Sandra Raggio y Laura Lenci. Comisión Provincial por la Memoria, presentación de Actividades*

Conferencias/ Raggio y Lenci en PDF

Sandra Raggio**

Laura Lenci***

Maestría en Historia y Memoria

Sandra Raggio: La Maestría fue una iniciativa que tomamos en la Comisión en el año 2003 y que desarrollamos junto con la Facultad de Humanidades. El panorama académico y también de los estudios sobre la memoria en aquellos años era muy distinto al de ahora, donde hay un campo más constituido, incluso sobre la historia reciente en Argentina y en América Latina. La idea era promover la investigación y la formación de posgrado en estudios sobre la memoria. La Maestría ya tiene varios años y la Comisión también. Algo que nos parece súper interesante que está pasando con la Maestría es esta presencia tan masiva de estudiantes latinoamericanos, que era un poco la idea que teníamos. En un momento soñábamos con esto, porque nos parece muy interesante pensar también América Latina en toda su problemática de historia reciente y no pensarlo como historias particulares.

Comisión Provincial por la Memoria

Sandra Raggio: La Comisión por la Memoria se inscribe en lo que podríamos llamar “políticas de la memoria”, que pueden ser desarrolladas por diferentes agentes. En Argentina, durante mucho tiempo, los principales agentes, promotores de los trabajos de la memoria fueron sobre todo los organismos de derechos humanos. Pero todos los gobiernos, incluso la dictadura misma, tuvieron políticas de la memoria. Es decir, una intencionalidad de construir un relato sobre los acontecimientos. Estos relatos diferentes han estado en disputa entre sí. Los distintos gobiernos han intentado formular diferentes relatos sobre la dictadura. En este campo complejo de las políticas de la memoria donde intervienen diferentes agentes, en los últimos tiempos en Argentina se vive un momento bastante particular, que es una fuerte confluencia entre lo que son las políticas del Estado, del gobierno, con las del movimiento de derechos humanos. Esto es algo relativamente novedoso. En general, siempre el movimiento de derechos humanos tuvo frente a las políticas de los gobiernos –de la dictadura, del gobierno de Alfonsín, del gobierno de Menem- una posición más de confrontación, en algunos casos de negociación, pero en general hoy hay en algunas políticas de la memoria procesos de cogestión, donde el Estado gestiona conjuntamente con los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. Este es un poco el caso de la CPM. Un organismo que surge un poco anticipadamente a lo que van a ser los desarrollos de lugares como el Espacio en la ex ESMA, o en el Olimpo. Son espacios de memoria que funcionan donde hubo centros clandestinos de detención, que se institucionalizaron a partir de los 2000; 2003, 2004, 2005, 2006. En la provincia de Buenos Aires empezamos tempranamente. En 1999 se crea la CPM por iniciativa del Poder Legislativo. La CPM es interesante porque no surge como una demanda de los organismos de derechos humanos, como otros espacios de memoria. Es una iniciativa del poder político de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, hay una coyuntura política particular en la provincia de Buenos Aires que deberíamos analizar para saber por qué surge esta iniciativa. Son convocados algunos referentes del movimiento de derechos humanos y otros sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos. La CPM viene un poco a replicar o a imitar lo que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en el sentido de que es una Comisión formada con gente de prestigio. En este caso no con un prestigio dado por su participación en otras esferas, de la cultura, de la ciencia, como fue la CONADEP, sino que en el caso de la CPM fue formada por referentes vinculados con la lucha por los derechos humanos, con reconocimiento y trayectoria. Entre ellos estuvo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; el presidente de la CPM es Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980 y un referente central del movimiento de derechos humanos; Laura Conte, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y vicepresidenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Aldo Etchegoyen, pastor de la Iglesia Metodista y también referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)… varios referentes vinculados con el movimiento de derechos humanos a nivel nacional. Y también miembros del sindicalismo vinculado por las luchas por los derechos humanos, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que es una central diferente a la más histórica que es la CGT; miembros de la Justicia, hay jueces federales, fiscales que participan de la CPM; de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y una representación ecuménica, de diferentes credos. Está Daniel Goldman, de la comunidad judía de Buenos Aires; Aldo Etchegoyen; la monja Martha Pelloni, una reconocida luchadora por los derechos humanos, en los años ’90 sobre todo, que es de la Iglesia Católica. Es una idea de Comisión plural, ecuménica, multisectorial, de una memoria que no está ligada sólo a una voz, sino que se plantea que la gestión de la política pública de memoria necesita de cierto consenso de amplios sectores. También en el año 2000 se crea con una ley provincial. Primero se crea como un organismo que depende de la Cámara de Diputados, y luego se crea una ley que le da rango provincial. Es un organismo público del Estado de la provincia de Buenos Aires que tiene la particularidad de funcionar de manera autónoma e independiente de los elencos gubernamentales. No hay ninguna representación en la CPM del Poder Ejecutivo, sólo del Poder Legislativo. La CPM siempre fue muy celosa de esta independencia. Aunque fuéramos un organismo público con fondos del Estado, la CPM siempre quiso preservar su independencia, que no hubiera posibilidad de que tuviera injerencia política del gobierno de turno en las decisiones de la CPM. En la ley se mandata a la CPM que tiene que resolver su propio estatuto y su forma de funcionamiento. Es potestad de la CPM quiénes son sus miembros y si se eligen nuevos, cómo se gastan sus recursos. Obviamente hay una dependencia financiera, la CPM depende de los fondos que le da el Estado, pero más allá de cuántos fondos nos da, el Estado no tiene ninguna injerencia acerca de qué se hace con esos fondos. Es un organismo público y rendimos cuentas. Nos fiscalizan los mismos organismos que fiscalizan a cualquier organismo público, pero sólo es un control ex post, una vez que el gasto se realizó, pero no hay ninguna injerencia ex ante. Incluso la CPM se niega a aceptar una fiscalización que es de Contaduría de la provincia que es quien debe intervenir en las órdenes de pago. La CPM se niega a que nos autoricen el gasto previamente, por su autonomía e independencia. La Contaduría General de la Provincia es también un organismo independiente y autárquico, en general en manos de la oposición, pero la CPM quería preservar absolutamente su autonomía e independencia. Eso surge además en un contexto político bastante adverso al tema de derechos humanos. No estamos en el 2003 con alguna gestión gubernamental donde el discurso y las políticas de derechos humanos empiezan a ser diferentes, estamos en un período distinto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. A fines de 1999 estamos en una transición en la provincia de Buenos Aires, ha habido elecciones en octubre de ’99, y sale electo un gobernador con poca cultura de derechos humanos. Un gobernador que sale electo proponiendo “mano dura”, una represión fuerte sobre la sociedad. Tiene frases como “meta bala”, “mate un delincuente”, hay una política de asentarse en una política de seguridad dura, fuertemente represiva. Pone de ministro de Seguridad a Aldo Rico, un ex militar que protagonizó los levantamientos carapintadas en los años ’80, cuando hubo levantamientos militares contra el gobierno de Alfonsín, que después se convierte en un líder político, legitimado, fue intendente de San Miguel y hoy sigue haciendo política. Aquí, en esta casa, nosotros estamos en lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA). En este lugar, abajo, todavía están los archivos que produjo la DIPBA durante décadas. En 1999 este archivo estaba incautado por la Cámara Federal que estaba llevando adelante los Juicios por la Verdad. Uno de los miembros de la CPM era el juez Leopoldo Schiffrin, miembro de este tribunal que estaba llevando adelante los juicios. Lleva la preocupación de qué va pasar con los archivos a la CPM, que dependía en ese momento de la Cámara de Diputados, en el contexto de que Rico iba a tomar la conducción de la fuerza policial. Aquí todavía funcionaba la dependencia policial, esto estaba funcionando con policías, donde incluso había antiguos comisarios de lo que había sido la DIPBA. Esto lleva a la CPM a presionar, y se constituye en un organismo provincial precisamente para poder gestionar y presionar sobre la gestión de los archivos, hacerse cargo de los archivos, digitalizarlos, preservarlos ante su posible destrucción o atentado. Esto hace que en el año 2001, por una ley provincial también, a la CPM le cedan la casa donde estamos y la gestión de los archivos. Por esa ley también se desclasifican los archivos.

