Sindicalismo docente en Tucumán: lucha gremial y politización, 1973-1976

Artículo/ Ramos Ramírez en PDF

Antonio Ramos Ramírez*

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España)

Sevilla, España. 2011

antonioramos83@gmail.com

Resumen

La categorización decimonónica definía al docente como un apóstol laico de la civilización, donde las relaciones conflictuales con el Estado/patronal quedaban relegadas a un segundo plano, supeditadas a la importancia de la labor que le era encomendada al magisterio. Sin embargo, en contra de esta concepción tradicional, en el presente artículo se analiza la participación política de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, con énfasis en el breve período democrático que precedió al golpe de Estado de 1976. La acción gremial de este colectivo de trabajadores de la educación y el proceso de creciente politización vivido en el sindicato, nos servirán para demostrar que el sindicalismo docente  estaba lejos de mantenerse al margen de los problemas que aquejaban a la sociedad tucumana, adoptando además una postura comprometida con otros colectivos de trabajadores. Lamentablemente, el  protagonismo de ATEP supuso que el gobierno de la dictadura identificara a esta entidad como uno de los movimientos sociales a desarticular.

Palabras clave: Tucumán, Sindicalismo, Docentes, ATEP, politización

I. Introducción.

Las agrupaciones gremiales de docentes fueron tradicionalmente consideradas como entidades poco conflictivas. La categorización decimonónica definía al docente como un apóstol laico de la civilización, donde las relaciones conflictuales con el Estado/patronal quedaban relegadas a un segundo plano, supeditadas a la importancia de la labor que le era encomendada al magisterio (1).

Durante los años de los primeros gobiernos peronistas se promovió la creación de agrupaciones gremiales de carácter heterónomo, como parte del entramado  patrocinado desde el Estado (2). La evolución política de la Argentina desde el año 1955 en adelante, unida al progresivo empobrecimiento de las condiciones de subsistencia de la clase trabajadora, propició que algunas de estas instituciones protagonizaran un proceso de redefinición en tanto que actores sociales, en el que acabarían por conformar parte de los sectores combativos del sindicalismo, yendo en contra de su principio creador. En este sentido, el movimiento docente argentino es un vivo ejemplo de articulación de elementos dispersos y pretendidamente deslegitimados de representatividad, que termina unificándose en torno a una confederación sindical no integrada en el oficialismo. 

En el presente texto nos centraremos en el análisis de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), entidad que aglutinaba a los docentes dependientes del sistema educativo público provincial de enseñanza primaria. El propósito de este artículo es demostrar, mediante el acercamiento al caso de ATEP, que el sindicalismo docente tucumano no sólo encabezó las luchas gremiales de los trabajadores de la educación, sino que mediante sus actuaciones y manifestaciones públicas, formó parte activa de una fuerza social que en la Argentina de los setenta abogó por la defensa de un modelo social, aunque también político y económico, que  desde hacía tiempo otras fuerzas políticas y sociales pretendían desguazar, y que se exterminó sistemáticamente a partir de febrero de 1975.

II. Los inicios del movimiento sindical docente en Tucumán, 1949-1966.

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales fue fundada en noviembre de 1949, auspiciada por la Oficina de Asuntos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Previsión. La entidad se organizó teniendo como precedente un sindicato extinto, y tuvo como primera presidenta a Rosa Vozza de Zapata, máxima dirigente de una comisión directiva que contaba con la exclusiva participación de mujeres en todos sus cargos (3).

Los primeros años de la agremiación estuvieron marcados por el objetivo de conseguir organizar un colectivo que se insertara en el marco del sindicalismo oficialista. En este sentido, ATEP prestó atención a los trámites necesarios para la consecución de la personería gremial, reconocimiento institucional que le facultaría para ejercer como representante del colectivo en las negociaciones laborales que tuviesen lugar. Asimismo, otra de las preocupaciones que ocupó a la Comisión Directiva durante los primeros meses de vida de la entidad, fue el de la organización de una reunión con Eva Duarte de Perón, así como la recogida de donaciones para ofrecer a su “Ayuda Social”.

