Colombia y Guatemala: paralelos de una violencia sin tregua, de memorias que comienzan

Zuluaga Aristizábal en PDF/Artículos

Marda Zuluaga Aristizábal*

 Universidad Nacional de La Plata

2012

La Plata, Buenos Aires (1900)

marda.zuluaga@gmail.com

Resumen

Este artículo propone analizar comparativamente la guerra, el conflicto y la violencia, en Colombia y Guatemala, ya que han tomado formas específicas y el papel que el Estado ha jugado en ellos ha tenido también sus matices. También tratará sobre las diversas versiones del conflicto y las maneras de recordarlo.

Palabras clave: Violencia- Colombia- Guatemala- Estado

Colombia y Guatemala son dos países azotados como pocos por una violencia sin tregua, que ha tomado las más diversas formas y de las que han sido partícipes distintos actores armados. En ambos países, las tendencias conservadoras han impuesto su lógica a sangre y fuego desde tiempos coloniales y han respondido de la misma forma ante los intentos de cambio que se han hecho por vías tanto democráticas como revolucionarias.

Ahora bien, en cada uno de estos países, la guerra, el conflicto y la violencia en general, han tomado formas específicas y el papel que el Estado ha jugado en ellos ha tenido también sus matices. Mientras en Guatemala hubo largos períodos de dictadura y/o gobiernos militares de distintas tendencias, en Colombia sólo ha habido un período con estas características, que suele ser recordado como uno de reconciliación y búsqueda de la paz.

Guatemala ha sufrido cuatro golpes de Estado: el primero, orquestado por la CIA en 1954, contra el gobierno elegido democráticamente de Jacobo Arbenz; uno más en 1963, que marcó el inicio de la guerra civil y el más reciente, el de 1982, llevado a cabo por Efraín Ríos Montt, quien a su vez fue derrocado por otro golpe en 1983. En Colombia, por su parte, sólo se tienen noticia de un golpe de Estado en 1953, a la cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla. Este golpe contó con la anuencia de las principales fuerzas políticas (liberalismo y conservatismo) y en su transcurso obtuvo un gran apoyo de la sociedad civil por sus logros en cuanto a la desmovilización temporal de las guerrillas, así como por los avances en infraestructura, tecnología y la aprobación del voto femenino. Sin embargo, sus crecientes tendencias populistas y su propuesta de crear un nuevo partido como alternativa a los dos que tradicionalmente habían estado en el poder, debilitaron su posición y, en 1957 fue obligado a retirarse del poder, con lo que se dio inicio a las negociaciones del Frente Nacional, acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder por un lapso de 16 años en los que ninguna otra fuerza política tuvo posibilidad de participar en los procesos electorales. 

La preservación de las mismas familias y grupos políticos en el poder, la desigualdad social, la perpetuación de la pobreza, la violencia y la corrupción han sido moneda corriente en Colombia y Guatemala. Estas condiciones estructurales (1), heredadas muchas de ellas de las forma de dominio colonial, han sido caldo de cultivo para una serie de conflictos que parecen no tener fin, por más que en Guatemala se haya firmado un acuerdo de paz en 1996 y en Colombia se hayan adelantado procesos tendiente a este mismo propósito, muy pocos con éxito, tal vez sólo uno: el firmado en el año 1985 con la guerrilla del M-19. Recientemente, en el año 2005, se dio un proceso de negociación y desmovilización de grupos paramilitares, que se enmarcó en una ley conocida como de “Justicia y paz” (2). Dicho proceso, aunque con muchas falencias que se han evidenciado en los años posteriores a su realización, ha sido presentado por el gobierno nacional como un éxito del modelo de seguridad democrática y, además, propició la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-, dentro de la cual está incluido el Grupo de Memoria Histórica –GMH-.

En el presente texto, procuraremos establecer algunos paralelos entre el trabajo de este grupo y la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, así como analizar determinadas situaciones sociales y políticas que son estructuralmente similares y que representan grandes desafíos para la construcción de naciones que, teniendo en cuenta su historia y su pasado, puedan encaminarse hacia un rumbo diferente. En ambos casos, esto parece un ideal lejano.

