Colombia: entre el dolor, la movilización y la esperanza. Una mirada al conflicto político, social y armado en el país

Escobar Zuluaga, Acebedo Pérez y Arbelaéz Gutierrez/Introducción en PDF

Claudia Andrea Escobar Zuluaga*

Laura Acebedo Pérez**

Leidy Yohana Arbelaéz Gutiérrrez***

Maestría en Historia y Memoria, FAHCE-UNLP

La Plata, 2015

“Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Gabriel García Márquez

La soledad de América Latina

Hace más de 50 años se configuraron los rasgos del actual conflicto político, social y armado colombiano. A inicios de los años 60, campesinos en distintos lugares del país acompañados de obreros y algunos intelectuales fundaron las organizaciones guerrilleras que actualmente se encuentran vinculadas, o en la expectativa de hacerlo, en el actual proceso de paz. En esa misma década, la lucha insurgente se extendió y posicionó en Latinoamérica; las luchas agraristas y los Movimientos de Liberación Nacional fueron rasgos distintivos de los ciclos de confrontación de los años sesenta y setenta en la región. En la década de los 80, con antecedentes históricos previos, surgieron los grupos paramilitares y en esos mismos años, el narcotráfico empezó a integrar la estructura social del país. Hoy, este conflicto se torna ampliamente complejo por la diversidad de actores que lo escenifican, por los distintos vértices que lo configuran y por el largo tiempo transitado. Un conflicto cuyos entramados dibujan una realidad que reproduce el realismo mágico retratado en la literatura, no solo porque la magnitud de los horrores acontecidos parecen no lindar con lo posible, sino también porque las luchas de resistencia que lo acompañan, siembran vida en medio de la muerte.

El conflicto colombiano tiene como uno de sus ejes centrales la lucha por la tierra, que se origina debido al proceso de concentración de vastas hectáreas de propiedad en manos de unos pocos latifundistas y a la ejecución de violentos mecanismos de despojo que privan a las poblaciones rurales de sus territorios. En el país la dinámica de reconcentración de la tierra se ha intensificado progresivamente, el avance del latifundio ha sido constante, en detrimento de las pequeñas propiedades y de las tierras colectivas. Se trata de una histórica problemática agraria que guarda indisoluble relación con el conflicto, en un modelo que privilegia la acumulación y el control militar, al tiempo que invisibiliza y atenta contra la pervivencia de diferentes tipos de territorialidades en un mismo espacio. Urge por tanto, el logro de una Reforma Agraria que asuma las actuales reivindicaciones territoriales, en las que el reconocimiento de autonomías identitarias y organizativas, son fundamentales para su real alcance.

De allí que este dossier sobre Colombia, haya surgido desde el dolor y las angustias que nos acompañan, pero también desde la esperanza de posibilidades futuras que nos llevan a reflexionar y a preguntarnos ¿Cómo transitar en el camino que permita superar el largo conflicto político, social y armado en Colombia? ¿Cómo cerrar el ciclo que marca la historia reciente, en el que la violencia acentuada en los territorios rurales, pero receptora en los barrios marginados de las grandes ciudades a través del desplazamiento forzado y el despojo, continúa marcando la realidad? ¿Cómo superar una violencia que transita de la mano de importantes contradicciones sociales, de un sistema oligárquico de poder y de un Estado autoritario con fuertes rasgos represivos? ¿De qué manera saldar las deudas históricas de este conflicto?

En tiempos actuales estos interrogantes se posesionan paulatinamente en distintos discursos, tanto oficiales y académicos, como en las banderas de luchas de las organizaciones sociales y populares. El actual proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC y la futura incorporación del Ejército de Liberación Nacional - ELN, hacen que las expectativas frente a las posibilidades de un nuevo paso en la historia, parezcan muy cercanas, pero también que una gama de incertidumbres sobre la continuidad de la violencia y las contradicciones económicas, sociales y políticas, de lugar a nuevos interrogantes.

¿Hasta dónde el Estado colombiano y las clases en el poder van a permitir que los sectores populares tengan mayores márgenes de participación política y social? ¿Cuál va a ser la participación real de la sociedad en el proceso? ¿Cuáles serán las concesiones realizadas por las organizaciones guerrilleras? ¿Qué repercusiones causará su desmovilización en la implementación de proyectos extractivos y en la reorganización de los territorios rurales? ¿Cómo se esclarecerá la responsabilidad histórica en el uso de la violencia por parte del Estado y los otros actores en confrontación? ¿Cuáles serán los alcances en el logro de la verdad, la justicia y la reparación? ¿Qué memorias en disputa emergerán y se configurarán de este proceso de paz y del largo conflicto político, social y armado en el país?

