DE DICTADURAS A DEMOCRACIAS. Una visión política de los derechos humanos.

Artículo/Villamil Velásquez y Cuervo Sotelo en PDF

Javier Fernando Villamil Velásquez*

Doctorado en ciencias Sociales UNLP

Yohanna Cuervo Sotelo**

 Maestría en Ciencias Sociales UNLP

La Plata .Argentina. 2011

Resumen:

El presente documento intenta colocar diversas discusiones sobre la realidad latinoamericana, particularmente en la forma como diversos escenarios nacionales han asumido críticos periodos de violencia política en décadas recientes. Ello teniendo en cuenta que hay toda una serie de variantes y contextos políticos en la región, en donde se imponen por un lado, diferentes regímenes de gobierno y por otro, distintos posicionamientos políticos de los movimientos sociales. En ambos casos, estos se despliegan acorde al momento socioeconómico experimentado en una determinada nación.

El énfasis de esta propuesta, acentúa en abrir un debate respecto a cómo cada sociedad instaurada dentro de los marcos nacionales, ha enfrentado posterior o simultáneamente, críticos periodos de violación de los Derechos Humanos ocurridos en periodos de aguda confrontación política y social. Han sido momentos históricos donde se concentran las contradicciones sociales, ya sea bajo la forma de dictaduras o bajo la imposición de gobiernos autoritarios encubiertos en un sistema democrático. Son etapas pasadas y presentes que aún hoy dejan una huella profunda en la conciencia y vida de muchos activistas, de académicos, de organizaciones sociales y de víctimas del terrorismo de Estado.      

Palabras clave: Contexto político, Derechos Humanos, dictadura, democracia, conflicto social.

Introducción

Latinoamérica, región marcada por condiciones socioeconómicas que la hacen catalogar, desde los centros de poder, como un área periférica del tercer mundo. En su condición de región dependiente, a la zaga de los núcleos hegemónicos internacionales, en el área latinoamericana se han aplicado medidas que llevan y llevaron a la profundización del sistema económico y político, fundamentado en el sistema de mercado, medidas que han contado en ocasiones y sin reparos, con la aplicación de mecanismos de fuerza sobre vastas capas de la sociedad.

Así, la violencia y el conflicto, han estado a la orden del día en los diferentes contextos nacionales, en diferentes formas e intensidades. Países marcados por la implementación de dictaduras como en el cono sur, países que han pasado por gobiernos autoritarios y conflictos armados como en el caso de Perú y Colombia o países con procesos sistemáticos de violencia contra poblaciones originarias como en el caso de Guatemala, son solo algunos de los ejemplos de lo que se puede encontrar en esta región, al hacer una revisión de su historia reciente.

Este texto planteará algunas reflexiones frente al tema de los Derechos Humanos en estos contextos. Reflexiones basadas en las discusiones dadas en el marco de la mesa: “Dictaduras, transiciones y democracias: análisis de las perspectivas de los Derechos Humanos (DDHH) en la disputa por la memoria en América Latina”, organizada por el Colectivo Sur Consciente. Mesa que se conformo dentro del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, realizado en Buenos Aires (Argentina) del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2011, por el Centro cultural de la Memoria Haroldo Conti. Para este texto se han tomado, solo algunas de las ponencias presentadas e intentaremos mostrar los puntos de debate y discusión suscitados por los diferentes planteamientos.

Mas que plantear problemáticas acabadas, este texto pretende dejar preguntas abiertas, las mismas preguntas que surgieron en el debate y que se espera sirvan para continuar con el mismo. Los temas plateados en este texto, han sido extensamente trabajados en distintos escenarios, tanto académicos, como políticos y sociales, por esto no es la intención dejar instaladas verdades absolutas y horizontes de llegada sino, por el contrario, generar puntos de partida y de construcción colectiva.

Incursionando en la problemática

La realidad latinoamericana, aunque atravesada por lógicas geopolíticas similares, ha estado impresa por contextos nacionales históricos diversos, que si bien cuentan con luchas y tensiones sociales al interior, que los hacen comunes unos con otros, también se diferencian en algunos aspectos. Ejemplos de esto, son las diferentes formas que han adoptado, en diferentes espacios, las clases dominantes para imponer medidas socioeconómicas y políticas que conllevaron y conllevan a la profundización de un sistema económico y a la instauración de las bases del modelo neoliberal. El control social en uno y otro contexto nacional, ha sido vital para tales fines y los mecanismos empleados para esto han ido, desde las grandes campañas ideológicas y mediáticas, hasta la implementación concreta de acciones violentas encaminadas al disciplinamiento, la desposesión y/o la desaparición física del otro visto como “enemigo” (1).

En este marco, se encuentran la existencia de dictaduras militares en las décadas del 70 y 80 en los países del cono sur, los cuales posteriormente emprendieron un camino de “transición hacia la democracia”. Así mismo, existen países que, aunque no vivieron una dictadura formal, su historia está marcada por la aparición de gobiernos de carácter autoritario y en los cuales se vive o vivió un álgido conflicto armado interno, como es el caso de Colombia y Perú.

Estos distintos contextos, van a marcar la aparición de las discusiones frente a los DDHH, especialmente en términos de la reivindicación política por parte de los distintos actores sociales, sobre los cuales ha caído el peso de las acciones violentas y represivas. Son estas realidades y estos actores, los que llenarían de contenido este campo y a la vez lo traerían a la discusión política y académica. En este sentido, colocar las acciones represivas en el marco de las violaciones a los DDHH, no resulta una acción que haya existido previamente, sino un resultado del desarrollo de las luchas políticas entre clases y actores sociales.

Esta perspectiva, que reivindica la visibilización de los DDHH, adquirió vigencia y migró más allá de los márgenes de las fronteras nacionales, pues así mismo, las acciones represivas y violentas trascienden las fronteras y configuran un proyecto político y económico para toda la región. Como marco unificador, se observan las directrices intervencionistas traslapadas desde el norte, donde los intereses de Estados Unidos cobran protagonismo, no solo en los fines perseguidos, sino en las formas y procedimientos violentos implementados y vistos como violatorios de los DDHH.

Más allá de que todos los países latinoamericanos se encuentren en un momento político amparado en “un sistema democrático”, el cual es reconocido socialmente, por lo menos en términos formales, si surgen algunas reflexiones y cuestionamientos frente a la aparente fase democrática experimentada en toda la región. Una fase que podría asociarse a tiempos mejores, que superan las contradicciones más álgidas y que difuminan los graves periodos de violencia de décadas anteriores.

Pero, ¿cómo es posible que en varios escenarios latinoamericanos aún surjan constantes denuncias frente a graves y extensas violaciones a los DDHH? Entonces, ¿vive Latinoamérica un real proceso democrático?, ¿han cambiado las condiciones que generaron contextos dictatoriales y autoritarios?, ¿qué papel juega y ha jugado la impunidad o la justicia en este escenario democrático?, ¿se mantienen las estructuras desiguales de poder que conllevan a la aplicación de mediadas violentas y de graves violaciones a los DDHH, aún cuando formalmente se impone un régimen democrático? No hay respuestas acabadas para estos interrogantes, pero dejemos que las realidades latinoamericanas intenten esbozar o aproximarse a estas respuestas.

De dictaduras a democracias

Tal vez, los procesos en los que se puede ver alguna resolución a los conflictos más crudos de lucha social, son directamente el caso argentino y el chileno, países que han pasado por una etapa de “transición a la democracia” y en los que con marcadas diferencias, se ha tramitado o se tramita este periodo del pasado reciente, violento y dictatorial, que en su momento costó miles de víctimas en cada país.

Pero aún hoy y sin desconocer los avances en términos de memoria y de justicia del caso Argentino, el discurso de los DDHH no ha perdido su vigencia, no solo con respecto a hechos de la historia reciente, sino a las realidades presentes mediadas por la generación de un escenario “democrático”. No obstante, las dinámicas del resto de países no son paralelas a la vivencia argentina y se han establecido todo tipo de conflictividades en los distintos marcos nacionales.

Trasladándonos a otras latitudes, se encuentra la historia reciente de Guatemala, en donde se vivieron casi 36 años de dictadura, que trascurrieron una tras otra, hasta llegar al clímax del genocidio a comienzos de los años 80. Hoy en día en éste país, aunque en una democracia formal, la agresión contra los pueblos indígenas sigue todavía vigente, dado que los gobiernos de corte civil, son influenciados por cúpulas militares.

Si bien se ha adelantado en esta nación un renombrado “proceso de paz”, éste no fue sino otro trámite formal, que no ha frenado la escala de violencia, en donde como es de esperarse, no ha habido un enjuiciamiento real hacia los responsables de los crímenes cometidos en ese momento. Eso conlleva a repensar el denominado proceso de “reconciliación” que se plantea en naciones como estas, que como ha sucedido en otros países, ha traído más falsas expectativas que resultados concretos, en términos de freno a las violaciones de DDHH.

Un poco más al sur, en el Perú, se experimentó una oleada de violencia armada muy fuerte durante los años 80 y 90, en donde, luego de difuminarse el conflicto más agudo entre las fuerzas en confrontación (el Estado y el grupo Sendero Luminoso), se adelantó un proceso de Verdad y Justicia, que pretendía remediar parte del daño ya causado a las víctimas. Sin embargo, este proceso trae consigo varias dificultades y contradicciones, marcadas por la existencia reciente de un contexto adverso a un real proceso de justicia. Así, se evidencia en casos como el de Parcco Pomapango, el cual es trabajado actualmente por Kristel Best Urday (2011)(2), una inoperancia del sistema judicial, un alto grado de impunidad y un aparato de justicia parcializado. Según las reflexiones que se desencadenan al respecto, las víctimas tienen que pasar por engorrosos y extensísimos procesos judiciales, que son a su vez trabados por la burocracia y un ambiente político hostil.

Este proceso fue frenado, condicionado y regulado por las autoridades, en función de la puesta en el poder de Alan García, uno de los responsables de la aplicación del terrorismo de Estado en el Perú en los años 80. Ello explica la negligencia de los procesos y la libertad que gozan, los militares victimarios de la historia reciente del país. Entonces, ¿provee la “democracia” Latinoamericana un escenario propicio para procesos de verdad y de justicia?, ¿Hasta dónde llega la verdad que se busca en estos procesos?    

Por otro lado, mirando más hacia el norte, en Colombia, según los planteamientos de Muñoz (2011) (3), la situación de cruda violencia nacional se debe a una realidad compleja con diferentes causas, entre ellas, la injerencia de EEUU, el papel tendencioso de los medios de comunicación, la permanencia de una gobierno autoritario, la adopción de grandes planes de intervención militar, el control socio territorial a gran escala (Plan Colombia, Plan patriota, Doctrinas de seguridad democrática) y la difusión de un sentimiento generalizado de temor y paranoia entre la población.

Muñoz (2011) plantea cómo se generaliza en Colombia el uso del término “terrorista”, para todo aquel que no esté de acuerdo con las posturas oficialistas.  Mediante esta manipulación discursiva, se conlleva a descalificar a casi todas las vertientes críticas al gobierno. Una vez instalada la visión del otro como “terrorista”, se justifica la aplicación de medidas violentas en su contra, bajo el paraguas de la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado, como supuesto defensor de la “democracia” en contra del terrorismo.

En esa vía, como parte del debate, entre todos estos factores, se destaca el intenso trabajo ideológico agenciado durante el gobierno de Uribe, para saturar los medios de comunicación y difundir un determinado modelo económico y militar, lo que termina expandiendo la brecha entre la percepción de la opinión pública y los hechos acontecidos en la realidad misma.

Al respecto, para el caso colombiano, podríamos agregar que estas jugadas discursivas, tal vez más evidentes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se localizan dentro de un enfrentamiento histórico, que va mas allá del siempre citado, “conflicto armado Colombiano”. Bajo el discurso oficial, en este conflicto solo se sitúan dos actores, calificados como “el malo y el bueno”, la guerrilla y el Estado. Esta visión (mediática) es distorsionada, ya que ha dejado por fuera una compleja trama de acciones y actores, que han logrado posicionarse en campos económicos y políticos muy importantes, pero que han venido beneficiándose de la existencia real de este conflicto y del manejo del discurso oficial.

En Colombia, no sólo se oculta el verdadero papel represivo de las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos paramilitares, sino que suelen omitirse problemas estructurales sociales subyacentes. Así, se puede explicar la emergencia de la acción violenta y sistemática del aparato militar paramilitar, la cual se dinamiza básicamente en función de las necesidades de terratenientes, de empresarios, de transnacionales, de políticos tradicionales y de organismos externos intervencionistas. Son actores sociales de gran peso económico y político de carácter conservador y proclives a la doctrina neoliberal, los que financian, programan y regulan el accionar de las fuerzas armadas, asociadas al Estado. Visto de este modo, el conflicto social y armado no es solo el simple resultado de un complejo enfrentamiento entre milicias, sino especialmente el desarrollo de luchas y pugnas entre grupos y clases sociales al interior del país.

Es este contexto de la Colombia actual, el que marca la aparición de la reivindicación por los DDHH, en donde existen múltiples cuestionamientos y enfoques, pues es un escenario de disputa, donde se pretende el reconocimiento mismo del Estado, como agente capaz de violar directamente los DDHH de pobladores en diversas regiones. Como se ha señalado en repetidas ocasiones, en éste país, la violencia estatal se realiza utilizando un escudo discursivo que se basa en la guerra antisubversiva y de lucha contra el narcotráfico, intentando legitimar con ello, una política de represión generalizada en el país. En ese sentido, en diferentes momentos, se ha recalcado la permanencia de un Terrorismo de Estado, que continua muy activo en el presente dentro del escenario colombiano.  

El lugar del Estado

Analizar cuál es el rol del Estado en estas problemáticas no es un tema menor, es por el contrario siempre un punto de debate, pues existen varios posicionamientos frente al mismo, que ciertamente, tiene que ver con las posiciones políticas diversas que se ponen en juego, las cuales por supuesto, también se expresan en los debates académicos. Particularmente en sociedades altamente conflictivas, existen posturas críticas que consideran al Estado como un actor con una identidad social y política distinta frente a los habitantes de una nación, concibiéndolo más bien como un contrario frente a una porción importante de la población y especialmente, en relación a los sectores sociales organizados. Si esta postura no tuviera validez alguna, no podría plantearse siquiera la existencia actual de un Terrorismo de Estado en países como Colombia, o la ocurrencia de éste en la historia reciente, como bien fue el caso de Argentina.

Así, en esta visión crítica se recoge un paradigma que coloca al Estado, como uno de los directos y principales impulsores de la violación de DDHH, en países con marcados índices de conflicto. No obstante, otras posturas pueden reclamar algún espacio de duda al respecto, cuando se apela a clásicas expresiones como: “El Estado somos todos”. Pero bajo esta idea, ¿entonces los responsables de la violencia sistemática terminan diluyéndose, al no identificarse con claridad los bloques en el poder en donde se aviva la contradicción?

El debate surge o se refuerza en ciertas ocasiones, cuando se reclama por la “inasistencia o falta de protección del Estado” cuando ocurren hechos graves de violencia (masacres, desplazamiento forzado, amenazas,…), alegando que éste se mantuvo inmóvil ante estas manifestaciones de agudo conflicto, lo que indica una de dos cosas: una credibilidad en las instituciones como entes neutrales que deben intervenir en situaciones críticas (basado en una versión liberal del Estado), o por el contrario, allí se verifica que los organismos oficiales están parcializados e inclinados políticamente, lo que explica su normal inoperancia y negligencia. Este último acento explicaría el porqué no se evitan, por parte de los organismos del Estado, todo tipo de violaciones a los DDHH en países como Colombia, México o Guatemala, aún siendo dichos organismos avisados de antemano, frente a la ocurrencia próxima de estas situaciones de violencia.

Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado en las violaciones a los DDHH a gran escala? Si tiene una responsabilidad directa en los hechos, ¿cómo esperar que el aparato judicial lo juzgue y lo encuentre responsable, cuando éste mismo se encuentra incrustado dentro del aparato estatal? Si los contextos nacionales altamente conflictivos no cambian, ¿pueden las víctimas de violaciones a los DDHH esperar un real proceso de verdad, justicia y reparación?

Los mecanismos institucionales como mediadores de la problemática

A pesar de ese clima social convulsionado, que agita a varios países de América Latina, Heffes (2011)(4) plantea para el caso argentino, como se comienza a instalar una serie de procedimientos institucionales para viabilizar el juzgamiento a los crímenes de Estado. En medio de un entorno político que posibilita una vuelta al pasado (y un movimiento de recuperación de la memoria), se está avanzando en éste país en el procesamiento a los responsables de los crímenes acontecidos, durante la dictadura (1976 – 1983), lo que ha conllevado al surgimiento de ciertos planteamientos novedosos en el plano jurídico.

Heffes (2011) muestra cómo en Argentina, se hizo una aplicación de justicia basada en mecanismos estipulados para países con graves conflictos armados internos. Y aunque éste no era el caso argentino, su aplicación si permitió formalmente destrabar los obstáculos, que retardaban el tratamiento del terrorismo de Estado durante la dictadura. A propósito de dicho crítico periodo de la historia de esta nación, se estableció la creación de la CONADEP, se fueron potenciando estrategias como la recuperación de la memoria y el fortalecimiento de una lucha política, que luego contribuyó a concientizar y divulgar sobre los acontecimientos ocurridos durante la dictadura.

No obstante, también esto genera otra discusión sobre el énfasis y las notorias expectativas generadas alrededor del aparato jurídico, lo cual traspasa geográficamente al escenario argentino, pues esto podría observarse con sus matices, en muchos lugares de América Latina. El debate radica, en que este aparato (el jurídico) por sí solo no puede resolver los problemas originados, desde las instancias estatales en un cierto periodo histórico, sino que tiene que ir acompañado por toda una serie de instrumentos propios de la lucha social. Aún por el contrario, resulta temerario creer que las instancias oficialistas (jurídicas) van a comprometerse de lleno con causas trazadas con fuertes tintes políticos. Sin embargo, el “oasis” que vive el rescate de la memoria y juzgamiento experimentado en el actual escenario argentino, con todas las críticas y objeciones que se puedan derivar del proceso, parece ser una situación excepcional respecto al resto de países latinoamericanos.

En ese sentido, para el caso brasilero, Schincariol (2011) (5) analiza cómo luego de que las dictaduras han sido suprimidas, continúa la violación sistemática a los DDHH, evidenciándose como no se garantiza que los procesos institucionales y formales de éste tipo, neutralicen en forma inmediata o a largo plazo la violación a los DDHH en una nación. Al respecto, se señala como las comisiones de la verdad en este país, vendrían a ser una instancia en la que habitualmente se diagnostica y se hace un balance de la dictadura, en donde a pesar de la gran expectativa y esperanzas depositadas, éste instrumento representa tan solo un paso dentro de un proceso de larga duración.

En el caso de Perú, se revela el tortuoso camino que deben recorrer las víctimas y sus apoderados, para lograr un juzgamiento de algunos de los militares involucrados, en la violencia estatal de las décadas de los ochenta y los noventa. El gobierno de Alan García, se empeñó en entorpecer permanente el proceso de juzgamiento, mediante disposiciones legales y campañas mediáticas, que se mantuvieron hasta muchos años después de los hechos de violencia más agudos. En este contexto nacional, no resultaba extraño que se terminara diluyendo la responsabilidad estatal, se alargaran por muchos años los procesos jurídicos, se dejara inmune a los perpetradores y se permitiera seguir reprimiendo abierta o subterráneamente a la población.

Incluso, se ha llegado a situaciones muy paradójicas en términos de reconstrucción de la memoria, la justicia y la verdad. Resulta insólito, que sea precisamente un juez extranjero (el español Baltazar Garzón), el que interfiera en un nivel internacional, en el juzgamiento del régimen chileno personificado en la figura de Pinochet. Más aún, cuando en la misma nación española hay un hermetismo alarmante, frente a la dictadura franquista y se presiona a la justicia para que no se inmiscuya en estas “incómodas” situaciones del pasado reciente de la realidad ibérica. Sobresale que, tanto en España como en Chile, exista un evidente ocultamiento de los extensos crímenes de Estado ocurridos en dictadura, sin embargo, eso no borra los cuestionamientos permanentes que emanan a nivel nacional e internacional sobre dicho trágico periodo.

En el caso colombiano, dado su problemático contexto nacional, las políticas de justicia y reparación adelantadas por el gobierno, no representan un mayor cambio en la estructura nacional, pero si dejan muchos interrogantes al respecto. Al plantearse desde la oficialidad, cuestiones como un pago económico para compensar a algunas de las víctimas, se terminó por mercantilizar la reparación, al estipularse un determinado precio a pagar a las víctimas, por haberse desplazado, desaparecido y expropiado. Ello terminó, no sólo en un mantenimiento de la impunidad para miles de casos a nivel nacional (que por temor no fueron capaces de exponer su situación), sino que con ciertas cifras de dinero, se intentó borrar, parte de la responsabilidad del Estado en el desarrollo del conflicto, así como nunca se ventiló desde la oficialidad, los reales móviles económicos y políticos detrás de la situación de violencia experimentada en éste país.

En este escenario hostil, se pone en cuestión el concepto de “Transición democrática”, el cual es un componente supuestamente relacionado con un país pasando por una etapa de postconflicto, que aparentemente le permite tramitar los hechos violentos ocurridos durante regímenes dictatoriales, fascistas o autoritarios. Esto resulta ser toda una contrariedad para países como Colombia, México, y Guatemala, ya que este tipo de rasgos políticos íntimamente asociados a gobiernos de derecha o ultraderecha, siguen muy vigentes en algunos países sur y centro americanos.

Aún así, en este ambiente político tan adverso, se han impulsado campañas de verdad, justicia y reparación, con resultados muy precarios y un alto grado de impunidad, como era de esperarse. Dada la férrea oposición de los canales oficiales, las conquistas obtenidas en dichos escenarios antipopulares, tienen que ver mucho más con las luchas libradas por el movimiento social, que con las concesiones otorgadas por sus respectivos gobiernos.

Es decir, que en muchos países que han pasado por críticos momentos históricos de violencia estatal, a pesar de que se publicita y se genera una conciencia social que aboga por superar dichos episodios de violencia nacional (por ejemplo a través de Campañas por la Verdad), en últimas se mantiene un alto desconocimiento generalizado de los hechos, de los crímenes cometidos, de las consecuencias, del conjunto de afectados, y de las causas económicas y políticas subyacentes en torno a la violación a gran escala de los DDHH.

Así, el discurso oficial en países como Colombia, Perú, Chile o Guatemala, aboga por un olvido abrupto y superación intempestiva de las contradicciones del pasado, difuminando la ilegitimidad oficial, así como renovando y limpiando la imagen del Estado. Y es que puede ser, que en tanto el poder sobre los mecanismos institucionales no estén bajo el control y poder de los afectados o de las víctimas de la violencia estatal, es muy poco factible obtener resultados concretos en una cuestión tan crítica como la aquí abordada.     

La vinculación entre economía y la violación a los DDHH

Al hablar de Derechos Humanos, es necesario hablar de las condiciones contextuales políticas, económicas y sociales que posibilitan y se benefician con sus graves violaciones. Para el caso brasilero, Schincariol (2011) menciona cómo el aparato económico es uno de los componentes principales, que motoriza la violencia contra la población y por ende, es uno de los principales mecanismos disparadores de la violación de DDHH. Incluso, el desarrollo de la discusión va más allá y se plantea cómo la violencia social, es intrínseca al propio sistema capitalista. Así, se recalca cómo los intereses económicos son un móvil primordial que empuja a la generación de conflictos sociales y a la violación sistemática de DDHH, tal como sucede permanentemente con la implantación de megaproyectos extractivos (o de infraestructura) y la expansión del latifundio terrateniente.

Un ejemplo de ello, es el trabajo de Ortiz, Viloria y Perdomo (2011)(6), donde se expone cómo se renovó parte del centro de la ciudad de Pereira (Colombia), a costa del hostigamiento y desplazamiento masivo de sectores “marginales” de la ciudad. Según los debates generados al respecto, en un contexto de apertura económica, este no es un fenómeno que resulta exclusivo de esta urbe, sino que es un reflejo de lo que sucede en varias ciudades importantes de Latinoamérica, tal como viene sucediendo en Bogotá (caso Parque Tercer Milenio) o en Lima en Perú. Es la réplica de un modelo urbano con altos costos sociales.

A pesar de la amplitud de la cuestión, este caso es paradigmático dadas las acciones emprendidas por las autoridades locales y los hechos de violencia que se desplegaron a partir de allí. El ataque directo a la población local, encarnada en los vendedores informales, trabajadoras sexuales, recicladores y población en situación de calle, significó que se impusiera una infraestructura a costa de la desaparición y exclusión de estos sectores sociales. Bajo la propuesta de Ortiz, Viloria y Perdomo, esta privatización del “espacio público” para los consumidores, se adelantó construyendo una porción de nueva ciudad, sepultando las fosas comunes implicadas en el proceso de desalojo y exterminio.

De esta manera, según las autoras, a los habitantes “marginados” “se les asesina varias veces, ya que se los elimina directamente, luego se les estigmatiza y por último, se someten al olvido por parte de la sociedad”. Ello hace que la reivindicación por la memoria se torne altamente compleja para situaciones de éste tipo. La legitimación social de estos planes de renovación urbana, fue agenciada con la ayuda de los medios de comunicación, para impulsar la “limpieza de la ciudad” y la construcción de un pensamiento colectivo de “embellecimiento urbano”, logrando que el habitante del común también fuera indiferente a la situación padecida por la población directamente afectada.

Reflexión final.

Si bien resulta casi obvio que los escenarios políticos y económicos que perviven en los países latinoamericanos, difieren notoriamente entre sí, también se pueden distinguir varios bloques acorde a los proyectos políticos que se han puesto en juego. Esto resulta decisivo cuando se trata de la violación de los DDHH, puesto que se espera una reacción más violenta y conservadora por parte de los gobiernos cercanos a las disposiciones de EEUU, así como de aquellos que poseen una poderosa élite local y de quienes prefieren un potente sistema represivo, para contener los reclamos sociales.

De un lado, países como Colombia, México, Chile y en su momento Perú, han pertenecido a un bloque que apuesta de lleno por un régimen económico neoliberal, con un sistema político autoritario que ejerce activamente el terrorismo de Estado. En el caso de Colombia, esto revela un desafío en términos del estudio de la problemática y el trabajo con los procesos de la memoria, por cuanto se afronta un análisis que se alimenta directamente, de primera mano y en vivo, de las críticas situaciones de violencia experimentadas por la población y sus movimientos sociales.