Tras el derrocamiento del gobierno peronista, los reclamos docentes se encaminaron hacia el pedido de sanción de un texto legal que recogiera los derechos y deberes del colectivo. Se pretendía, por tanto, conseguir la incorporación de beneficios sociales que en otros sectores se habían alcanzado y que, en el caso de los educadores, habían quedado relegados por el enfrentamiento vivido entre el gobierno peronista y algunos sindicatos docentes que se enmarcaban en la oposición política.

Finalmente, será en el 12 de septiembre de 1958 cuando se apruebe, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, el Estatuto Nacional del Docente (Ley 14.473). En este documento se recogían algunos de los reclamos planteados, entre los que se contaban el deber de desempeñar eficazmente la tarea de la educación bajo los principios democráticos y constitucionales, la estabilidad en el cargo, remuneración y jubilación justa “actualizada anualmente”, la consecución de “las mejores condiciones pedagógicas”, el deber de perfeccionarse en su desempeño profesional, el derecho al disfrute de vacaciones y asistencia social y, finalmente, la participación de los docentes en el gobierno escolar, juntas de clasificación y disciplina y participación en la conducción del organismo de asistencia social (4). De esta manera, se recogían por parte del Ejecutivo las líneas maestras que desde la División de Educación de la Organización de Estados Americanos se estaban proponiendo para el magisterio en Latinoamérica (5).

En el escenario provincial, las demandas de ATEP comenzaron a hacerse audibles ya durante el período de mandato del gobernador Celestino Gelsi, entre 1958 y 1962. Desde los primeros días de su asunción, las peticiones de la entidad se centraban en la aprobación de un Estatuto Provincial del Docente, que regulara las atribuciones del magisterio provincial, y en el que se contemplara la equiparación de salarios, con los maestros dependientes del sistema educativo nacional, además de otras condiciones laborales. Sin embargo, en los inicios de estas negociaciones, los reclamos docentes quedaban supeditados a otras cuestiones más acuciantes: 

“Las señoritas presidenta y secretaria gremial informan a la Comisión Directiva que sobre el resultado de la audiencia que tuvo lugar el día diecisiete de mayo y en la cual la Comisión Directiva con delegaciones de maestros entrevistaron al gobernador D. Celestino Gelsi. Los miembros informantes manifestaron que el Sr. Gobernador se ha enterado de los nobles anhelos del gremio, que expuso su punto de vista, y que como primera medida el Consejo de Educación (6) sería intervenido; que en lo referente a sueldos no les pudo adelantar ninguna solución concreta, hasta tanto no sea resuelto el problema azucarero en la provincia”(7).

El peso de la economía del azúcar en la provincia representaba tanto que sus coyunturas quedaban lejos de permanecer aisladas en su propio ámbito, y suponían un factor a tener en cuenta a la hora de resolver cualquier problema que implicara un esfuerzo financiero de la Administración.

Fue precisamente en este año de 1958 cuando asumió Francisco Isauro Arancibia como presidente de ATEP. Arancibia encabezó desde este momento un sindicato que, a pesar de la aprobación del Estatuto del Docente, encaró movilizaciones por la mejora de las condiciones laborales y la plena aplicación efectiva de dicho estatuto.

En este tiempo se pudo comprobar la dureza de los enfrentamientos entre ATEP y un gobierno provincial que deslegitimaba las peticiones de los trabajadores de la enseñanza quienes, hasta ese momento, eran presuntamente poco combativos. Un ejemplo de esta consideración gubernamental se evidencia cuando se atiende a la actitud del Ejecutivo provincial:

“Todos comentaban la salida poco elegante del señor Gobernador: ‘que las maestras me chupen el pingo’. Alguien de su gabinete agregaría: ‘son todas putas’, a lo cual el gobernador macho sentenció con una frase célebre: ‘no sólo de maestras vive el hombre’” (8).