Comité Contra la Tortura

Laura Lenci: El Comité Contra la Tortura (CCT) es un área creada en el año 2003 y se encarga de trabajar sobre las violaciones de los derechos humanos hoy en Argentina, a partir de esta idea de memoria particular con la que todos comulgamos en la CPM, de que la memoria no es algo que refiera al pasado, sino que es desde el presente. El CCT trabaja sobre violaciones de los derechos humanos hoy en la provincia de Buenos Aires en lugares de encierro, fundamentalmente en las cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales. Lo que hacen, fundamentalmente es, por un lado, recibir denuncias. Para eso tenemos números gratuitos para que los detenidos puedan llamar desde las unidades penales para hacer sus denuncias al CCT, y a partir de las denuncias llevar adelante algunas acciones legales que tiendan a la preservación de esas personas, cuando hay maltratos, cuando sus derechos están siendo conculcados, ya sea por parte de la policía o del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB). Es así como presentan recursos de hábeas corpus individuales o colectivos, y llevan adelante una serie de tareas que tienen que ver con los intentos por garantizar que las condiciones de encierro no sean condiciones violatorias de los derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta que desde la última dictadura para acá, y sobre todo a partir de la crisis que encontró su pico en el año 2001, de las demandas de seguridad de ciertos sectores de la sociedad y el discurso de algunos gobernadores, una de las consecuencias ha sido el aumento del número de detenidos, y que esas personas detenidas, en general, son jóvenes y pobres. El Estado está teniendo políticas violatorias de los derechos humanos con personas a quienes ya se les han vulnerado derechos previamente. Las vulneraciones de esos derechos también tienen que ver con las consecuencias económicas de la dictadura. Los compañeros del CCT trabajan fundamentalmente con esto, recibiendo denuncias y presentando hábeas corpus, porque las condiciones de encierro son realmente violatorias de los derechos mínimos: hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad, condiciones donde no se garantiza la salud, etc., etc. Por otro lado, también hacen inspecciones en los lugares de encierro. Al principio habían conseguido poder hacer registros audiovisuales de las condiciones de encierro. Después el SPB impidió esto, y esto nos habla de hasta qué punto ese registro pone en evidencia y perjudica al SPB que no está cumpliendo con las condiciones mínimas que supuestamente un Estado de Derecho le garantiza a las personas. Un SPB que es una de las fuerzas de seguridad que ha quedado más inmodificada desde la dictadura hasta ahora, eso también es un problema. El CTT también elabora anualmente un informe sobre las condiciones de encierro y las violaciones a los derechos humanos en la provincia. El que se presentará este lunes es el sexto informe, el primero fue publicado en el año 2004. El informe ya es una publicación de referencia para muchos, no solamente académicos que trabajan en temas carcelarios, sino también para organismos internacionales de derechos humanos. El trabajo del CTT tiene que ver no solamente con violaciones a los derechos humanos en situación de encierro sino también con cuestiones más específicas como, por ejemplo, la situación de las mujeres encarceladas con sus niños, y cómo los derechos de esos niños que están presos con sus madres también están siendo violentados. En ese sentido, se han presentado algunos recursos que han tenido resultados positivos. Están haciendo trabajo específico respecto del género, y también investigaciones especiales que tienen que ver con temas de salud. Los índices de enfermos de HIV dentro de las cárceles son muy altos, no solamente porque las personas que caen presas son más vulnerables previamente a una enfermedad como el HIV, sino que los índices de contagio dentro de los lugares de encierro son muy altos.

Sandra Raggio: En general, cuando hay pruebas, a partir del trabajo del CCT se inicia un expediente penal, los fiscales actúan de oficio. Si nosotros comprobamos un caso de tortura se inicia un expediente judicial. Pero los informes no tienen un sentido de investigación y de acopiar pruebas para causas judiciales. Nosotros nos querellamos, no patrocinamos, sólo en un caso sobre el uso de corriente eléctrica para torturar a los actuales presos, es el único caso que pudo probarse en la provincia porque no hacen los peritajes correspondientes, actúa el sistema de impunidad. Más que judicial tiene un sentido de denuncia política al gobierno, además de que se presenta en foros internacionales. Sí la CPM trabaja con fiscales, con defensores, con jueces, que son quienes tienen que investigar o juzgar, a quienes se insta a hacerlo. Es una denuncia política-profesional, con la intención de generar política pública y legislación. La acción de monitoreo, de denuncia permanente y de acompañamiento de los presos que hacemos en las cárceles lamentablemente no ha redundado en un mejoramiento de las condiciones, la situación cada vez es peor. Hay un grupo de familiares que se ha reunido pero su organización es muy difícil, no vienen con estrategias de organización, son más bien individuales, caso por caso. La CPM promueve la organización de los familiares de los detenidos pero es muy difícil. En gran medida el diagnóstico tiene que ver con la estructura normativa. Hay muchos presos en la provincia de Buenos Aires por como es el sistema de excarcelación, por cómo son las penas y por cómo funciona la Justicia. La CPM todo el tiempo está denunciando esto. El 70% de los presos en la provincia de Buenos Aires son procesados, están en prisión de manera ilegal, sin sentencia. Eso plantea el tema del acceso a la Justicia y de presión política y social al sistema judicial bajo la idea de que “entran por una puerta y salen por la otra”, de que “no se condena a los delincuentes”, que “la Justicia es permisiva”, se cuestiona a los jueces que son garantistas, que dan libertad condicional, entonces los jueces tienden a lo que se llama la “demagogia punitiva”. El acceso a la Justicia y el debido proceso es cuestionable en Argentina. Todos tenemos derecho a un debido proceso. Los defensores no defienden a los detenidos porque en general son defensores públicos porque los detenidos son pobres y no pueden pagar abogados. A los defensores públicos o no les interesa nada o tienen 300 defendidos. Hay buenos defensores que ayudan muchísimo a la tarea de la CPM, que se la bancan, van, denuncian, van en contra del SPB, pero a otros no les importa nada. Estos no son temas puntuales. Hablamos de un sistema de crueldad, todos los prisioneros sufren las mismas violaciones, tiene que ver con una lógica sistémica, no con determinados agentes del SPB que viola los derechos humanos. También cómo funciona el castigo.