Versiones del conflicto, maneras de recordarlo

Las formas que el conflicto armado ha tomado en cada una de las naciones que nos ocupan son, como ya se ha resaltado, diversas. Guatemala vivió entre 1944 y 1951 un golpe de estado que llevó al poder (luego del golpe, por vía democrática) a militares de tendencia social-demócrata que hicieron un cambio profundo en las condiciones sociales y económicas de una población ancestralmente explotada y estigmatizada, haciendo una profunda reforma agraria, mejorando las condiciones laborales, e introduciendo cambios progresistas en la constitución. El gobierno de Jacobo Arbenz, quien asumió democráticamente el poder en 1951, fue derrocado por otro golpe de estado, esta vez orquestado por la CIA, uno de cuyos dirigentes tenía intereses en la United Fruit Company, bananera a la que habían sido expropiadas miles de hectáreas de tierra para llevar a cabo la reforma agraria antes mencionada. Con el pretexto de que se trataba de un gobierno comunista, Estados Unidos realizó la que es conocida como la primera intervención militar directa de este país en América Latina.

El período de 10 años de cambios y transformaciones encaminados a la búsqueda de una igualdad social, es quizá el único del que se tengan noticias en Guatemala, y a partir del golpe del 54 se sucedieron varios golpes más que han demostrado la incidencia de las fuerzas armadas en el devenir histórico de esta nación, habiendo asumido por largos períodos el poder estatal, con tendencias claramente de derecha que han continuado perpetuando los niveles de desigualdad.

El panorama colombiano es diferente en cuanto, como ya se anotó, los militares sólo han gobernado por un breve período y, pese a los conflictos de toda índole que han azotado al país, suele reconocerse como una de las democracias más estables de Latinoamérica, al menos formalmente (3). Lo que ha sucedido en Colombia es más un enfrentamiento entre grupos armados regulares e irregulares (ejército, grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales, delincuencia común) en una disputa por el poder, las tierras e –iluso sería negarlo- las rutas del narcotráfico que ha sumido a un sinnúmero de poblaciones en una guerra constante y sangrienta que lleva más de cinco décadas de acontecer.

Reconociendo las similitudes estructurales que dan origen a la violencia en Guatemala y Colombia (del mismo modo que en otros países latinoamericanos) y teniendo en cuenta que en ambos ha de contarse el narcotráfico como uno de los principales detonantes de la violencia reciente, es necesario reconocer también las lógicas variables de la misma en cada contexto. Por ejemplo, aunque el despojo de tierras, las masacres selectivas, y la conformación de estructuras alternas al poder militar han sido prácticas llevadas a cabo en los dos países, es posible rastrear diferencias en los perpetradores y las justificaciones de tales prácticas, o al menos ciertas variaciones.

Si bien es cierto que en ambos casos se han presentado coaliciones entre el poder estatal, familias adineradas y las grandes empresas para beneficiar intereses particulares en detrimento del interés de la población en general, en Colombia no ha habido –al menos abiertamente- ningún gobierno que tenga como política de Estado el despojo de tierras o el asesinato de habitantes de una comunidad, cosa que ocurrió durante las últimas dictaduras guatemaltecas. Lo que sí ha sido objeto de denuncias, seguimientos y algunas condenas es la colaboración de ciertas estructuras del ejército y la policía con grupos armados ilegales en la perpetración de masacres o el ocultamiento de las mismas, como por ejemplo el caso de Trujillo, en el centro del país (4).

Pese a estos hechos conocidos, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez insistió en la negación del conflicto armado interno (5) y procuró instalar un discurso polarizante en el que el Estado quedaba como un actor al margen de la violencia en el país, como si su accionar obedeciera única y exclusivamente al uso legítimo de la fuerza en contra del terrorismo (representado en su discurso, de manera casi exclusiva, por la guerrilla de las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este discurso no sólo desconocía la existencia de otras guerrillas –como el Ejército de Liberación Nacional, ELN- sino que minimizaba las acciones criminales de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- (3), al mismo tiempo que pretendía dar la impresión de un escenario con sólo dos actores: Estado e insurgencia. Un escenario así se asemeja más a la situación de la guerra civil en Guatemala, en la que el Estado, encabezado por las Fuerzas Militares emprendió acciones contrainsurgentes sobre los frentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en la que confluían diferentes guerrillas, pero que actuaban de manera coordinada.