La docencia tucumana, representada por ATEP, consiguió en 1962 la aprobación del Estatuto Provincial Docente, mientras fue interventor del gobierno provincial Carlos Imbaud. Del mismo modo, el 12 de abril de aquel año, ATEP consiguió la personería gremial, siendo una de las primeras organizaciones docentes del país en obtenerla, lo que le facultaba a ejercer como interlocutor válido ante la Administración para representar a los trabajadores de la enseñanza en sus petitorios.

III. 1966: el quiebre de Tucumán.

El golpe de Estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía, quien tomó el poder el 28 de junio de 1966, dio inicio la autodenominada “Revolución Argentina”. La supresión de los partidos políticos, la intervención de las instituciones públicas y la abolición de la autonomía universitaria fueron algunas de las medidas más significativas dictadas por su gobierno. De entre todas, la que más afectó a Tucumán fue el cierre de once de los veintisiete ingenios azucareros que funcionaban en la provincia, hasta que el decreto firmado el 11 de agosto de 1966 supuso un cambió forzado en la marcha de la economía provincial y nacional.

Con la intención de justificar tales medidas, fueron empleados los reiterados argumentos relativos al proteccionismo económico del que presuntamente se beneficiaba la agroindustria provincial (9), así como su falta de competitividad en el mercado exterior, con el objeto de demostrar la inviabilidad del mantenimiento de esta estructura socio-económica de tan fuerte arraigo (10). Tales intenciones necesitaron de un régimen dictatorial que las cobijara, para así desmochar esta parte de la industria nacional y poner en práctica una política económica de sesgo netamente liberal. Las medidas tomadas por el gabinete de Onganía pretendían enmendar el “erróneo” camino seguido por las industrias tradicionales de las provincias del interior del país (11).

Sin embargo, el llamado problema tucumano consistía, en buena medida, en un exceso de sindicalización que impedía que se manejara la producción sin contar con los trabajadores que en ella participaban. No obstante, el argumento defendido públicamente tenía siempre que ver con la inviabilidad competitiva del producto, dados sus altos costes de producción.

Para intentar contrarrestar la sacudida socioeconómica que el cierre de los ingenios  azucareros suponía a los trabajadores tucumanos, se puso en marcha el llamado Operativo Tucumán, que consistió en una serie de intentos por reubicar a los desempleados en otras actividades industriales y fabriles que habrían de ser puestas en marcha por el gobierno de la Nación.

Es en este contexto donde los educadores provinciales comienzan a complejizar su participación en los ámbitos públicos tucumanos, en el seno de una sociedad que es obligada a acatar, aunque no sin resistencia, la licuación de la principal industria de la provincia. En ese momento, el magisterio denunciará que el futuro de la provincia no puede evitar pasar por la mejora de las condiciones de la enseñanza y de sus protagonistas, educandos y educadores.

El caos social desatado en agosto de 1966 representó para ATEP un cambio en la orientación de su posicionamiento reivindicativo frente a los gobiernos provinciales que se fueron sucediendo. En este sentido, una de las primeras demostraciones llevadas a cabo fue la adhesión de ATEP al Comité para la Defensa de la Economía de Tucumán, conformado junto con la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) y la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT). Esta alianza se mantuvo mientras las medidas de presión para la búsqueda de una salida a la economía tucumana se sostuvieron. El conflicto social en Tucumán llegó a un punto culminante cuando, precedido por los sucesos del “Cordobazo”, en noviembre de 1970 se vivieron los días del llamado “Tucumanazo”, donde trabajadores de distintos sectores laborales y estudiantes universitarios se unieron en las jornadas de protesta por la situación provincial.

Este proceso de adhesión de los docentes significó el desecho definitivo de la concepción del maestro como un “apóstol laico” de la civilización, para comenzar a identificarse con la categorización de trabajador. En este sentido, las prácticas y las manifestaciones de ATEP comenzaron a sobrepasar el ámbito de los reclamos netamente gremiales y pusieron en conocimiento del resto de actores sociales y políticos de la provincia que a los representantes de la docencia tucumana no sólo les correspondía el papel de intermediario frente a su “patronal pública”, sino que entendían necesaria la defensa de valores que contribuyeran a una mejora integral de las condiciones de vida de los tucumanos. Debido a esto, podemos encontrar que ATEP suscribe que:

“Los principios republicanos y democráticos serán una fecunda y feliz realidad solamente cuando el pueblo ejerza en plenitud la soberanía política y decida no solamente en la elección de los gobernantes, sino también en la elaboración y aprobación de los planes económicos, sociales, educativos y culturales. Sin estabilidad política basada en la soberanía del pueblo será una utopía la estabilidad económica y la paz social” (12)

IV. La breve democracia y la participación de ATEP.

La década del setenta se inauguró en la docencia tucumana con la celebración de un Congreso Nacional de Educación en Octubre de 1970, con motivo de los debates abiertos en torno a la nueva ley de educación que proyectaba el gobierno nacional. Al mismo, asistieron delegaciones de todo el país y representantes de diversas entidades docentes, obreras y estudiantiles. Bajo el lema  “Por una educación al servicio de todo el pueblo”, Arancibia inauguró las sesiones arrancando los aplausos del auditorio cuando afirmaba que:

“En Tucumán encontramos la imagen de un pueblo que pretenden destruir, pero que posee la firme determinación de sortear todos los obstáculos que traban su desarrollo. [Este Congreso] no es patrocinado por nadie más que el pueblo argentino […] La educación debe estar al servicio de la libertad, la independencia y autodeterminación de los pueblos. Bajo estos principios estimamos que este congreso iniciará sus deliberaciones en este doblemente histórico Tucumán”. (13)

El sindicalismo docente era consciente que sin un régimen institucional que apoyara sus peticiones, sería imposible conciliar las necesidades educativas de los argentinos con los requerimientos laborales de sus trabajadores. Desde este momento se verá cómo en las manifestaciones públicas de ATEP se imbrican estos dos elementos, conformando las partes de un mismo objetivo a alcanzar. Por esta razón, encontramos que ante anuncios de movilizaciones, las exigencias planteadas llegaban a exigir la suspensión de la reforma educativa oficial, la detención de los recursos empleados en su propaganda, la suspensión de la transferencia de escuelas a las provincias, etc. Todo esto, además, debería quedar sujeto a  una medida de carácter global: “la suspensión de todas las modificaciones a la legislación docente hasta que se normalice institucionalmente el país” (14). En definitiva, ATEP entendía que las actuaciones del gobierno “habían traído como consecuencia directa el deterioro de la situación económica de los docentes y serios perjuicios al sistema educativo argentino, comprometiendo el progreso nacional y social” (15). 

Con el restablecimiento del orden constitucional, y en fecha de la conmemoración de la Independencia argentina, en el año 1973, los dirigentes de ATEP manifestaban la relevancia del papel del pueblo en la construcción de un sistema político y social capaz de alcanzar propósitos tales como una distribución más justa de la riqueza nacional:

“En el nuevo aniversario de la Independencia Nacional, la docencia de Tucumán, representada por ATEP, afirma su decisión inquebrantable de contribuir con todos sus esfuerzos, entusiasmo y capacidad de lucha en la realización de un esfuerzo que integre la independencia política declarada en 1816, con el logro de un proceso de liberación económica y social. Esto significará emancipar al país de toda dependencia exterior, así como dará las bases para una distribución equitativa de los bienes y riqueza nacional entre el pueblo, que es el gran constructor de una Argentina capaz de darse en plenitud”. (16)

Este mensaje fue mantenido con ocasión de otros eventos significativos, aunque también se encuentran declaraciones parecidas con objeto de convocatorias a actividades de carácter rutinario. Tal es el caso de un acto en el que se invita a los docentes de todos los ámbitos y jurisdicciones a una reunión de afirmación gremial, cuyo llamado en prensa finaliza, expresando el anhelo de ATEP, de que la docencia:

“…reafirmará sus principios gremiales en la defensa de los derechos profesionales y por el mejoramiento y fortalecimiento de la escuela pública para una contribución positiva, trascendente y creadora en el proceso de la reconstrucción nacional que nos conduzca a la Liberación social, económica y política de la Nación y de su pueblo” (17).