Laura Lenci: También hay un tema que la defensa pública depende orgánicamente de la misma instancia judicial que los fiscales. Obviamente hay muchos más recursos para el Ministerio Público Fiscal que para los defensores públicos. La CPM lo que promueve es un intento de separación, así como la creación de una Policía Judicial, que las investigaciones no recaigan sobre la Policía sino sobre la Policía Judicial, una policía distinta, autónoma de la Policía de la provincia.

Comunicación y Cultura:

Laura Lenci: Otra área es la de Comunicación y Cultura, que no funciona dentro de este edificio sino en un edificio que fue cedido en comodato por el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Era la residencia del ministro y queda en la calle 9 entre 51 y 53, frente al Teatro Argentino. Ese edificio fue destinado por la CPM como Museo de Arte y Memoria. El Museo desarrolla diversas actividades. Por un lado, es un ámbito para la exhibición de muestras de artistas, ya sea plásticos, fotógrafos, o muestras de carácter más histórico, que tengan alguna vinculación con temas de memoria, historia reciente y derechos humanos. Esa área también es la que administra las muestras producidas por las distintas áreas de la CPM, que son itinerantes, pensadas para que “viajen”. Tienen un formato que las hacen fácilmente enviables allí donde se las pida. Recorren el país y países limítrofes también. En este momento tenemos una muestra en Bolivia, ha habido muchas en Chile, en Uruguay. Otra de las actividades es el área de  producción audiovisual, que ha producido material documental, algunos muy importantes. Una de las tareas que la CPM decidió que era una tarea nuestra, y que desarrolla el área de Comunicación y Cultura es el registro completo de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante, en principio, en La Plata. Después se han firmado convenios con el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) para que se registren los juicios en otras localidades de la provincia. Pero los juicios de La Plata se registran enteros. Están abiertos para ser visualizados en el Museo por investigadores o por quien tenga interés en ver los juicios. A partir de ese material el área audiovisual produjo una película, voy a mencionar una sola de las que realizaron, que se llama “Un claro día de justicia”, que es sobre el juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, que fue el primer juicio penal que se llevó a cabo en La Plata y que llevó a la condena de un miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fue la segunda condena desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el país, la primera fue la del “Turco” Julián. Fue un juicio muy importante para el país y para el mundo, diría sin ser grandilocuente, que tuvo una consecuencia no deseada que fue la desaparición de Jorge Julio López, que fue uno de los testigos fundamentales de este juicio. En ese audiovisual no solamente están partes del testimonio de López, sino que a los compañeros que estaban trabajando en este audiovisual los agarró la desaparición de López y los cruzó en el medio de la producción, y eso se ve el documental. Ese documental ha obtenido premios en festivales internacionales de Cine y Derechos Humanos. También hay una serie de cortos documentales que se llaman “Secreto y Confidencial”, que muestran cuando una persona viene al Archivo a buscar documentación, qué le pasa con esa búsqueda. Son excelentes disparadores en pensar en muchas cosas: en la memoria, en la relación de las personas con su pasado. El Museo de Arte y Memoria también tiene patrimonio propio a partir de la donación de artistas comprometidos con estos temas, artistas muy importantes de la plástica argentina, y de fotógrafos argentinos muy importantes. También a cargo del área de Comunicación y Cultura está la revista de la CPM, Puentes, y también organizan visitas guiadas para escuelas y cualquier institución que quiera recorrer las muestras que se van cambiando en el Museo. Puentes no se sigue editando en papel, saldría un último número por los diez años de la revista, pero actualmente está en proceso de cambio a formato digital. Están disponibles los primeros veinticinco números en CD, porque había muchos agotados.

Investigación y Enseñanza

Sandra Raggio: Respecto al área de Investigación y Enseñanza, nosotros consideramos que la investigación no está desvinculada de la enseñanza, ni la enseñanza de la investigación, y el nombre del área ya refleja esa idea. Siempre nos pareció importante que para abordar la enseñanza en la escuela contemos con investigaciones sólidas en el ámbito académico y que también para poder enseñar una disciplina hay que conocer la lógica de construcción de la disciplina. Sin embargo, no pensamos la cuestión de la investigación y enseñanza sólo desde la perspectiva de la Historia, que la cuestión se remita a enseñar Historia. En el área no nos dedicamos a enseñar Historia, a pesar de que algunos de nosotros somos historiadores. No estamos convencidos de que esta disciplina sea “la que debe hacerse cargo” sola de este asunto. En principio, porque el desafío político que la CPM, y en general la sociedad argentina, se enfrenta a la hora de pensar la transmisión del pasado reciente tiene que ver con un proceso más amplio que va más allá de la Historia. Es un proceso de elaboración social de la experiencia, donde la Historia es una parte, pero no es sólo Historia. Nosotros lo que hemos desarrollado en el año 2002 y que atraviesa todo nuestro trabajo es el “Programa Jóvenes y Memoria Recordamos para el Futuro”. Es un programa educativo que se desarrolla en las escuelas secundarias y que está abierto también a grupos de jóvenes de otras instituciones y organizaciones sociales, aunque en su mayoría funciona en escuelas. La propuesta del Programa consiste en que las nuevas generaciones se incorporen a estos procesos de elaboración social de la experiencia pasada. Que no pensemos la cuestión del abordaje de la dictadura militar, del pasado reciente en la escuela como un problema de transmisión de determinados contenidos sino que, en realidad, la transmisión de la experiencia pasada tiene que ver con facilitar un proceso de apropiación y resignificación de la experiencia por parte de las nuevas generaciones. Este es el desafío. No es contarle una historia a los pibes, sino ver de qué manera esas generaciones encuentran en esa experiencia algo que resignifique la propia. De alguna manera, tiene que ver con lo que definimos como memoria, con este puente que construye la memoria entre el pasado y el presente, porque la elaboración siempre es en presente. Entonces, de qué manera las nuevas generaciones pueden construir sus propias memorias o sus post-memorias, sus propias memorias a través de la memoria de los mayores. Esto implica pensar que la experiencia pasada no es propiedad de las viejas generaciones. La experiencia pasada no es sólo una experiencia de las generaciones que lo vivieron. En una sociedad, en una comunidad donde la memoria tiene un sentido social la experiencia pasada es patrimonio, también les pertenece a las nuevas generaciones, no sólo como un legado cerrado sino como una apropiación significada por la propia experiencia. Además lo que nos interesaba, no pensando en la escuela como un dispositivo homogeneizador que lo que hace es bajar mandatos de arriba hacia abajo, sino pensando en la escuela como un lugar de encuentro intergeneracional. Ahí están las viejas generaciones tratando de enseñarle algo a las nuevas generaciones. También pensando que la escuela siempre expresa la diversidad que hay socialmente, realidades diversas, heterogéneas, conflictivas, contradictorias, como es la memoria. La memoria es múltiple, diversa, hay memorias diferentes sobre la dictadura, hay memorias complementarias, contradictorias, conflictivas. Ese conflicto también está en la escuela, y eso la hace un espacio interesante para elaborar socialmente esas experiencias. Pensamos que había que potenciar a la escuela como ese espacio donde se encuentran las diferentes generaciones en esta diversidad. Pero además la escuela tiene que ver con lo local, es como la parroquia, siempre hay una escuela en todas las localidades, donde asisten sectores más pobres, más ricos, rurales, en el conurbano, etc. Las escuelas “expresan” y las escuelas nos posibilitaron promover los trabajos de la memoria. Y también no pensar las memorias de la dictadura desde el relato de lo que podríamos llamar las “voces sagradas”, los que han tomado la iniciativa, en general, las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares. En Argentina la presencia que tienen en el relato de este pasado las víctimas –los que han sufrido secuestro, desaparición forzada, exilio, persecución-. Sin embargo, así como son múltiples las memorias son múltiples las experiencias que constituyen a la dictadura militar. No todos estuvimos posicionados en el mismo lugar mientras eso sucedía, miramos los hechos desde un posicionamiento particular. Este trabajo nos permitió también ver cómo los jóvenes en su trabajo de resignificación enriquecen los procesos de elaboración social de la experiencia, cómo incorporan nuevas voces, pero también nuevos relatos. Incorporan a ese proceso de reminiscencia, de evocación del pasado, no sólo las experiencias que han centrado el relato de la dictadura, de la violencia del Estado, de la desaparición forzada de personas, del terrorismo de Estado, sino una experiencia que también amplía los horizontes, no sólo de voces. También se amplía la perspectiva, el universo de lo que pasó. No sólo la dictadura es que se violaron los derechos humanos, que se cometieron desapariciones masivas de personas, durante la dictadura también pasaron otras cosas, vinculadas con las transformaciones económicas y sociales que produjo la dictadura, otras experiencias. Esto implica incorporar en el relato y modificar y ampliar ese universo de “lo que pasó”. Es muy común en Argentina que muchos sectores, o muchos ciudadanos, piensen “a mí no me pasó nada”, “yo no lo viví porque a mí no persiguieron” o “yo no tengo a nadie desaparecido”. Porque la construcción del relato dominante en torno a la represión hace pensar que al que no le pasó eso no le pasó nada. A partir de provocar estos trabajos de memoria en las comunidades van emergiendo otros relatos, otras cosas que pasaron durante la dictadura, que involucran a los vecinos, a la gente corriente que siempre cree que la historia le pasa por encima. Es una historia que también necesita ampliar protagonistas, incluso la propia percepción de los sujetos sobre la historia, que empiecen a considerarse sujetos históricos. El Programa consiste en que equipos de estudiantes y docentes salgan a investigar la historia de su localidad, microhistorias. No se circunscriben solamente al período de la dictadura militar, porque también creemos que la memoria hay que ampliarla para atrás y para adelante. Por ejemplo, claramente el Archivo de la DIPBA nos exige pensar para atrás y para adelante, los antecedentes y las consecuencias de la dictadura, en qué medida se producen las rupturas, cuestionar las grandes fechas, como el 24 de marzo el día que empezó todo y el 10 de diciembre el día en que todo terminó. Esto aparece en la memoria local. La represión no aparece el 24 de marzo de 1976, los hechos más fuertes de la represión ocurrieron antes en muchas comunidades. Tampoco la represión terminó el 10 de diciembre de 1983, en muchos pueblos la violencia institucional llega con la democracia, con el gatillo fácil, la persecución policial a los jóvenes, la violencia sobre algunos sectores que después son los que terminan en la cárcel detenidos en condiciones infrahumanas. Esto también está ligado a cómo la CPM piensa los trabajos de la memoria. Nosotros no tenemos como misión sólo recordar lo que pasó durante la dictadura como un acontecimiento que empieza y termina y “ya está”, “ya pasó”. La dictadura de alguna manera, en estos trabajos de la memoria, “no pasó”, sigue atravesando la experiencia de nuestro presente. En el Programa nos parece importante que las nuevas generaciones se sumen a este proceso. Esto además implica prestarle atención a algunos riesgos de estas políticas fuertes de memoria: circunscribir lo que hay que recordar a lo que le pasó a algunos y a lo que pasó en determinado tiempo. Hay que ampliar el período y ampliar también qué es lo que necesitamos recordar como sociedad. Qué tiene que ver el gatillo fácil, la desaparición de Luciano Arruga, con los desaparecidos, con lo que pasó durante la dictadura, la desaparición de López, que no es como de repente volver al pasado en el túnel del tiempo. Esto pasó ahora, está, no es un rasgo que creíamos disuelto, alguien lo hizo desaparecer a López, pertenecen a las instituciones, pertenecen a nuestra sociedad ahora, y tienen la capacidad de hacer desaparecer a alguien, no es solamente un accidente, algo que está totalmente superado. No, tiene que ver con las raíces de donde emerge la dictadura, e implica pensar en qué medida esas raíces siguen siendo las raíces de nuestro presente. Qué rupturas, qué continuidades hubo entre la dictadura y el presente. Nosotros podemos hacer múltiples puentes entre el pasado y el presente. A nosotros lo que nos interesa es que esos puentes los construyan las nuevas generaciones. Y es muy interesante lo que pasa. Nosotros siempre pensamos que en estos procesos de transmisión no nos interesa que los jóvenes repitan un relato, nos interesa que los jóvenes resignifiquen. Siempre nos preguntamos en qué medida repiten o resignifican. Y nos hemos encontrado con muchas novedades, con las novedades que traen las nuevas generaciones cuando se ponen a mirar el pasado. Una de las novedades tiene que ver con estos puentes que construyen entre el pasado y el presente. Puentes nuevos, ligados a la experiencia de sus comunidades, a esas voces que van recuperando. Incluso reelaboraciones, los relatos que construyen en base a los relatos de otros, que no son los mismos. Ellos salen a recolectar relatos de los que vivieron la experiencia pero los relatos que terminan construyendo son otros, no sólo son la repetición literal del relato de las viejas generaciones por parte de los jóvenes. Hay repeticiones, pero también hay rupturas. En la marcha del Programa nos interesa indagar cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas que producen las nuevas generaciones, y nos interesa también provocar esas rupturas, que repiensen, que logren desacralizar el pasado. Sobre todo, poder cuestionar incluso las voces que vienen del pasado, las voces de los mayores. Eso es un poco lo que guía el trabajo del área y las líneas de investigación que desarrollamos. Todos tenemos un trabajo vinculado con la sistematización de esto, la mayoría de los que participamos en el área tenemos una inserción académica y apoyamos nuestras investigaciones ahí también y también tenemos otros trabajos de investigación ligados con las formas de la memoria. Tenemos un trabajo grande en la provincia de Buenos Aires sobre sitios de memoria, marcas de memoria, ahora estamos sistematizando todo lo que es La Plata, Berisso y Ensenada, las marcas de la memoria en la provincia de Buenos Aires, la topografía de la memoria, las intervenciones urbanas. También tenemos muchas líneas de trabajo vinculadas con la producción de material para docentes en la escuela. Siempre con esta línea, que aunque uno siempre cuenta algo, se pone desde un lugar a contar, que el docente entienda que lo más difícil no es qué contamos, sino pensar para qué contamos y cómo podemos contar al que nos está escuchando a ese proceso de elaboración de este pasado que estamos abordando.

Archivo de la DIPBA

Laura Lenci: El Archivo no es el origen de la CPM. La CPM preexiste a la posesión del Archivo, pero de alguna manera el Archivo y la casa le fueron dando en parte una identidad a la CPM, el hecho de que estemos ocupando el espacio que ocupaba la DIPBA hasta 1998, que habitemos y trabajemos cotidianamente en un sitio de memoria. Cuando la Legislatura de la provincia sede a la CPM el Archivo y la casa se produce un gran desafío, porque además, como decía Sandra, por esa misma ley se desclasifica la documentación. La documentación original del Archivo tiene el siguiente carácter: secreto, confidencial o reservado. Es documentación que contiene, fundamentalmente, datos sensibles sobre las personas que habitaron y habitan fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. En algún sentido, este Archivo tiene muchas particularidades. La propia CPM cuando se hace cargo del archivo se encuentra con el desafío de cómo manejar esa documentación. Obviamente había que preservarla, y un modo de conservación era su digitalización, cosa que se hizo. Con la documentación del Archivo había que hacer aportes a los Juicios por la Verdad que estaban en funcionamiento en ese momento, pero fundamentalmente al Juicio por la Verdad de La Plata. La otra pregunta era si el Archivo se abría o no al público. A diferencia de otros archivos que tienen este tipo de documentación, en la CPM se dio una discusión –lo puedo decir con total libertad porque yo no estaba en ese momento acá-, no se dio por sentado ni que el Archivo se podía o no se podía abrir al público. Se juntó gente para que brindara aportes y opiniones sobre qué y cómo había que hacer en torno a la relación de la documentación y la comunidad. Esto es importante porque así como la CPM es un organismo público, es central tener en clara que la documentación también es documentación pública. Ninguno de nosotros somos dueños de la documentación, es del pueblo de la provincia de Buenos Aires y nosotros lo que tenemos es la custodia de esa documentación para preservarla y para dar acceso a ella. La CPM finalmente decidió que el acceso a la documentación iba a ser público e indirecto. Tenemos una documentación muy especial. Es el único archivo de inteligencia policial abierto al público en la Argentina, y en el momento en que se abre al público en 2003 solamente los archivos de algunos de los estados de Brasil estaban abiertos al público. La posición de la CPM de no perder de vista de abrir los archivos pero a la vez que esa documentación tenía datos sensibles que podía afectar a las personas que estaban mencionadas en la documentación o a sus familiares, muestra un tipo de gestión particular para un archivo particular. Es un archivo particular porque es un archivo de inteligencia policial. No es un archivo policial como uno se imagina, un archivo de prontuarios policiales. Las misiones y funciones legales, que estaban en el organigrama de la DIPBA tienen que ver con la persecución política-ideológica. Este organismo se crea en 1956 y se disuelve en 1998, por eso esta cuestión de que las memorias que haya que pensar más allá de la dictadura; el propio Archivo nos está marcando una cronología que excede para atrás y para adelante la cronología de la última dictadura militar. El Archivo tiene claramente una impronta de carácter internacional y una impronta de carácter nacional. La internacional tiene que ver con la Guerra Fría, y en esto toda América Latina está afectada por un proceso común. La unidad que va a tener toda América Latina en la post Segunda Guerra Mundial va a ser la colocación y los intentos de garantizar la permanencia de todo su continente en Occidente, digamos. En ese período donde la polarización creciente va a ser orientada por el eje Este-Oeste vamos a encontrarnos con estrategias poderosísimas y muy visibles por parte de los Estados Unidos por el mantenimiento de los países de América Latina en el bloque occidental. Como dice un historiador norteamericano que trabaja sobre Guatemala, Gred Grandin, “en América Latina la Guerra Fría fue muy caliente”. El Archivo de la DIPBA muestra la cliente Guerra Fría latinoamericana en el caso de Argentina y más restringido en la provincia de Buenos Aires. Pero en las experiencias de América Latina podemos ver también cómo se jugó esa caliente Guerra Fría. El golpe de Stroessner en Paraguay en 1954, la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, el derrocamiento de Perón en 1955… y no es solamente el Cono Sur, porque tal vez estamos acostumbrados a pensar que Argentina, Paraguay, Chile y Brasil tienen historias más o menos parecidas pero que el resto anda por otros lados, pero no. El resto tiene ritmos y rasgos, esa “unidad en la diversidad” que experimenta América Latina, como diría Tulio Halperín Donghi, procesos comunes vividos con particularidades. Uno de los procesos comunes fue la Guerra Fría. Esa es una marca que tiene el Archivo. Esa marca se encuentra incluso en el modo en que está organizada la documentación. Una de las mesas de trabajo se llama “Comunistas”. Tiene documentación desde la segunda mitad de la década del ‘40 y durante toda la década del ’50 producida por otro organismo pero que la DIPBA conserva. De toda la documentación de los organismos previos, la que conserva es la documentación sobre “Comunistas”: persecución política e ideológica a los miembros del Partido Comunista y a sus organizaciones colaterales como la Unión de Mujeres Argentinas (UMA), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que es el primer organismo de derechos humanos creado en el país, que todavía no dice “derechos humanos” sino “derechos del hombre”. La marca nacional que va a cruzar el Archivo y a la DIPBA tiene que ver con el derrocamiento de Perón. No casualmente, menos de un año después del derrocamiento de Perón en 1955 se crea la DIPBA y empieza a funcionar este Archivo. Una de las mesas importantes del Archivo va a ser la mesa DS (Delincuentes Subversivos). Es un dato interesante porque todos tendemos a pensar, al menos en Argentina, que esta caracterización del enemigo interno como “delincuente subversivo” es una caracterización de fines de la década del ’60 o principios de la década del ’70, pero en los orígenes del Archivo de la DIPBA, a mediados de la década del ’50, ya está esta caracterización instalada como enemigo interno. En esa mesa DS va a estar registrado fundamentalmente, en los primeros años, las acciones de la Resistencia Peronista, de aquella vieja organización inorgánica que intentó revertir el golpe de septiembre del ’55. La documentación empieza antes con esta lógica y continúa después de la dictadura. Mucha de la gente que viene al Archivo se sorprende cuando le decimos que después de 1983 este organismo sigue funcionando como si nada hubiese ocurrido, con las mismas misiones y funciones, realizando las mismas tareas y archivando la documentación de la misma manera y con la misma lógica que lo venía haciendo durante el período de la dictadura. Esto nos permite ampliar la mirada respecto del Estado y de la burocracia estatal y de las políticas represivas del Estado. Nosotros no tenemos todo el archivo de la DIPBA, lo que tenemos es el archivo de Inteligencia. No tenemos el archivo de personal, el archivo administrativo, cosa que sería súper interesante, porque nos permitiría entender algunas cosas que con el Archivo de inteligencia sólo no entendemos. Pero, sin embargo, el Archivo es un gran mapa que nos permite entender cómo el Estado provincial, que refleja políticas del Estado argentino como nación, va cambiando la mirada sobre otro que va construyendo. ¿Cuáles son nuestras tareas? Por un lado, fundamentalmente, se hicieron y se siguen haciendo tareas de preservación de la documentación. Justamente porque este es un Archivo que hoy tiene una utilidad pero que es un Archivo para el que hay que pensar para dentro de 150 años, que seguramente le darán otro uso. Nosotros tenemos que garantizar que perviva. Por otro lado, seguimos haciendo aportes a los Juicios por la Verdad, pero desde la anulación de las leyes de impunidad fundamentalmente estamos haciendo aportes a los juicios penales que se siguen en la Argentina por crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo entregamos documentación a pedidos personales y de familiares y de investigadores. Cualquier persona tiene derecho a acceder a la documentación que el Estado produjo sobre sí mismo, y además el derecho a la información es un derecho que se hereda. Cuando una persona muere o desaparece sus familiares directos heredan el derecho a la información. Algunas de las restricciones que existen legalmente en la Argentina para documentación con datos sensibles… el Archivo contiene datos sensibles en tanto, entre otras cosas, de la vida privada de las personas, y además porque es un organismo represivo del Estado que todo el tiempo está caracterizando y clasificando a las personas. Esa es la información sensible que existe en la documentación del Archivo. Por ejemplo, la policía hacía unas cosas que se llamaban los “ambientales”. Mandan a un policía al barrio de una persona y le preguntan a los vecinos, a los comerciantes del barrio, qué se sabe de esas personas. Ahí hay cosas de la vida privada de las personas. “No se lleva bien con el marido”, “tiene problemas de dinero”, “el marido le pega”… pero al mismo, en la documentación del Archivo, nos encontramos con cosas como “en una declaración espontánea el detenido fulano de tal dijo que su responsable era mengano”. No había declaraciones espontáneas, hay muchas veces documentación que da cuenta de información obtenida bajo tortura. Ahí hay un problema no solamente legal, porque así como hay una ley que da derecho a la información obliga a la protección de la intimidad de terceras personas, sino también hay un problema ético. Es una situación que excede el marco legal y que implica algunos cuestionamientos respecto de si la Historia, los historiadores necesitan tener destapado y leer los nombres de las personas de las que se hablan, si la Historia se escribe a partir de individuos o si debe escribirse a partir de colectivos. Si es más importante el objetivo de la ciencia o el respeto a la intimidad de personas que están vivas, que tienen derecho a decir “quiero o no quiero que esto se sepa de mí”. En ese sentido, este es un Archivo que resulta bastante desafiante en su gestión. En la medida de lo posible, nosotros tratamos que también resulte desafiante a la gente que viene y busca documentación acá. Muchas veces algunos investigadores se quejan agriamente de que nosotros disociamos la información de los nombres propios, que nosotros tachamos. El Archivo está abierto al público pero tiene una apertura indirecta, en la cual los nombres propios de las personas en los documentos que tienen origen secreto, confidencial o reservado están tachados. Los pedidos personales, de familiares o de investigadores llevan mucho tiempo porque hay que hacer la búsqueda en la documentación digitalizada –no se toca el papel-, se imprime, se tachan los nombres propios con un marcados indeleble, se fotocopia porque sino se trasluce, se le ponen sellos que dicen “es copia fiel del original”, una persona más vuelve a revisar que el tachado sea correcto, y se entrega. Este largo procedimiento es por los problemas éticos que les decía, pero también por problemas legales. La última vez que fuimos a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que mantiene el secuestro del período de la dictadura del Archivo –nosotros tenemos que pedirle autorización a la Cámara para entregar esa documentación-, tuvimos una reunión para hablar de la apertura y el acceso al Archivo y les pedimos que nos liberara un poco de los procedimientos burocráticos porque era muy burocrático el proceso para el pedido de autorización de la Cámara, nos liberó un poco pero me dijeron a mí, como directora del Archivo, que garantizara que fuera cumplida la Ley de Protección de Datos Personales, “que sabés que tiene una pena de tres años de cárcel”. A mí la Cámara Federal me bajó el nivel de burocracia para el acceso al Archivo pero nosotros personalmente somos los responsables de que la ley se cumpla. En este momento estamos haciendo la digitalización de los videos. Se encontraron en el Archivo 750 VHS, que están grabados a muy baja calidad de grabación, por lo tanto tienen muchas horas de grabación cada uno. Son del período democrático, entre  1989-1998. Hay dos tipos de videos claramente identificables. Uno que tiene que ver con capturas de programas de televisión, ya sea políticos o noticieros. Otro es lo que la policía llamaría “medios propios”, producido por la propia policía, que son registros de manifestaciones callejeras, en algunos casos policías haciéndose pasar por periodistas y entrevistando a dirigentes estudiantiles, los “servicios”. Los videos están todos juntos, en cambio las fotografías del Archivo están incluidas en los legajos que en general no son legajos de personas. Esta es una de las cosas interesantes para pensar el Archivo como un gran documento. En el período que se abre en el ’56 a la policía les interesan los individuos en tanto formen parte de organizaciones colectivas. Los legajos lo que registran son acciones de distintas organizaciones colectivas, ya sean políticas, sociales, sindicales, religiosas, de la sociedad civil -como cooperadoras escolares, grupos de teatro vocacional, bibliotecas populares, cultos de la Iglesia Católica y otros cultos-. Hay 230 mil fichas de personas con datos mínimos, pero la estructuración del Archivo no es por persona sino por organización. Y esto no es habla de lo que es peligroso. No es peligroso un tipo solo, un individuo, sino un colectivo de personas organizándose. Cuando viene una persona a buscar información, vos tenés un ingreso en el fichero donde está anotado en qué legajo de una organización o de un acontecimiento hay datos sobre esa persona. Por eso la cuestión del tachado, porque los legajos no son de personas, hay muchas personas mencionadas en un mismo legajo. En cuanto a los plazos de confidencialidad de los datos, nosotros contamos con el asesoramiento de Schiffrin. Los 50 años son plazos de protección de datos personales conservadores a nivel internacional, hay países que tienen 20, 25 años. En la Argentina no hay una ley sancionada de Archivos. Hay una ley del Archivo General de la Nación que es de 1961 y que tiene una modificatoria en el año 1979, pero no hay una ley de sistema nacional de archivo, y la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley de Hábeas Data, que permite el pedido de información sobre la propia persona es una ley del menemismo, de los ’90, pensada para lo económico, para el Veraz, para estas cuestiones de deudas. Tan ridícula es, y se ha pedido una modificación de la ley, que su texto lo que dice es que cuando el valor primario de la documentación se termina, es decir, cuando un documento que fue generado para un trámite, cuando ese valor termina, el documento debe perderse. En ese sentido no tendríamos archivos históricos. En Argentina tenemos un problema muy serio de legislación de Archivos, de derecho a la información. En Santa Fe hay partes de documentación de lo que sería la Dirección de Inteligencia de la Policía de Santa Fe que estaba en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe. Así como no hay una ley nacional de sistema de archivos, hay provincias que tienen una ley de sistema provincial de archivos. Un caso es Santa Fe. En el archivo de Santa Fe había documentación de inteligencia que ahora ha sido transferida para que sea trabajada para los juicios a un archivo específico. Porque lo que pasa también, y aquí hay una tensión, y yo como directora del Archivo siento la tensión entre un deber ser archivístico y un deber ser político, y por eso es que siempre los archivistas se pelean con los organismos de derechos humanos… en orden de pensar los archivos en general, lo que correspondería es que, por ejemplo, la documentación de Santa Fe quedara en el Archivo de la provincia de Santa Fe. Pero ese tipo de archivos, como el Archivo de la Provincia de Buenos Aires o el Archivo General de la Nación, no tienen capacidad de atender con la urgencia y la eficiencia necesaria a usuarios en contexto de juzgamiento a represión y a violaciones a los derechos humanos. Es por eso que desde las Naciones Unidas las recomendaciones generales para países en procesos pos dictatoriales o pos gobiernos altamente represivos es que existan archivos sensibles, de derechos humanos, particulares, porque son los que pueden trabajar con la documentación de manera tal que, con eficiencia y rapidez, puedan aportar para reparar, en el amplio sentido de la reparación a las víctimas. Reparar ya sea por juzgamiento penal de los perpetradores; reparaciones a través de leyes especiales de reparación a víctimas, como hay en muchos países, entre ellos Argentina, donde particularmente en la provincia de Buenos Aires hay muchas, sobre todo en los últimos años –nosotros estamos trabajando como locos con las personas que vienen a buscar documentación por las leyes reparatorias-; y una reparación que, en algún sentido tiene otra dimensión, que tiene que ver más con la memoria y con la experiencia, que es la recuperación de documentación perdida muchas veces, por ejemplo, en un allanamiento, o la cuestión de hijos que conocen las caras de sus padres porque le entregamos un documento del Archivo. Hace poco vino un pibe… son esas cosas que tienen que ver con la dinámica política de Argentina. Viene un pibe que sus padres no se habían casado nunca porque estaban en la clandestinidad. Desaparecen los dos padres, al padre lo trasladan –tal el eufemismo de los centros clandestinos de detención de la dictadura argentina- antes que él nazca; a la mamá la liberan, él nace, la mamá estaba muy mal cuando la liberan y lo deja con compañeros y finalmente estos compañeros lo adoptan a él y cuando él se encuentra con su madre biológica, ella le cuenta toda esta historia. No hay apropiación porque los padres adoptivos eran compañeros de militancia de la madre. Cuando empieza a buscar a su familia paterna se encuentra con que su padre era hijo único y que sus abuelos habían muerto. Finalmente tiene forma de demostrar su filiación y viene a buscar la documentación al Archivo, y en el Archivo encontramos una detención previa del padre del año ’71 donde había una foto de frente y de perfil, y había una copia de un expediente judicial donde su padre cuenta la historia de su vida. El pibe recupera la historia y la imagen del padre gracias al Archivo. Esa es una reparación. Esos son los momentos cuando uno dice “se justifica el Archivo”. Es la paradoja de un Archivo pensado para la eliminación de esa memoria y que, sin embargo, termina preservándola, preservado huellas que se hubieran perdido. Muchas veces también muchas organizaciones o sindicatos en Argentina no tienen archivos, y no tienen forma de reconstruir su pasado, y en el Archivo aparecen guardadas esas cosas. Entonces nosotros podemos entregar a las organizaciones, material de propaganda, listas de las elecciones. Como dice Victoria Basualdo, la historia de la militancia del movimiento obrero en Argentina se puede hacer, además de por las fuentes orales, por las fuentes escritas o las fuentes de este Archivo. Esto es muy importante.

Sandra Raggio: Yo me acuerdo cuando estuve por primera vez con el subcomisario de ese entonces, cuando nos estaban por entregar la casa. Y él me dijo: “Información sobre los desaparecidos no van a encontrar, pero para los historiadores este archivo es fabuloso”. En ese momento estaba la fantasía de que el destino final de los desaparecidos estaba en esas fichas que había en el Archivo. Hay mucha información sobre la represión pero no tan directa.

Laura Lenci: Porque además este era un organismo legal, y como la represión en la Argentina tuvo el doble carácter legal-ilegal, lo que encontramos a veces son esas fronteras borrosas entre la represión legal y la represión ilegal, que es lo que nos permite hacer aportes en los juicios. Hay como pruebas indiciales, hay que buscarle la vuelta para presentar documentación probatoria para los juicios, que es un trabajo que hace un equipo de gente que está dedicado a eso en el Archivo. Extensión del archivo: Un archivo se mide en metros lineales. El Archivo tiene 336 metros lineales de lomo, por línea de estantes, no es una hoja al lado de otra. Son alrededor de 3500 cajas oficio y 5 millones de fojas. Es un archivo relativamente chiquito, el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala tiene 7 kilómetros y medio. Documentación en los expedientes: La documentación que contiene cada expediente es variable, según el tipo de legajo. Hay legajos que tienen información generada por la DIPBA y material de las organizaciones. Hay otros muy típicos de la época de la dictadura, mesa DS, carpeta Varios, que son hallazgos de cadáveres. En ese caso son sólo informes de inteligencia. Otros muy típicos de la dictadura son las solicitudes de paradero a la policía, que son las respuestas a los hábeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos. También hay mucho recorte periodístico. En los últimos años, en general, hay mucho más recorte periodístico y menos informe de inteligencia, salvo cuando algo les interesaba muy particularmente, como la organización H.I.J.O.S. o Quebracho. Los aportes a los juicios: Esa parte del trabajo del Archivo es trabajada desde el carácter de peritos judiciales. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata designó varios peritos judiciales. En este momento está en el Archivo, una mujer perito que trabaja fundamentalmente para la Justicia, Claudia Bellingeri. La designación de perito judicial tiene que ver con la accesibilidad de información. El Archivo 1976-1983 está incautado por la Cámara Federal, hay un recurso de no innovar, por lo tanto, nadie puede tener acceso. Aunque haya una ley que se le cede el Archivo a la CPM el rol de la Justicia es superior a eso. Ellas como peritos pueden tener acceso a la documentación. Nosotros tenemos una gestión del archivo pero que está supeditada a la Cámara Federal. Documentación sobre extranjeros: Hay registros muy interesantes sobre el golpe de Pinochet en Chile en el Archivo. En parte porque la Embajada argentina en Santiago fue un lugar de asilo para muchos, no solamente chilenos y argentinos, sino también latinoamericanos que estaban en Chile colaborando con el gobierno de Allende. Hay un legajo impresionante de cuando van saliendo por los salvoconductos y van entrando esas personas a la Argentina les hacen fotos de frente y de perfil. Es una documentación bastante particular que registra toda la documentación de las personas que salen de Chile a la Argentina, a pesar de que Argentina estaba en pleno gobierno democrático.

Colecciones en CD:

Laura Lenci: Una de las cosas que hacemos y que tiene que ver con la gente que viene documentación al Archivo, es armar colecciones documentales digitalmente tachadas con temáticas que detectamos que van teniendo interés de acuerdo a la gente que viene a consultar el Archivo. El lunes salieron 5 colecciones nuevas, así que vamos por 15 colecciones documentales. En ellas intentamos mostrar la diversidad temática y la diversidad geográfica del Archivo. El Archivo también está claramente organizado por localidades de la provincia de Buenos Aires, entonces queremos mostrar esa diversidad geográfica. Las colecciones se pueden comprar, y cuando no es una persona sino un colectivo se regalan, y cuando quedan en un lugar de acceso público se regalan. Tenemos las siguientes colecciones:

1)         Organizaciones armadas en Argentina. GEL, FAL, FAR, FAP –falta una-. Es documentación original.

2)         Los documentos más antiguos que hay en la DIPBA que fueron producidos por otro organismo, sobre la persecución a los anarquistas en la década del ’30 . Son documentos desde 1932. Es una colección pequeñita, con documentos muy hermosos pero poquitos.

3)         Movimiento Nacionalista Tacuara. Un movimiento de acción directa que fue un núcleo importante en la década del ’60 y que va a tener una ruptura con una rama hacia la izquierda y otra hacia la derecha que se van a radicalizar las dos. Es interesante como una doble radicalización para ambos lados.

4)         CGT de los Argentinos. Una ruptura de la CGT en 1968.

5)         CGT de La Plata, Berisso y Ensenada. Nosotros nos encontramos que había mucha gente trabajando sobre movimiento obrero en la región. Los documentos son desde la década del ’50 en adelante.

6)         Censura cultural durante la dictadura militar. Existía un organismo que se llamaba la Comisión Revisora de Antecedentes que analizaba personas y cosas. Era quien determinaba si una persona podía tener un empleo público o no, si un preso político era opcionable, si tenía la opción para salir del país o no. Da la sensación que habría una fórmula donde se determinaría la desaparición de una persona, pero eso no lo tenemos probado. También analizaban artefactos culturales para ver si eran acordes o no con el “ser nacional”, si eran “disolutorios” o “subversivos”. Es interesante el tipo de literatura, música, que la Comisión analizaba.

7)         Petroquímica Sudamericana – Hilandería Olmos. El interés que tiene esta fábrica es que siempre tuvo los mismos dueños y que ellos le fueron cambiando de nombre, de razón social, para perjudicar a los trabajadores. A lo largo de 40 años hay un registro pormenorizado sobre los conflictos de los trabajadores en ese planta y sobre estos cambios que va haciendo la patronal. Lo sacamos en un momento en que la planta, que todavía existe con los mismos dueños, estaba en pleno conflicto y que sus trabajadores habían sido acusados y estaban por se juzgados.

8)         Universidad Nacional del Sur. Universidad con sede en Bahía Blanca. Está todo el proceso de persecución a estudiantes y a profesores. Es una universidad que en parte protagoniza, como muchas otras, un período altamente represivo a fines del año ’74, antes de la dictadura.

9)         Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979. Una cosa interesante es que para la policía la Cruz Roja, la CIDH, eran “delincuentes subversivos”.

10)       Unión de Mujeres Argentinas (UMA). Organización colateral del PC. Hay una documentación hermosísima, unas fotos divinas.

11)       Trabajadores del Mar en Mar del Plata. Los pesqueros, los fileteros, todos los trabajadores del pescado. Había delegaciones de la DIPBA que trabajaban especialmente “bien” -“bien-mal”, digamos-. En las delegaciones de la DIPBA donde había una base naval, o un regimiento del Ejército, etc., labura muy articulada con las otras fuerzas y produce muy buena documentación. Estos trabajadores fueron muy castigados y es una memoria obrera muy diluida. Hay un proyecto de recuperación de la memoria. Vía los investigadores de la Universidad de Mar del Plata que trabajan con la industria del pescado y que se conectan con los trabajadores es que vienen a hacer sus pedidos personales.

12)       Resistencia Peronista y Plan Conintes. La provincia de Buenos Aires hace unos años sancionó una ley de reparación para los presos de la Resistencia Peronista y del Plan Conintes, entre 1955 y 1963. Antes de la sanción de la ley empezaron a venir viejos militantes de la Resistencia Peronista. Después de buscar documentación venían a charlar, porque esta es una institución que trata bien a la gente. En otros lugares sentían muy mal tratados y acá se sentía muy bien tratados. Son gente grande. Se armó una relación muy particular entre la gente que labura en el Archivo y estos militantes.

13)       Astillero Río Santiago y ATE Ensenada.

14)       Kronos y Silo (1967-1974).

Relevamiento de Lugares de Memoria:

Sandra Raggio: Nosotros hicimos un relevamiento de lugares de memoria en La Plata, Berisso y Ensenada que casi lo tenemos completo. Tomamos una definición de lugares de memoria, sitios de memoria o marca de memoria bastante amplia. No sólo un sitio que está marcado, sino también sitios que han quedado como huellas en la memoria de la gente, como el Puente de Hierro, o la plaza tal, que por ahí no está marcada, no es un lugar específicamente  donde haya algún emprendimiento de memoria, pero que en el relato de las comunidades son lugares que condensan mucho sentido, y que para nosotros está bueno marcarlos en un mapa. Lugares donde hubo un supuesto enfrentamiento, un fusilamiento, donde apareció un cadáver. Estamos pensando en categorías más amplias para pensar estos lugares, sobre todo cuando esta memoria todavía está viva. Son muchísimos lugares y todo el tiempo se van agregando.

Biblioteca:

Sandra Raggio: Nosotros tenemos una biblioteca especializada en historia reciente y memoria con alrededor de 500 títulos. Tenemos sala de lectura y biblioteca. Está abierta desde las 10:00 hasta las 18/19:00 hs., tiene Wi-Fi, se puede consultar, leer, trabajar.

*Conferencia Optativa de Acreditación de la Maestría en Historia y Memoria, UNLP. 10 de junio de 2011, La Plata, Argentina.

**Sandra Raggio: Yo soy Sandra Raggio, coordino el Área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provincial por la Memoria, soy además profesora de la Facultad de Humanidades y desarrollo mi trabajo de investigación ahí. Soy miembro del Consejo Asesor de la Maestría y estoy trabajando en la Comisión desde que se creó.

***Laura Lenci: Yo soy Laura Lenci, soy la directora del Archivo, y soy también profesora de Historia de la Facultad de Humanidades, donde también tengo radicadas mis investigaciones que tienen que ver con la historia reciente de la Argentina. No soy socia fundadora de la CPM, empecé a trabajar aquí en el año 2006. Desde entonces estoy a cargo del Archivo.