No es este el lugar para hacer un recuento detallado de los hechos, pero sí para resaltar que, en el caso de Guatemala había dos actores claramente definidos que estaban en guerra y fue entre ellos que, en 1996, se firmó un acuerdo de paz que permitió dar inicio a una justicia transicional digna de tal nombre. Tres años después de firmada la paz, durante el gobierno de Álvaro Arzú, es creada la Comisión de Esclarecimiento Histórico –CEH-, que sería la encargada de recoger los testimonios de víctimas y sobrevivientes y presentar un informe detallado de lo ocurrido durante la guerra. Tal informe fue entregado a inicios de 1999 y lleva como título Guatemala, memoria del silencio. Más adelante nos referiremos a las resistencias a las que se enfrentó esta comisión y a los alcances y limitaciones de su trabajo. Primero examináremos la constitución de un organismo similar en Colombia, en el año 2007.

La Ley de justicia y Paz, que ya ha sido mencionada aquí, además de proveer el marco legal para la desmovilización paramilitar más numerosa de la última década, sentó las primeras bases para una preservación de la memoria de acontecimientos violentos apoyada directamente por el Estado (6). Con tal fin, se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y su Grupo de investigación de Memoria Histórica que ha realizado informes, exposiciones y documentales sobre algunas de las masacres perpetradas por los grupos armados ilegales (en ocasiones en colaboración con las fuerzas armadas del Estado), a partir de un contacto directo con las víctimas.  Este grupo está conformado principalmente por académicos y profesionales de las ciencias sociales y humanas y el derecho, con una reconocida trayectoria en el abordaje de la violencia y los derechos humanos (7). Sus investigaciones están centradas en casos emblemáticos del conflicto, esto es, incursiones particularmente sangrientas de los grupos armados en distintas poblaciones, o acciones violentas sistemáticas y reiteradas a lo largo de los años. Tales casos son seleccionados conjuntamente por los investigadores y actores regionales con el fin de mostrar las disputas en juego en la guerra, las lógicas y mecanismos de los actores del conflicto, el papel de la población civil y los efectos pasados y presentes sobre la comunidad que vivió los acontecimientos.

Lo particular de la CNRR y su subcomisión de Memoria Histórica es que surge en medio del conflicto –que sigue existiendo pese a la negación oficial de que fue objeto durante el gobierno de Uribe y que, con su sucesor, Juan Manuel Santos, ha vuelto a existir para el Estado–, pues su creación responde a la negociación con uno solo de los actores armados (las AUC) que, ni siquiera en ese caso, se desmovilizó por completo.

Es impreciso entonces –por decir lo menos- hablar de un “proceso de paz” en Colombia, no sólo porque no todas las estructuras paramilitares participaron del proceso de desmovilización (sin contar con que muchas de las que lo hicieron se reorganizaron y continuaron con su accionar delictivo), sino porque el grupo erigido como el contradictor por excelencia del Estado colombiano (las FARC) no participó de ninguna negociación con el gobierno de Uribe Vélez ni pactó la entrega de las armas y el cese definitivo de hostilidades. Así, pues, se presenta como el mayor logro reciente en materia de paz en el país, una negociación que no incluyó al supuesto principal causante de la guerra y la violencia: la guerrilla de las FARC. Tal vez parecía innecesario, por el debilitamiento del que ha sido objeto por vía militar, y por la cantidad de desmovilizados individuales que han dejado sus filas en la última década, unos 14.094 guerrilleros según datos de la Alta Consejería para la Reintegración en el año 2009. Aunque evidente sea su debilidad actual y las cifras de deserción puedan parecer alentadoras, no ha habido todavía derrota militar, y esta guerrilla, así como el ELN siguen operando en distintas regiones del país. No ha habido en él ninguna firma de la paz que convoque y comprometa a todos los actores en pugna.

Puede apreciarse entonces que el contexto de surgimiento de las comisiones de memoria en Colombia y Guatemala las hace bastante diferentes, al menos simbólicamente, pues aunque es cierto que en el país centroamericano se firmó un proceso de paz entre los principales actores del conflicto interno, también lo es que, pasados pocos más de 15 años, no ha habido un trabajo profundo y continuado que propenda por una transformación de las condiciones de desigualdad social y racismo que hicieron posible los hechos de la guerra (8).

Sin embargo, la firma de la paz aconteció y marcó un hito en la historia guatemalteca y, en la actualidad, se está ante un proceso de transición que supone desafíos para los nuevos jefes de gobierno y también para el conjunto de la sociedad civil. Hasta ahora, no hay una diferencia notable y, de hecho, la reciente elección de Otto Pérez Molina como presidente del país, puede leerse como un retroceso,  un fracaso en la lucha por la memoria o, cuando menos, como una señal de alerta. Sin embargo, sería inocente y pretencioso esperar que condiciones tan estructurales como las que están en la base de los conflictos y la violencia en Centroamérica puedan cambiar en cuestión de unos pocos años y las situaciones de retroceso hacen también parte del proceso de ida y vuelta que toda transformación profunda implica y que, desde la concepción de los mayas, es la esencia de todo proceso vital: una repetición circular con variaciones, pero cuya estructura se mantiene (9). Una ventaja epistemológica de este tipo de concepción es que no señala una tendencia que invariablemente se repite, sino que deja la posibilidad de que, ante una organización similar, el contenido se transforme. Es la esperanza de muchos y quizá, también, lo peor que podría pasarle a tantos otros, beneficiarios ancestrales de situaciones que han cambiado pero se siguen pareciendo mucho. 

El hecho de que hayan aparecido en el marco de un proceso “concluido” (en el caso del CEH) y otro que no ha terminado (en el caso de GMH) introduce también diferencias en la metodología y el tiempo de trabajo. Mientras la CEH se concentró en la recepción de testimonios de víctimas y sobrevivientes en un período relativamente breve (el informe Guatemala. Memoria del silencio fue entregado luego de dos años de fundada la comisión), el Grupo de Memoria Histórica –GMH- lleva cinco años de funcionamiento, ha entregado alrededor de 8 informes de casos emblemáticos de violencia armada en Colombia y continuará en funcionamiento bajo la figura deCentro de Memoria Histórica a partir del 2013, por mandato de la Ley de víctimas (10) aprobada en junio de 2011. El enfoque de GMH puede inscribirse en lo que Da Silva Catela (11) llama “memorias locales”, puesto que sus informes toman casos puntuales de masacres o incursiones de distintos actores armados (por separado o concatenados; a veces una sola incursión, a veces casos de poblaciones que han sido objeto de violencia intercalada por parte de varios de ellos) en determinadas zonas de Colombia, pero no se ha hecho propiamente un recuento global, que dé cuenta de una memoria nacional del conflicto.

Los alcances y limitaciones de este tipo de enfoque merecen un análisis aparte y más exhaustivo, pues dista mucho de ser obvio cuál de ellos es “mejor” para hacer la reconstrucción de la memoria histórica de pasados traumáticos para una nación. El debate está abierto y las tensiones entre lo general y lo específico, lo nacional y lo local merecen una exploración a la que esperamos contribuir con la tesis Memoria y olvido en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano en el pasado reciente, actualmente en desarrollo en el marco de Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata.

Vistas estas diferencias, es momento de señalar los aspectos comunes entre los casos colombiano y guatemalteco, que tienen que ver sobre todo con el uso político que se le ha dado a las comisiones de memoria y a la difusión y efectos que han tenido sus informes. En las dos naciones, las comisiones han sido creadas por el Estado en el marco de un interés por la reconciliación nacional que, sobre todo en Guatemala, implicó pagar un precio muy alto frente a la adjudicación de responsabilidades directas en la guerra civil. En el informe de la CEH se evitó dar nombres de los responsables (7) y hubo mayor énfasis en las posibles explicaciones del origen y mantenimiento de la confrontación. En Colombia, aunque el GMH es creado bajo una Ley que parte de la negación del conflicto armado interno, sus informes evidencian la existencia del mismo y, además de su pretensión explicativa, procuran incluir dentro de los textos los nombres de los perpetradores, facilitadores y cómplices de las incursiones de las que dan cuenta.

Otro aspecto en común entre las experiencias de memoria histórica en Guatemala y Colombia, tiene que ver con la escasa difusión masiva de los informes, que tienden a circular exclusivamente entre las organizaciones de víctimas, los ámbitos académicos y las organizaciones de derechos humanos, pero sin que haya una difusión abarcativa de la sociedad civil. Jaramillo, en un artículo que compara las experiencias de Argentina, Guatemala y Colombia, lo señala de manera contundente:

A diferencia de la experiencia argentina, en Guatemala no ha existido, luego de diez años, una difusión amplia de los informes de memoria por parte de los gobiernos de turno y de los medios de comunicación; tampoco se ha incorporado su reflexión y enseñanza en el pensum académico de escuelas y universidades y en otros espacios como los centros de formación del Ejército, la Policía Nacional y el sistema de administración de la justicia. Esto ya de hecho arroja un aprendizaje sustantivo para el caso colombiano sobre la importancia de hacer de la memoria un espacio de debate público y deliberativo amplio. (6)

El aprendizaje esperado para Colombia al que alude el autor está todavía por consolidarse en el país suramericano.

Impunidad, desmemoria y repetición

Hacer memoria de pasados traumáticos no es tarea sencilla. No sólo hay que pasar por procesos de reconstrucción extensos y dolorosos, de difícil acceso, sino que la elaboración misma de memorias colectivas supone numerosos escollos. No a todos les conviene que se recuerde y, amplios sectores de la población, que sienten que no se vieron directamente afectados por aquello que pasó en su lugar de origen, no quieren saber nada de eso. A veces, por oposición a la memoria colectiva, hay represión de la misma índole, un “olvido” de saberes difíciles de tramitar que pretende negar lo que pasó y seguir como si no hubiera quedado ninguna marca. Ante situaciones así, Freud vuelve a tomar vigencia y sus teorías ofrecen una explicación de fenómenos sociales que operan de manera muy similar a como lo hacen los individuales. La represión de eventos traumáticos no borra nunca sus marcas ni las cargas afectivas y, lo más que puede hacerse, es un desplazamiento de estas cargas mientras la representación a la que pertenecen ha quedado oculta. Algo similar ocurre cuando los pueblos no quieren saber: siguen cargando con los efectos de aquello que no miran, sin entender por qué. Los procesos de memoria liderados por comisiones como las que hemos descrito son una especie de catarsis, intentos de volver a traer a la consciencia nacional ese saber que se ignora que se sabe para tramitarlo, enfrentarlo y, con suerte, hacer lo que sea necesario si se quiere cambiarlo.

El panorama para Guatemala y Colombia no parece muy alentador en esta vía: ambos pueblos siguen sumidos en distintos tipos de violencia, hay un desconocimiento generalizado de las producciones de las distintas comisiones de memoria, la búsqueda de reconciliación nacional promuevegrandes dosis de impunidad como precio por conocer la verdad y los pueblos parecen no haber aprendido nada, pues siguen eligiendo como gobernantes a miembros de la misma clase política que ha perpetuado la desigualdad y la miseria o, peor aun, a quienes han participado directamente en la perpetración de atrocidades contra la población.

En Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) ha sido fuertemente criticado por las izquierdas y los grupos defensores de derechos humanos por varias razones, entre las que se cuentan la promoción de grupos civiles armados para la protección de los terratenientes cuando era gobernador del departamento de Antioquia, y los nexos comprobados (y condenados por la justicia) de muchos de sus más cercanos colaboradores con grupos paramilitares en las regiones más ricas –y, al mismo tiempo, más desiguales- del país. Pese a su cuestionado pasado como gobernador de Antioquia, en el 2002 fue elegido con un amplio margen de ventaja sobre los demás contendores, utilizando un lema contundente que movió a las masas: “Mano dura, corazón grande”. Un discurso similar estuvo en la base del discurso del exmilitar Otto Pérez Molina, quien también acaba de llegar al poder en Guatemala prometiendo mano dura contra el crimen.