En el caso de Perú (en el último gobierno de Alan García) y Guatemala, se supone la existencia de un estadio actual de cambio hacia regímenes políticos no autoritarios, promotores de procesos de paz luego de un angustioso conflicto. Pero al no haber cambios estructurales en las esferas del poder, queda en duda ese aparente momento de transición. 

Ello en contraposición a aquellas naciones de un segundo bloque, las cuales poseen tintes de un cierto progresismo político, han mermado la violencia sistemática contra la población y viven un clima de mayor participación de la movilización social, como sucede en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia o Venezuela.

Finalmente, las ideas aquí expresadas, son solo un detonador para el debate de una amplia, neurálgica y delicada problemática, cuya resolución se comienza a resolver analíticamente, en base a los marcos teóricos, políticos e ideológicos presentes para el desarrollo de la discusión.     

NOTAS:

1. Teniendo en cuenta que la definición de ese otro “enemigo” puede ser muy difusa y amplia.

2. Investigación adelantada en el marco de la maestría en historia y memoria de la UNLP cuyos avances fueron presentados en la mesa amplia con la ponencia titulada “la demanda de la justicia y los reveses de la impunidad. Reflexiones en torno a la construcción de las memorias de los familiares a partir de la judicialización del caso Parcco Pomatambo (Perú).

3. Mónica Muñoz, aspirante a doctorado en ciencias sociales de la UNLP, realizando actualmente su trabajo doctoral sobre la política de seguridad democrática en el gobierno Uribe cuyos avances fueron presentados en la mesa.

4. Algunas de las reflexiones presentadas a la mesa por Ezequiel Heffes, abogado egresado de la facultad de derecho de la UBA, docente de derecho internacional Público como parte de la ponencia titulada, “la justicia transicional en la búsqueda de la memoria. Una perspectiva histórico-jurídica vista desde la óptica del derecho internacional Humanitario y la situación Argentina.

5. Rafael Schincariol, (doctor de la universidad de sao Pablo) presenta estas reflexiones como parte de la ponencia titulada: “A Comissão da Verdade no Brasil”. 

6. Reflexiones presentes en la ponencia “reflexiones sobre la memoria ausente en la reconfiguración del espacio y el territorio en la era neoliberal,  por Cristina Perdomo, Diana  Ortiz y Mauricio Viloria.

Bibliografía

Best Urday Kristel (2011). “La demanda de justicia y los reveses de la impunidad. Reflexiones en torno a la construcción de las memorias de los familiares a partir de la judicialización del caso Parcco Pomatambo (Perú)”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

Capdeon Ulrike (2011). “Del caso Pinochet a los desaparecidos de la guerra Civil: la influencia sobre los debates, los derechos humanos en el cono sur de cara al enfrentamiento con la dictadura franquista)”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

Heffes Ezequiel. (2011) “La justicia transicional en la búsqueda de la memoria. Una perspectiva histórico-jurídica visto desde la óptica del Derecho Internacional Humanitario y la situación en la Argentina”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

Muñoz Mónica (2011). “Sobre unas breves reflexiones acerca de la Política de Seguridad Democrática, Represión y Control social Estatal”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

Perdomo, Ortiz y Viloria (2011). “Reflexiones sobre la memoria ausente en la reconfiguración del espacio y el territorio en la era neoliberal”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

Schincariol Rafael (2011). “A Comissão da Verdade no Brasil”. IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Mesa: 22, Dictaduras, Transiciones y Democracias. 29 de Septiembre. Buenos Aires, Argentina.

*Javier Fernando Villamil geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Medio Ambiente de la misma universidad, candidato al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Plata. Investigador en temas relacionados con las estrategias de apropiación territorial de agentes transnacionales y disputas territoriales en Colombia y América Latina

**Yohanna Cuervo Sotelo, Socióloga e investigadora colombiana, graduada de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente estudiante de Maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Ha realizado y acompañado diferentes investigaciones sobre las violaciones de Derechos Humanos en el marco del contexto Colombiano, así como los conflictos territoriales relacionados con la explotación de recursos minero energéticos.