Después de realizado el encuentro al que esta convocatoria llamaba, en el que se contaron más de un millar de asistentes, el diario tucumano La Gaceta recogía la presencia de dos diputados nacionales en esta celebración del Día del Maestro. En sus declaraciones, Raúl Lechesi afirmó que estaban en marcha algunas de las exigencias de la docencia nacional, tales como el restablecimiento del régimen jubilatorio, a lo que añadió que “la dignidad de los maestros está por encima de cualquier agravio”, en un intento de reconciliación del poder legislativo con los sectores combativos de la docencia (18).

            Las peticiones de ATEP en el plano gremial se dirigían fundamentalmente, como ya había venía ocurriendo desde años anteriores, acerca de tres aspectos: la lucha por el aumento de los salarios, la equiparación efectiva de éstos con los del magisterio nacional, y la defensa del régimen jubilatorio aprobado en el Estatuto del Docente. En este sentido, se pedía el aumento del salario nominal inicial hasta los 200.000 pesos viejos; asimismo, la restitución del artículo 52 del Estatuto del Docente, donde se decretaba la posibilidad de acceder al régimen jubilatorio tras 25 años de servicio con un 82% del total del salario, fue un reclamo reiterado. Desde ATEP se entendía que el cumplimiento con estos compromisos no respondía a un problema financiero, sino a la falta de voluntad política, puesto que los aportes al fondo jubilatorio de los docentes tucumanos se situaban a la cabeza de los argentinos, con un monto del 14% del salario mensual. Es por este motivo que la devolución del aporte era requerida, en tanto en cuanto no se cumplía con las garantías plasmadas en el Estatuto del Docente (19).

            Sin embargo, las preocupaciones manifestadas por la entidad volvían a rebasar este ámbito estrictamente laboral, y ponían en consideración el importante papel de la educación en la construcción de la recién recuperada democracia argentina, autoproclamándose ATEP como un:

"…permanente, insobornable e inclaudicable bastión de lucha en defensa de uno de los aspectos más fundamentales del pueblo, y en especial de la clase trabajadora, como es el derecho a la educación, arma imprescindible para alcanzar la liberación." (20)

            Asimismo, la educación entendida como un elemento fundamental y constituyente de la vida social en democracia, se convirtió en una preocupación habitualmente expresada en sus manifestaciones públicas:

"Todo lo pasado se comprendió que era propio de gobiernos no elegidos por el pueblo. Hoy con el contundente pronunciamiento del 11 de marzo, no podemos comprender ninguna medida de gobierno contra los intereses de la escuela pública, contra su docencia, contra su pueblo" (21)

            ATEP, mediante este tipo de manifestaciones, comienza a posicionarse de una manera inequívoca respecto a la realidad social de la provincia y, por ende, del país. En su propuesta, al mismo tiempo que se declara querer construir una sociedad más justa para con sus ciudadanos, la combatividad gremial es mantenida en todo el período, gracias a la potencia que imprimió la articulación nacional del sindicalismo docente. En este sentido, y sirviendo como ilustración de lo antedicho, en el año 1974 se convocó un paro nacional docente, al que se adhirió ATEP, y que se llevó a cabo los días 23 de mayo, durante 24 horas, el 28 y 29 del mismo mes, durante 48 horas, y finalmente los días 5,6 y 7 de junio, llevando a la huelga a la mayor parte de la docencia nacional.

Sin embargo, y a pesar de las constantes promesas de la esfera política, los reclamos no eran atendidos en la medida en que esperaba la agremiación, por lo que se siguieron disponiendo jornadas de cese de la actividad laboral. Un ejemplo es la llevada a cabo el 25 de octubre de 1975, “por considerarse negativas las gestiones realizadas tanto en el orden provincial como nacional para el pago de la retroactividad por equiparación, que se adeuda al magisterio desde 1962 a 1964, por un total de cincuenta mil millones de pesos, al valor actual de la moneda”. Asimismo se avisaba a la contraparte de la negoción que “esa es una deuda a la que los maestros no renunciarán jamás y cuyo pago habían confiado que se haría efectivo al asumir el gobierno elegido por el pueblo” (22).