Mientras esta editorial se escribe los diálogos de paz entre el equipo negociador del gobierno colombiano y las FARC, avanzan en una tensa calma luego de los hechos que se presentaran en la Vereda La Esperanza, Buenos Aires, Departamento del Cauca, donde en combates entre estas dos fuerzas, murieron 11 miembros del Ejército y dos miembros de la insurgencia. El gobierno nacional responsabilizó a las FARC por lo ocurrido; mientras que una Comisión del Frente Amplio por la Paz (1), que visitó la zona, pudo verificar que se trató de una situación en la que hubo provocación por parte de las Fuerza Militares. Tras ocurridos estos hechos, las comunidades que habitan la región denunciaron el asesinato de 5 indígenas que se habían pronunciado sobre los enfrentamientos. La situación acaecida puso de manifiesto -una vez más- las complejidades de negociar en medio de la guerra y la urgente y real necesidad de un cese bilateral al fuego. Asimismo dejó entrever el alto grado de polarización política existente en el país entre sectores sociales que, en defensa de sus intereses, propenden por la finalización de los diálogos -arguyendo el escalonamiento del conflicto y la falta de voluntad de las FARC- y quienes persiguen un anhelo de paz con justicia social y vida digna.

De los seis puntos propuestos para la negociación en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tres han sido discutidos en la mesa de la Habana (2), llegando a acuerdos parciales sobre estos temas. En el momento se encuentra en discusión un punto más, del cual se produjo el Informe: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (3), elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, equipo de trabajo convocado por cada una de las partes (gobierno y FARC) y conformado por diferentes intelectuales que analizan las variadas aristas del conflicto, no solo armado, sino político y social.

El primer punto de la agenda, referente a la Política de Desarrollo Agrario Integral, fue abordado entre las partes y quedó condensado en un acuerdo que plantea la inminente necesidad de una Reforma Rural Integral para el campo colombiano, en la cual el buen vivir de las comunidades que lo habitan sea el precepto fundamental, centrado en el acceso integral a la tierra y en el desarrollo de una economía campesina propia, familiar y comunitaria.

Para propiciar esta reforma se acordó la implementación de un plan de acción en el cual se destacan como puntos centrales: la creación de un Fondo de Tierras destinado a democratizar la distribución de la tierra; la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural para fortalecer la legitimidad de los poseedores y dueños de la tierra, evitando nuevas manifestaciones de despojo y la creación de una jurisdicción agraria que sea garante de este proceso. A la par se planteó el fortalecimiento de los mecanismos de justicia ordinaria y tradicional para la resolución de conflictos que involucren tierra, territorio y despojo; el establecimiento de parámetros generales para el uso del suelo; la delimitación de la frontera agrícola y la protección de áreas de interés ambiental; como también, el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina, iniciativa que además de estar contenida como figura jurídica en la Ley 160 de 1994, ha sido bandera de lucha de diferentes organizaciones campesinas para garantizar la protección y autonomía de sus territorios. En un país con una histórica disputa por la tierra, con escandalosos índices de concentración de la misma y con el sello del despojo hecho a sangre y fuego, los acuerdos marcados anteriormente son alentadores pero a la vez dejan incertidumbres sobre su alcance y aplicación.

La Participación política fue el segundo punto de la agenda abordado en la mesa de diálogo. Este quedó condensado en un acuerdo en el que se expresa la necesidad de generar una apertura democrática que posibilite reales niveles de inclusión y de participación ciudadana de los diferentes sectores de la sociedad colombiana y de las distintas expresiones existentes o emergentes en la esfera política nacional para la construcción de la paz; garantizando -a su vez- el derecho al ejercicio de la oposición, no sólo en el plano político electoral, sino también en el plano de los procesos desarrollados por movimientos y organizaciones sociales y populares. De materializarse, las discusiones aquí pautadas representarían una esperanza para todas aquellas organizaciones políticas que han sufrido diferentes persecuciones por oponerse al modelo hegemónico y plantear sus ideales de cambio. Que hechos como el sistemático exterminio de la Unión Patriótica o las masacres a sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios, estudiantes del movimiento universitario, entre otros, no se repitan, es el gran reto que afronta el país.

El tercer punto de la agenda, relativo al tema del Fin del conflicto no se ha discutido aún. Sin embargo, el cuarto punto, alusivo a la Solución del problema de drogas ilícitas ya fue abordado de manera parcial por la comisión, dando como resultado un acuerdo en el que se expresa la necesidad de atender integralmente los aspectos referentes al cultivo, producción, comercialización y consumo de drogas de uso ilícito. Este acuerdo se lograría mediante la implementación de una política con un enfoque territorial y de derechos humanos que, primero, dé lugar a un programa de sustitución de cultivos ilícitos integral y participativo, comprometido con la recuperación ambiental y garante de alternativas de vida digna para comunidades que habitan zonas de cultivo y ven afectadas su economía y su pervivencia; segundo, permita atender el tema del consumo desde la perspectiva de la salud pública; y finalmente, intensifique la desarticulación del narcotráfico en sus diferentes fases.

En este panorama, aún están por discutirse en la mesa de negociación, temas del Acuerdo General no menores para la resolución del conflicto en el país. Actualmente se aborda el punto referente a Víctimas, con el objetivo de encontrar mecanismos para el resarcimiento de las víctimas desde una perspectiva de los derechos humanos y el derecho a la verdad. Asimismo, como se mencionó con antelación, está pendiente el punto alusivo al Fin del conflicto, donde se analizarán aspectos referentes al cese definitivo y bilateral del fuego, la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil por parte de la insurgencia y el punto de Implementación, verificación y refrendación del Acuerdo Final, que cerraría el ciclo de negociaciones para dar apertura a la ejecución y verificación de la totalidad de los acuerdos pautados.

Los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional - ELN, aún se encuentran en una fase exploratoria. Este grupo insurgente ha manifestado su intención de negociar con el Estado el escenario que permita el posicionamiento y la discusión de las peticiones de diversas organizaciones sociales y populares, para el logro de cambios estructurales que conduzcan a la construcción de paz con justicia social. Al respecto, durante la más reciente sesión de trabajo en La Habana, las FARC expresaron a través de uno de sus voceros, la importancia y el apoyo que les merece esta iniciativa, al considerar que el conflicto colombiano es uno solo y que negociar con el ELN sería una apuesta por un proceso en el que se logré una paz integral.

Por lo anteriormente expuesto, el presente Dossier sobre Colombia se presenta a sus lectores/as en un momento histórico para el país. No hablamos de la novedad de los diálogos de paz, pues como diría María Teresa Uribe, hacía mediados del siglo pasado el país entró en una vorágine de “diplomacia infinita y armada”, que nos ha hecho presenciar con suficiencia, intentos fallidos de terminación del actual conflicto. Lo que hoy presenciamos, es una voluntad manifiesta de los actores sentados en la mesa de negociaciones de la Habana, un avance en la agenda concreta sobre la que se pactó trabajar, pero sobre todo, una sociedad que se muestra abocada a pensar una posibilidad real del fin del conflicto y de la apertura a un nuevo escenario político y social para el país; que no está exento de las tensiones e incertidumbres que rodean la máxima de la mesa: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Y en efecto, nada está pactado evidenciando la delgada la línea que nos separa entre la superación de la guerra, o la posibilidad de pensar una democracia sin armas. Sin embargo, se están haciendo presentes multiplicidad de memorias y de actores que reclaman un lugar en este proceso y que han presentado a la sociedad sus propuestas: se levanta el movimiento social como hace muchos años no lo hacía, y al tiempo que el país se pregunta por las víctimas, ellas mismas, en su heterogeneidad, se han ido haciendo escuchar. Intelectuales, artistas, jóvenes, también se manifiestan. Y resuenan igualmente los sectores que han sido llamados “enemigos de la paz”, poniendo en el debate público las disputas sobre las memorias y sobre los proyectos de país que están en juego. ¿Qué significa la paz entonces?

Como se ha ilustrado anteriormente, todo esto transcurre en medio del fuego de las armas de relaciones de poder que evidencian la fuerza que ha cobrado la derecha más recalcitrante; la crisis de las instituciones públicas, entre ellas la justicia, para quien la impunidad sigue siendo la reina; los escándalos por corrupción y para política en un Congreso desprestigiado; y un escenario en el cual la desconfianza ha sido producto de ejemplos históricos de traiciones de la clase dirigente, temerosa de la integración al juego democrático de sectores de oposición.

En la mesa de la Habana se negocian las condiciones de dejación de las armas, pero ha sido claro y manifiesto que el modelo de desarrollo no será discutido en este espacio. Lo que se vislumbra es la posibilidad de reconfigurar el escenario democrático en el país, para desde allí poder construir las nociones de lo que la paz realmente significa y lograr ponerle un rostro a ella. Si se mantiene en vigencia la profundización del neoliberalismo y la paz es entendida como el mantenimiento de las inequidades sociales, del libre mercado, de la histórica concentración de la tierra y de la permanencia del privilegio de las élites o si, por el contrario, en la paz entran las propuestas de país que han sido destruidas a sangre y fuego, si la paz incluye la justicia social y se construye desde abajo.

De concretarse un Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, este no significará la culminación de las contradicciones sociales, políticas y económicas del país; será si la manifestación política de la disposición de las partes que integran la mesa de diálogo y de diversos sectores de la sociedad de generar las condiciones que permitan materializar un proyecto de país en el que se amplíen los espacios de participación y los derechos para los sectores sociales que han sido históricamente marginados. Tampoco representará este acuerdo el fin de la lucha de la insurgencia colombiana, que debe recordarse como una respuesta organizativa alzada en armas de los campesinos excluidos del país frente a un estado sordo a sus reclamos, sino que posibilitará la apertura de nuevos escenarios para que esa lucha tome otras dimensiones políticas.

En ese sentido, la firma de los acuerdos es sumamente importante, pero el mayor reto viene tras de sí. Por esta razón, sin perder de vista nuestro contexto particular, es necesario tener en cuenta las enseñanzas que nos han dejado otros países de América Latina y el Caribe, no solo en materia institucional, sino también en el legado de los movimientos de derechos humanos y de las organizaciones sociales y populares que han emprendido luchas por la memoria, la justicia y la verdad.

En esta misma dirección, consideramos significativo resaltar que existe una proliferación de investigaciones sobre el conflicto colombiano motivadas o agenciadas por el proceso de paz. Son resultado de éstas los distintos informes del Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica; al igual que el reciente Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), mencionado con anterioridad. También integran este panorama investigativo los estudios realizados por organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Proyecto Colombia Nunca Más, y por institutos de investigación como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, entre otros. Pareciese que el tema del conflicto interno colombiano, que durante mucho tiempo se tornó incómodo para algunos investigadores de América Latina, empieza a romper el tabú de una mirada que ha repercutido para muchos analistas en constante persecución, en el exilio o en la muerte.  

Es desde esta ruptura académica surgen los artículos de los distintos estudiantes de la Maestría en Historia y Memoria de la UNLP, quienes participan en el presente dossier. Sus reflexiones pretenden ser una contribución a esta urgente tarea de comprensión del conflicto colombiano, a través de los temas de memoria, una memoria múltiple que da cuenta de las disputas entre las narrativas oficiales y no oficiales de la historia, o como diría Michael Pollak entre las memorias dominantes y subterráneas. Los textos son una muestra más de las diferentes formas de resistir y de movilizarse que, tanto las comunidades a las que se hace referencia, como los autores mismos, tienen en medio del conflicto.

El artículo de Alexander Aldana, titulado De difuntos prestados, viudas errantes y cuerpos remendados: la narrativa como dispositivo de construcción de memorias sociales en Colombia, es un abordaje de la desaparición forzada desde recursos estéticos e históricos. El río, como espacio geográfico y simbólico, juega un doble papel; por un lado, es la huella de un cuerpo ausente y rodeado de impunidad, sobre el que se imprimen mensajes de intimidación y coacción; por otro, se constituye en espacio de esperanza, a partir del cual los familiares de las víctimas reconstruyen los tramos de la violencia, reconfiguran los cuerpos para darles un lugar en el mundo, ya no de manera individual sino colectiva,  para así, entrar a disputarse con el poder oficial, la construcción de las memorias sociales. El cuento, Sin nombres, sin rostros ni rastros del escrito por Jorge Eliécer Pardo Rodríguez, es utilizado por Aldana como dispositivo estético de memoria, desde el cual reflexionar, un hecho histórico: la Masacre ampliada de Trujillo.

Por su parte, Andrea Guatavita Garzón en su artículo: Construcción de sentido de la desaparición forzada en hijos e hijas de personas desaparecidas en Colombia, se aproxima a la desaparición forzada que ha sido una práctica sistemática en el país y en distintas regiones de América Latina, desde las reivindicaciones y los procesos de memoria que emergen de las agrupaciones de hijos e hijas de desaparecidos, en el contexto del histórico conflicto colombiano. Su análisis vincula la perspectiva psicológica con las prácticas y discursos de los hijos e hijas, para lograr así, un panorama complejo que pretende la amplia comprensión de los procesos subjetivos de estas personas; por esta razón en el texto se discuten las nociones de trauma, transmisión familiar y/o generacional, memoria y olvido. La referencia de la autora al contexto argentino y a las maneras de abordar el tema de los desaparecidos por parte de los procesos organizativos y de la academia en este país, es valiosa para pensar el caso colombiano.

Patricia Cely, en su escrito Memorias de movilización, organización y resistencia campesina en medio de la violencia sociopolítica y el conflicto armado interno en Colombia. El caso de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), nos proporciona la mirada organizativa y de los procesos de resistencia en medio de la guerra. Rescata la voz de los propios actores y la importancia de la memoria en la reconstrucción de una historia de conflicto y violencia, pero también de lucha, organización y propuestas de desarrollo alternativas. Este trabajo nos guía a través de un caso de la región del Magdalena Medio, para proporcionarnos una mirada panorámica de la historia del conflicto en el país, tanto en sus causas como las consecuencias que este ha dejado.

Finalmente, Janeth Restrepo entrega al público lector su trabajo ¿Dónde están? La experiencia vivida por familiares de desaparecidos por grupos paramilitares en el departamento de Antioquia (Colombia) entre 1982 y 2003. Con él nos permite comprender a partir de la mirada de ocho familiares de personas desaparecidas, los impactos de la violencia en la vida cotidiana. Lo interesante de este informe de investigación resulta de la orientación que le ha dado la autora, quien no pone el foco tanto en las formas de subjetivación de la desaparición de un ser querido, sino en el contexto, entendiéndolo más que como un dato anexo, como el escenario de la vida misma, donde se desarrolla la experiencia de los familiares. A partir de allí, es posible comprender aspectos del conflicto como la configuración del territorio, la caracterización de sus actores, especialmente del paramilitarismo y las formas en que la violencia se convierte en una espiral de constante revictimización.

Deseamos que este dossier sea de gran agrado para los lectores y lectoras de Aletheia, que posibilite nuevas reflexiones sobre la realidad colombiana y genere más inquietudes para continuar pensando y construyendo un país en paz, con justicia, esperanza y vida digna. 

Notas:

(1) El Frente Amplio por la Paz, la de Democracia y la Justicia Social en Colombia es una plataforma en la que confluyen, bajo el principio de Unidad en la Diversidad, diferentes organizaciones políticas, sociales, culturales, ambientales, etc, comprometidas con el logro de la paz y la construcción del alternativas políticas de poder para la transformación y el cambio social en el país. Hacen parte de ella, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, Progresistas, entre otras tantas organizaciones; al igual que políticos independientes y académicos.

(2) En el siguiente enlace se puede acceder a los puntos discutidos hasta ahora en la mesa de negociaciones; sin embargo, dada la premisa por la que se rigen las partes de que “nada está acordado hasta que todo este acordado”, estos constituyen acuerdos parciales que requieren de un acuerdo general para su implementación: http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-estos-son-los-acuerdos-entre-gobierno-farc-en-tres-puntos/403968-3

(3) Disponible en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/informe-comisio%CC%81n-histo%CC%81rica-del-conflicto-y-sus-vi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015

*Claudia Andrea Escobar Zuluaga. Socióloga. Egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, UDC Colombia. Maestranda en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata – UNLP, Argentina.

**Laura Acebedo Pérez. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la maestría en Historia y Memoria y del doctorado en Ciencias Sociales. Becaria latinoamericana del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata - Argentina.

***Leidy Yohana Arbelaéz Gutiérrez. Comunicadora Social, egresada de la Universidad del Cauca, Colombia. Maestranda en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata - UNLP. Becaria latinoamericana del Programa Roberto Carri - Ministerio de Educación de la República Argentina.