Las legitimaciones de la dictadura militar de Guatemala (1982- 1985)

Rostica/Dossier en PDF

Julieta Carla Rostica*

CONICET/UBA

2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

julietarostica@yahoo.com

Resumen

Del larguísimo conflicto armado interno guatemalteco (1962-1996) sólo un breve período de tiempo concentra los índices más altos de violencia política desplegados por las fuerzas represivas estatales. Este período de tiempo corresponde al gobierno de un militar democráticamente electo (Fernando Romeo Lucas García, 1978-1982) y a las dictaduras encabezadas por José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, la comparación de las experiencias represivas latinoamericanas (1964-1990) nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Nuestra hipótesis general es que durante el período 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. El objetivo de este artículo en particular es principalmente pedagógico: mostrar algunas de las características similares de esa última dictadura militar guatemalteca (1982-1985) en lo que respecta a las formas de legitimación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio.

Palabras Claves: dictadura- Guatemala- discursos-  memoria

Portal: una construcción del problema

El relato historiográfico y el de las memorias sociales e históricas del pasado reciente de Guatemala se organizó bajo una estructura narrativa centrada en dos actores armados, la guerrilla y el ejército. Esa interpretación, que en un momento incluso fue socialmente predominante, argumentó que en Guatemala hubo un genocidio (1981-1982) y que éste fue un medio del conflicto armado interno (1962 y 1996). De este modo, el relato redujo la explicación del genocidio a la coyuntura del conflicto y diluyó la articulación entre los factores sociales, políticos y económicos histórico-estructurales y coyunturales, tanto internos como externos. Aquí entendemos que la investigación de esta articulación podría permitir explicar las características peculiares de la última dictadura militar (1982-1985) y la forma genocida que asumió la represión (1978-1989).

Según los datos del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999), la comisión de verdad auspiciada por Naciones Unidas, el total de muertes y desapariciones durante el conflicto armado interno se estima en doscientas mil personas, de las cuales el 83% fueron indígenas. La CEH asignó una responsabilidad del 93% de las violaciones a los derechos humanos a las fuerzas del Estado y específicamente un 85% al Ejército. Estas cifras adquieren una significación especial si se atiende a su distribución cronológica. De las 626 masacres, el 95% se efectuaron entre 1978 y 1984, y el 64% de ellas se llevaron a cabo en tan sólo 18 meses, desde junio de 1981 a diciembre de 1982. En contraste, entre 1962 y 1978 se llevaron a cabo 10 masacres, pero en los departamentos ladinos del Oriente del país. Al mismo patrón de tiempo y espacio responden otros actos de violencia. El 81% de las violaciones a los derechos humanos se produjeron entre 1981 y 1983 y el 48% de los casos se verificaron en el año 1982. Los “actos de genocidio” investigados en cuatro regiones mayas se efectuaron entre los años 1981 y 1982.

Las características cualitativas de la represión también son elocuentes para distinguir al terrorismo de Estado de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta de la violencia ejercida con anterioridad. Un dato significativo son las masacres en sí mismas y las violaciones a los derechos humanos perpetradas en las mismas. En las masacres se concentraron las ejecuciones arbitrarias (el 69% del total), las violaciones sexuales (el 41% del total) y las torturas (el 45% del total), y en menor escala las desapariciones forzadas. Si bien el trabajo de la CEH (1999) afirma que la mayoría de las desapariciones forzadas se llevaron a cabo en los departamentos indígenas, el trabajo de Carlos Figueroa Ibarra (1999), confeccionado a partir de los datos recopilados por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos y el Grupo de Apoyo Mutuo, señala su concentración en el municipio de Guatemala: el 67% de las desapariciones forzadas del período 1970-1979 y el 47% del período 1980-1989 (1). Esto indicaría que fue una práctica especialmente citadina orientada a destruir la organización estudiantil y sindical.

Otra característica fue la sistemática violación a los derechos humanos perpetrada contra niños (18%), cuyo 43% correspondieron a ejecuciones arbitrarias. Los bebés fueron atravesados por palos, sus cuerpos quebrados vivos, estrelladas sus cabezas contra piedras o palos, ahorcados, quemados, golpeados contra el suelo. También hubo niños que fueron sustraídos de su grupo cultural y trasladados a otro grupo y casos de reclutamiento forzado. Igual de significativo fueron las prácticas específicas realizadas contra las mujeres: la extracción del feto en mujeres embarazadas aún con vida y el amputamiento de sus pechos, la violación sexual, incluso colectiva, a mujeres indígenas (89%, el 35% fueron menores de 18 años), y la recurrencia del dejo de marcas de la violación en los cadáveres, como objetos en las vaginas o estacas en los vientres. Destacan las formas de tortura, recrudecidas y aumentadas en el ámbito rural, como el colgamiento de las zonas genitales, las mutilaciones, los empalamientos y crucifixiones, llegando al extremo de actos de antropofagia y coprofagia (García, 2005; Equipo de Antropología Forense de Guatemala, 1995).

Las masacres indiscriminadas y las campañas de tierra arrasada (2) condujeron a los desplazamientos masivos internos de la población indígena, especialmente en los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y Alta Verapaz. Aproximadamente un 80% de sus pobladores, más del 17% de la población total del país en ese período, abandonó al menos en forma temporal sus comunidades principalmente a finales de 1981 y parte de 1982 (3).El 70% de la población desplazada se estima que retornó al emitirse el decreto de amnistía 33-82 de la junta militar liderada por Efraín Ríos Montt (Mack, Worby y Mendizábal, 2008). Una amnistía que tuvo por objetivo a la población civil desplazada y refugiada en la montaña, según lo consignó uno de los integrantes de la junta militar en la prensa local: “La amnistía no puede ser para los marxistas, sino para aquellas personas que por necesidad o por amenazas se han involucrado en actividades antigobiernistas” (Prensa Libre, 2 de junio de 1982). La población “recuperada” fue reasentada en las llamadas “aldeas modelo”, generalmente obligada a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (milicias creadas por el Ejército a finales de 1981 de participación indígena-campesina y presencia permanente en las comunidades que llegó a contar con un millón de enrolados en sus filas entre 1982 y 1983), a realizar obras de infraestructura, a recibir reeducación ideológica, entre otras prácticas de sometimiento y normalización.

Si bien la geografía de la violencia corresponde con las áreas de presencia guerrillera, la opción por la lucha armada no explica el tipo de violencia específica desplegada desde 1978 por agentes estatales, porque los intentos guerrilleros fueron previos, datan de 1962. La institucionalización de la autonomía corporativa de los militares (1945) y su adscripción a la doctrina de las fronteras ideológicas y guerra interna (1954-1956) fueron previos a la existencia de guerrilleros o combatientes armados (Rostica, 2014). Los motivos pretextados cuando se estableció lo que podría considerársela primera dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1963-1966) tuvieron que ver con la candidatura de Juan José Arévalo a la presidencia y no con la existencia de la supuesta subversión. Si bien la guerrilla fue militarmente derrotada en 1982, la violencia estatal se perpetuó hasta 1989 con la última ofensiva hacia los desplazados internos.

Las características singulares de la última dictadura y el genocidio se corresponden mejor con la visibilización de la participación indígena-campesina en los movimientos de masas de características insurreccionales y su articulación con un viejo temor a la guerra de castas generado por el racismo decimonónico.

Las transformaciones producidas durante la década 1944-1954 habían permitido a un porcentaje importante de la población guatemalteca acceder a los derechos civiles, políticos y sociales, experimentar el régimen democrático y adquirir una parcela de tierra junto a los medios de producción necesarios para su subsistencia. Tras el golpe de Estado de 1954, que derrocó al gobierno reformista de Jacobo Arbenz, se anuló la Constitución de 1945, la reforma agraria arbencista y se socavó la movilización campesina que la había llevado a cabo. Durante los dos primeros meses que siguieron al golpe de Estado de 1954 se calcula que hubo entre 2 mil y 5 mil ejecuciones, fundamentalmente de campesinos que habían sido beneficiados por la reforma agraria (Figueroa Ibarra, 2004: 121-122).

Desde entonces se abrió un largo proceso de luchas sociopolíticas frustradas en torno a la democratización, de la mano de una modernización económica lentas y conservadora dirigida por una alianza entre elites militares y económicas y partidos políticos de ultraderecha. Mientras que algunos derechos de ciudadanía se mantuvieron e incluso se ampliaron nominalmente durante las décadas siguientes, como el sufragio universal que se estableció en 1965, bajo gobiernos electos y constitucionales (salvo dos períodos durante los cuales gobernaron las Fuerzas Armadas 1963 a 1966 y 1982 a 1985), se violaron sistemáticamente por prácticas antidemocráticas y represivas (Torres-Rivas, 1980). Hasta 1973 la prosperidad económica había acompañado un proceso de modernización, integración y cambio cultural en la sociedad indígena que favoreció el desarrollo de un vigoroso movimiento indígena campesino nucleado en el Comité de Unidad Campesina. Hacia fines de la década del setenta éste coincidió con el largo proceso de guerra de guerrillas abierto en marzo de 1962 con el primer intento guerrillero en Concuá y el lanzamiento del Partido Guatemalteco del Trabajo (PC) a la lucha armada, creando una situación revolucionaria. Este momento es el antecedente inmediato a la escalada represiva.

El período con los índices más altos de violencia encierra a un gobierno militar democráticamente electo y a las dos dictaduras que le siguieron: las del general Efraín Ríos Montt (1982-1983) y del general Oscar Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, el período 1982-1985 constituyó una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. Su abordaje nos hablaría de condicionantes parecidos y relaciones políticas exteriores apenas investigadas (Rostica, 2013). El objetivo de este artículo es principalmente pedagógico: mostrar algunas características de esa última dictadura militar guatemalteca en lo que respecta a las formas de legitimación a los fines de brindar una plataforma para la elaboración de futuros problemas de investigación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones presentadas por Waldo Ansaldi (2004) para el análisis comparativo de las dictaduras como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio.

Legitimidad de origen

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas a diferencia de las tradicionales dictaduras autocráticas, fueron el resultado de la decisión de las Fuerzas Armadas qua institución de tomar por asalto el poder absoluto del Estado. Al carecer de un principio de legitimidad propio no cubierto ideológicamente por la Doctrina de la Seguridad Nacional, se autopresentaron como “instauradoras de un nuevo orden político y social, es decir, con un carácter fundacional” (Ansaldi, 2007: 90) que fue más allá de la restauración de las viejas democracias. En efecto, tal como afirma Rouquié, lo único que legitimó a los regímenes institucionalmente militares fue el futuro, pues fueron transitorios por su propia esencia: “la legitimación de la usurpación militar se sustenta precisamente en el gobierno siguiente, el régimen sucesor” (Rouquié, 1984: 385). La Doctrina de la Seguridad Nacional invocada sirvió “más para disimular la ilegitimidad que para fundamentar una nueva legitimidad”, lo que explica que la democracia representativa haya sido el Norte de estos regímenes. Para legitimarse, se proponen como “objetivo mejorar, fortalecer, modificar o incluso protegerla, pero jamás anular o destruirla como ocurrió en otras latitudes” (Rouquié, 1984: 385). Esto muestra su paradoja: las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas mientras que carecieron de una legitimidad de origen justificaron su irrupción y asalto del poder apelando al establecimiento de una futura y nueva democracia. Hasta incluso, en algunos casos, acudieron a algunos mecanismos e instituciones democráticas.

Nada más ilustrativo que el “Comunicado Urgente al Pueblo” difundido por cadena nacional de radiodifusión inmediatamente después del golpe del 23 de marzo de 1982: “El ejército de Guatemala, ante la crisis política, económica y social que un grupo de inescrupulosos guatemaltecos de manera continuada han sometido al país, ha tomado la decisión de reencauzar el camino de Guatemala por la ruta de la verdadera democracia” (Prensa Libre, 24/3/1982). Al día siguiente, la “Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo” disponía a la Junta Militar de Gobierno “con el objeto de crear las condiciones necesarias para el establecimiento futuro de un régimen basado en principios de auténtica democracia” (Diario de Centroamérica, 25/3/1982).

El régimen se autopresentaba con carácter fundacional. La alusión al establecimiento de una auténtica o verdadera democracia tenía que ver con la nota distintiva de Guatemala. La dictadura se implantó no sólo contra “los vicios de la democracia” de las experiencias reformistas de Juan José Arévalo y Jocobo Arbenz(1945-1954) o las amenazas guerrilleras, sino contra el modelo fraudulento y corrupto de democracia de los partidos militares que venían gobernando el país: “Ante el panorama que amenazaba con hacer caer al país en un vacío de poder, el Ejército se vio obligado a asumir el control del Gobierno con la tarea de rescatar la dignidad nacional y la fe del pueblo en sus instituciones” (Terraza Pinott, 12/8/1987).

El 6 de abril la Junta Militar de Gobierno expuso “14 Objetivos de Acción Gubernativa” para crear las condiciones necesarias “para alcanzar la verdadera democracia”, inspirados en los objetivos nacionales de la Doctrina de la Seguridad Nacional, entre los cuales se pueden enumerar algunas modificaciones institucionales y morales como:

Hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad; 2. Lograr la reconciliación de la familia guatemalteca en beneficio de la paz y concordia nacionales; 3. Lograr la seguridad y tranquilidad individual en base a un absoluto respeto a los derechos humanos; 4. Recuperar la dignidad individual y nacional; 5. Lograr el establecimiento de un espíritu nacionalista y crear la base para la participación en integración de los diferentes grupos étnicos que conforman nuestra nacionalidad; 9. Estimular en los diferentes grupos de presión, representativos de la actividad nacional, un nuevo pensamiento desarrollista, reformista y nacionalista… (Diario de Centroamérica, 6 de abril de 1982)

La promulgación del “Estatuto Fundamental de Gobierno” el 28 de abril por parte de la Junta Militar coronó la propuesta del “ejercicio temporal del poder público” al reemplazar la Constitución de 1965 hasta tanto las condiciones necesarias para la democracia no estuviesen dadas (Decreto Ley 24-82, Diario de Centroamérica, 28/4/1982). La base fundamental de gobierno consistía en “implementar una estructura jurídico política en la Nación que garantice el encauzamiento del país hacia un régimen de legalidad constitucional y que desemboque en un esquema político y de gobierno democrático, proveniente de elecciones populares”.

Consecuentemente con los objetivos militares contemplados en el Plan Nacional, poco menos de un año después el gobierno adoptó varias decisiones para la liberalización del régimen y el retorno a la constitucionalidad. El 23 de marzo de 1983 se promulgaron cuatro leyes políticas que regularían el sistema democrático electoral: la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley del Registro de Ciudadanos, la ley de Organizaciones Políticas y la ley Complementaria del Registro General de Población. Se levantó el estado de sitio, se disolvieron los Tribunales de Fuero Especial y se ordenaron la Asamblea Nacional y las elecciones para 1984 y 1985 respectivamente. Estas instituciones democráticas estaban contempladas en la “Proclama del Ejército” y programadas en el “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” para cumplir los objetivos de acción gubernativa ya expuestos y, por lo tanto, fueron ordenadas por el ejército.

Este momento “protodemocrático”, como prefiere llamarlo Edelberto Torres-Rivas (2007), consistió en una apertura al régimen democrático, con elecciones transparentes y abiertas a toda la sociedad, absolutamente tutelada por la corporación y decididamente parte del proyecto político militar, y por ende contrainsurgente, diseñado en el año 1982. De esta manera se pudo continuar “la guerra” de contrainsurgencia en el marco de una transición constitucional y más allá del resultado de las elecciones presidenciales. El gobierno civil de Cerezo permitió ganar legitimidad, prestigio y respeto internacional, así como llevar a cabo operaciones militares más amplias e intensas gracias a la neutralización de la guerrilla en la movilización de la opinión pública internacional. Tal como afirmó el Gral. Gramajo:

…nosotros (…) hemos logrado nuestro objetivo de revertir al filósofo de la guerra, que es Clausewitz, al decir que en Guatemala la política debe ser la continuación de la guerra. Y en eso estamos nosotros, accionando para que de verdad llegue la paz a través de la actividad política y no a través de la imposición de la voluntad al oponente por medio de la victoria militar… (Gramajo, 12 de agosto de 1987)

Organización del ejercicio del poder político

A partir del golpe de Estado de 1982:

…el Ejército se adjudicó el papel de “constructor del nuevo orden político” al reorientar su eje estratégico para poder atacar las causas que provocaron el apoyo al movimiento insurgente en el área rural del Altiplano. Emprendió el camino de la democracia estratégica. Sin embargo, en el diseño y aplicación del modelo acudió a las raíces corporativistas de la propia institución… (Beltranena Falla, 2004: 446).

Inmediatamente, la Junta Militar asumió las facultades legislativas al disolver el Congreso de la República y suspender la Constitución Nacional por tiempo indeterminado. Asimismo, suspendió las actividades de los partidos políticos.

El “Estatuto Fundamental de Gobierno” apuntó que el poder público sería ejercido por una Junta Militar liderada por un presidente, acompañado por dos vocales y por un Grupo Asesor integrado por oficiales superiores y subalternos, y volvía a establecer que asumía tanto el poder ejecutivo como legislativo. La Junta tendría la atribución del nombramiento y revocación de funcionarios y empleados, la cual había correspondido tanto al ejecutivo como al Congreso de la República en la anterior Constitución de 1965 (Cap. VI; XIV; XV y XVI). Hacía mención al Ejército compuesto por Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, con organización jerárquica basado en principios de disciplina y obediencia, sobre el que la Junta Militar de Gobierno se constituía como su máxima autoridad (Cap. XIII). Por último, el Estatuto establecía en las Disposiciones Generales (Cap. XVII) un mecanismo legal para torcer las medidas de amparo a los derechos fundamentales: “no procede el recurso de amparo en contra de los actos y resoluciones provenientes de medidas de seguridad dictadas conforme a las normas” de dicho Estatuto. También reiteraba la suspensión de los partidos políticos y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Además de los siete asesores en materia política, se estableció un Consejo de Estado. El mismo tenía la función de reemplazar a la Asamblea Nacional. Estaría formado por 34 miembros que representaban diferentes intereses corporativos, entre ellos: 4 representantes de la élite económica; 7 de asociaciones de funcionarios públicos y profesionales (la universidad, el colegio de abogados, la prensa, las municipalidades); 1 por cada partido político inscripto, y 10 indígenas. Según Santiago Bastos  y Manuela Camus, “pese al carácter claramente contrainsurgente de este órgano de gobierno (…), la alta presencia de indígenas en el mismo muestra cómo después de los años 1970 ya no se puede hacer política en Guatemala sin contar con ellos, aunque sea de una forma nominal” (Bastos y Camus, 2006: 74).

Otro rasgo característico de este tipo de dictaduras es el sujeto que se apodera del poder absoluto del Estado: la institución militar y no un tirano solitario con un poder mistificado en torno a su persona y su carisma (Mix, 2005).Si bien es cierto que las dictaduras pueden en algún momento virar hacia este tipo de formas de dominación carismática o tradicional, en el caso de la última dictadura militar guatemalteca fue notable la pretensión de evitar la personalización del poder. La misma institución militar fue la encargada de corregir y de prever los desvíos al proyecto político militar estableciendo normas para la sucesión en el ejercicio de la dictadura, asegurando la continuidad de la misma. En otros términos, “la permanencia en el poder y el relevo de personas sin alterar el régimen“ (Delich, 1982: 13-14). La institución militar utilizó para ello dos vías: el disciplinamiento y el relevo de militares.

En relación a la primer vía, varios fantasmas de la historia militar así lo demandaban: la insubordinación de oficiales jóvenes en la revolución de 1944 contra el régimen ubiquista; la de los tenientes Turcios Lima y Yon Sosa quienes pasaron a formar las primeras organizaciones guerrilleras; o bien el mismo golpe de estado del año 1982 que fue realizado por los oficiales jóvenes del ejército (Rouquié, 1984: 396). El disciplinamiento puede verse en el tendido de la red burocrática. Para el año 1983, todas las fuerzas del ejército y de seguridad estaban unidas bajo un solo mando y en 1984 todas las instituciones de gobierno estaban integradas en las acciones de coordinación contrainsurgentes.