Con este ejemplo se puede observar, de nuevo, cómo se construyen en las declaraciones de ATEP elementos como la legitimidad de un gobierno que emana de la soberanía ejercida por el pueblo mediante la acción plebiscitaria y el incumplimiento de las promesas dadas ante el gremio, que se considera a sí mismo como un actor válido en tanto que representante de los intereses de ese pueblo. El incumplimiento de los acuerdos planteados significa, para ATEP, el descrédito de un gobierno que no responde a las obligaciones que debía asumir por su condición, al menos presunta, de democrático.

V. Represión y desarticulación gremial

Tal vez sea conveniente recordar que en la provincia de Tucumán se había declarado el estado de sitio a finales de 1974, y que en febrero de 1975 se puso en funcionamiento el llamado Operativo Independencia, mediante un decreto que facultaba a las Fuerzas Armadas a actuar en la provincia de Tucumán con el objetivo de “aniquilar a la subversión”. Por otro lado, hacía ya meses que se estaban registrando atentados contra militantes gremiales y estudiantiles en la provincia con la llegada de miembros de la Triple A, a mediados del año de 1974. El terrorismo de Estado estaba comenzando su consolidación, y Tucumán, por su alto grado de conflictividad social, y contando como coartada perfecta con la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo en sus montes, fue la elegida como campo de operaciones y laboratorio de experimentación del período represivo que se institucionalizaría a partir del 24 de marzo de 1976.

A pocos días de la llegada del segundo comandante del Operativo, el general Antonio D. Bussi, Arancibia fue detenido durante unas horas, y llevado a prisión, por conducir su camioneta sin las luces reglamentarias y no poder abonar la multa que se le impuso. Esta detención no era la primera que sufría el dirigente, pero junto con las cartas de amenaza recibidas con la firma de la Triple A, sirvió para confirmar que los servicios de inteligencia no habían pasado por alto la actividad del presidente del sindicato. Sin embargo, ATEP continuó protestando por las necesidades de reparación de diversas escuelas rurales y por el pago de las diferencias salariales adeudadas.

Bussi, unos meses más tarde, pedía un papel protagónico a los maestros en el Proceso, señalando que: “una nueva instancia se ha abierto en la República; yo diría, la última oportunidad”. Esta arenga fue pronunciada, y recogida por el Diario La Gaceta, el 26 de abril de 1976, apenas un mes después del asesinato de Francisco Isauro Arancibia junto a su hermano Arturo René, en la sede del gremio, durante las primeras horas del golpe. Los hermanos Arancibia, al ver que se acercaba su detención a manos de un grupo de tareas, decidieron usar sus escopetas de caza como defensa.

La participación de los docentes en la vida sindical fue violentamente doblegada. El sindicalismo docente tucumano se desarrolló en un espacio de conflictividad social atravesado por el peso de la desmantelada economía azucarera. Se alió a los trabajadores azucareros, autodefiniéndose como parte del conjunto de los trabajadores, rehuyendo de la actitud poco beligerante que tradicionalmente había mantenido el colectivo. Sus propuestas sobrepasaban el ámbito de lo laboral, y arremetían contra un estado de las cosas que se consideraba injusto, orientándose a favor de la construcción de una sociedad democrática y menos desigual. Los inspiradores del proyecto autoritario ejecutado por las FF.AA. debieron entender, por tanto, que este colectivo suponía un elemento de resistencia activa que, como muchos otros, debía ser eliminado para la consecución de su proyecto.

VI. Notas

(1)PUIGGRÓS, Adriana. 1991. Sociedad Civil y Estado en los orígenes del sistema educativo argentino. Buenos Aires: Galerna Editorial.

(2)TORRE, Juan Carlos. 1989, “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. Desarrollo Económico, No. 112, p. 525-548; DOYON, Louise M. 1984. “La organización del movimiento sindical peronista 1946-1955”. Desarrollo Económico. No. 94, p. 203-234

(3)En el presente artículo, que forma parte de una investigación más amplia, hemos considerado oportuno emplazar a posteriores trabajos el análisis sobre la importancia de la participación de mujeres en el sindicalismo docente tucumano. No obstante, sí hemos querido apuntar esta característica que consideramos de sumo interés.

