Conferencia de la Dra. Guadalupe Godoy: “Justicia, historia y memoria. Los juicios por delitos de lesa humanidad en La Plata desde la perspectiva de la querella”

Godoy en PDF/Conferencia

La conferencia que aquí compartimos tuvo lugar el 3 de abril de 2014. Fue organizada por la Maestría en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP-Argentina) y la presentación estuvo a cargo de la Prof. Ana María Barletta, Coordinadora de la Maestría.

Ana María Barletta: Muy buenas tardes, hoy tenemos el gusto de presentar una conferencia de la Dra. Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López.

Guadalupe intervino como abogada querellante en destacados juicios de nuestra ciudad en los últimos años. En el año 2006, aquel en el que fue condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el que se reabrieron las causas en la región; en el año 2007, participó en el proceso que se llevó adelante al cura Christian Von Wernich y luego en los que se realizaron por la Unidad Penal Nº 9 y por los centros clandestinos del llamado “Circuito Camps”.

Esta no es la primera vez que concurre a nuestra facultad. Nos hemos encontrando con Guadalupe en numerosas oportunidades previamente, sobre todo por un tema que nos sigue preocupando: la desaparición de Jorge Julio López y la impunidad en torno a su causa. López fue un testigo muy importante en el juicio a Etchecolatz, en el primero de estos juicios penales que se hizo en La Plata, y desapareció en el momento de los alegatos, previo a la lectura de la sentencia. Desde aquel momento, 18 de septiembre del 2006, continúa desaparecido, y ella es una de las abogadas comprometidas en seguir adelante con esa causa, empeñada en tratar de darle visibilidad a un hecho que nos sigue consternando muchísimo.

En el marco de la Maestría nos interesan mucho los juicios de lesa humanidad, y nos parece fundamental analizar que la ciudad de La Plata ha producido gran cantidad de hechos vinculados a los derechos humanos, desde la misma constitución de organizaciones tan importantes como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. de desaparecidos. Así como también, en los tiempos en que estaban suspendidos los juicios por las leyes de obediencia debida y punto final, La Plata comenzó con los Juicios por la Verdad. Juicios que aún cuando no tenían posibilidad de penalizar a los genocidas o a los responsables de delitos aberrantes, de todas maneras hicieron una apuesta fuerte por encontrar la verdad que significa respecto de cómo se había desarrollado la represión, cómo se había dado la organización de la represión, la organización de los equipos de militares y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en ese sentido, en La Plata se ha producido un material muy importante que en la Maestría se podría estudiar, para colaborar con las tesis en la interpretación de la historia reciente argentina a partir también de esas producciones.

Entonces esta charla busca ser una inspiración para nuestros estudiantes y también una actividad para acompañar el juicio que se está desarrollando en estos momentos, el juicio por los crímenes cometidos en el CCDyT La Cacha, porque es importante que lo acompañemos con nuestra presencia en ese lugar y también con nuestras ideas. Así que bueno, los dejo con Guadalupe y la escuchamos, doctora.

Guadalupe Godoy: Bien, buenas tardes. Lo primero que quiero aclarar es que la charla es justamente desde la perspectiva de la querella y que la querella es entendida en este caso no como un grupo de abogados que representa intereses, como si esos intereses fueran los de un “cliente”, sino como abogados militantes, integrantes de organismos de derechos humanos que son los que han vehiculizado gran parte de la lucha durante los últimos 38 años, reclamando justicia. En realidad, no son sólo los organismos, son también organizaciones políticas, son organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, y por lo tanto lo que digo, lo digo desde esa experiencia, de haber integrado lo que fue durante estos años un colectivo llamado Justicia YA! formado por esas organizaciones querellantes para lograr acuerdos político jurídicos a la hora de llevar adelante los juicios, es decir, los acuerdos y las metas no son exclusivamente jurídicas porque sería un absurdo pensar que un proceso de juzgamiento como este hay que pensarlo desde el debate jurídico y desde ese lugar vamos a analizarlo.

Es difícil partir de los juicios de La Plata desde el 2006, si uno no ve cuál es el contexto histórico con el que llegamos hasta aquí y en realidad, es difícil irse para atrás también, definir cuál es el mejor punto para arrancar. Yo elegí 1984. Me parece que es importante ver, en primer lugar, que cuando termina la dictadura cívico militar ya deja una herencia que es la ley de auto-amnistía que los propios militares fijan para evitar… para garantizarse la impunidad, y por lo tanto, la primera ley que el gobierno radical tuvo que tratar en el Congreso fue justamente la anulación de esa auto-amnistía. Ahí, en ese punto, uno ya puede ver cuáles son las discusiones que va a haber y que van a continuar a lo largo de todos estos años, porque lo que estaba en discusión desde el principio era cuáles iban a ser los límites del juzgamiento. Cuántos, a quiénes, cómo se hace para juzgar algo como lo que pasó en la Argentina.