Volviendo sobre la terminología psicoanalítica, puede decirse que estamos en los dos casos mencionados ante un pasado que retorna. Sin embargo, como bien lo señala Carlos Figueroa a propósito de la elección de Pérez Molina, aquello que retorna no es exactamente igual:

La victoria electoral de Pérez Molina no implicará por supuesto el retorno de los militares al poder. La dictadura militar terrorista no tiene  las condiciones externas e internas que le dieron origen en 1963. Sí implicará el retorno de una mentalidad contrainsurgente aliada al oscurantismo reaccionario propio de la clase dominante guatemalteca. Implicará el retorno de la voluntad de impunidad que anima a todos los genocidas en el país y que  tienen hoy como blanco inmediato a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. (1).

Los paralelos entre estos dos personajes van más allá de lo meramente anecdótico y, de hecho, Pérez Molina, ha expresado públicamente su admiración por el exmandatario colombiano y ha dicho que su modelo de gobierno tendrá más semejanzas con el de este que con el del actual presidente, Juan Manuel Santos (12). En semejante contexto, cabe preguntarse qué pasará con el proceso de memoria histórica en Guatemala, siendo ahora su mandatario uno de los tantos responsables de los más de 200.000 muertos y desaparecidos que dejó como saldo la guerra civil. Cuáles serán las cuotas de impunidad y qué pasará con el trabajo de la reconocida fiscal Claudia Paz y Paz, quien desde diciembre de 2010 ha adelantado una labor de esclarecimiento y justicia internacionalmente reconocida (13) y de quien Pérez Molina dijo que no iba a prescindir, siempre y cuando esté cumpliendo con su trabajo (12).

La presencia de personas como ella en el gobierno de Guatemala y de Gonzalo Sánchez (14) como director del grupo de memoria histórica en Colombia (por mencionar sólo un par de casos representativos) evidencian las tensiones que se tejen dentro de la misma oficialidad y cómo esta puede ser permeada por otras posiciones que, por primera vez en muchas décadas, están cobrando una vigencia inusitada en el panorama mundial.

Así pues, aunque la elección de mandatarios con turbios pasados pueda ser una fuente de desesperanza, hay que reconocer que el solo hecho de que existan comisiones de memoria y algunos círculos interesados en ella y en el respeto de los derechos humanos, abre un panorama menos desolador. Aquello que durante siglos ha acontecido encubierto por el manto del silencio comienza a saberse y ese es un primer paso para que los ciclos cesen de repetirse, aunque haya recaídas en el camino. A veces hay que dar dos pasos y retroceder tres, pero de tanto caminar se termina avanzando un poco. Hace falta perseverancia y paciencia, y seguir en la lucha por la justicia y la verdad aunque no lleguemos a ser testigos de su llegada.

BIBLIOGRAFÍA

(1) FIGUEROA, Carlos. (1991). El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala. Programa Centroamericano de Investigaciones. Editorial Universitaria Centroamericana –Educa. ISBN 9977301735, 9789977301730

(2) Colombia. Ley 975 de 2005. Disponible en: http://www.cnrr.org.co/interior_otros/pdf/ley_975_05.pdf (Consulta realizada el 3 de julio de 2011)

(3) JARAMILLO, Jefferson. (2011). Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: tramas, narrativas y ofertas de sentido temporal para comprender la violencia. Tesis Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales, mención Sociología. Flacso-México.

(4) Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-. (2008). Trujillo: una tragedia que no cesa. Bogotá: Planeta. 300 p.  ISBN 978-958-42-1964-0

(5) Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, declaró en distintos encuentros internacionales, a principios del año 2005, que en el país no hay conflicto armado sino “amenaza terrorista”. Para una cronología y un análisis crítico de tal afirmación, véase el artículo “Sí hay guerra, señor presidente”, de la Revista Semana. [En línea] Disponible en: http://www.semana.com/portada/guerra-senor-presidente/84650-3.aspx

(6) El término “Estado” es usado en este proyecto en su acepción de “conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano” y, por tanto, cuando se habla de acciones del Estado se hace referencia a todas aquellas que se promueven y ejecutan desde cualquiera de estos órganos.

