amenaza militar, con un gobierno que retrocede, después con otro gobierno que pacta y lleva a cabo los indultos para descomponer la situación militar, pero jamás con la posibilidad de poder someterlo a la voluntad popular. En cualquier encuesta –que ya en ese momento teníamos encuestas de opinión– la voluntad popular era absolutamente opuesta a cualquier impunidad del genocidio argentino. Creo que esto se comienza a transformar –no creo que haya sido sólo en el último año, más allá de que cobra mucha fuerza en el último año– cuando los genocidas y sus cómplices comienzan a percibir que la memoria colectiva no se construye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Creo que gran parte del fracaso de la impunidad en la Argentina tuvo que ver con que se hizo contra el pueblo y que jamás logró un consenso social. Y por eso, de la mano de esos luchadores tenaces que encarnaron y representaron esa lucha durante tantos años, que el caso argentino es un caso bastante histórico a nivel internacional, que logra derrotar a la impunidad y además lo logra a ese nivel. Esto es, no sólo se logró derogar las leyes sino además llevar a cabo los juicios con tribunales naturales, contra todos los responsables. No juicios simbólicos, como fue en la mayoría de los casos de procesos genocidas, donde sólo se pudo juzgar a algunos responsables como representantes del conjunto.

Y me parece que esto se empieza a revertir con una serie de políticas que –yo destaqué tres, pero creo que hay más– comienzan a desarrollarse por abajo y no sólo por arriba, por parte de una serie de organizaciones y con un creciente apoyo mediático. Hay toda una serie de organizaciones que empiezan a surgir intentando emular el funcionamiento de los organismos de derechos humanos. Esto es: organizaciones de familiares de los perpetradores que contratan a algunos abogados que crean un centro de estudios legales sobre el "terrorismo" y que empiezan a tratar de permear por debajo a la sociedad con tres iniciativas entre otras.

Primero, un fuerte ataque a los símbolos de esa construcción de la memoria colectiva, el caso más fuerte es el número de 30.000 detenidos-desaparecidos. La segunda, es un proceso de victimización de los perpetradores: empezar a transformar a los perpetradores de un genocidio en víctimas del aparato estatal, empezar a denominarlos "presos políticos", reclamar por sus condiciones de detención, exigir sus prisiones domiciliarias, hacer planteos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces transformar la lógica de su concepción y victimizarlos. Y tercero, que es un poco el tema en el que se metía Daniel Rafecas y que creo que requiere ser abordado desde distintas miradas, la equiparación de los procesos de violencia. Este último es un proceso muy sutil, pero además en algún punto muy engañoso, porque equipara la violencia estatal de un proceso sistemático de destrucción de relaciones sociales con la violencia insurgente ante un orden injusto. Y además olvida otros procesos de violencia. Esto es: equipara dos, pero la violencia estructural está fuera de ese planteo, la inseguridad cotidiana está fuera de ese planteo, con lo cual la pregunta es ¿Por qué se equiparan esos dos? ¿Por qué se dejan otros afuera? y ¿Qué tipo de proceso simbólico implica eso?

Creo que con estas tres iniciativas se comienza a permear el sentido social, se comienza a permear la memoria colectiva, en un proceso lento pero mucho más inteligente que lo que había sido la impunidad de la etapa previa y que podemos ver hasta hoy mismo que va de abajo hacia arriba. Esto es: el gobierno macrista, con todos sus problemas, no ha sancionado ninguna ley de impunidad, no ha impuesto ninguna reconciliación, sino que lo que hace es pararse en el lugar de "escuchar el reclamo de la sociedad". Y estas organizaciones, lo que intentan hacer es construir ese reclamo social. Esto nos pone en un lugar de enorme responsabilidad, porque implica hacernos cargo de qué vamos a hacer en esa confrontación. Esto es: cómo va a jugar la universidad, cómo van a jugar nuestras organizaciones, cómo van a jugar nuestros movimientos, cómo va a jugar el conjunto de la sociedad argentina en esa disputa por la memoria colectiva, que insisto: no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esto hace a la situación más compleja, y nos interpela mucho más.

Ahora voy a meterme brevemente con los tres elementos que mencioné para después poder pensar algunas estrategias de confrontación.

Primero, decía, este ataque a los símbolos, a todos los símbolos históricos y fundamentalmente a la figura de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Esto es muy común –lo mencionaba Daniel Rafecas de otros casos históricos– al conjunto de los procesos genocidas. El modo de relativización más clásico –relativización más que negacionismo– es cuestionar las cifras de víctimas. Justamente porque un proceso genocida se caracteriza por una destrucción masiva de las relaciones sociales, por la persistencia del terror después de esa destrucción, y por lo tanto, por la indeterminación del número de víctimas. En ese sentido, la respuesta que dio Estela de Carlotto fue una de las más precisas, que es que cualquiera que cuestione el número de los 30.000 debiera entregar el número definitivo: quiénes fueron los detenidos desaparecidos, dónde están, qué ocurrió con cada uno, quién los secuestró. Entonces, al no tener los datos, la pregunta es: ¿Desde dónde se hace el planteo? El planteo se hace desde lugares de enorme distorsión.

Por de pronto, excluir de la nómina de esos famosos –tomo la declaración de [Juan José] Gómez Centurión– “8000 verdades, 22000 mentiras”, o sea, 8000 verdades excluyen a los asesinados. Entonces los asesinados no serían víctimas, pero la pregunta es ¿Desde qué lógica los asesinados no serían víctimas? También excluye a los sobrevivientes, a todos aquellos que han estado detenido-desaparecidos pero que fueron liberados. Y sobre todo excluye a todos los casos sin denuncia que en todo proceso histórico seguirán existiendo, sea porque no quedó nadie para denunciar, sea porque esa situación sigue produciendo terror. Y esto no es sólo común en Argentina: los dos casos históricos que mencionaba Daniel Rafecas, sobre el ittihadismo turco frente a armenios, sirios y griegos, el caso del nazismo y sus múltiples víctimas entre las que destacan judíos y gitanos, el caso de Camboya, el caso de Bangladesh, el caso de Ruanda, el caso de la ex –Yugoslavia no tienen cifras definitivas de víctimas en tanto no existe modo de constituir esa cifra definitiva.

Este cuestionamiento a las cifras ha tenido la complicidad de muchos miembros de nuestras instituciones y han sufrido la vieja herencia del positivismo, sobre todo en la Historia, diría: el error de creer que se puede llegar a un número definitivo. Entonces, esta ilusión de que si el investigador “trabaja seriamente”, va a llegar al “número definitivo” y, por lo tanto, cree efectivamente que el número al que ha llegado es el "definitivo", olvidando absolutamente que es una indeterminación, que nunca se va a poder llegar a ese número. Esto no quiere decir que no sea útil el trabajo. De hecho, estamos haciendo un trabajo en mi equipo de investigación para comenzar a reponer una de las dimensiones más olvidadas del genocidio argentino que son los sobrevivientes. Los sobrevivientes siguen sin tener voz, siguen sin tener espacio, siguen sin ser contabilizados, e incluso desde el propio campo popular se los llama para que declaren en los juicios y después se los olvida. Es sorprendente que cuando se enumeran las organizaciones de derechos humanos siempre se olvida a los ex detenidos-desaparecidos. Se enumera a todas las organizaciones que rodean a un agujero, pero el agujero queda siempre olvidado. No es un olvido intencional, yo no creo que haya una intención de decir “no los queremos nombrar”. Es más complejo, es un olvido psicológico, es un elemento que no está. Y me parece que es fundamental restituirlo. Y restituirlo a nivel de la investigación, pero esa investigación no nos va a dar el número definitivo. Nos va a dar otros números para decir que lo que sí es absolutamente evidente es que los 6.700 de [José] D’ Angelo, o los 8.000 de [Juan José] Gómez Centurión son errores, eso sin dudas. Son muchos más que estos. Por eso la importancia de ese número simbólico, que cobra un papel central en la construcción de la memoria colectiva, es lo que se juega en la figura de los 30.000. Creo que es muy interesante esa figura para pensarla generacionalmente y para pensar en lo que implicó en la posibilidad de asumir ese legado. Por eso el ataque a esa figura simbólica.

El segundo elemento, lo decía, la victimización de los perpetradores: esta cuestión de plantear que los que están sufriendo son los que están siendo juzgados, que los que tienen que ser protegidos son los que están siendo juzgados. Así como decía que teníamos cierta tara del historiador positivista en lo que hace a los números, aquí estamos presos de cierto prejuicio, cierta tara del mundo del derecho que ve siempre al procesado como aquel que debe ser protegido, que piensa al juicio (y en general lo piensa bien, en la mayoría de los procesos de juzgamiento) como una instancia en la que, quien es imputado es quien debe tener los mayores derechos, porque es quien está siendo atacado por el Estado. Esta perspectiva, sin embargo, pierde de vista que en estos juicios se juzga a quienes ejercieron el aparato punitivo estatal con la mayor violencia en la historia argentina, y que no perdieron nunca el contacto con el aparato punitivo estatal. Entonces, desde estas miradas ingenuas y dogmáticas se pierde de vista que los que han estado en riesgo en toda esta década larga de juzgamiento no han sido nunca los procesados o los imputados, sino que los que han estado en riesgo han sido los testigos, los sobrevivientes, incluso los fiscales y los jueces. Esa mirada, con un correcto garantismo para pensar la situación global de juzgamiento, pierde la especificidad histórica de estos juicios y equivoca el planteo de modo radical. A quien hay que proteger más en estos juicios es a quien realmente está en peligro, y quien está en peligro es quien declara en estos juicios, no quienes son procesados. Tenemos un desaparecido [Jorge Julio López] y tenemos una asesinada [Silvia Suppo] y tenemos una cantidad de secuestros y amenazas a todos los actores de estos juicios y no tenemos ninguna violación específica de ningún tipo a ninguno de los procesados. Entonces, yo creo en ese sentido que es fundamental poder desarmar esa segunda mirada que busca imitar los modos históricos de lucha contra el aparato estatal: el pedido de libertad a los que se denomina erróneamente como "presos políticos", la insistencia para limitar las prisiones preventivas, la lógica del beneficio de las prisiones domiciliarias, aprovechar las denuncias a los órganos internacionales como si fueran herramientas propias. Como si aquellos que fueran, por primera vez en la historia, puestos bajo la lupa del aparato estatal, que son quienes manejaron el aparato punitivo, fueran las "víctimas" de este proceso de juzgamiento.

Y por último, queda analizar el procedimiento de equiparación de violencias. Esto de que se habla del terrorismo estatal pero no se habla del “otro terrorismo”; la pregunta de qué vamos a hacer con esa otra violencia que es la que desató el terrorismo estatal. Y decía: dos procesos absolutamente distintos a nivel histórico son equiparados, a la vez que otros procesos son invisibilizados y olvidados. El más evidente para entender la historia argentina es el de la violencia estructural. Pero además, cuando uno analiza la documentación que guió  el genocidio, observa que esa lógica causal no se sostiene. Entonces, el genocidio en Argentina no vino a reprimir a la violencia insurgente. Si hubiese venido a reprimir a la violencia insurgente, igual hubiese estado mal, por todos los motivos que desarrolló el juez Rafecas. Pero además, no es cierto que la represión estatal se explica como respuesta a la violencia insurgente. La represión genocida vino a destruir toda una estructura social, entre la cual incluía a la violencia insurgente como un elemento más. Vino a destruir a la estructura sindical, vino a destruir la estructura de los organismos estudiantiles, vino a destruir las estructuras barriales, vino a destruir todo un conjunto de redes sociales cuya vinculación con la violencia insurgente podía ser mayor o menor, o en muchos casos incluso eran opuestos. Con lo cual es otro el objetivo histórico que se cruza con la violencia insurgente pero vemos que no explican el uno al otro.

Y ahí es donde digo que voy a ahondar en la parte quizás más provocativa o políticamente incorrecta, y que son discusiones que en el movimiento de derechos humanos se han venido dando, y que Ana [Barletta] mencionaba que se han dado en los juicios también. Me refiero a la cuestión de entender por qué resulta relevante la calificación de genocidio. Esta cosa que hubo que sufrir bastante en estos años, de que los que no entienden de derecho insisten con lo de genocidio, y para qué quieren esa palabra, si en realidad las otras nos sirven igual, y si igual los vamos a condenar, y digo que tenemos que pensar que las palabras no son neutrales. Que los términos tienen consecuencias en los modos de percepción de la realidad. Y que los dos conceptos clásicos para nominar estos hechos –y ahora lo voy a explicar con toda la provocación que eso va a implicar– que son “terrorismo de estado” y “crímenes de lesa humanidad”, habilitan esta ofensiva recargada de las teorías de los dos demonios, esta ofensiva negacionista, lo que no resulta posible utilizando el término “genocidio”. Y este era el motivo central por el cual el movimiento de derechos humanos, diría desde el fin de la dictadura, y después incorporando a distintas personas y a quienes pudimos tratar de sumarnos a ese planteo, veíamos la importancia de esta calificación. A nivel de la pena la palabra genocidio no significaba nada, pero lo que hacía era llevar a los tribunales la disputa por la construcción de la memoria colectiva. Porque eran modos muy diferentes de concebir colectivamente qué nos ocurrió. Y ahí insisto, agradezco las palabras, Ana [Barletta], me parecen absolutamente exageradas en algún punto, porque creo que el juicio en La Plata fue expresión de una lucha que empieza cuando yo jugaba a las bolitas, de mucha gente que ya caracterizaba esto como genocidio antes de que yo escribiera nada ni se me ocurriera nada. Porque fue una percepción, una intuición muy temprana del movimiento de derechos humanos, que tenía que ver con la analogía con el nazismo y esto no era menor. No era menor esta analogía y lo que ella permitió en la lucha contra la impunidad. La consigna que seguimos cantando todos los 24, vayamos a la marcha que vayamos, la única que se sostuvo, “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. Me parece que esa vinculación con el nazismo que no ocurrió en ningún otro caso de América Latina jugó un rol crucial en la persistencia de la lucha contra la impunidad.

Pero decía: ¿cuál es el problema de los modos de nominación? Antes de señalar el problema del concepto de terrorismo de Estado, digo que creo que el trabajo de [Eduardo Luis] Duhalde es señero, el libro [El Estado Terrorista Argentino] de Duhalde es brillante y es un aporte enorme, conceptualmente, a la comprensión de lo que ocurrió en Argentina. Pero, ya en su momento, tenía un problema en el uso del concepto del terrorismo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque habilita la equiparación, por más que él se oponía a la equiparación. Justamente, Duhalde es el que escribe el prólogo para desarmar la equiparación de los dos demonios. Pero cuando uno dice que hay un terrorismo de Estado, en un mundo además donde piensa en clave "terrorista", estar diciendo que hubo un terrorismo de Estado quiere decir además que hubo otros terrorismos. Pero, si hay algo que no tuvo la violencia insurgente en la Argentina, fue terrorismo. Más allá de la discusión sobre el terrorismo. El terrorismo es una táctica política que algunos movimientos insurgentes implementaron, que yo creo que en la mayoría de los casos históricos es errada y produce consecuencias absolutamente desfavorables. Esa es toda otra discusión que no es para hoy, que no podemos abordar, pero no es para Argentina. Porque esa discusión estuvo en Argelia, estuvo en el Movimiento de Liberación Palestina, estuvo en el IRA, de alguna manera estuvo en la ETA también, pero en Argentina no, porque el terrorismo se caracteriza por acciones indiscriminadas. Esto es: la violencia terrorista lo que busca, y por eso es “terrorismo”, es generar terror a partir de llevar a cabo acciones que pueden afectar a cualquiera. El sentido para entender lo que surge en la lucha argelina contra Francia es “los franceses en Argelia no van a poder estar tranquilos”. Entonces si van a un aeropuerto, si van a un bar, van a volar por los aires con un atentado terrorista. Y esto significa que es indiscriminado, no es contra alguien en particular. Cualquier francés que esté ahí, va a volar por los aires, esta es la lógica. Y tiene que ver con la lógica de ocupación. Ellos tienen que irse de Argelia, por eso las acciones eran en Argelia, no eran en Francia. Entonces, en Francia, que vivan; en Argelia, los franceses van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo, pero esta era la lógica, la concepción del terrorismo. La insurgencia en Argentina no fue terrorista, no hubo acciones terroristas. Las acciones que se cometieron no fueron en ningún caso terroristas, que las condenemos o no, es otra discusión. Su sentido, su lógica, sus efectos políticos, su evaluación ética, requieren muchas discusiones, pero no la del terrorismo. Pero si continuamos este tipo de análisis conceptual, el Estado, en ese sentido, tampoco fue terrorista porque el terrorismo es indiscriminado. Y el Estado no fue indiscriminado, sabía perfectamente a quién quería aniquilar. Tenía todo un proceso de inteligencia que fue fundamental en el genocidio. Con lo cual, lo que hacía era apostar a destruir las relaciones sociales aniquilando a determinadas personas específicas, no indiscriminadamente, sino discriminadamente. Esta es la diferencia legal que distingue al genocidio de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad requieren acciones que sean masivas o sistemáticas, pero no requiere la discriminación. El genocidio se caracteriza por buscar la destrucción de un grupo, este es el esquema. Después viene toda la discusión previa, que creo que se resolvió en Argentina (y que creo que se utiliza en otros organismos internacionales, más allá de que haya sido una minoría de juzgados y de que haya sido ratificada esa discusión en las instancias superiores) con la figura del grupo nacional, que es más precisa que la del grupo político. Porque lo que se buscó en la Argentina es transformar nuestro patrón de identidad nacional. Así lo fundamentaron los genocidas: “Proceso de Reorganización Nacional”. Es interesante, porque no dijeron: “Proceso de Reorganización Política”. Si hubiesen querido destruir a grupos políticos, hubiesen dicho que querían hacer un proceso de reorganización política, pero en realidad querían mucho más que destruir a grupos políticos. Querían destruir los cimientos del grupo nacional. El general Ramón Díaz Bessone lo desarrolla con mucha claridad en lo que fue su Proyecto Nacional, en el documento que hace en el Ministerio de Planificación, donde dice que transformar una nación “no es soplar y hacer botellas”, sino que implica mucho trabajo y este trabajo requiere también acciones no totalmente nobles. El Reglamento RC5-1 “Operaciones psicológicas” del Ejército explica cómo el terror transforma la identidad.

Entonces, aquí hay una cuestión central acerca de cómo estas cuestiones, de alguna manera (no de modo intencional, por supuesto) han habilitado que se pueda difundir con mayor facilidad este intento de equiparación de las violencias. Y entonces, el argumento que nos queda como respuesta si no nos metemos con la discusión argumental, termina teniendo cierta debilidad. El argumento de que no es lo mismo el Estado que las acciones no estatales, es un argumento contundente. Sin embargo este argumento tiene un problema a nivel internacional, lamentablemente, por la acción de un argentino en la Corte Penal Internacional. El fiscal [Luis] Moreno Ocampo se encargó de tratar de destruir esa conquista histórica que no había sido plasmada como herramienta: la noción de que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos en general refieren al Estado, y que las otras prácticas son otro tipo de prácticas. Esto está en cuestión a nivel internacional pero creo que igual tenemos que seguirlo sosteniendo, la posición argentina en ese sentido ha sido muy fuerte. Aun así, es como el último resquicio que queda, metidos en esa lógica de equiparación y de no poder entender la diferencia cualitativa entre un genocidio y otras modalidades de violencia que no pasa solamente por el ejercicio del aparato estatal sino por los propios objetivos y por el sentido estratégico del uso de la violencia.

Para cerrar, creo que ante el negacionismo o el proceso de relativización, no es posible encerrarse en lo que se sostiene. Creo que es lo peor que se puede hacer, y lo que va a lograr es que siga creciendo en la memoria colectiva esta ofensiva de atacar las conquistas históricas de 30 años. ¿Qué quiere decir cerrarse? Seguir repitiendo los mismos argumentos o tratar de cerrar la boca al otro. Creo que en ningún caso histórico el negacionismo se combate con el Código Penal. Yo creo que, y esto es una conquista del garantismo penal, que las ideas no se penan. Por lo tanto, yo creo que salir a pedir la cárcel para quien dice algo distinto, por muy deleznable que sea lo que dice, es un boomerang. El negacionismo y el relativismo se combaten argumentando ideas. Se combaten en todos nuestros espacios saliendo a dar la disputa conceptual, saliendo a dar la disputa política, saliendo a dar la disputa gubernamental. Esto no quiere decir que no haya que seguir cobrándoles el costo político de esas declaraciones. Que yo diga que no se combate penalmente, no quiere decir que si un miembro del aparato de estado, un miembro del aparato público, lleva a cabo declaraciones como las que ocurrieron, declaraciones negacionistas, relativizadoras, es absolutamente pertinente el reclamo popular por su renuncia. Es decir: no queremos tener en nuestro aparato estatal, más allá de las identidades políticas, sujetos que niegan o relativizan el sufrimiento de nuestro pueblo. Lo que digo es que esto no se resuelve con una ley, no se resuelve con un código penal, se resuelve con acciones políticas. Bueno, algunas de las cuestiones que Verónica [Cruz] planteaba, decisiones de consejos de las universidades, de colegios profesionales, de las responsabilidades de los periodistas. A quién invitan a sus programas, a quién le dan voz y a quién no le dan voz, y esto es un derecho, darle voz o no darle voz a determinadas visiones.

Y lo otro que me preocupa de la respuesta es creer que la respuesta a este planteo es que el terrorismo de estado, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, o como se lo llame en los distintos sectores en la Argentina, son “cosa juzgada”. Cuidado: es un argumento peligroso, muchas injusticias en la Argentina son “cosa juzgada”. La impunidad era “cosa juzgada” y la revertimos con la lucha popular. La equiparación de los dos demonios es injusta porque argumentalmente no se sostiene, porque afecta nuestra memoria, porque insulta a quienes sufrieron la furia del aparato estatal, porque nos impide recomponer nuestras luchas, pero no porque es “cosa juzgada”. Que haya sido “cosa juzgada” es una conquista histórica del pueblo argentino. Que el derecho, por una vez, haya acompañado los reclamos populares, me parece que es algo a festejar. Pero cuidado, a no engañarse, porque si mañana algún juez decide hacer lugar a estas cuestiones y una corte suprema adicta a algún gobierno decide sancionarlo y lo convierte en “cosa juzgada”, ese argumento nos puede jugar como boomerang. Y creo que las verdades son verdades más allá de lo que juzgue el derecho.

Bueno, muchas gracias.