Y mientras se tramita esa derogación, Alfonsín firmó dos decretos, los famosos decretos 157 y 158, que son los decretos que fijaron lo que ya se conocía pero se fortalece a partir de ahí como la teoría de los dos demonios, es decir, uno de los decretos ordena el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones armadas, los sobrevivientes de esas cúpulas, y el otro, promueve la persecución penal de los jefes de la Junta. Entonces teníamos por un lado siete, del otro nueve. Ese es el planteo de juzgamiento que hay en un primer momento. Después hubo también tres o cuatro pero que tenían que ver con la cuestión ya más obscena de aquellos que reivindicaban la tortura y la desaparición de personas como mecanismo en los medios de comunicación, los casos más notorios fueron Camps, Menéndez y Chamorro. Que no es casual, Camps, el jefe del Circuito Camps, de lo que era la Policía de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares por donde más exterminio hubo, el otro, Córdoba y el otro, E.S.M.A. Es decir, por un lado una compensación 7-9, por otra estos tres casos paradigmáticos.

Mientras tanto, los organismos de derechos humanos ya reclamaban otras cuestiones. Todavía se reclamaba la aparición con vida, porque simultáneamente a que se daba esta discusión, todavía estaba la demanda por saber cuál había sido el destino de los detenidos desaparecidos, aparecían las llamadas por ejemplo de Viñas, una detenida desaparecida que llama a su familia y que se conoce esa grabación. Seguían todas esas dudas, seguía el reclamo por los chicos apropiados, y estaban los reclamos, mucho más políticos, que tenía que ver con el desmantelamiento del aparato represivo y eso significaba un reclamo a que esta transición democrática modificara lo que habían sido las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad implicadas… Había también todo un reclamo que tenía que ver con la designación de nuevos jueces, con revisar lo que habían hecho los jueces durante la dictadura. Estaba la discusión de qué se hacía con todas las leyes que durante esos años se habían aprobado… Bueno, Alfonsín saldó todos estos reclamos con lo que fue la comisión de notables, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), a la cual le encargó, en un plazo perentorio, que hiciera una investigación sobre lo que sucedió en el país.

Ahí también hubo una discusión muy profunda en los organismos, que tenía que ver con decidir si participar o no, porque muchos decían que de esa comisión lo que iba a salir era un certificado de defunción sobre los desaparecidos y que, por lo tanto, el rol de los organismos tenía que ser mantener la vigencia del reclamo de qué pasó, quiénes fueron, dónde están. Algunos organismos aceptaron, otros no. Pérez Esquivel, por ejemplo lo rechazó. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos puso mucha de su estructura a disposición de la comisión durante todos esos años, ya se habían recolectado algunas denuncias, algunos testimonios, había quedado muy poco porque los militares antes de irse saquearon los archivos de esas organizaciones de derechos humanos, especialmente el de la L.A.D.H., la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y en el medio de toda esta discusión se decide finalmente que el juzgamiento de las Juntas lo van a llevar adelante las propias Fuerzas Armadas a través del Código de Justicia Militar. Esto significaba que iban a ser juzgados por sus camaradas. Y es importante remarcar este primer juzgamiento porque muchos de los sobrevivientes el primer contacto que tuvieron con lo que es un testimonio y la declaración fue ese Consejo, ese Consejo que los llamaba y que muchas veces hacía ir al sobreviviente al mismo lugar donde lo habían secuestrado a declarar frente a tipos que, muchas veces, habían sido los jueces que los habían condenado en los pocos consejos de guerra que hubo durante la dictadura. Y ese es el contexto en el cual fueron esos primeros testimonios. Un contexto, además, insisto, donde la vigencia de la teoría de los dos demonios hacía que exclusivamente uno pudiera ir a decir a quién había visto o a quién no y que después, en el Juicio a las Juntas, incluso se iba a poner en discusión eso.

Bueno, finalmente los militares se negaron a juzgar a sus camaradas, y después de idas y venidas con todo esto, sumado a las presiones militares al gobierno de Alfonsín, se llegó al Juicio a las Juntas que conocimos. Ante la negativa del Consejo Supremo de juzgar, la Cámara Federal de Apelaciones se abocó, sortearon a un fiscal, y remarco “sortean” porque ahora andan “vendiéndolo”  como “paladín de los derechos humanos” pero Strassera no era más que un fiscal de la dictadura que resultó sorteado para llevar adelante ese proceso.

Y así se inició un juzgamiento que tuvo como elemento previo la entrega del Informe de la CONADEP al Poder Ejecutivo. Ese informe otra vez consolidó la teoría de los dos demonios con un prólogo que dice que hubo dos terrorismos de diverso signo, un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Un poquito más condenable el terrorismo de Estado pero en definitiva había ahí una lectura que se impuso también para lo que iba a ser el Juicio a las Juntas, digamos. Condicionó ese juicio.