(7) Jaramillo, J. (2009). Tres procesos “emblemáticos” de recuperación de pasados violentos: Argentina, Guatemala y Colombia. Revista de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, 11: 29-59.  ISSN: 0123-4471 

(8) Palma, Gustavo. (2008). Memoria e Historia en el Presente de Guatemala. Algunas Reflexiones. Ponencia Seminario Internacional “Construyendo la paz desde la Verdad”. Guatemala del 23 25 de abril de 2008. Guatemala: ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 2008. pp. 47-55.

(9) CUEVAS, Rafael. (2011). Lo que retorna con Pérez Molina. [En línea]. Disponible en: http://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/2011/11/lo-que-retorna-con-perez-molina-de-carlos-figueroa-ibarra/ (Consulta realizada el 10 de enero de 2011).

(10) Colombia. Ley 1448 de 2011. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley144810062011.pdf (Consulta realizada el 3 de julio de 2011)

(11) CATELA, Ludmila da Silva. (2003). Apagón en el Ingenio, escrache en el Museo. Tensiones y disputas entre memorias locales y memorias oficiales en torno  a un episodio de represión de 1976. En: Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (Comp.). Luchas locales, comunidades e identidades. Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 231 p. ISBN: 9788432311482.

(12) Rodríguez Pellecer, Martín. “Quiero que alguien me demuestre que hubo genocidio”. Entrevista a Otto Pérez Molina. [En línea]: Disponible en: http://plazapublica.com.gt/content/quiero-que-alguien-me-demuestre-que-hubo-genocidio (Consulta realizada el 27 de diciembre de 2011).

(13) Cuevas, Rafael. (2011). Guatemala: las sombras del pasado. En: Revista Con Nuestra América. [En línea] Disponible en: http://connuestraamerica.blogspot.com/2011/12/guatemala-las-sombras-del-pasado.html (Consulta realizada el 27 de diciembre de 2011). 

(14) Gonzalo Sánchez, el director de GMH fue también el presidente de la llamada comisión de “violentólogos” en 1987 (en el gobierno del presidente Virgilio Barco) y uno de los académicos más conocedores del tema y más prestigiosos del país. Su filiación es abiertamente socialista (15) y su amplia trayectoria en el estudio de la violencia política en el país ha sido reconocida por la agudeza de sus interpretaciones y su interés por las voces de las víctimas. No hay duda de que se trata de una de las personas más idóneas para dirigir una empresa de la magnitud de la confiada al Grupo de Memoria Histórica, pero tampoco deja de sorprender que, desde un gobierno marcadamente alineado a la derecha, se le haya encargado semejante misión a alguien que se ubica en una tendencia contraria

(15) Torres Duque, O (2004). El mausoleo iluminado. Historia del ensayo en Colombia. Gonzalo Sánchez Gómez. [En línea] Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/ensayo/gonzalo.htm (Consulta realizada el 4 de agosto de 2011)

*Marda Zuluaga es Psicóloga de la Universidad de Antioquia e investigadora del Grupo El Método Analítico y sus aplicaciones en las ciencias sociales y humanas de la misma universidad. Su monografía de grado, titulada Identidad y devenir, obtuvo mención de honor por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Es co-autora de los libros Relaciones psicología-psicoanáisis: un estado del arte, El método analítico y El objeto de la psicología, todos ellos resultado de investigación y publicados por la editorial de la Universidad de Antioquia.

Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la U. de A. y en la Universidad EAFIT en las áreas de investigación y psicolingüística, además de participar en la formulación y ejecución de proyectos comunitarios con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Adelantó estudios de la Maestría en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT y es estudiante activa de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, la cual cursa con la Beca Roberto Carri, otorgada por el Ministerio de Educación de la República Argentina.