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Aletheia es una revista electrónica semestral sobre problemáticas de historia y memoria colectiva en torno al pasado reciente argentino y de las sociedades latinoamericanas, en sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales.

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Institucional

Maestría en Historia y Memoria

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata

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Edificio A Of. A207 (1925) Ensenada, Argentina. Tel.: +54-0221-4236671/73 int. 2216

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“Condena a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros” Luchas políticas en el juicio a Miguel Etchecolatz*

Aletheia, vol. 2, número 3, diciembre 2011. ISSN 1853-3701

Reseña de Tesis/ González Leegtra en PDF

 

Cintia González Leegstra**

CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET

Buenos Aires, 2011

cintiacgl@gmail.com

Resumen

En 2006 se realizó en la ciudad de La Plata un juicio oral y público a Miguel Etchecolatz, quien fuera Director General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, acusado por ocho casos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas y homicidios. Esta tesis estudia las luchas políticas por la justicia desarrolladas por los distintos actores sociales y políticos que participaron en este proceso. La demanda de “justicia” representa una de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos argentino –junto con el pedido de "verdad" y “memoria"-, que ha buscado distintas vías para lograr la condena de los responsables del terrorismo de Estado que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Los victimarios, por su parte, han buscado en todo momento evitar los juzgamientos. En ese sentido, entendemos a este juicio como un momento relevante en el cual se manifiestan estas luchas de actores que tienen una historicidad y, a la vez, expresan diversas expectativas de futuro. Analizamos qué actores sociales participan de esta disputa, constituyéndose en emprendedores de justicia. Asimismo, nos interesa indagar qué estrategias jurídico-políticas se dan las distintas partes, cuáles son los discursos políticos que formulan en la escena judicial y cómo se manifiestan en ella ciertas pugnas por el sentido del pasado de violaciones a los derechos humanos. A través de entrevistas a informantes clave, actas testimoniales del juicio y fundamentos de la sentencia, notas personales, registros audiovisuales y notas periodísticas, en esta tesis se reconstruye y analiza la escena del juicio y los sentidos que atribuyen los actores al pasado objeto de debate en el tribunal.

 

Palabras clave

Dictadura, justicia, luchas políticas, memoria.

Desarrollo

La investigación realizada en el marco de la tesis de maestría se proponía analizar las luchas políticas en la escena judicial del primer proceso penal por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura realizado a partir del dictado de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Algunas de las preguntas que guiaron la investigación son las siguientes: ¿qué actores se interesan por este juicio e intervienen en él? ¿A qué otros actores (judiciales o no) autorizan/desautorizan y/o legitiman/deslegitiman los participantes de este proceso? ¿Cómo se presentan a sí mismos, con qué trayectorias, con qué legitimidad? ¿Qué discursos políticos se sostienen y se confrontan en el espacio jurídico?

Partimos del supuesto de que los actores que intervienen en estos juicios no sólo esperan que los jueces lleven adelante un proceso que culmine en una condena o absolución, sino que también suponen que el tribunal establece una verdad, de carácter jurídico, que queda plasmada en el texto de la sentencia. Asimismo, parte de los actores involucrados en la acusación son emprendedores de la memoria que pretenden el reconocimiento social y de legitimidad política de su versión del pasado, y que se preocupan por mantener visible y activa la atención social y política sobre su emprendimiento (1). Parafraseando a Jelin, podemos afirmar que los actores que se presentan como querellantes en este juicio son también emprendedores de la justicia, en el sentido de que el emprendimiento sobre el cual buscan mantener la atención social es la lucha por la justicia.

Esta tesis estudia quiénes fueron los emprendedores de la justicia de este Juicio a Etchecolatz y qué características adquirieron sus luchas políticas en el espacio jurídico –puede discutirse en qué medida los defensores y el imputado son emprendedores de la justicia, ya su búsqueda de “justicia” es entendida por otros actores como búsqueda de “impunidad”; no obstante, sí participan del proceso como parte de una lucha política. De esta manera, el interés ha sido indagar cuáles son las interpretaciones de los actores sobre distintas figuras jurídicas, y qué ideas y representaciones sobre el pasado de violaciones a los derechos humanos sostienen y buscan que sean reconocidas en la escena judicial. Es decir, ¿qué implica, para estos actores, hacer justicia en relación a los crímenes del pasado dictatorial? ¿Quiénes son, para ellos, los responsables de crímenes cometidos durante el período de la dictadura que deben ser condenados? ¿Qué relato sobre los hechos debía plasmarse en el texto de la sentencia, según las distintas partes involucradas? Asimismo, resultó interesante comprender dentro del conjunto de los acusadores cómo se impone la autoridad político-moral de cada uno, y de qué manera se (auto)jerarquizan en un juego de legitimaciones sociales –esta cuestión no puede indagarse al interior de la defensa, ya que en este juicio se acusaba a un sólo individuo y sus dos defensores trabajaban de manera conjunta.

El juicio analizado se destaca por ser el primero desde la reapertura de la vía judicial –que estuvo clausurada entre 1986/1987 y 2003- que incluye la figura de querellantes. Es decir, la acusación no es realizada solamente por la fiscalía de Estado, sino que también personas y organizaciones de la sociedad civil se presentan como partes interesadas en el juicio y participan de la acusación. Por un lado, son querellantes personas directamente involucradas en los casos bajo proceso -es decir, víctimas o familiares de víctimas de los delitos-; por el otro, se presentan también distintas organizaciones que se consideran representantes de “intereses difusos”. Se trata de determinadas entidades, reconocidas por el Estado como personas jurídicas, que por los intereses que defienden tienen derecho a formar parte de la acusación. Así, encontramos entre los querellantes a nuevos organismos de derechos humanos, algunos fuertemente vinculados a sindicatos, agrupaciones estudiantiles y partidos políticos. Estas características hacen de este juicio un caso interesante para el estudio de las luchas políticas en un espacio jurídico ya que más allá de la demanda de reparación de las víctimas, diversos actores sociales y políticos buscan disputar allí sentidos sobre el pasado de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo es importante destacar que el juicio estudiado fue realizado en La Plata, localidad que presenta algunas características particulares a destacar. Considerada “ciudad universitaria”, es sede de la administración pública provincial y cuenta con un cordón industrial que en la década del setenta se encontraba muy desarrollado, y que incluye dos partidos vecinos: Berisso y Ensenada. En Argentina, La Plata fue una de las zonas más azotadas por la represión. Según los datos actualizados de CONADEP, en la región de La Plata hubo 685 casos de desaparición forzada de personas y ejecuciones sumarias, y en los partidos de Berisso y Ensenada 94 casos. No obstante, los organismos de derechos humanos afirman que la cifra ronda los dos mil casos de desapariciones, de los cuales aproximadamente ochocientos serían estudiantes y novecientos, obreros (2).

A la vez, esta ciudad fue una de las que experimentó un gran desarrollo de los organismos de derechos humanos. Si bien los organismos con sede en la Capital Federal han cobrado mayor visibilidad, las principales referentes del movimiento de derechos humanos de Buenos Aires son platenses -Hebe Pastor de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo; Estela Barnes de Carlotto y María Isabel Chorobik de Mariani, de Abuelas de Plaza de Mayo, por nombrar sólo a algunas- y esto generó un fuerte vínculo con los organismos de la capital. Así, los juicios realizados en esta localidad -Juicio por la Verdad, que comenzó en 1998 a partir de una presentación de la APDH La Plata reclamando el derecho a la verdad, y juicios penales posteriores a la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- contaban y cuentan con un fuerte impulso de estas organizaciones, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las ciudades del interior del país, donde las causas suelen paralizarse, entre otras razones, por falta de participación de la ciudadanía.

Otro motivo que justifica la elección del caso es el hecho de que en este juicio se presentaron como querellantes nuevos organismos de derechos humanos vinculados a partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales y estudiantiles. Durante la transición a la democracia los organismos de derechos humanos se dividieron optando por dos estrategias alternativas: una “legalista”, que suponía demandar al Poder Judicial la realización de procesos en los cuales aplicaran la ley vigente, y otra “política”, que implicaba el pedido de juicios políticos (3). El Juicio a Etchecolatz presenta un caso novedoso, en el cual organizaciones políticas deciden participar de un espacio jurídico, canalizando allí parte de sus disputas políticas.

Lo novedoso de este juicio radica también en la pluralidad de sentidos que, a veces de manera contradictoria, enarbolan los integrantes del “nosotros acusador”. En un contexto de activación de la memoria vinculada a la militancia de los años setenta, en el cual incluso el gobierno nacional cuestiona explícitamente la teoría de los “dos demonios”, en esta tesis constatamos que algunos militantes de derechos humanos de izquierda quedan atrapados en la tensión entre la narrativa en clave humanitaria y el discurso de la militancia política. Otros, en cambio, disputan con los sectores que reivindican el accionar de las fuerzas de seguridad durante la dictadura el sentido de la noción de “patria”.

Con el objetivo de estudiar las luchas políticas en el espacio jurídico, se analizaron prácticas y discursos de los actores que intervinieron en este juicio. Para analizar las prácticas, se estudiaron los registros audiovisuales del juicio, que se encuentran en el Museo de Arte y Memoria, y notas periodísticas publicadas en diversos medios de prensa locales y nacionales. Para examinar los discursos y representaciones, se analizaron expedientes judiciales -actas testimoniales, los alegatos, la sentencia y sus fundamentos- y se realizaron entrevistas a informantes clave.

Esta tesis constituye un punto de partida en el análisis de los juicios sobre crímenes dictatoriales que comenzaron a partir de la reapertura de las causas penales en nuestro país. Un análisis comparativo de los diferentes procesos realizados en la actualidad podrá indagar en las similitudes y diferencias que se encuentran en procesos en los cuales hay más de un imputado, y se juzgan no sólo policías -como Etchecolatz- o militares -como los ex comandantes- sino personas vinculadas a la Iglesia, el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario, entre otros. Finalmente, resultará fructífero examinar qué otros nuevos actores se presentan como querellantes, constituyéndose en emprendedores de la justicia, y formulan nuevos o viejos relatos sobre la represión dictatorial que tuvo lugar a fines de la década del setenta. Y en qué medida resulta exitoso su proyecto de involucramiento del resto de la ciudadanía en la lucha por la justicia.

Notas

(1) Cfr. Jelin, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI.

(2) Cfr. Da  Silva  Catela,  Ludmila  (2001).  No  habrá  flores  en  las  tumbas  del  pasado.  La  experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata: Ediciones Al Margen.

(3) Cfr. Jelin, Elizabeth (1995). “La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina”, en: AAVV Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires, Nueva Visión.

 

*Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico Social, Buenos Aires. Director: Dr. Emilio Crenzel.

**Cintia González Leegstra es Licenciada en Sociología (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP) y Magíster en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Actualmente, se encuentra desarrollando su tesis doctoral, en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales (IDES-UNGS), que consiste en un análisis de las memorias de miembros de la Armada Argentina en relación a la última dictadura militar.

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