En torno al Juicio a las Juntas, por un lado, hubo ya un discurso de quienes lo rechazaban que es muy similar al que hoy día pueden encontrar cualquier domingo en el diario La Nación, que es en general el que publica editoriales, que si uno conoce la pluma, son varios de los genocidas condenados, que están escribiendo los domingos. Entonces estaba todo ese discurso que planteaba que los juicios eran un circo en el cual se quería exhibir horrores y que por otro lado eran venganza.

El gobierno radical estaba muy complicado con la cuestión militar y en cierta forma aceptó esa presión y tomó una decisión a la cual los jueces, hay que decirlo, los jueces de la Cámara Federal se opusieron, y bastante, que es que los juicios no podían ser televisados. Solamente dos minutos, sin audio, con un ingreso muy estricto de la prensa. La prensa no podía filmar, no podía sacar fotografías, no podía hacer nada, y también se pauta un ingreso muy restrictivo del público. Todo lo que se conocía, se conocía por los directamente interesados, los afectados, que iban y compraban lo que fue el Diario del Juicio y demás, pero el resto de la información era una información que salía muy parcializada y sobre todo muy concentrada en lo que tenía que ver con los horrores: con los tormentos, con las torturas, con esas cuestiones.

Esto que marcaba de que los jueces se negaban, tiene que ver con que hubo ahí una situación bastante compleja, porque esa Cámara que tuvo que juzgar se daba cuenta de que uno de los objetivos, y de hecho en los medios de la época se hablaba de eso, era que se esperaba que la sentencia hiciera una calificación de lo que se llama la obediencia debida, es decir, había una expectativa de parte de muchos de que la sentencia fuera clausurante de nuevos procesos.

Fue un juicio en el que los sobrevivientes sufrieron mucho maltrato, así lo han relatado, maltrato por parte de los defensores. Además de que las pertenencias políticas no podían ni siquiera mencionarse. Durante esa época llegaron a las redacciones de los diarios “anónimamente” los legajos con los historiales de los 40 que iban a declarar como testigos, con todo lo que eso implicaba… Es decir, había una sensación clara de persecución y además estaba esta sensación de la endeblez de estos primeros años de transición democrática. Lo que decía hoy de la perversidad que tenían algunas situaciones del Juicio a las Juntas. El juicio se hizo con un código que, obviamente, como cualquier código previo al siglo XX, no estaba preparado para genocidios. Los genocidios son propios del siglo pasado. El código penal argentino, aunque redactado en 1921, estaba inspirado en las ideologías más conservadoras del siglo anterior.

Había tal perversidad, digo, en esto de intentar juzgar delitos como los que se tenían que juzgar, con códigos comunes, que una de las cosas que pasaban era que los delitos, la privación ilegal de la libertad, los tormentos, y demás, prescribían. O sea, en un plazo determinado, si no se juzgaban, prescribían. No estaba todavía incorporada la idea de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y mucho menos, la figura de la desaparición forzada de personas. Adriana Calvo relataba las dificultades del testimonio durante el Juicio a las Juntas. Los casos que se dieron por prescriptos, los que se consideraron no probados aún con el testimonio de la víctima (por ejemplo, para los tormentos, el testimonio de la víctima no era suficiente) o el relato que se consideraba insuficiente para sostener la prueba. En la sentencia dice, por ejemplo, sobre María Adelia Garín de De Angelis: “En cambio no se halla acreditado que en ocasión de su cautiverio fuera sometida a algún mecanismo de tortura. Lo expuesto por Adriana Calvo de Laborde que afirma que María Adelia Garin de De Ángelis fue reiteradamente torturada, no aparece avalado por ningún otro elemento de prueba.”

Y lo remarco, por todo lo que eso generó, como carga para aquel que tiene que ir a testimoniar y tiene que descubrir de golpe todas estas elucubraciones jurídicas que son tan contrarias, digamos, a una realidad tan evidente como lo que había pasado en el país.

Creo que en parte por eso mucho de lo que uno ve en los sobrevivientes que militan y que pelean por estos juicios es que son prácticamente expertos. No. No son prácticamente, son expertos en cuestiones jurídicas, tiene que ver con esto, con el haber tomado conciencia de lo poco preparado que estaba un sistema judicial para esto, desde dos punto de vista, digo, desde esa estructura que no preveía genocidios por un lado y sobre todo desde la carga profundamente ideológica del Poder Judicial que, hasta poco tiempo antes, mandaba a la gente, avalaban las prisiones a disposición del Poder Ejecutivo, o que en el lenguaje cotidiano se referían a ellos como delincuentes subversivos.

La sentencia del Juicio a las Juntas tiene muchos valores históricos. El primero es que fue la primera vez que un país juzgó su propio genocidio. El antecedente, el juicio en Nuremberg, se trató de potencias que ganaron una guerra y juzgaron a los vencidos. Y, además de ese valor histórico, tuvo un punto que es el que nadie esperaba, creo, que es el punto 30 de la sentencia del considerando, que es el que dice que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iba a tener que juzgar a los mandos inferiores que hubieran ejecutado las órdenes que estos miembros de la Junta habían realizado. Es decir, abrió un abanico gigantesco y ahí empezó, otra vez, con mucha más fuerza, la discusión sobre cuál iba a ser el límite del juzgamiento.

Y los límites del juzgamiento se encontraron rápidamente. El proceso político argentino hizo que se encontraran, los acuerdos, las ambivalencias, las imposibilidades de pensar más allá, de muchos de la clase política y, en el año ’86, el 24 de diciembre, navidad, se dictó el Punto Final. El Punto Final implicaba que se extinguía la acción penal para todo aquel que no estuviera ni prófugo ni rebelde y que todavía no hubieran indagado. En realidad con eso se pensaba que se terminaba todo porque se daban solo 60 días. El plazo vencía el 28 de febrero, del año siguiente y en enero hay feria judicial, con lo cual en 30 días había que denunciar y esos juzgados tenían que llamar a indagatorias, encontrarlos… Y ahí se produjo una reacción que seguramente fue en parte provocada por lo que generó el Juicio a las Juntas y con lo que generó el informe de la CONADEP, porque no es gratuito, de golpe tener dimensión de lo que había sucedido en el país, y se produjo un fenómeno, insisto, inesperado. La mayoría de los juzgados federales habilitaron la feria en enero, es decir, abrieron las puertas e hicieron avanzar muchísimos casos. Se trabajó, bueno, ahí el rol de los organismos fue central, creo, uno de los más importantes momentos históricos porque además era un momento políticamente muy difícil para hacerlo. Y al vencimiento de esa fecha, al contrario de lo que se esperaba lograr con la ley, 300 oficiales estaban en condiciones de continuar procesados.

Después de esto vinieron nuevos alzamientos militares, la rebelión de Semana Santa, y entonces se produce la aprobación de la Ley de Obediencia Debida en junio del ‘87. Ahí directamente decía “se presume sin prueba en contrario”, o sea, ya todas las discusiones que se habían tenido durante mucho tiempo son dejadas de lada. Establece que sin prueba en contrario se presume que se obedeció órdenes, excepto los famosos excesos. A eso se refiere el cantito de “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”.

Bueno, los excesos. Por exceso se entendía al delito de violación, al delito de robar inmuebles, es decir los casos en que se hubieran quedado con los inmuebles de los desaparecidos, y la apropiación de niños. Eso fue lo único que se mantuvo en vigencia como posibilidad de juzgamiento. Y terminamos entre 1989 y 1990 con los indultos de Menem que echaron por tierra todas estas virtudes y todo lo bueno que había tenido la primera etapa de enjuiciamiento.

Ahí empezó un proceso de resistencia, que fue un proceso con las mismas características del proceso de resistencia que hubo en nuestro país en todos los ámbitos de la vida durante los años ’90. A los organismos les tocó resistir toda esta etapa y a toda esa impunidad y se fueron encontrando estrategias jurídico políticas que bueno, creo que son únicas… Sí, son únicas. Se encontraron estrategias como el escrache. Me refiero al surgimiento de H.I.J.O.S. en el ’95, con una consigna que era “si no hay justicia, hay escrache”, los juicios populares que hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo con muchos organismos, y por otro lado, en esas estrategias jurídicas se empezó a rastrear otras opciones.

Por un lado, se llegó a España con todo lo que significó en el ’96 la apertura de los juicios allí y Garzón, habilitando que muchísimos testigos pudieran ir y llevar las pruebas para allá. En Italia pasó lo mismo, en Alemania también. Todo obviamente muy acotado, muy difícil, muy complejo pero avanzando. Y por la acción de otros organismos de derechos humanos, se logró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solución amistosa con el estado argentino, “Lapacó”, donde el estado se comprometió a aceptar y garantizar el derecho a la verdad.

Así se habilitaron los Juicios por la Verdad. Que también fueron juicios muy complejos, también hubo mucha discusión en los organismos porque había una cierta cuestión de impotencia en lo que significaba el llevarlos adelante sin posibilidad de condena. Simplemente se invocaba el derecho a la verdad, para saber el destino de los compañeros desaparecidos y no se podía condenar a nadie. Yo fui de las que protestaba al principio, además porque era una época muy complicada con una fuerte criminalización de la protesta y de la pobreza. Eran años muy duros y esta cosa de bueno, está bien, los abrimos, investigamos, pero no hay una posibilidad real de condena, era duro. Fue duro, pero después pudimos tomar conciencia de que lo que se hizo durante esos años fue acumular una prueba invalorable que es la base de lo que hoy se construye y también entender que hay ciertos mecanismos negadores cuando uno no quiere asumir que lo que está pendiente, lo que sigue pendiente hoy, a pesar de las condenas y todo, es la reconstrucción de lo que pasó. Y me refiero a lo que pasó en toda su dimensión. Yo pienso en el Juicio por la Verdad en Mar del Plata. Lo que significó que se hablara de una C.N.U. que seguía adentro de la Facultad de Derecho, seguía adentro del Colegio de Abogados, seguía dentro de la Justicia Federal. Implicó empezar a tomar conciencia de toda esa convivencia que teníamos cotidianamente con los cómplices y con los que formaron parte del aparato represivo, eso fue realmente muy fuerte.

Y ahí el testimonio cambió. El testimonio del sobreviviente es distinto, es un testimonio donde ya no es como en el Juicio a las Juntas en el que el interés era exclusivamente el dato que permitía la condena de tal, sino el interés de la reconstrucción minuciosa de quién se había visto en cada centro clandestino, de qué había pasado, pero además en un ámbito mucho más… ¿cómo decirlo? Sí, mucho más amable. La ausencia de defensores del otro lado también implicó una riqueza en esos testimonios que permitió empezar a mostrar también judicialmente más cosas. Ya no era la descripción de la tortura, porque eso ya estaba, ya estaba probado, ya no era necesario. Sino que se empieza a hablar de las pertenencias políticas, el “que yo vi a tal que era un compañero que no sé cómo se llamaba pero sí me acuerdo que militaba acá y que iba a tal Facultad y que me contó tal cosa”, entonces lo que empieza a aparecer es quiénes habían sido las víctimas. Quiénes y por qué también.

Bueno. Y llegó el 2001, primero, con la nulidad de las leyes que empieza a tomar fuerza a partir de fallos judiciales. Obviamente, nada de lo que sucedió después hubiera sido posible sin lo que significó diciembre del 2001 como punto de inflexión y como punto en el que muchísimos de los reclamos populares tanto tiempo contenidos por el neoliberalismo se expresaron.

Y llega el 2003 con la anulación de las leyes de impunidad. Es decir, llegamos a la etapa actual de juzgamiento. El primer juicio en La Plata es en el 2006. Nos agarró muy mal, muy mal, porque en el medio la irrupción del kirchnerismo generó todas las divisiones habidas y por haber dentro del movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos que de golpe veía que muchas de esas reivindicaciones que siempre habían pertenecido a un sector minoritario del campo popular, se tomaban desde el Estado, había un presidente que pedía perdón… La discusión sobre qué hacer con ese proceso histórico no se saldó al día de hoy, pero bueno, el momento más álgido fue el 2006. El 24 de marzo del 2006 se produjo una escisión en la Plaza de Mayo, fue la última vez que se hizo una marcha unitaria (a partir de ahí hay siempre dos marchas). 15 días después de eso llegó la cédula notificando que se elevaba a juicio la causa Etchecolatz, así que bueno, no fue el mejor momento, mentiría si dijera, “planificamos durante años que íbamos a pedir genocidio”.

Y además, también ahí en el campo jurídico había complejidades, porque en general los abogados que participábamos de ese espacio, insisto, de los espacios que tienen que ver con las querellas, somos abogados militantes, la mayoría no es penalista. Es muy difícil que un abogado que tiene así una militancia muy sostenida desde el campo popular sea penalista… en general son laboralistas. Son laboralistas obreros, además, y penalistas de a rato… La experiencia de los penalistas estaba asociada a la defensa contra la criminalización de la protesta, al caso del Puente Pueyrredón, o sea, ese tipo de cosas que hacía que uno estudiara… Pero en general nuestra experiencia se reducía a “coacción agravada”, a “asociación ilícita”, ese tipo de cosas, esas figuras, “corte de ruta”.

Así que fue duro el inicio, porque además, varios de los penalistas, bueno, habían quedado en esta fractura… Así que cuando empezamos el primer juicio, lo hicimos en representación de tres querellantes que eran la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y los sobrevivientes Nilda Eloy y Jorge Julio López.

Muchas veces no se dice eso pero Jorge Julio López no era solamente un testigo, era un querellante. Era una persona que había asumido un rol que implicaba que los que estábamos ahí hablábamos también en su nombre. Y fue un juicio donde pudimos, por muchos motivos, yo creo que fundamentalmente porque fue en la ciudad de La Plata, con toda la historia que tiene encima la ciudad de La Plata,  pudimos romper ese paradigma que había del Juicio a las Juntas. También creo que fue porque todo el mundo estaba distraído. Olvidémonos de que hubo una gran planificación estatal, que el Poder Judicial, la Procuración, se pusieron a pensar cómo hacemos. No. Olvídense. Fuimos a ver al juez, el juez no tenía una sala con suficiente espacio para hacerlo, empezamos a preguntar, le dieron la Municipalidad. En realidad primero lo íbamos a hacer en la sala y dijimos, “No. Esto se va a llenar de gente”. No olvidemos que estaba el mundial en ese momento. Esto va a estar lleno de gente todo el día, y entonces no, necesitamos una sala más grande. Se hizo en la Municipalidad. Y fue muy simbólico hacerlo en la Municipalidad. Por ahí por una pavada pero que en ese momento generó mucha polvareda. Como era un salón, no era un Tribunal, acondicionaron el salón y no pusieron el crucifijo, bueno. Hubo grandes quejas de parte del Poder Judicial por la ausencia del crucifijo. Atrás había un espejo simplemente, con lo cual además el efecto que tenía para quien declaraba, era que lo que veía era sus compañeros que estaban atrás, no el crucifijo. Veía el espejo.

Entonces los sobrevivientes, los familiares, hablaban, y cuando declaraban, hablaban de esas pertenencias políticas, de esas pertenencias, sobre todo en La Plata, de lo que significaba la universidad, de quiénes, cómo, cuándo, y se empezaba a ver que no alcanzaba con lo que es la suma de delitos por los cuales teníamos que imputar a Etchecolatz, que eran exclusivamente homicidios. Y también, y esto es bueno decirlo porque en ese contexto empieza a surgir por parte de la derecha una reacción, frente al incipiente juzgamiento, y empiezan a hablar de abrir una causa por el caso de Larrabure. Y entonces empezamos a pensar estrategias, decíamos bueno, cómo se neutraliza esto. En esos días viene Zaffaroni a dar una charla a la Facultad de Derecho y cuando estaba terminando alguien le preguntó si el caso Larrabure se podía considerar de lesa humanidad. Porque era la pretensión de la derecha para poder abrirlo. Ahí empezamos a pensar que había que precisar los términos porque justamente ni hablar de masacre indiscriminada explica el fenómeno de lo que sucedió en nuestro país ni en el resto de los países de Latinoamérica que fueron víctimas en la misma época, producto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y tampoco nos permitían neutralizar esto que ya veíamos como una posibilidad cierta, digamos, de reacción. Y así surge la idea de plantear el genocidio.

El genocidio surge primero porque fue un reclamo histórico, o sea, toda la vida se había dicho que esto había sido un genocidio. Segundo porque en el Juicio a las Juntas no había querellas pero el equipo jurídico de los organismos de derechos humanos que estaba sosteniendo y tratando de ver cómo podía incidir, integrado entre otros por Eduardo Barcesat, en ese momento, decía que la figura con la que había que leer lo que había pasado en nuestro país era genocidio. No encontramos argumentos jurídicos. Hace pocos días, Zaffaroni, hablando de genocidio decía que la criminología no tiene la capacidad al día de hoy de tomar un tema como ese, en lo que significa las masacres con intencionalidad. Pero sí encontramos un sociólogo que es Daniel Feierstein, Daniel llevó muy en solitario al principio la discusión de la lectura de genocidio. Nosotros nos dimos cuenta fácilmente que era lo que se necesitaba en muchos sentidos. Es lo que permite explicar por qué sucedió lo que sucedió, para qué sucedió, qué se quiso hacer, es decir, ya no es una masacre indiscriminada sino que implicaba el exterminio de un sector social que es un sector al cual se quiso erradicar para poder darle a la sociedad la forma que se pretendía. Esa gente tenía que ser exterminada.

Hay toda una discusión ahí que seguramente verán, me imagino, que son las discusiones sobre qué quedó adentro y qué quedó afuera del concepto de genocidio porque el concepto de genocidio se creó después de la Segunda Guerra Mundial y en realidad es un concepto que se ajusta al holocausto y nada más. Ninguno de los genocidios que hubo después encajan ahí. Y además las prohibiciones y mezquindades que tenían que ver con la etapa de posguerra tampoco permitieron que los grupos políticos quedaran incluidos, entonces es un concepto que nació viejo, que no sirve para comprender todos los fenómenos de masacre masiva que hubo con posterioridad -y los que sigue habiendo- pero que se ajusta y bastante a lo que sucedió en nuestro país.

Bueno. Hicimos ese planteo. Fue la primera vez que se pidió genocidio a un Tribunal del propio país, fue muy difícil todo, muy engorroso, muchas discusiones con el resto de las querellas, mucha dificultad en entender… bueno, muchas dificultades. La sentencia que se logró jurídicamente no es genocidio. Define a los delitos como de lesa humanidad en el marco del genocidio que se llevó a cabo en nuestro país entre los años 1976 y 1983. La realidad es que el valor que tiene es que rompe a nivel judicial con esa lectura de la teoría de los dos demonios que había quedado tan instalada en nuestro país.

