El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia

Ballón Gutiérrez/Dossier en PDF

Alejandra Ballón Gutiérrez*

Directora fundadora de Investigación Nacional Crítica y Arte (INCA), y docente de la Pontificia

Universidad Católica del Perú

Lima, Perú.

2014

aballong@gmail.com

Resumen

El artículo “El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia,” propuesto para el dossier “Género, Violencia y Política en la Historia Reciente Latinoamericana” de la presente edición, es una breve introducción al caso (1996-2000) desde el panorama (no exhaustivo) de la resistencia conformada por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas y artistas. Sobre todo, se requiere consignar aquellas intervenciones en el espacio y esfera públicos que han dibujado la lucha por alcanzar la justicia (penal y/o social) frente a los miles de casos de esterilización forzada en el Perú, ayudando al reconocimiento legítimo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo de las mujeres. Es decir: una cartografía del terreno en el que se desplaza el movimiento de resistencia social.

Palabras Claves: Esterilizaciones forzadas; Perú; Derechos sexuales y reproductivos; Crimen de Lesa Humanidad.

Han pasado más de tres lustros desde que se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), que dio como resultado la esterilización masiva sobre todo de mujeres, en su mayoría pobres, analfabetas, indígenas y de reciente procedencia rural.  Desde entonces han aparecido diversos estudios sobre el tema, sobre todo informes, tanto locales como internacionales, que han ayudado a esclarecer las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres, los crímenes de lesa humanidad y dado diversas recomendaciones para una mejora del sistema de salud reproductivo nacional. Sin embargo, están ausentes los estudios antropológicos peruanos y aquellos que nos ayuden a generar memorias entretejidas que permitan una visión panorámica y profunda de lo que pasó y del sentido que este hecho genera aún en nuestro presente, al margen de las agendas político-económicas, institucionales y/o gubernamentales (Ballón, 2014: 27).

El estado de la cuestión sobre el caso de esterilización forzada en el Perú al que se hace referencia es el siguiente: la publicación Nada Personal que Giulia Tamayo dirigiera para la CEDAW (1999) destapó el caso. En dicho reporte se publicaron sendos testimonios y las pruebas de cuotas, lo que confirmó que el programa de salud pública era una política de estado y no solo negligencia médica como se creía hasta entonces. Luego se forman las comisiones de investigación de la Defensoría del Pueblo que hasta la fecha arrojan cuatro informes (1998, 1999, 2000 y 2005); estos, a través de la data recogida y del trabajo de campo, nos han dado a conocer la magnitud del caso: 272.028 mujeres y 22.004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Por otra parte, dos comisiones del Congreso de la República publican informes que también califican los agravios en tanto crímenes de lesa humanidad: el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000, y el informe final de la comisión especial sobre actividades de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), (2002).

A estos informes podemos añadir diversas investigaciones periodísticas tanto nacionales como extranjeras como la de Maria-Christine Zauzich, Política Demográfica y Derechos Humanos. Investigación periodística de la situación en el Perú (2002), así como los reportes de la prensa compilados en el Archivo PNSRPF (2012-2014) que tiene como finalidad principal recopilar y difundir el archivo digital más completo sobre el caso de esterilización forzada en Perú.

En cuanto a investigaciones académicas contamos con la tesis de licenciatura de Adrián Lerner (2009) Las polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones masivas en el Perú de Fujimori (1994-1998) desde la perspectiva de las comunicaciones, las diversas investigaciones de Christina Ewig que revisan el caso sobre todo desde la teoría de la economía política y los estudios de género, y los aportes de Silvio Rendón en su libro La Intervención de los Estados Unidos en el Perú (2013). Hasta la fecha el único libro enteramente dedicado al caso de esterilización forzada en el Perú es Memorias del caso peruano de esterilización forzada (2014) que propone cuatro ensayos desde diversos enfoques: la economía y género; crítica y resistencia; salud pública y ética médica; justicia y políticas de memoria. Este cuenta además con testimonio directo de las víctimas y del personal de salud.

Proponemos entonces, para el dossier “Género y violencias políticas en el Cono Sur”, una breve introducción que dibuje un primer panorama (no exhaustivo) de la resistencia conformada por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas y artistas. La intención es comenzar a reflexionar desde este ángulo –aún no explorado– ya que el cambio de perspectiva podría aportar nuevas luces a nuestra teoría poscolonial local. Sobre todo, se requiere consignar aquellas intervenciones en el espacio y esfera públicos que han dibujado la lucha por alcanzar la justicia (penal y/o social) en los miles de casos de esterilización forzada en el Perú, ayudando al reconocimiento legítimo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo de las mujeres. Es decir: una cartografía del terreno en el que se desplaza el movimiento de resistencia social.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) se instauró en tanto política de estado durante el segundo período del régimen autócrata del ex presidente del Perú A. Fujimori Fujimori obedeciendo a la lógica de la economía neoliberal que ya predicaba el partido fujimorista. Dicho programa de salud fue implementado (1994-2000) por los ex ministros de salud Dr. Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista); por John Nagahata Susanibar, Jorge Parra Vergara e Ulises Jorge Aguilar, quienes entonces eran directores de los programas del ministerio de Salud. Según Ewig (2012: 208) los objetivos de dichas políticas neomalthusianas de salud pública utilizaban los cuerpos de las mujeres indígenas como instrumentos de política económica. Una reducción de la población daría lugar a un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita y así podrían alcanzar las metas de crecimiento económico anheladas tanto por el gobierno peruano como por los organismos humanitarios internacionales de desarrollo [1]. 

Cabe recalcar que el marco político en el que se ejecutó el PNSRPF fue durante el segundo decenio del conflicto armado interno (CAI, 1980-2000), que consideraremos en la reflexión de este artículo como un estado de excepción.