(4)VÁZQUEZ, Silvia Andrea y BALDUZZI, Juan. 2000. De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”-CTERA. P. 25-30.

(5)Revista La Educación. 1958. Nº 11. División de Educación. Departamento de Asuntos Culturales, OEA.

(6)El Consejo de Educación es el órgano rector del ámbito educativo en la provincia, compuesto por el ministro de Educación provincial y representantes de las distintas asociaciones de trabajadores de este sector.

(7)Acta de reunión de la Comisión Directiva de ATEP, 31/05/1958.

(8)ROSENZVAIG, Eduardo. 2006. La oruga sobre el pizarrón. Buenos Aires: Colihue, p. 42-43.

(9)MOYANO, Ricardo Daniel y  LENIS, María. 2007.  “De lo nacional a lo regional: discurso empresario e industria azucarera en el Norte argentino, 1894-1923”, Revista Escuela Historia. Nº 6, p. 279-302.

(10) Aunque los primeros vestigios de la plantación de caña de azúcar en la provincia se sitúan en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando jesuitas afincados en la localidad de Lules comenzaron con esta actividad, el desarrollo moderno en torno a la agroindustria azucarera data de comienzos de la década de 1870, cuando los tradicionales molinos y trapiches son sustituidos por maquinaria importada. La llegada del ferrocarril en 1876, como parte de la implementación de una política vertebradora del estado nacional, contribuyó de manera decisiva a la potenciación exterior de los productos tucumanos, aunque la mayor parte de la producción de dulce estaba destinada al consumo interno nacional, no participando, por tanto, del boom agro-exportador del primer cuarto del siglo XX argentino.

(11) PUCCI, Roberto. 2007. Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico, p. 139-177.

(12) ATEP en Marcha, 10/1970, p.1

(13) Diario La Gaceta, 11/10/1970, p. 9.

(14) Diario La Gaceta, 07/03/1971, p. 10.

(15) Diario La Gaceta, 12/03/1972, p. 8.

(16) Diario Noticias, 09/07/1973, p. 12.

(17) Diario La Gaceta, 11/09/1974, p. 9.

(18) Diario La Gaceta, 12/09/1974, p. 5.

(19) Diario Noticias, 22/07/1973, p. 6.

(20) Diario Noticias, 04/07/1973, p. 4

(21) Ibíd.

(22) Diario La Gaceta, 22/10/1975, p. 7.

VI. Fuentes y Bibliografía citadas

·Atep en Marcha, publicación periódica de ATEP.

·Diario La Gaceta, San Miguel de Tucumán.

·Diario Noticias, San Miguel de Tucumán.

·Libro de Actas de Reunión de la Comisión Directiva de ATEP.

·DOYON, Louise M. 1984. “La organización del movimiento sindical peronista 1946-1955”. Desarrollo Económico. No. 94.

·MOYANO, Ricardo Daniel y  LENIS, María. 2007.  “De lo nacional a lo regional: discurso empresario e industria azucarera en el Norte argentino, 1894-1923”, Revista Escuela Historia. Nº 6.

·PUIGGRÓS, Adriana. 1991. Sociedad Civil y Estado en los orígenes del sistema educativo argentino. Buenos Aires: Galerna Editorial.

·PUCCI, Roberto. 2007. Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico.

·ROSENZVAIG, Eduardo. 2006. La oruga sobre el pizarrón. Buenos Aires: Colihue.

·TORRE, Juan Carlos. 1989, “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. Desarrollo Económico, No. 112.

·VÁZQUEZ, Silvia Andrea y BALDUZZI, Juan. 2000. De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”-CTERA.

  * Reseña biográfica: El autor es Licenciado en Historia por la Universidad de Murcia (España) y Magíster en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide (España), donde asimismo es candidato a Doctor. Se desempeña como becario pre-doctoral del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario en esa misma Universidad. Ha realizado diversas estancias de investigación en centros de Argentina y Francia (Universidad Nacional de Tucumán, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle).