La vuelta a la democracia en Chile: La contribución de los exiliados

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Diego Avaria*

Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra (Suiza)

2012, Berna (Suiza)

diego.avaria@graduateinstitute.ch

Resumen

Este artículo tiene por objeto analizar la contribución de los exiliados para que Chile volviera a la democracia. Llama la atención la falta de conocimiento de gran parte de la sociedad chilena respecto a la experiencia del exilio. Generalmente, cuando se analiza la dictadura chilena (1973-1990) se hace mucho hincapié en los factores internos, léase manifestaciones, protestas, la influencia de los políticos, la Iglesia, etc., en Chile. Cuando se analiza la influencia externa, ésta generalmente se refiere a la de otros gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales. ¿Y qué hay de los exiliados, que en su momento constituyeron prácticamente el 10% de la población chilena? En general, existe la percepción que éstos llevaban una vida distanciada de los acontecimientos en Chile. Nada más alejado de la realidad. Constantemente, los exiliados chilenos no sólo mantuvieron el interés en su país, sino que se movilizaron activamente en la lucha contra la dictadura. Mediante numerosas asociaciones en el mundo entero, los exiliados chilenos mantuvieron un constante nexo con la oposición en Chile y realizaron todo tipo de actividades de solidaridad. Las asociaciones de exiliados chilenos constituían un lobby incansable ante los distintos gobiernos y sociedades de acogida. Gracias a éstas, varios gobiernos de acogida ejercieron una presión constante para que Chile respetara los derechos humanos y transitara hacia la democracia.  

Palabras claves

Exilio/exiliados, contribución, solidaridad, Lobby/Cabildeo, dictadura, democracia

En primer lugar, cabe señalar que Chile sufrió una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet que se extendió por 17 años, de 1973 a 1990. Es así como Chile pasó a engrosar la lista de las demás dictaduras que pululaban en América Latina y particularmente en el Cono Sur, donde Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay se encontraban bajo la bota militar, sumándosele Argentina en 1976.

Al igual que en los países vecinos, en Chile se instauró la práctica milenaria del exilio. La pena del destierro ha sido considerada desde siempre como una de las peores desgracias que pueden acaecerle a un ser humano; según algunos, incluso peor que la pena de muerte (FIGUEROA, 2004: 40). Se trata de personas “peligrosas” para las respectivas dictaduras, que entorpecen la “buena marcha” del gobierno autoritario. Pena de muerte, por cierto, porque se elimina de cuajo al indeseable. Y el destierro, que es lo que más se le asemeja, en el sentido que la persona deja de existir en el país. No por nada, Shakespeare denominaba al exilio como “el otro nombre de la muerte” (SHAKESPEARE, 1962: 781-783).

Durante la dictadura del general Pinochet salió de Chile el mayor número de exiliados de la historia de este país. No hay certeza sobre la cantidad de exiliados chilenos durante el período de la dictadura, los que se repartieron en más de 60 países. Depende de muchos factores, tales como los censos en los distintos países, el núcleo familiar, los que se fueron por razones eminentemente económicas, los que se acogieron al estatuto de refugiados, los que se fueron de manera “voluntaria”, entre otros. Aunque respecto a lo último, cabe mencionar que el exilio en su esencia nunca es voluntario. Las cifras varían de un millón -lo que constituiría prácticamente el 10% de la población en ese período- a 250.000 (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 230). Sea como fuere, esta última cifra da cuenta de aquéllos que no sólo eran exiliados políticos sino que además eran activos opositores a la dictadura.

Por otro lado, frente a las violaciones a los derechos humanos como son la tortura o la muerte, el exilio parece como un tema de menor importancia. La dictadura de Pinochet se dedicó constantemente a denigrar a los exiliados, influyendo en la opinión pública chilena y en la mismísima izquierda. Aquéllos que se fueron al exilio fueron acusados por la dictadura de “vende patria” que se encontraban en el “exilio dorado”. Fueron muy atacados desde la junta militar porque los exiliados fueron aquellos políticos, abogados, periodistas, escritores e intelectuales en el exterior que estuvieron permanentemente denunciando las violaciones a los derechos humanos y la brutalidad de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, los exiliados instalaron una pésima imagen de la dictadura, lo cual los llevó a ser considerados grandes enemigos de la patria, traidores, entre otros, de parte de la junta militar (REBOLLEDO, 2006).

Sin embargo, la experiencia de los desterrados dista mucho del “exilio dorado”. El exilio es un castigo injusto que ni ellos ni nadie merecían. La tarea de desmitificar la imagen ideológica de los exiliados como los “malos chilenos” es fundamental para lograr una visión más clara de este período de la historia de Chile (ANTICH, 1993: 85).

En Chile la reflexión ha estado centrada sobre todo en la experiencia del retorno, en el sentimiento de desarraigo profundo de la identidad individual y colectiva que ha hecho del exilio una experiencia traumática. Al respecto, cabe señalar los numerosos testimonios que nos ha heredado la historia (ALMEYDA, 1987; ARRATE, 2007; BEIZA, 2012; BÓRQUEZ, 1998; BUSTOS, 2000; CASTILLO y ECHEVERRÍA, 2002; CELEDÓN y OPAZO, 1987; CORVALÁN y CONTRERAS, 1989; FASIC, 1984; GAILLARD, 1997; GARAY, Ignacio, 2000; GONZÁLES, 1979; MELLA, 1991; MEYER y SALGADO, 2002; MUÑOZ y TREAN, 1976; NEVES, 1979; OÑATE y WRIGHT, 1998; ORELLANA, 2002; PALMA, 2001; PÉREZ, 1996; PERIS, 2009; RODRÍGUEZ, 1990; TARRES, 2003; TEITELBOIM, 1976; VEGA, 1979; VILLAMAR, 1985; VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD, 1990).

Sin perjuicio de lo traumático de la experiencia del destierro que dista mucho del exilio dorado, el objeto de este artículo es centrarnos en la contribución de los chilenos en el exterior para que Chile volviera a la democracia, mediante su incansable lucha contra la dictadura. Cabe mencionar que la bibliografía aún no aborda suficientemente el aporte de los exiliados a la vuelta a la democracia en Chile.

En efecto, existe una considerable producción de estudios, biografías y testimonios sobre el exilio chileno, abordados eminentemente desde las perspectivas psicológica, antropológica y/o sociológica (BOLZMAN, 1993; DEL POZO, 2002; MONTUPIL, 1993; NORAMBUENA, 2000; REBOLLEDO, 2005). Por otro lado, los estudios políticos respecto a la dictadura y la transición a la democracia aluden preferentemente a factores internos, léase manifestaciones, protestas, la influencia de los políticos, la Iglesia, etc., en Chile.  Cuando se analiza la influencia externa, ésta generalmente se refiere a la de otros gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales (MUÑOZ, 1991: 161-174).

¿Y qué hay de los exiliados, que en su momento constituyeron prácticamente el 10% de la población chilena? En este artículo nos centraremos en un aspecto sobre el cual no se ha escrito suficientemente, a saber, la contribución de los exiliados para que Chile volviera a la democracia.

El activo compromiso de los exiliados chilenos en la lucha contra la dictadura

En efecto, el destierro chileno fue eminentemente un exilio político, comprometido desde el primer momento con la lucha antidictatorial que ocurría en Chile. Sin duda, este exilio fue organizado y activo, realizando una destacada labor de denuncia y solidaridad en el exterior por derrotar a la dictadura e instaurar un gobierno democrático en Chile. En el exterior había un gran activismo político por denunciar las atrocidades que cometía la dictadura.

La represión contra el liderazgo de la Unidad Popular (UP), así como el intento fallido de los socialistas, de los comunistas y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de resistir como organizaciones clandestinas -que fueron diezmadas-, transformaron a los exiliados en el más efectivo frente de lucha contra la dictadura, al menos hasta 1982. Ése fue el año en que se produjo la crisis económica en Chile, tras la cual la oposición se reorganizó -fundando la Alianza Democrática- y se realizaron  las primeras protestas masivas en 1983.    

Pinochet usó el exilio para sofocar la acción política, pero una vez afuera los exiliados se organizaron y crearon asociaciones de solidaridad con Chile en los países de acogida. Muchas de ellas eran casi calcadas de las organizaciones políticas y socio-culturales que existieran en Chile en el período anterior al golpe militar (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 239). Es así como una gran mayoría de los cuadros dirigentes de los partidos políticos del gobierno de Allende retomaron rápidamente sus roles de dirección en las organizaciones políticas y sociales reconstituidas afuera. Aun así, las actividades solidarias no sólo fueron la obra de los militantes sino también de los chilenos que no eran miembros de ningún partido (MONTUPIL, 1993: 13-14).

La acción política por medio de los partidos, comités de solidaridad, ONGs y organizaciones locales e internacionales tuvo lugar inmediatamente con la llegada de los exiliados chilenos en los respectivos países de acogida.

            Cabe recordar que Chile es un caso paradigmático en el marco de la Guerra Fría. Primero que todo, por el acceso al poder de manera democrática y pacífica de una coalición marxista en 1970. Luego, por la destitución brutal del gobierno de la UP, tras el golpe de Estado ocurrido hacia la mitad del mandato de Salvador Allende en 1973, que instauró la dictadura de Pinochet hasta 1990.

            Fue un shock a nivel mundial, particularmente para las fuerzas de izquierda, que vieron en ello una advertencia a todos los movimientos marxistas deseosos de acceder al poder de manera pacífica y democrática.

Es así como el caso chileno se convirtió en una causa célebre, sobre todo para los europeos, y tuvo una gran acogida con funcionarios públicos, parlamentarios, militantes de partidos, activistas de sindicatos, asociaciones de derechos humanos, iglesias católicas y protestantes, así como federaciones de estudiantes (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 234-235).  

Pocos meses después del golpe militar se organizó en Roma la Oficina de Chile Democrático, entidad que agrupó a las diferentes organizaciones políticas de la UP en el exilio. Esta entidad sirvió de interlocutora para representar los intereses del exilio chileno ante las más altas autoridades del mundo (LAWNER, 2007). Asimismo, se crearon el Instituto para el Nuevo Chile y el Centro Salvador Allende en Rotterdam, La Casa de América Latina en Bruselas, el Comité Salvador Allende en Suiza, el Centro de Estudios Salvador Allende en Madrid, el Centro de Investigación sobre América Latina y el Tercer Mundo, así como Chile Democrático en París, el simposio Cultura y Situación Psicosocial en América Latina en Hamburgo, la Casa de Chile en Ciudad de México, el Centro Pablo Neruda en Québec, entre tantos otros.

Las actividades desarrolladas fueron múltiples. La principal fue, sin duda, la de denunciar a la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en Chile, a través de marchas, actos públicos y cartas a los diarios, aportando de esa manera al aislamiento internacional de la dictadura. Asimismo, se realizaban conferencias en las que participaban ex dirigentes de la UP en el exilio, que recorrían los distintos países (DEL POZO, 2006: 134; LAWNER, 2007).

En gran medida, la solidaridad internacional, las presiones, los boicots y las acciones en contra de la dictadura fue lograda debido al incansable trabajo solidario de los exiliados chilenos y sus influyentes aliados. Gracias a toda esta estrategia mediática, los comités de solidaridad consiguieron movilizar a las sociedades,  los gobiernos y los parlamentos de los países de acogida a favor de su causa (CAMACHO, 2006: 50).

Los exilados prepararon carpetas en distintos idiomas para dar a conocer la situación por la que atravesaba Chile. Ayudaron a salvar a prisioneros o compatriotas perseguidos, mediante campañas específicas por determinadas personas, denunciando lo anterior ante gobiernos y organismos internacionales con la debida presión a la junta militar. Muchas veces financiaron directamente la salida de esos chilenos en peligro de muerte. Realizaron huelgas de hambre como expresión de protesta ante algún hecho inaceptable que ocurría en Chile o para salvar vidas de nacionales presos y en peligro de muerte o desaparición (MONTUPIL, 1993: 15-16).

En innumerables ocasiones se realizaron peñas, recitales, presentaciones de teatro u otras actividades, a las que asistía numeroso público, que arrojaban beneficios considerables. El dinero recolectado luego era enviado a Chile, para sustentar a familiares de prisioneros políticos, a viudas o hijos de “desaparecidos”, así como para costear el trabajo de los partidos políticos y las actividades que se realizaban contra la dictadura militar (DEL POZO, 2006: 134).

Financiaron incontables encuentros o reuniones con dirigentes políticos y de masas, de todos los niveles, que venían de Chile o de otros países; a decenas y decenas de esos dirigentes costearon sus pasajes y los transportaron por todo el mundo con sus propios medios; sirvieron de guías e intérpretes; los alojaron en sus casas, entre otros.

Por consiguiente, mediante su compromiso los exiliados chilenos constituyeron una excepcional red de solidaridad y de acción, que por lo demás fue sumamente eficaz. Los exiliados no vivieron sólo de la solidaridad internacional sino que contribuyeron directamente con un gran apoyo financiero e innumerables horas de trabajo en función de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Chile. Cada día de cada uno de los largos años del exilio conoció de algún acto de solidaridad en alguna localidad en el mundo (LAWNER, 2007).

Los exiliados crearon y establecieron vínculos con organizaciones políticas, culturales, religiosas, sociales, entre otros, y se insertaron en ellas para aportar al desarrollo de la causa chilena. La amplia gama de actividades de los exiliados chilenos mezclaba muchas veces la acción propiamente política con las actividades culturales, sindicales, deportivas u otras (MONTUPIL, 1993: 16-17).

Los exiliados organizaron la presentación de conjuntos musicales que contribuyeron a divulgar la música folklórica chilena. Grupos exiliados, como Inti-Illimani en Roma y Quilapayún en París, viajaban incesantemente de comunidad a comunidad para vigorizar la lucha contra la dictadura y mantener viva la cultura de resistencia (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 235). También se formaron brigadas muralistas, que extendieron fuera de Chile esta singular expresión artística. Se sucedían las exposiciones, seminarios y actividades de todo tipo, a objeto de dar a conocer la naturaleza represiva de la dictadura militar.

Cabe recordar la importancia que tuvieron los programas radiales que permitieron romper la desinformación y severa censura impuesta por la dictadura chilena, entre los cuales se destacaron Escucha Chile de Radio Moscú, Radio Berlín Internacional y Radio La Habana (LAWNER, 2007; TEITELBOIM, 2001).

Entre los chilenos que fueron desterrados hubo un importante número de intelectuales, artistas, escritores, músicos, arquitectos, gentes de teatro y de cine, académicos de todas las especialidades, que en muchos casos lograron insertarse y proseguir fuera de Chile su actividad creadora o de investigación.

Hubo una gran productividad artística en el exilio: pintura, escritura, poesía, entre otros. Se produjeron una gran cantidad de revistas. Además de Araucaria(1) había un centenar de revistas publicadas en el exilio, como Chile-América o Literatura Chilena. Cabe añadir el desarrollo del cine chileno en el exilio, que produjo unas cien obras y el éxito alcanzado por muchos escritores, como Isabel Allende en Venezuela, Ariel Dorfman en Estados Unidos, Antonio Skármeta en Alemania o José Donoso en España, entre tantos otros (REBOLLEDO, 2005; LAWNER, 2007).

Las diferentes manifestaciones culturales desarrolladas por los exiliados durante el período dictatorial jugaron un rol destacado respecto a la solidaridad y a la identificación cultural, simbólica y grupal. Gracias a todas estas manifestaciones culturales se dio a conocer Chile a un público más masivo y se logró sensibilizar a la opinión pública internacional respecto a las violaciones de los derechos humanos en el país, lo que mantuvo y aumentó la solidaridad en múltiples países. Por cierto, la actividad cultural formaba un todo con las demás acciones de solidaridad de parte de los exiliados chilenos (MONTUPIL, 1993: 185).      

Por otro lado, los exiliados realizaron innumerables marchas de protesta, por las calles de múltiples ciudades del mundo, contra la dictadura y en solidaridad con los chilenos que en el país luchaban por la democracia. Los tradicionales desfiles de protesta los días 11 de septiembre de cada año –aniversario del golpe militar- se realizaron por todas las capitales del mundo frente a las embajadas y consulados chilenos durante los 17 años de dictadura. Los sindicatos de estibadores en Anvers, Liverpool y Marseille boicotearon a los barcos chilenos. En Israel y España las manifestaciones públicas lograron bloquear la entrada al puerto de la Esmeralda, el buque escuela de la Armada chilena que en 1973 había servido como prisión y centro de tortura. En el Reino Unido, el Movimiento de Solidaridad publicó una larga lista de compañías británicas que comerciaban con Chile, exhortando a los sindicatos a boicotearlas. También participaron en múltiples reuniones internacionales invitados por organizaciones mundiales solidarias, entre tantas otras actividades (MONTUPIL, 1993: 16-17).

Los comités de solidaridad establecieron redes transnacionales que organizaron importantes conferencias y sesiones en apoyo a Chile, que tuvieron lugar en Francfort en abril de 1974, Caracas en noviembre de 1974, Copenhague en junio de 1974, París en julio de 1974, Berlín en julio de 1975, México, Caracas y Atenas en noviembre de 1975, entre tantos otros. Las conferencias y sesiones proporcionaban lugares de encuentro para la oposición chilena en el exilio, permitiéndoles abocarse a la cooperación con la izquierda europea y latinoamericana contra la dictadura en Santiago (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 235-236).

Asimismo, cabe mencionar la existencia de la Comisión Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar, entidad integrada por un grupo de prestigiosos juristas y dirigentes políticos, con sede en Helsinki. De gran repercusión fue la III Sesión efectuada el año 1975 en Ciudad de México, donde se escucharon los dramáticos testimonios entregados por los ex ministros Clodomiro Almeyda y Orlando Letelier, recién liberados de los campos de concentración (LAWNER, 2007).

Fue muy importante el cabildeo que realizaron los exiliados chilenos en varios países con los organismos internacionales para mantener la vigilancia de los derechos humanos y conseguir que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declarara, por amplia mayoría, la violación de estos derechos por la dictadura de Pinochet. Las condenas sucesivas a lo largo de los 17 años de dictadura contribuyeron al aislamiento internacional de la junta militar chilena. Ésa era una tarea muy organizada, que implicaba meses de preparación, para la que había un grupo permanente, que contaba con dineros especiales. Se elaboraban carpetas, investigaciones, se preparaban regalos y se efectuaba lobby muy organizadamente (ROJAS, 2006: 116-117).

En los años 1980 hubo un período de mayor o relativa calma y reflexión, que fue sacudido y activado por las protestas populares en Chile, culminando con un nuevo hito histórico trascendental: el plebiscito convocado por Pinochet. Se realizó la “Campaña por el NO” contra Pinochet, en 1988, y posteriormente las elecciones que dieron como resultado el triunfo del presidente Patricio Aylwin y de la Concertación Democrática, en 1989. Todas estas campañas contaron, como siempre, con el apoyo del esfuerzo realizado por los exiliados chilenos. Nuevamente, los exiliados colaboraron con dinero para estas campañas y realizaron un cabildeo intenso y eficaz ante organismos internacionales, gobiernos y parlamentarios de todo el mundo, para invitarlos a que participaran como testigos y garantizaran la realización limpia de este proceso eleccionario. Una vez más, los exiliados se hacían presentes con su contribución (MONTUPIL, 1993: 16-18).

El asesinato selectivo de exiliados políticos chilenos

En sus inicios la dictadura tuvo dificultades para encontrar a personas capaces de dirigir las distintas sedes diplomáticas que Chile tenía por el mundo, pues había exonerado a una gran cantidad de funcionarios del servicio exterior.

Frecuentemente los exiliados protestaban frente a las embajadas en los respectivos países, pues la represión continuaba en Chile. Asimismo, el apoyo de los distintos gobiernos a los exiliados llevó a una cierta tensión con los representantes diplomáticos de Chile, que se sentían amenazados por los exiliados, en varios países. Los diplomáticos chilenos estaban desesperados y consideraban que los exiliados eran los causantes de las tensiones entre Chile y los respectivos países (DEL POZO, 2006: 11).

En realidad muchas de las tareas que realizaban las embajadas eran más propias de un servicio de inteligencia que de una misión diplomática (CAMACHO, 2006: 37-56). Lo anterior se entiende en el contexto de la Operación Cóndor, nombre con el que es conocido el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur –Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador-, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980.

            Esta coordinación se tradujo en “el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichas dictaduras como ‘subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región’” (LaRed21, 2009). La Operación Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y la desaparición de decenas de miles de opositores a las ya mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política.

            A pesar de que existía oficiosamente desde antes, el Plan Cóndor fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión efectuada en Santiago de Chile entre el coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA -policía secreta chilena), y los encargados de los  servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay (PLUMMER, 2005).

            La Operación Cóndor estaba compuesta de tres fases. La fase 1 estaba destinada al intercambio de datos entre los servicios de seguridad latinoamericanos y su almacenamiento; el “almacén” central era una computadora estacionada en Chile. La fase 2 implicaba misiones de ejecución de militantes de la izquierda latinoamericana en países del continente, con el objetivo de reducir las posibilidades de que miembros de un movimiento se radicaran, en su huida o exilio, en países del área. La fase 3 consistía en operaciones a realizarse más allá de los límites continentales (Ahumada, 1989: 386).

No es casual que la dictadura se ensañara con los exiliados, lo que se manifestó a través de atentados terroristas en suelo extranjero, perpetrados por agentes de la DINA. Constituyen casos emblemáticos los asesinatos de Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires (1974) y de Orlando Letelier y su secretaria en Washington, D.C. (1976), así como el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Roma (1975), todos ellos importantes activistas y voceros de los exiliados.

También se pretendió atentar contra varios políticos reunidos en México en febrero de 1975, así como contra el líder socialista Carlos Altamirano en Europa, entre varios otros. En julio de 1975, el agente de la DINA Michael Townley se hallaba en Europa precisamente para cumplir la “misión” de asesinar a Altamirano. En agosto de ese año, sin embargo, le llegaron nuevas instrucciones: era preciso abandonar la vigilancia de aquel político y centrar los esfuerzos en penetrar y dividir al exilio chileno (AHUMADA, 1989: 150-151).

Carlos Prats había sido Comandante en Jefe del Ejército, Ministro de Defensa y del Interior, así como Vicepresidente del gobierno de Allende. Después del golpe de Estado encabezado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, Prats, prevenido de que grupos “descontrolados” lo buscaban para asesinarlo, el 15 de septiembre se fue a vivir a Buenos Aires. En Argentina se dedicó a escribir sus memorias, entre otras actividades. Se sabía vigilado por informantes, que a su entender “se habían desplazado desde Chile para encontrar un indicio que pudiera afectar su honra o que les permitiera exhibirlo como el general al servicio del marxismo.” Había sido nada menos que el predecesor de Pinochet al mando del ejército, era muy constitucionalista y llegó incluso a ejercer como ministro de Allende. Pinochet lo veía como una amenaza, susceptible de organizar un ejército en el exilio para luchar contra la dictadura. De hecho, Pinochet había comentado en círculos de la dictadura que su breve entrevista con Juan Domingo Perón en 1974 había sido un fracaso “porque me la echó a perder Prats” (AHUMADA, 1989: 73).

El 28 de septiembre de 1974, Michael Townley colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del auto del general. El 30 de septiembre, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa, Townley hizo detonar el explosivo por medio de control remoto, provocándoles la muerte instantánea.

Por su parte, Bernardo Leighton había sido Diputado y Ministro de Educación, Trabajo e Interior en distintos gobiernos. En 1974 partió a Europa, invitado por la Democracia Cristiana italiana a dar conferencias para explicar lo que ocurría en Chile, ocasiones que aprovechaba para manifestar su férreo desacuerdo con la dictadura. La junta militar lo acusaba de intentar acercar a la Democracia Cristiana con partidos de izquierda para fortalecer a la oposición. El 7 de octubre de 1974 la junta militar decidió prohibirle a Leighton regresar al país bajo acusaciones de desarrollar actividades “antichilenas”. Los agentes de la DINA habían comentado que “en Roma vivía un exiliado chileno que representaba una amenaza permanente de alianza de centro-izquierda, poniendo en peligro no sólo la victoria contra el marxismo en Chile, sino también la causa en Italia” (COSAS, 1985; DE RAMÓN, 2003).

En septiembre de 1975, los esfuerzos de Bernardo Leighton y de algunos dirigentes exiliados del derrocado gobierno constitucional chileno fueron exitosos. El día 11, coincidiendo con el primer aniversario del golpe militar y con el apoyo verbal o práctico de varias personalidades italianas, nacía el boletín informativo Chile-América. La publicación iba a transformarse en breve tiempo en un órgano de gran trascendencia para el impulso del diálogo entre la Democracia Cristiana y la izquierda chilena. El 6 de octubre de 1975 agentes de la DINA le dispararon a quemarropa a Bernardo Leighton y a su esposa, dejándolos gravemente heridos y con serias secuelas de por vida.

Sobre el particular, el juez instructor del caso, Luigi Gennaro, declaró: “…Leighton era figura de primer plano en el ámbito [del exilio chileno], repartido por el exterior después del golpe de Pinochet, operando como coagulante de los grupos opositores al régimen; por otra parte [una función] no del todo desapercibida para el aparato de extrema derecha, como quedó claro tras un artículo preparado en una revista chilena que daba cuenta del itinerario romano del exponente del exilio [Leighton]… Era ya evidente que la posición [política] del exiliado fue considerada como una de las primeras medidas para individualizarlo como opositor político y eventualmente para hacerle una difícil vida en el exterior, como se demostró con la carta insultante procedente de Santiago” (AHUMADA, 1989: 157).

En lo que respecta a Orlando Letelier, éste había sido embajador en Estados Unidos, así como Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa del gobierno de Allende. Tras el golpe sufrió la prisión, tras lo cual en 1974 partió al exilio a Venezuela y luego, en 1975, a Estados Unidos.

Los chilenos de Roma le habían pedido a Letelier que se fuera a hacer labor por el movimiento chileno de resistencia a Estados Unidos, representando a la UP. Letelier trabajaba para el Instituto de Estudios Políticos en Washington, que mantenía en Holanda una sede. Cabe mencionar que Europa era, entonces, el continente donde mayor gravitación tenía el exilio chileno.

Letelier se lanzó a sus funciones de inmediato: se le abrieron tribunas internacionales de solidaridad con la resistencia chilena y viajó a dar testimonios; se empeñó en obtener la eliminación de las barreras legales y políticas impuestas por la administración de Gerald Ford para la acogida de refugiados chilenos, mientras se reunía con sus compatriotas exiliados en algún punto del territorio estadounidense; organizó un equipo para trabajar por la condena del régimen de los generales chilenos en las Naciones Unidas; recibió a gente que viajó a Washington a verlo; empezó a escribir y a entrevistarse con miembros del Congreso estadounidense, senadores, diputados, ex funcionarios del gobierno, miembros en activo del Departamento de Estado, de organizaciones académicas, ex embajadores estadounidenses y diplomáticos; comenzó también a entregar antecedentes al Comité del Senado para el Estudio de las Operaciones del Gobierno respecto de las Actividades de Inteligencia o Comisión Church, que ese mismo año de 1975 publicara un informe sobre la intervención y responsabilidades estadounidenses en la caída del gobierno del presidente Allende (AHUMADA, 1989: 372-373).

En un informe del embajador de la Junta ante las Naciones Unidas, almirante en retiro Ismael Huerta, se señalaban las actividades de Letelier, promoviendo la condena de Chile en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Un anterior informe de Washington afirmaba que Letelier se preparaba para establecer un gobierno chileno en el exilio (AHUMADA, 1989: 151).

“Desde que lo liberamos, Letelier ha estado dando problemas al gobierno en el exterior”, le habría dicho el teniente coronel Pedro Espinoza –principal asistente del coronel Contreras en la DINA- a Michael Townley, cuando le precisó las instrucciones sobre el encargo de cumplir una misión en Estados Unidos (DINGES y LANDAU, 1982: 192).

Sin duda, Letelier se había convertido en la voz más destacada de la oposición chilena. Sus acciones, en particular respecto a un importante préstamo abortado del gobierno holandés, provocaron que la dictadura promulgara oficialmente el decreto que le retiró la nacionalidad chilena. El decreto se fundamentaba en la acusación de “haber llevado a cabo en países extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y cultural de Chile” (DINGES y LANDAU, 1982: 224).

Sólo 11 días después, el 21 de septiembre de 1976 Letelier fue asesinado mediante una bomba activada por control remoto, que se encontraba colocada debajo del suelo del auto en que se desplazaba. El coche bomba también mató a la ayudante estadounidense de Letelier, Ronni Moffitt, y dejó herido al esposo de ésta, Michael Moffitt.

Orlando Letelier fue el tercer exiliado prominente –tras el general Carlos Prats y Bernardo Leighton- que se transformaba en blanco de algún cerebro interesado en desbaratar cualquier amenaza política seria contra el régimen de Santiago. Cada uno de ellos, además, había sido atacado en tres años sucesivos, siempre al cerrarse casi exactamente un ciclo de doce meses: Prats, en septiembre de 1974; Leighton, en octubre de 1975; Letelier, en septiembre de 1976 (AHUMADA, 1989: 373).

Otro caso paradigmático es el de la Operación Colombo o caso de los 119, un operativo montado por la DINA en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores políticos de la dictadura en Chile y hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que éstos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y víctimas de purgas internas en el exilio.

La Operación Colombo, organizada por la DINA, se enmarcaba dentro de la Operación Cóndor. La Operación Colombo tuvo lugar en momentos en que arreciaban las críticas internacionales hacia Chile, atendidas las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos a manos de agentes del Estado (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 297-298).

Conclusión

Nos referimos a estos casos emblemáticos de exiliados chilenos asesinados en el exterior para demostrar la importancia que la junta militar le asignaba a éstos y al temor de que desestabilizaran a la dictadura. A semejanza de lo que ocurría en Chile, estos atentados en el exterior fueron perpetrados de manera secreta. Es decir, la dictadura no quería aparecer como la responsable, puesto que se preocupaba de su imagen.

Atrapada en su propia visión sesgada, la dictadura consideraba a los exiliados como los responsables de la mala imagen en el exterior -más bien el oprobio- y de las constantes condenas en los organismos internacionales, boicots económicos y presiones de otros gobiernos, entre otros. La junta militar no captaba o no quería entender que nunca iba a ser respetada en el concierto internacional, debido a su naturaleza dictatorial y las constantes violaciones a los derechos humanos.

Efectivamente, los exiliados jugaban un rol muy importante en las condenas internacionales, pero ello era una reacción a la dictadura. Más allá de las evidentes consideraciones morales y éticas, la política represiva de la dictadura era simplemente inconducente respecto a los objetivos perseguidos. De partida, era imposible matar a todos los opositores; por cada uno que mataba había cientos que proseguían la lucha contra la dictadura y así sucesivamente.

En segundo lugar, la junta militar nunca fue capaz de ocultar los hechos. Tras cada atentado cometido por la dictadura, se sabía desde un principio que había sido perpetrado por sus agentes. Lo paradójico es que la dictadura conseguía exactamente todo lo contrario de lo que perseguía: más y más condenas internacionales, aislamiento y oprobio.

Con la llegada de la democracia en 1990 en Chile, el nuevo gobierno enfrentó el legado de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y destierro con mecanismos legales y administrativos. Entre otros, se creó la Oficina Nacional del Retorno en 1990, cuyo objeto era facilitar el retorno de los exiliados. Sin embargo, no fue capaz de eliminar las dificultades que conllevaban la reintegración a una sociedad que había cambiado drásticamente durante la ausencia de los exiliados (SZNAJDER y RONIGER, 2009: 298-301).      

Lamentablemente, la impresionante demostración de solidaridad internacional ejercida por los exiliados no fue debidamente reconocida por la sociedad chilena. Por su parte, algunos chilenos de izquierda, que habiendo sufrido la represión permanecieron en el país, miraban a los retornados como personas que no merecían más beneficios que los que se pudiera otorgar a los resistentes en “el interior”.

No era fácil entender estas razones para dirigentes medios del exilio, varios de los cuales se habían dedicado exclusivamente a la actividad política en su país de residencia, pero que a su retorno a Chile no habían logrado posiciones de liderazgo, ni reconocimiento social. Si en los países de acogida habían sido recibidos como héroes, a su retorno a Chile eran los “héroes olvidados”. Lo mismo vale para la gran mayoría de los exiliados que retornaron a Chile, quienes tuvieron innumerables dificultades para (re)insertarse en el país (ESPONDA, 2003: 38).

Sin embargo, en el presente artículo hemos podido constatar que durante los 17 años de la dictadura militar los exiliados chilenos no sólo mantuvieron el interés en su país, sino que se movilizaron activamente en la lucha contra la dictadura.

En efecto, mediante numerosas asociaciones en el mundo entero, los exiliados chilenos mantuvieron un constante nexo con la oposición en Chile y realizaron todo tipo de actividades de solidaridad. Las asociaciones de exiliados chilenos constituían un lobby incansable ante los distintos gobiernos y sociedades de acogida, así como ante los organismos internacionales. Gracias al activismo de los exiliados, la mayoría de los gobiernos de acogida y las organizaciones internacionales ejercieron una presión constante para que Chile respetara los derechos humanos y transitara hacia la democracia.

En Chile aún se ignora la magnitud de la solidaridad internacional contra la dictadura, obtenida gracias al trabajo incansable de los exiliados. Sin los exiliados comprometidos con la suerte del país, muy probablemente la dictadura militar habría sido mucho más duradera. Es más, la constante solidaridad y denuncia de los exiliados contribuyó considerablemente a la derrota de la dictadura, lo que debiera ser debidamente reconocido.

Notas

(1) Araucaria de Chile, más conocida simplemente como Araucaria fue una revista chilena del exilio, que se publicó entre 1978 y 1990. Según Carlos Orellana (1994), Araucaria "fue posiblemente una de las revistas que tuvo mayor repercusión", gracias a su capacidad "de agrupar en torno suyo a gran parte de los más destacados escritores, artistas e intelectuales del exilio no sólo chileno, sino latinoamericano".

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*Diego Avaria es ex diplomático chileno y Doctor en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Recientemente fue investigador invitado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia University, Nueva York. Su investigación está dedicada a la lucha de los exiliados contra la dictadura en Chile (1973-1990); así como a la influencia de Estados Unidos durante ese período.