En palabras de Agamben el estado de excepción constituye

 «[una] tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida» […] «si los procedimientos excepcionales son fruto de los períodos de crisis política y, como tales, han de ser comprendidos no en el terreno jurídico sino en el político-constitucional, acaban por encontrarse en la situación paradójica de procedimientos jurídicos que no pueden comprenderse en el ámbito del derecho mientras que el estado de excepción se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal» (Agamben, 2004: 9-10).

Así el PNSRPF se presentó como legal en tanto política de salud pública siendo esta en realidad un programa de esterilización masiva. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) el CAI trajo como consecuencia la muerte o desaparición de un estimado de 69 280 personas [2]. Es decir, que el PNSRPF se aplicó en populaciones que en su mayoría ya habían sido diezmadas durante el CAI y que por ende no sufrían de sobrepoblación.

Fujimori logró, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en El Cairo (1994), cooptar el discurso feminista para los fines del programa, el cual finalmente quebró por completo los acuerdos de Beijing y de El Cairo (Ewig, 2012: 204). Dicha política eugenésica de salud pública se aplicó sin el consentimiento genuino de las víctimas, lo que constituye una violación de los derechos humanos que el estado peruano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el acuerdo amistoso del caso epónimo de María Mamérita Mestanza (2003) [3] [4].

Las cifras que han arrojado las diversas investigaciones señalan un crimen de lesa humanidad cometido durante la década de los noventas cuando se esterilizaron a 314.605 mujeres y 24.563 varones; sin embargo es durante el programa de planificación familiar (PNSRPF) que se llevó a cabo entre los años 1996-2000, a lo largo y ancho del territorio nacional, que la esterilización fue masiva y sistemática. Las cifras muestran al menos 272.028 mujeres peruanas, casi en su totalidad rurales, 18 muertes, y 22.004 varones a los que se les practicó la vasectomía [5]. Entre las zonas más afectadas figuran Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cusco, Apurímac, La Libertad, Puno, San Martín y Cajamarca, sobre todo en las zonas de extrema pobreza [6].

Si bien la campaña de esterilización estaba dirigida tanto a varones como a mujeres, se focalizó en el público femenino de bajos recursos, con propagandas que alentaban a la esterilización como el método correcto de contracepción. La "información" que recibían las mujeres por parte de los profesionales de la salud eran muchas veces incomprensibles para las poblaciones que no hablaban castellano (poblaciones de habla quechua y aymara) o no se usaba ni explicaba el término "esterilización" sino el de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” (AQV). Las personas que se sometían o que eran sometidas a la fuerza, no conocían los alcances de esta operación.

Los abusos por parte del personal médico han quedado impunes hasta la fecha a pesar de que existen tanto documentos como testimonios (de víctimas y personal médicos) de establecimiento de cuotas numéricas, incentivos y estímulos para el cumplimiento de captación de pacientes. Esto implicó presiones en el personal de salud que, en algunos casos, no dudó en utilizar diversos métodos de manipulación y coerción contra las mujeres para esterilizarlas. Y a pesar que hasta la fecha se han recopilado al menos 2.074 denuncias y al menos 18 casos de muerte, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima archivó nuevamente el caso en enero pasado. Actualmente el caso está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior, ya que en marzo, el Estado peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas que la investigación de más 2000 casos de mujeres esterilizadas forzadamente ocurridas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) durante el gobierno Alberto Fujimori no está cerrado.

 En suma, la aplicación del PNSRPF ha provocado como consecuencia un cambio radical e irreversible en la vida de las mujeres y hombres afectados, quienes hasta la fecha no han obtenido justicia. Es una problemática compleja que, a pesar de las contundentes evidencias, continúa desatando por un lado polémica y controversia, y por otro, una historia de resistencia y de auto organización en defensa de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres, sobre todo indígenas.

Genealogía

La resistencia comienza incluso antes de ser instaurado el PNSRPF. Como ya hemos mencionado, Fujimori logra cooptar el discurso feminista para hacer valer el PNSRPF; sin embargo, no todas las feministas creyeron en su discurso de la misma manera e incluso algunas pocas fueron radicales al expresar su rechazo. En palabras de Giulia Tamayo:

«[…] En Beijín las organizaciones de mujeres peruanas teníamos sesiones informativas, etcétera; y un día dentro de las cuestiones que surgieron, Fujimori había llegado a Beijín y tenía previsto tener una reunión con estas organizaciones (feministas y pro derechos humanos). Mi posición fue la de no participar por el tema de la ley de amnistía, por el tema de derechos humanos, en ese momento no teníamos información sobre las esterilizaciones forzadas, aunque de hecho luego nos enteraríamos que habían ya ocurrido algunas intervenciones en esa línea. En realidad yo tomaría conocimiento real a partir todavía de diciembre de ese año. Entonces, en el momento de Beijín no fue lo de las esterilizaciones forzadas lo que motivo mi postura de no querer hablar con Fujimori. Sin embargo, hubieron dos sectores: un sector que claramente decía que había que hablar, ya que las reivindicaciones y las agendas podían llevarse a cabo con Fujimori e incluso lo aplaudían (ellas se habían convencido del feminismo de Fujimori). El otro sector de mujeres que lo veía con prevención, no optó por mi postura de no entrar a hablar con Fujimori, sino que dijeron vamos a estar en esa reunión (yo lo llamé ‘besa manos’ [7]) con la prevención de que vamos para advertirle y no para aplaudirle, esa fue Hilaria Supa y algunas mujeres populares. Cuando yo me niego, yo ya no sé quién entra, pero lo que consta en las actas fue la intervención de Hilaria [8]. Hubieron algunas que desde Flora dijeron vamos a asistir pero la cara de devoción no se las vamos a poner, también me consta. Pero hubo una gran mayoría, que casi se sentía tocada por la gracia al ver que Fujimori les daba la mano, me hacían acordar a Abimael Guzmán con sus mujeres. […] Yo le digo a Gina Vargas «te voy a demostrar que eso que ustedes confían de un dictador como Fujimori en relación a lo que va a aportar a las mujeres o va a realizar la agenda de las mujeres, es una gran falsedad, no hay ningún dictador que viole derechos humanos por un lado y que sin embargo, nos beneficie por otro». Entonces dejo el cargo de la dirección (de Flora Tristán) y ahí comienza «Silencio y Complicidad» » [9].

Fue entonces el mismo año en que comenzó la aplicación del PNSRPF (1996), cuando las organizaciones locales de mujeres y derechos humanos comenzaron a informar sobre los abusos. Sin embargo, aún no se conocía el PNSRPF en su dimensión de política de estado eugenésica:

« […] Mi cambio de enfoque se produce en noviembre del 96, entonces yo estoy investigando, dejo el puesto de Flora desde diciembre del 95, entonces, investigo todo el 96 con CLADEM «Silencio y Complicidad». Comienzo a reunir ya las evidencias y me encuentro en noviembre con el más alto nivel, entonces profundizo y se produce «Nada Personal». Yo desconfiaba de Fujimori pero no imaginaba que al borde de terminar el siglo XX estuviéramos ante una operación de este tipo. Entonces, yo pensaba que era originalmente el racismo, había encontrado que los médicos no atendían a las mujeres indígenas o que las violaban, o sea, yo pensaba que lo que Hilaria me estaba informando y los testimonios de las mujeres de Anta se inscribían en esta misma lógica del racismo instalado en los médicos, del desprecio hacia las mujeres indígenas instalado en los médicos, yo pensaba que era eso. Lo que me cambia totalmente la pantalla es cuando comienzo a obtener las evidencias de la responsabilidad al más alto nivel, y es precisamente en ese momento cuando mi vida se vuelve a cuadritos, comienzo más y más a meterme» [10].

En 1997 las organizaciones feministas peruanas junto al Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (CLADEM) empiezan a hacer llegar a la Defensoría del Pueblo información sobre las primeras denuncias de casos de esterilización forzada. Giulia Tamayo, fundadora de DEMUS, ex directora de Flora Tristán y en ese entonces abogada del grupo feminista CLADEM, aportó al tema sobre todo con las investigaciones «Silencio y complicidad» (1998) y «Nada personal» (1999). Ambos reportes fueron producidos para CLADEM y se enfocaron en la salud pública y las mujeres desde una perspectiva de género. Tanto el equipo técnico de las organizaciones feministas de Flora Tristán como del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) participaron activamente del recojo de información. [11] El reporte «Nada personal» sentó un hito debido a que se publicaron por primera vez las pruebas del sistema de cuotas. La documentación de dicho informe mostró graves irregularidades en 243 casos de esterilización, lo que detonó la alarma de la Defensoría del Pueblo, la que concluyó sus informes con la siguiente cifra: 214.446 esterilizaciones femeninas entre 1996 y 1998 durante el PNSRPF (Defensoría del Pueblo 1999: 74). Tamayo fue la primera investigadora que contó la historia de lo sucedido sobre las esterilizaciones en el Perú, lo que incluso la obligó a salir del país. Debido a las agresiones físicas y las amenazas psicológicas hacia su persona, su casa y su familia, Amnistía Internacional gestionó la salida de Tamayo de Lima a Madrid (2000), donde se tuvo que establecer los años siguientes.

Una vez que los hechos contundentes fueron dados a conocer, las congresistas Beatriz Merino y Anel Townsend exigieron que la comisión de la Mujer del Congreso tomara medidas e investigara las cuotas de esterilización, entre otros abusos. Sin embargo, las investigaciones de la Comisión se vieron frenadas por  la jefa de esta comisión, Luz Salgado, miembro del partido del presidente, de Cambio 90, que defendió el programa a capa y espada, y negó la existencia de cuotas con vehemencia. El Ministro de Salud Marino Costa Bauer siguió los pasos de Salgado. Es a partir de este momento que la sociedad civil acude a los medios externos para exigir cambios en el PNSRPF (Ewig, 2012: 213).

Organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos

El Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), activo a nivel nacional desde 1988 se define así:

«La autonomía de la mujer andina de Costa, Sierra y Amazonía es un derecho aún no reconocido ni ejercido. Para asumirlo, las mismas mujeres tienen que convertirse en protagonistas de su propia historia e identidad cultural, dejando atrás la exclusión, discriminación e inequidad de género».[12]

El IAMAMC junto con la Asociación de Mujeres Trabajadoras de La Provincia de Huancabamba (IAMAMC-AMBHA) tienen sus bases en la comunidad de Huancabamba en Piura al norte del Perú, su líder Josefa Ramirez y las promotoras, colaboran permanentemente con investigadores tanto nacionales y extranjeros.

Justamente, fue en Huancabamba donde Giulia Tamayo obtiene la prueba de cuotas el 25 de noviembre de 1996, ello destapa toda la política eugenésica de estado que alimentaba el PNSRPF. Años más tarde es allí donde el proyecto Quipu ha podido desarrollarse diecisiete años más tarde (haremos referencia al proyecto Quipu más adelante en el apartado Arte, activismo y esfera pública» de este artículo). Entre octubre y noviembre del año 2012, realicé mi segundo trabajo de campo sobre el caso de esterilización forzada en Huancabamba y descubrí, al querer fomentar un proyecto de tejido en kallwa, que las mujeres ya no tejían a consecuencia de las operaciones sufridas bajo el PNSRPF.