Hubo muchas resistencias al principio, se hicieron congresos donde había 30 ponencias de por qué no era un genocidio. Ahí empezaron a escribir todos los juristas, todos los que no habían escrito durante estos años de derecho. Todos, el por qué no era un genocidio, y se sigue escribiendo. Nosotros lo entendimos en ese momento, como muchas cosas, pero entre ellas como una reacción a lo que implicó la desaparición de López. Porque esa idea “Si se nos fue la mano, se pudre todo”, creo que también sobrevoló en su momento, en esa primera etapa de juzgamiento en los ’80 y salió en esos días del año 2006 una columna que se llamaba, “Como la mujer del César”. Y era un planteo, no recuerdo quién la escribió ¿Página 12? Progresista. No estoy hablando de la derecha tratando los juicios. Estoy hablando de lo que generó en el propio campo popular la desaparición de López y el impacto que tuvo. Al día siguiente del fallo, todo el mundo hablaba del genocidio. Tres días después, una vez que se tuvo la certeza de que López estaba desaparecido, empezaron estas dudas, estos mecanismos. Ese artículo, “Como la mujer del César”, decía que la justicia no sólo tenía que serlo sino que parecerlo y que en realidad ese tribunal en La Plata, con el quilombo que se había armado al final, el quilombo de pintura y los compañeros gritando “Asesino,” y que éramos muchos querellantes de un lado y un pobre defensor solo del otro, generaba digamos una ilegitimidad de los juicios. Era, por eso decía al principio, era el mismo discurso que uno podía ver en los ’80, pero en la derecha estaba ese discurso en los ‘80. La dificultad acá es cómo esa desaparición activó esos mecanismos de miedo y esos mecanismos, que en nuestro país están tan incorporados. Fue bastante difícil después seguir. Muchos dudábamos de cómo íbamos a poder...

Después llegó el segundo juicio, piensen lo que implicó para los testigos. Ya en esa época habíamos empezado a argumentar, lo hicimos antes de la desaparición de López, el alegato estaba preparado antes. Ya ahí en el alegato reclamábamos la necesidad de unificar los juicios. Primero, porque para poder ver esto del genocidio no se ve en los casos aislados, no hay forma de verlo si uno no puede tener ese cúmulo de casos que permitan entender lo sucedido como procesos históricos. Reclamábamos también, pensando ya en lo que significaba la revictimización, pero no planteábamos la revictimización como una cuestión de seguridad. Lo planteábamos por el derecho que tiene cualquier sobreviviente por ejemplo a no tener que testimoniar, digamos, el testimonio implica ponerse en un lugar que necesariamente es de víctima. Porque quien va a declarar, el juez le dice “Usted es víctima”. Entonces la necesidad de que ese sobreviviente pueda ponerse en su lugar, en su rol de militante, y no constantemente en esta cosa del reclamo de justicia, el desgaste que genera, el derecho a recordar lo que hay que recordar y olvidar los detalles que no son necesarios y que cualquiera necesita olvidar.

Pero el siguiente juicio nos sorprendió, cómo los compañeros que muchos ante el primero planteaban ahí algo como “Oh, basta, yo ya declaré en la causa 44, la causa 13”… sí se volcaban a participar. La desaparición de López reafirmó la necesidad de los juicios, es más, algunas discusiones que habíamos tenido sobre ¿cuál es el sentido 30 años después, cuál era el rol del gobierno? Y cosas por el estilo. Bueno. El tema de tener tan palpable la capacidad del aparato represivo de seguir defendiéndose fue muy fuerte, realmente muy fuerte.

A partir de ahí, los juicios que hubo en La Plata nos fueron permitiendo visibilizar y darle contenido a esta famosa complicidad civil y darle pié a lo que es hoy algo que parece tan normal pero que hace años, parecía imposible hablar que es el rol de los medios, el rol de la Iglesia, el rol del poder judicial, o sea, la revisión de todos y cada una de las instituciones que permitieron, favorecieron y fueron parte del genocidio...Por ejemplo, el juicio a Von Wernich, buen, en eso fue paradigmático poder ver el rol de la Iglesia. O el juicio a la Unidad 9, que nos permitió ver una pata anterior, porque en general los presos políticos que allí estuvieron fueron detenidos en los años ’75 y en el inicio de la dictadura, y si uno ve la composición de esos presos políticos, puede ver cómo se destruyó todo el movimiento sindical, sobre todo de lo que significaba el Gran La Plata, esta zona. O cómo muchos de los que pasaron por este lugar- el BIM 3- como detenidos desaparecidos, finalmente terminaron en la Unidad 9 como presos políticos durante años. Cómo estaban los del Ingenio Ledesma en Jujuy, abandonados a su suerte, ocho años sin que los familiares pudieran venir a visitarlos, cómo fue el intercambio de rehenes que hubo en el año ’78 para que no pasara nada durante el Mundial y sacaran a los presos de aquí y de allá. Permitió ver mucho eso y permitió también ver que la inteligencia por ejemplo el servicio penitenciario bonaerense, sigue activa. Las relaciones que esa inteligencia tiene con la marina y que al día de hoy continúan, lo difícil que es todavía la democratización de algunas de las fuerzas.

En realidad, también permitió fundamentar que estos reclamos que los organismos hacían apenas empezada la democracia, seguían teniendo vigencia. Sobre todo el juicio al Circuito Camps nos permitió ver es cuál es la gran deuda de la democracia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires: hubo una estructura policial que no actuó como elemento aislado sino que como estructura en su conjunto, 60 mil hombres fueron parte del aparato represivo y esa estructura todavía sigue intacta, es bien complejo. Digo intacta, no es que está gobernada por tipos que ideológicamente adscriben a lo que sucedió. Tienen prácticas, tienen métodos, tienen formas que permanecen y no es casual que en una ciudad como La Plata lo tengamos a Miguel Bru, lo tengamos a Andrés Núñez, las técnicas de desaparición, las técnicas de tormento que siguen estando ahí y que se siguen dando en las cárceles.

Algunas cosas para marcar, bueno, Circuito Camps también lo que permitió ver es lo que sucedió en el ’76, pero sobre todo en el año ’77 en la Universidad de La Plata. El desastre que se hizo en la universidad paralelamente al cierre de las carreras, “Extinguiose la carrera de cinematografía”, tituló el diario El Día. Pero realmente es impactante verlo y ahora en el juicio La Cacha se ve particularmente lo que son las caídas de las facultades del bosque, Veterinaria, Ciencias Exactas, Naturales y demás. Y se ve claramente la planificación desde los años 60 como lo demuestran los archivos DIPPBA.

En el caso del Circuito Camps, por ejemplo, se ve también el rol de esa Dirección de Inteligencia, porque hasta ahora hemos focalizado siempre en lo que es la Dirección de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires que es la que estaba en la calle, pero se vio la dificultad que ha habido durante todos estos años en el juzgamiento de lo que son las áreas de inteligencia. Es decir, la dificultad que creo que tenemos hasta nosotros mismos en pensar que el ejecutor, en crímenes como estos que son por aparatos organizados de poder, el ejecutor no es aquel que secuestra solamente, sino que esa cadena requiere alguien que detecta, alguien que planifica, alguien que ordena, es decir, que la cadena de ejecución es mucho más prolongada. Hay mucha resistencia de parte del poder judicial. En parte ya es como que requiere una comprensión de la cuestión y en parte por ahí puede ser por nuestras propias dificultades, al momento de mostrarlo.

Las virtudes de los juicios son: por un lado, mostrar cuáles son las continuidades del aparato represivo, cuáles son las cosas a las que hay que apuntar en ese sentido. Y digo, por continuidades no estoy hablando de la policía de la dictadura, pero la realidad es que, el funcionamiento policial y lo que aspira la policía sigue siendo lo mismo, y la policía responde tal como se lo piden, y entonces es muy difícil pegarle un corte a esas prácticas. Por otro lado, el tema de haber podido visibilizar estas pertenencias, digo, poder generar un ámbito donde quien va a declarar puede reivindicar su pertenencia, puede reivindicarse como militante revolucionario, excede en absoluto lo que es la escena de los juicios. Sobre eso el otro día teníamos que hacer una reflexión acá con mi compañero por una tesis. Y decíamos en realidad que los juicios, por un lado lo que condensan son procesos históricos, que lo que expresan son lógicas de resistencia y de construcción de hegemonía y bueno, y en ese debate estamos y nosotros somos parte de ese debate. Y que después, en definitiva, cuál va a ser la lectura que va a quedar sobre lo que significó la dictadura en nuestro país y sobre lo que significan los juicios, bueno, eso todavía está en discusión pero ese es el debate que estamos dando. Hay una disputa histórica que es cualitativa, que excede al análisis estadístico de los juicios.

Las resistencias siguen siendo enormes, las tensiones dentro del Poder Judicial que vemos que bueno, hoy se adaptó al nuevo viento pero apenas pueda, retrocede. Y se nota, o sea, la falta de democratización de muchos de los sectores del Poder Judicial, la fluctuación que hay de las decisiones judiciales de acuerdo a los momentos políticos, o sea, cómo percibimos los momentos de avances y retrocesos, cómo los recibimos y los vemos reflejados en las causas judiciales… Bueno, todo eso está pendiente de análisis, pero es parte de lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora. Gracias.