Las mujeres de la región tienen por costumbre ancestral tejer en kallwa (telar de cintura). Esta práctica tradicional pasa de generación en generación y de este modo ha sobrevivido al paso del tiempo, generando la identidad cultural consiguiente de la zona. En medio de una extrema pobreza, los ricos y vibrantes colores de las hebras del tejido se extienden por metros desde las barandas de madera de las casas de adobe hasta las cinturas de las mujeres. [13]

Lamentablemente, a raíz de las operaciones sufridas, las mujeres han dejado de tejer:

« […] Para trabajar, por ejemplo para tejer ofende aquí, no es como sano. […] por la operación […] de aquí (señala el vientre) no se puede tejer, yo tengo que tejer en el estómago y duele […] Si pues porque topa aquí (señala el vientre), yo tejo acá arriba […] pero ya no tanto, todos los días me hace daño, ya no quedas bien, me arde la barriga, el cerebro, me han dicho que es por la debilidad» (Santos Manchay Castilla. Entrevista Nº 144827) [14].

« […] Sí a kallwa, sí sí así hago mis tejidos, pero cuando ya golpeo mucho me duele el corazón, tejo pero poco porque siento que me duele […]» (Agripina Rojas Cerdeña. Entrevista Nº 075527) [15].

« […] No, antes tejía, después de la operación, ya no. […] Me duele, es mucha fuerza con la kallwa, me duele mucho la cintura, porque choca aquí (señala el vientre) cuando me amarro» (Francisca Meléndez. Entrevista N°102347) [16].

 La razón principal de estos testimonios es que dicha técnica prehispánica consiste en que las mujeres aten un telar a la altura de la cintura para poder realizar sus tejidos cotidianos; después de la cirugía ellas sufren múltiples dolencias a nivel del vientre (donde se ubica la cicatriz de la operación), y el golpe que es necesario para crear el tejido —que se arregla ajustando constantemente los hilos, dirigiendo la fuerza hacia el vientre— potencia el dolor corporal y lo agudiza. Algunas, pocas, continúan la práctica del tejido en kallwa con mucha dificultad, siempre y cuando se amarren el telar a las costillas en vez de la cintura, pero esto también les causa fatiga general y les corta la respiración en cada golpe, lo que reduce drásticamente su producción. Antes de la operación las mujeres tejían constantemente, lo cual les generaba una entrada económica y reafirmaba su identidad cultural local. Desde la operación esta práctica se limita a ocasiones esporádicas produciendo una considerable baja económica en su haber, además de una quiebra generacional en la transmisión del conocimiento textil: el vínculo entre abuelas, madres e hijas se ve irreparablemente interrumpido cuando la madre no teje más. Las hijas no aprenden desde niñas a tejer; por ende el valor de esta práctica y de las costumbres locales que la hacen posible se quedan sin la raíz que las sustenta. Cabe recalcar que para las mujeres del campo que viven en extrema pobreza, este desgarramiento y ruptura vital significa la pérdida del espacio de su subjetividad, ya que al tejer las mujeres expresan su mundo interior así como la cosmogonía de sus comunidades.

Ante tal realidad y abrumada por el hallazgo, me preguntaba: ¿Cómo podremos medir el impacto de semejante daño —ocasionado por práctica indiscriminada de las esterilizaciones forzadas— que alcanza a sus comunidades, las consecuencias socioculturales de la drástica caída en la producción y la quiebra radical de la transmisión de su tradición milenaria? Y por otra parte ¿cómo se ha de pensar la resistencia colectiva si las mujeres ya no pueden utilizar el saber milenario de la propia comunidad para empoderarse? Queda por investigar si en todas las comunidades donde se practicaba dicha técnica textil las mujeres han dejado de tejer a consecuencia de las operaciones o si esto sólo ocurrió en la comunidad de Huancabamba. Por lo pronto en Anta, Cusco e Independencia, Ayacucho la resistencia tiene otras características.

La Asociación de Mujeres Afectadas por las esterilizaciones forzadas (AMAEF) nace en Cusco en el año 2004 con el objetivo de lograr justicia frente los abusos cometidos durante el PNSRPF (esterilizaciones forzadas) que se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. La asociación fue liderada en un primer momento por Hilaria Supa [17] y desde hace algunos años AMAEF cuenta con el respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL). AMAEF ha sido una de las pocas organizaciones que se auto gestiona desde las bases de Anta y ha sido la organización con más presencia tanto en los medios nacionales e internacionales como en la simbolización de la lucha desde el campo. Las mujeres miembros de AMAEF suelen venir a Lima a prestar declaraciones y a reclamar por sus derechos de manera colectiva cuando se archiva el caso, cuando las sentencias son insuficientes y cuando el incumplimiento de los acuerdos se vuelve evidente. Sin embargo, debido a la jerarquía interna que lidera la organización, esta es de difícil acceso; no ha logrado tejer redes políticas permanentes y le ha sido muy difícil ceder al planeamiento de estrategias conjuntas tanto con las diversas organizaciones feministas como con los investigadores y activistas locales. No distante AMAEF mantiene una estrecha relación con el espacio feminista de acción ciudadana que defiende y promueve la democracia, los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y derechos reproductivos: Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM-LF). Esto se debe a que las antiguas líderes de AMAEF eran y algunas aún son, parte del MAM-LF y viceversa.

 La red feminista CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), que apoyó las investigaciones desde 1996, ha seguido dedicando recursos para garantizar el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamérita Mestanza, en particular para el seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. APRODEH co-peticionaria de dicho caso, ha sido parte de la preparación y partícipe de las reuniones de trabajo ante la CIDH. El MAM fue parte del tribunal por los derechos económicos, sociales y culturales del año 2005 donde se presentó el caso de

Mamérita Mestanza como emblemático de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de esterilización forzada y donde Tamayo fue parte del jurado, dicho tribunal fue impulsado por siete organizaciones feministas con el liderazgo de DEMUS [18].

En ese entonces el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) comienza a recibir casos desde 1996 y junto con CLADEM, APROHDE, CEJIL y la CIDH asume la defensa legal de muchos de los casos hasta la fecha, entre ellos el caso epónimo de María Mamérita Mestanza Chávez (MMMCH). Dicho sea de paso DEMUS es la única organización feminista en el Perú que cuenta con abogados que han hecho acompañamiento psico-jurídico y defensa legal permanente. Según lo expresa María Ysabel Cedano (actual directora de DEMUS):

«[…] Entre sus logros [se refiere a DEMUS] está el hecho de que mediante el acuerdo de solución amistosa en el caso de MMMCH, el Estado peruano reconoce la vulneración de derechos comprometiéndose a investigar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas de no repetición y reparaciones integrales para la familia de Mamérita. También contribuyeron junto con el IDL a que se reabra la investigación fiscal y que luego que archivaron el caso, se reabriera nuevamente. Cuando se reabrió el caso también se obtuvo que este sea investigado por una fiscalía Ad hoc, dedicada exclusivamente a investigar y sentenciar el asunto. A la larga, esto último no sirvió de mucho, salvo porque dicha fiscalía reconoció que estamos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que es imprescriptible la denuncia penal. Sin embargo, contradictoriamente señala que sólo se cometieron delitos culposos y descarta la comisión del delito de lesa humanidad, exculpando a los autores mediatos. Ha sido importante la incidencia ante la CIDH y la presión que desde allí se ha dado» [19].

 DEMUS apoya al movimiento de resistencia manteniendo el caso en la agenda pública, brindando información permanente a través de los medios, internacionalizando el caso y poniendo a disposición de la sociedad civil el archivo impreso más completo sobre el caso. Además, cuenta con el archivo de la investigación que hiciera Giulia Tamayo para el reporte «Nada Personal» y colabora desde el 2013 alimentando con información el «Archivo PNSRPF» [20].

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha dado un giro en los últimos años gracias a la participación de su directora actual Rocío Silva Santiesteban quien nos narra la situación que dio lugar a este giro histórico:

«Mira, yo tengo conocimiento, pero esto no por la coordinadora sino por Hilaria Supa y por María Esther Mogollón. Hilaria y un grupo de mujeres de Anta fueron a la Coordinadora en los tempranos años noventa y tantos cuando estaban ya sucediendo estas cosas, para presentar una denuncia en relación con este tema. En ese momento, al parecer se tenía la idea un poco cerrada de que el tema de defensa de los Derechos Humanos estaba, más bien, vinculado con violaciones de los Derechos Humanos del tipo: desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Y al parecer, bueno se les dijo algo así como que, era un tema que la coordinadora no trataba. Ahora, eso a mí me parece que fue un grave error de ese momento, porque creo que en ese momento, lo que se debió de hacer fue atender las demandas. Ahora, claro que la demanda fue una demanda que está muy por encima de la capacidad de la Coordinadora, en el sentido en que si esto no hubiera estado digamos más bien operativizado y organizado como sucedió después con las propias mujeres, las propias instituciones locales, que la propia Hilaria fuera una congresista de la república, quizá no hubieran levantado el tema de la manera como la levantaron. Pero por otro lado, en esa misma época digamos, ya algunas personas de Flora Tristán entre ellas Giulia Tamayo estaban haciendo las averiguaciones del caso, entonces, me parece que fue un error, en ese momento se debió acoger, por lo menos escuchar y acoger, me imagino que se escuchó pero no se acogió el pedido y en ese sentido solicitar a algunas otras instituciones que no forman parte de la coordinadora (porque Flora no está en la Coordinadora de derechos humanos, pero son instituciones amigas), y pedir un informe al respecto, incluso también a otras instituciones» [21].

 En consecuencia con lo expresado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó en enero (2014) el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y advirtió que esta medida niega la justicia a las víctimas y favorece la impunidad. Mediante un comunicado publicado en su portal, la coordinadora afirmó que las 81 organizaciones que conforman este conglomerado están en desacuerdo con la medida tomada por el Ministerio Público.

En suma, las diversas organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y CNDDHH no han logrado tener una estrategia conjunta, con objetivos a largo plazo. Estas están unidas en el problema de fondo, es decir, la búsqueda de justicia frente al crimen de lesa humanidad aún impune. Cuando la coyuntura es grave no sólo se unen las ya mencionadas sino que a estas se adhieren Flora Tristán e incluso la cuestionada organización feminista Manuela Ramos, entre otras:

«Recordemos por ejemplo, en la última campaña electoral, cuando Rafael Rey salió a decir que las feministas no hicimos nada en su momento, pues salimos todos con documentos para demostrar que si se pidió cuentas al Estado. […] Salimos a responder en mancha y se entregaron cartas dirigidas a Fujimori y pronunciamientos» [22].

 La lucha es permanente pero fragmentada ya que responde a coyunturas precisas, debido al rol que algunas han tenido en el pasado y, sobretodo, a las diferencias entre sus agendas individuales, lo que resta potencia a sus acciones y objetivos comunes. 

Arte, activismo y esfera pública

La esfera pública, es por tanto «el mundo común» el que «nos reúne y sin embargo nos impide caer unos sobre otros» (Hannah Arendt) [23].

 A lo largo de estos dieciocho últimos años, sendas artistas de diversas disciplinas han dedicado su trabajo al caso de esterilizaciones forzadas. Así, el caso y sobretodo las mujeres afectadas por el PNSRPF han sido objeto de representaciones pictóricas, dibujos, posters gráficos, objetos, serigrafías, videos, instalaciones, entre otras expresiones artísticas. El feminismo en tanto movimiento social también ha sido encarnado por agrupaciones civiles organizadas que han desarrollado proyectos en la línea del arte activista. Este último ha sensibilizado a la sociedad y ha contribuido a mantener el tema de las esterilizaciones forzadas dentro de la agenda y la esfera pública. Por ello, haremos a continuación un breve recuento de dichas prácticas artístico activistas [24].

El 26 de mayo de 2011, en plena segunda vuelta de la campaña electoral 2011 entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, el Colectivo NoSINmiPERMISO, realizó la performance «Mi cuerpo no es tu campo de batalla» que ocupó las portadas de los periódicos locales del momento. Este acto artístico se manifestó durante la masiva marcha «Con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más» (también se le conoce como la Marcha 26M), convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en oposición a Keiko Fujimori [25]. Cynthia Astudillo interpreta esta perfomance en tanto ‘memoria emblemática’ contra el regreso del fujimorismo y a su vez, puntualmente sobre las esterilizaciones masivas forzadas. Un acto de «emprendedoras» de la memoria cuyo objetivo fue generar nuevas formas de pensar esta experiencia traumática y confrontarla [26].

Desde el año siguiente hasta la fecha, el proyecto ARTÍCULO 6: narrativas de género, fortaleza y política (2012) de diseño activista también buscó visibilizar el caso. El nombre del proyecto se refiere al ARTÍCULO 6 del Segundo Capítulo de la Ley General de Salud que determina que “toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia y a recibir información adecuada sobre los riesgos que su aplicación puede ocasionar”. La iniciativa de Lucía Cuba, se nutre de testimonios de las víctimas, fragmentos de discursos de políticos, investigaciones y leyes, etcétera, para construir prendas de vestir que se difunden a través de una serie de acciones (performances, meta-colecciones y piezas, exhibiciones, video, foto, conferencias y talleres). La divulgación del caso de esterilizaciones forzadas a través de este proyecto alcanzó el clímax nacional e internacional ese mismo año, cuando Lady Gaga, en una entrevista por el lanzamiento de su perfume «Fame» portó las prendas de ARTICULO 6 (MTV 09/14/12) y al año siguiente fue presentado durante la II Bienal Iberoamericana de Diseño [BID-DIMAD], Madrid, Noviembre 2012 – Febrero 2013 [27].

El proyecto Quipu colabora con comunidades rurales –desde el 2013 hasta la fecha– que fueron afectadas por la campaña de esterilización, para desarrollar un sistema de comunicación que les permitirá por medio de teléfonos, contar sus historias al mundo [28]. Sobretodo ha creado estrategias conjuntas con la comunidad de Huancabamba en Piura gracias al apoyo del IAMAMC-AMBHA. Este documental interactivo busca recoger y compartir algunos testimonios de las más de 300.000 personas que fueron esterilizadas en los noventas - muchas de ellas forzosamente o sin su consentimiento informado. El proyecto que se lanzó en el 2014, se inspiró en el sistema de comunicación a base de cuerdas y nudos utilizado por los Incas: el Quipu. De ese modo el proyecto está creando una narrativa colectiva de historias orales. Los participantes pueden grabar testimonios, así como escucharse a sí mismos y a otros, a través de una línea de teléfono interactiva y radios locales, mientras se conectan con un público más amplio a través de la web. Las mujeres al utilizar esta red de testimonios como herramienta, participan activamente cambiando su propio destino, ya que estas se empoderan al constituir las filas de la resistencia [29].

Por último, desde el 2013 hasta la fecha, se han venido realizando una serie de intervenciones efímeras en el espacio público denominadas Alfombra Roja congregando a miles de mujeres y colaborando activamente con la Alianza Feminista [30]. El proyecto artístico activista nace en Lima, Perú –a partir de una urgencia reflexiva y de una crítica feminista en torno a la teoría social, el espacio público y el arte– y se ha extendido tanto al interior del país como en el extranjero obteniendo la atención de la prensa local e internacional de manera continua [31]. El proyecto es el resultado de una práctica artística situada, del arte participativo, del arte político, del no-objetualismo latinoamericano y del arte intervencionista. Una serie de acciones cívicas que apelan a nuevas condiciones de producción del arte para dar forma de manera solidaria a una política afectiva.

Siguiendo este giro político-afectivo, las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas que viajaron desde la comunidad de Independencia en Ayacucho hasta Lima para presenciar el Tribunal de conciencia se unieron con entusiasmo a la intervención, logrando así la primera Alfombra Roja en la que participaron mujeres campesinas. También se visibilizó el archivamiento del caso de esterilizaciones forzadas en la intervención del 27 de enero de 2014 que se realizó en las escaleras de la Fiscalía de la Nación. El concepto opera y resemantiza la imagen de una alfombra roja para darle un significado de protesta a través de los medios de producción de la práctica artística colectiva. Tradicionalmente, una alfombra roja se utiliza para marcar la ruta tomada por los jefes de estado en ocasiones ceremoniales y formales. En el contexto actual, donde se pisotean estos derechos fundamentales, el uso del rojo en las personas echadas, a manera de una Alfombra Roja que interviene el espacio público: muestra sobre todo al Estado, la urgencia de tomar una nueva ruta en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos [32].

 Estos proyectos han ayudado a canalizar el discurso de la esfera pública al visibilizar, las denuncias, la protesta, la crítica y la resistencia. Aparece una red social sensible, atenta, activa, solidaria y creativa; dispuesta a romper filas.

El testimonio y las políticas de memoria

Sin duda alguna, los testimonios de las afectadas y de los afectados constituyen un recurso vital para la construcción de nuestra saturada memoria social sobre el conflicto armado interno en el Perú. También aquellos testimonios de los familiares en tanto afectados indirectamente. Los médicos, las enfermeras, las obstetras y todo aquel testigo dispuesto a revelar las verdades ocultas de nuestra historia, al margen del rol que haya desempeñado durante el PNSRPF, servirá para avanzar en materia de biopolítica.

A pesar de que dicha política (1996-2000) responde al marco del conflicto armado interno (1980-2000) no se la ha relacionado, ni se la ha incluido en dicho marco, por el contrario, a este hecho fundamental se le ha invisibilizado de las políticas de memoria. La escritora y antropóloga médica especializada en América Latina Kimberly Theidon ha reparado, a lo largo del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el Plan Integral de reparaciones (PIR) y el Registro Único de Víctimas (RUV), una constante:

 « […] el silenciamiento de la mayor forma de la violencia sexual infligida a lo largo de las dos décadas incluidas en el mandato de la CVR: la campaña de la esterilización forzada y las aproximadamente 270.000 mujeres cuyos cuerpos y vidas fueron alterados permanentemente».

Por ello, sus historias aguardan bajo la sombra del silencio, cual estruendo mudo esperan el momento, cuando el contenido de sus voces cantará nuestra verdad social.

Resistencia

La resistencia frente al caso de esterilizaciones forzadas en el Perú es producto de la interacción de una suma de actores –a veces fragmentados entre sí– que desde la experiencias de sus disciplinas y ética personal comparten una misma preocupación: la búsqueda de justicia social, económica y penal. Estos actores se focalizan sobre todo en crear herramientas que ayuden a generar el cambio social necesario para que esto no se repita en futuras generaciones. El caso, gracias a estos esfuerzos diversos, ha pasado de ser un tema tabú que invisibiliza a las víctimas, a formar parte del sentido común. Aunque en la opinión pública este caso aún genera polémicas estos esfuerzos han ayudado en paralelo al debate informado. Si bien se siente en las calles que la esfera pública considera ya el caso en tanto crimen de lesa humanidad, hay sin embargo algo nuevo que, la aún no escrita historia de la resistencia, señala firmemente: el paisaje panorámico del páramo social que sirvió de terreno fértil para el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

La historia de la resistencia, tanto local como internacional, se ha constituido desde la crítica postcolonial, cristalizando –no sólo en lo que respecta a la salud pública– las causas y consecuencias sociopolíticas y económicas a las que el PNSRPF responde y a su vez provoca. Las columnas de la resistencia frente al caso de esterilizaciones forzadas en el Perú, erigen las más profundas carencias humanas: la corrupción, el abuso de poder, la discriminación, el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia y en suma el desprecio por una cultura que sobrevive a pesar de los coloniales intentos de exterminio, el pueblo indígena.

Ante la ausencia de un estudio genealógico tanto por parte del Estado como por parte de la academia peruana y extranjera, la memoria activa de la sociedad civil juega un rol muy importante en la toma de consciencia y en la transmisión del conocimiento sobre las metodologías en las que opera la eugenesia contemporánea, cooptando no sólo el discurso feminista sino, el discurso de los derechos humanos y del desarrollo per se. Como señala Agamben (2000) los remedios humanistas son impotentes ante el extremo gesto de la biopolítica, y sólo encarando ésta como realidad mundial, como consecuencia paradójica de la promesa del desarrollo social y político de occidente, puede plantearse la resistencia. Las miles de mujeres y hombres afectados por el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, guardan entre los pliegues de su piel el conocimiento empírico postcolonial de la resistencia.

NOTAS

(1)        En el caso de Perú las políticas estatales con respecto al PNSRPF fueron diseñadas, coordinadas y organizadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La financiación del programa se le atribuye en gran medida a USAID, la Fundación Nippon y el UNFPA. Estas instituciones con objetivos humanitarios estaban estrechamente vinculados a las políticas demográficas y de seguridad nacional de los Estados Unidos en ese momento, como lo ilustra el National Security Study Memorandum 200 (NSSM-200) también llamado Informe Kissinger. En este sentido, Brian Clowes (2004) nos recuerda que en el NSSM-200 se implementa explícitamente una estrategia global en la que los Estados Unidos debe promover agresivamente el control demográfico en los países en desarrollo como una medida de seguridad y para regular o tener un mejor acceso a sus recursos naturales. Clowes (director de Human Life International) redactó el informe que dio lugar a que en el 2001 a que los legisladores estadounidenses recortaran los fondos a UNFPA por la administración Bush.

(2)        Ver, Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).  http://www.cverdad.org.pe/ifinal/

(3)        Sólo el 10% de 314.967 mujeres fueron esterilizadas dando un consentimiento genuino (CLADEM, 1999).

(4)        Para mayor información consultar: http://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm

(5)        En el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (Capítulo VII : Conclusiones, p. 106), entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ejecutó la esterilización de 314.605 mujeres y 24.563 varones. Según el Informe Defensorial 69, un total de 272.028 mujeres y 22.004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000): 81.762 casos en 1996;  109 689 en 1997;  25.995 en 1998;  26.788 en 1999; de 16.640 en el 2000, y de 11.154 en el 2001.

(6)        Ver: CHAVEZ Chuchón, Hector Hugo, et coll. Informe final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000, Sub-Comisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), Lima, 2002.

(7)        En palabras de Tamayo: «Físicamente me parecía preocupante, dentro de las delegaciones de mujeres que llegaron habían algunas que realmente lo miraban con devoción, me hacían acordar a Abimael Guzmán con sus mujeres. Para mí era chocante esa visión, iba totalmente en contra de mi feminismo y en contra de lo que yo creo en materia de derechos humanos, lo de la ley de amnistía, yo no se lo pasaba».

(8)        Hilaria Supa le dijo a Fujimori que le haría recordar sus palabras.

(9)        Entrevista inédita de Alejandra Ballón a Giulia Tamayo.

(10)      Ibíd.

(11)      Entrevista de Alejandra Ballón a María Ysabel Cedano.

(12)      http://www.iamamc.org.pe/ (sitio web de la organización).

(13)      Memorias del caso peruano de esterilización forzada. Compilación e investigación, Alejandra Ballón. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, Fondo Editorial, 2014. pp.149-203.

(14)      El testimonio completo lo pueden encontrar en el anexo: Piura. Testimonios de los afectados y del personal médico del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada”.

(15)      Ibíd.

(16)      Ibíd.

(17)      Hilaria Supa se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas y quechua hablante. Logró ser congresista y actual parlamentaria andina. En 1995 viajó a la China, a la IV Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing. Fue en 1997 cuando inicia las denuncias sobre las esterilizaciones forzadas, y junto al Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer-CLADEM. Luego continuó su lucha junto al Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional).

(18)      Entrevista de Alejandra Ballón a María Ysabel Cedano.

(19)      Entre los abogados de DEMUS que han defendido penalmente casos de esterilización forzada tenemos a Isabel Rosas, Jeannette Llaja, Diana Portal, Rossy Salazar y en la actualidad a Julio Arbizu y Pedro Espadin.

(20)      El Blog «Archivo PNSRPF» (http://1996pnsrpf2000.wordpress.com/) abierto al público desde julio del 2011 —con el fin de recopilar y difundir el archivo digital más completo sobre el caso de las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) entre los años 1996-2000— en el Perú incluye todo tipo de documentos textuales (informes, tesis, ensayos, reportajes, bibliografía, etc.), documentos visuales (documentales, videos, fotografías, pinturas, etc.), enlaces de las organizaciones feministas, proderechos de la mujer y derechos humanos, así como, de las instituciones internacionales implicadas en el programa. Este se alimentó desde febrero del 2012 y se hizo público el 5 de abril de 2013.

(21)      Memorias del caso peruano de esterilización forzada. Compilación e investigación, Alejandra Ballón. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, Fondo Editorial, 2014. pp.290-303.

(22)      Entrevista de Alejandra Ballón a María Ysabel Cedano.

(23)      Hannah Arendt, (1958), The Human Condition, Chicago, Illinois: University of Chicago Press, p. 52. La cita original en inglés: For Hannah Arendt, the public sphere is therefore “the common world” that “gathers us together and yet prevents our falling over each other”.

(24)      Ver un listado exhaustivo de dichas prácticas artísticas:

http://1996pnsrpf2000.wordpress.com/documentos/arte/

(25)      La Marcha 26M se desplazó desde la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima hasta el Campo de Marte, en Jesús María y congregó a más de 20.000 personas.

(26)      [Cynthia Astudillo. «Mi cuerpo no es tu campo de batalla: performance y memoria emblemática sobre las esterilizaciones forzadas masivas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori». En Revista Argumentos, año 6, n° 2. Mayo 2012. 

Disponible en http://revistargumentos.org.pe/performance_y_memoria.html ISSN 2076-7722.

(27)      http://www.articulo6.pe (sitio web del proyecto).

(28)      La línea de teléfono gratuita para escuchar y/o grabar testimonio es el 0800-710110800-71011.

(29)      http://www.proyectoquipu.com (sitio web del proyecto).

(30)      https://www.facebook.com/AlfombraRojaPeru (sitio web del proyecto).

(31)      Dentro del territorio nacional en Arequipa, Iquitos, Lambayeque, La Libertad, Tacna y Cajamarca. En el extranjero las Alfombras Rojas se han extendido en Chile, luego en Bolivia, Suiza, Colombia, Ecuador, España y por último en Guatemala. Para más información ver el listado de los artículos de prensa local e internacional: https://www.facebook.com/notes/alfombra-roja-peru/prensa/295495320593089

(32)      Ballón, A. (2014). Una forma posible de política afectiva. Revista A&D Publicación del Departamento Académico de Arte, Pontificia Universidad Católica del Perú. Año 2, Nº 2, 2013.

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ENTREVISTAS

CEDANO, María Ysabel. Directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Entrevista inédita de la autora, 21 de setiembre de 2014, Lima.

TAMAYO, Giulia. Abogada, ex-directora de Flora Tristán y defensora de los derechos humanos CEDAW y Amnistía Internacional,  Madrid. Entrevista inédita de la autora, 24 de agosto 2011. Madrid.

* Alejandra Ballón Gutiérrez es Doctoranda del departamento de Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París y Magíster del programa en investigación Crítica, Curaduría y Cibermedia (CCC) de la Universidad de Arte y Diseño (HEAD) de Ginebra. La artista e investigadora peruana ha promovido desde esos centros una investigación que interrelaciona lo social, la política cultural y la crítica.

Su investigación y práctica artística se enfoca desde el año 2010 en torno a la problemática social de la salud pública y los derechos de la mujer en el Perú. Desde el 2013 es investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA, Lima) y colaboradora del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC, Piura).

Es compiladora e investigadora del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada” (2014). Desde abril 2012 funda y dirige el proyecto “INCA. Investigación Nacional Crítica y Arte”, por el cual recibe el “Prince Claus Fund for Culture and Development” de Holanda. También es docente en la facultad de artes de la PUCP.