La segunda vía se expresó en dos casos que desarrollaremos a continuación: con la purga del ejército a través del “relevo” de militares, como el caso de la “renuncia” de los militares de línea dura de la primera junta militar (9 de junio de 1982) o el caso del relevo del general Ríos Montt (8 de agosto de 1983). Si los aspectos de la dictadura al inicio la asimilaban a una de tipo corporativo militar, los hechos del 9 de junio para muchos la pusieron en jaque. Nosotros sostendremos aquí que por estos hechos la dictadura no dejó de acercarse al modelo institucional de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, por Ley 36-82, el “Ejército de Guatemala representado por los Comandantes de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire” realizó una segunda Proclama frente a la “renuncia” de los vocales de la Junta Militar, el general Horario Egberto Maldonado Schaad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez. El Ejército proclamó, “con el objeto de unificar el mando del Ejército”, que el Gobierno de la República sea ejercido exclusivamente por el General de Brigada José Efraín Ríos Montt“ con el carácter de Presidente de la República, con todas las facultades, atribuciones y preeminencias establecidas para la nombrada Junta en el Estatuto Fundamental de Gobierno, Decreto Ley Nº 24-82” (Diario de Centroamérica, 9/6/1982).

Este golpe conocido como “el golpe de palacio”, en verdad, no fue realizado por un tirano con características autocráticas, sino que fue llevado a cabo por el Estado Mayor del Ejército, quien decidió que fuera Efraín “Ríos Montt y su ‘juntita’ de diez oficiales (representando todos los rangos para que sirvieran de conductos para los oficiales más jóvenes)” quienes desbancaran a los dos oficiales identificados con el ex presidente Lucas García (Schirmer, 1999: 56). Se trató de una auto - depuración del Ejército: dentro del cuerpo de oficiales, los afines a Lucas fueron enviados a comandancias de campo y las fisuras no pudieron evitarse manifestándose con varios intentos de golpe.

Estos hechos formaban parte de la nueva estrategia. Por una parte, este nuevo modelo permitía contrarrestar a uno de los principales enemigos, la iglesia popular y la teología de la liberación, a través de una fuerte penetración evangélica y protestante representada en la figura del “renacido” Ríos Montt, quien a partir de ese entonces adoptó un discurso político teñido de moralidad (4). Por otra parte, era imperativo para el ejército mantener el pleno control de la reorganización del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la policía a través de una estructura de mando disciplinada jerárquicamente. Esto no era poco. La dictadura no sólo debía generar apoyo y legitimidad en la sociedad civil, sino incluso dentro del ejército. La preocupación por “la juntita” se denotaba en la oficialidad de más antigüedad del Estado Mayor del Ejército:

Los oficiales jóvenes pusieron a Ríos Montt en el poder y entonces él los nombró comandantes. Si a uno se le confiere el mando a causa de la ley [jerárquica del ejército], se está dentro de la ley y le asiste el derecho [para ejercer ese mando]. Pero si a uno lo ponen en posición de mando a consecuencia de un golpe de Estado, se encuentra en una posición sumamente frágil y se necesita la anuencia de los jóvenes (Héctor Gramajo, entrevista. Citada en Schirmer, 1999: 57)

Un segundo ejemplo fue el relevo del mismo Ríos Montt en agosto de 1983. A mediados de ese año su gobierno había perdido cierto control del ejército en el campo y sus mensajes radiales religiosos –que no dejaban de publicitar su Iglesia El Verbo-se habían tornado indeseables para la institución militar (Villagrán Kramer, 2004: 271-278). Si bien había logrado socavar a la guerrilla en el altiplano mediante sus campañas de pacificación basadas en la tierra arrasada, lo cual implicaba avanzar en el plan de apertura democrática, las presiones del sector empresarial ultraconservador por medidas neoliberales llevó a Ríos Montt a anunciar a los comandantes militares que le tomaría “por lo menos siete años más” consolidar a Guatemala y que él iba a interrumpir el proceso de elecciones para concentrarse en los asuntos económicos antes que en los políticos. Debido a que Ríos Montt empezó a “reaccionar a la manera del más ortodoxo carrerismo y no profesionalismo, queriendo ser el Pinochet de Guatemala”, el alto mando del ejército decidió ‘relevarlo’ de la presidencia” (Schirmer, 1999: 60).Este suceso fue conocido como el relevo del “Gobierno del Verbo”. El consejo de comandantes designó el 8 de agosto de 1983 al general Humberto Mejía Víctores –Ministro de Defensa durante el gobierno de Efraín Ríos Montt- como jefe de estado para mantener la continuidad ideológica e institucional.

Legitimidad de ejercicio: la doctrina de la seguridad nacional

Al carecer de un principio de legitimidad de origen, los militares legitimaron el proceso de la dictadura, el ejercicio del régimen, a través de la doctrina de la seguridad nacional. Efraín Ríos Montt, por ejemplo, en uno de sus mensajes dominicales, enfatizó que la fortaleza de un Estado recaía

en el poder de decisión y ¿eso como se logra?, justificando una legitimidad, y ¿qué es legitimidad? Dirá usted que para estar gobernando es necesario el producto de un voto, ¿en qué razonó el voto?, como los antecesores que por voto llegaron allí, ¿sería por voto que llegaron? La legitimidad está de gobernar, de actuar, de activar todas las fuerzas que constituyen el poder nacional para beneficio de un pueblo (30/5: 53-54).

Bernardo Arévalo de León señala que en Guatemala la DSN no alcanzó el nivel de desarrollo conceptual que tuvo en otros países como Chile, Brasil y Argentina (Arévalo de León, 2002:33). Del mismo modo, el general Héctor Alejandro Gramajo Morales, un teórico de la DSN en Guatemala, indicó que si bien el concepto de seguridad nacional nació en Estados Unidos, fue estudiado y enunciado por varias academias de guerra o institutos de altos estudios militares de Sudamérica. Luego, que en “estos enunciados tuvo basamento la estrategia para defender a Guatemala de la insurgencia patrocinada por el castrismo”, citando y utilizando finalmente la definición de seguridad nacional proporcionada por la escuela brasilera (Gramajo, 1995: 99). Así, por ejemplo, el cuadro conceptual de Golbery Do Couto e Silva puede observarse en la “apreciación estratégica” que en mayo de 1980 elaboró el sexto curso de Comando y Estado Mayor del Centro de Estudios Militares del que era coordinador el general Gramajo (Reproducido en Gramajo, 1995: 464). El coronel Mario Mérida, otro intelectual guatemalteco en materia de seguridad, utilizó el concepto proporcionado por el coronel ecuatoriano Alfonso Lituma Arízaga, quien es considerado el principal teórico de la DSN en Ecuador y heredero de la Escuela Superior de Guerra del Brasil (Mérida, 2011: 72). Por último, en la primera página del Manual de Guerra Contrasubversiva se consigna en el primer ítem de las recomendaciones para su aplicación: “La doctrina contenida en el presente manual, debe tomarse sólo como guía para el planeamiento y conducción de la Guerra Contrasubversiva, ya que tiene como base las experiencias obtenidas por países como Argentina, Estados Unidos, Francia y El Perú, las que han sido, en lo posible, adaptadas a nuestra realidad” (Ejército de Guatemala, 1983)

Si en ninguno de los manifiestos políticos de la última dictadura citados en los apartados anteriores se mencionó el objetivo de acabar con la subversión y la noción de seguridad, sí lo fueron en los documentos de la institución castrense. En el año 1982 por órdenes de José Efraín Ríos Montt se le encargó al coronel Gramajo Morales (subjefe del Estado Mayor General del Ejército), a los licenciados Raúl Villatoro y Ariel Rivera (Secretaría de Planificación Económica y Social) y a los coroneles Rodolfo Lobos Zamora y César Augusto Cáceres Rojas (director y subdirector del Centro de Estudios Militares) la elaboración de un plan estratégico militar. El mismo surgió de una reformulación de la estrategia militar de 1980 basada en la DSN (la “apreciación estratégica” a la que hicimos referencia anteriormente) por una campaña de contrainsurgencia, según ellos más elaborada, el “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” (PNSD), consistente en varias etapas y de larga duración (5).

El PNSD entendía al poder nacional como la unión del poder militar, político, económico y social y todos se orientaban a combatir la “subversión”. Si los tres primeros requerían de los aparatos materiales del Estado, el último movilizaba los aparatos ideológicos de la dominación:

1. Campo Político: Crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo anti subversivo, que conforme las políticas nacionales correspondientes, imparta las instrucciones y directivas generales, integre las medidas acordadas en cada campo y coordine eficazmente su realización.

2. Campo Económico: Establecer las áreas económicas y/o geográficas con situaciones económicas deficientes donde haya alta probabilidad de surgimiento de situaciones contribuyentes a la subversión... Velar por el establecimiento y eficaz cumplimiento de medidas, procedimientos y mecanismos de seguridad física de las fuentes de producción, instalaciones y actividades económicas.

3. Campo Psicosocial: Estructurar y determinar el Nacionalismo, promoverlo y fomentarlo en todos los organismos del estado e irradiarlo al área rural; asegurándose que forme parte del proceso de formación y educación de la población, como doctrina opuesta al Comunismo Internacional. Asegurar que se conduzcan los programas destinados a reducir el analfabetismo para hacer más permeable a la población las nuevas ideas.

4. Campo Militar: Mantener y mejorar de acuerdo a la situación, la organización del Ejército y de los cuerpos de seguridad interna, para enfrentar con éxito a los movimientos y grupos subversivos y perfeccionar los organismos y sistemas de entrenamiento en esta área (Citado en CEH, 1999, Tomo I: 198-199).

Las operaciones contrasubversivas tomaban así la concepción de guerra total:

existe subversión, porque un pequeño grupo de personas la apoyan y un gran número de personas la toleran, ya sea por temor o porque existen causas que la generan. La guerra se debe combatir en todos los campos: en el militar, en el político, pero sobre todo en el socioeconómico. La Mente de la población es el principal objetivo (EG, 1982: 46).

De los diversos números de la Revista Militar de los años ochenta, recién en 1984 se publicaron las descripciones de doctrina militar (Sánchez, septiembre-diciembre 1984: 49-51), guerra psicológica (Navarro Montgomery, enero-abril 1984: 91-105), la noción de seguridad nacional diferenciada de defensa nacional (Álvarez Gómez, enero-abril 1984: 4-10) y las relaciones entre seguridad y desarrollo(Álvarez Gómez, septiembre-diciembre 1984: 5-9). Respecto de esta última relación, por ejemplo, Álvarez Gómez indicaba que “el desarrollo sólo puede realizarse cuando existe un grado aceptable de seguridad, a la vez, el desarrollo al superar las contradicciones sociales, estará dando un marco de seguridad” y que la “política de desarrollo y la política de seguridad están integradas en la política nacional” (Álvarez Gómez, septiembre-diciembre 1984: 8).

Gramajo esgrimía que la nueva doctrina guatemalteca se diferenciaba de la DSN porque ésta había sido pensada para países que habían alcanzado el pleno desarrollo o altos niveles de evolución. De acuerdo a su interpretación, la DSN entró en crisis en 1982. Gracias al control y reducción de la ayuda militar de los Estados Unidos, el ejército guatemalteco hubo de desarrollar la imaginación y el ingenio militar para cumplir la misión. De ahí es que surgió la Tesis de Estabilidad Nacional: “son todas las medidas en los campos sociales, económico, militar y político que nuestra sociedad ejecuta para generar en los habitantes de Guatemala una actitud psicológica propicia para buscar su bienestar. Que disponga a Guatemala para un grado superior de desarrollo que con el tiempo traerá la completa seguridad, a pesar de las acciones contrarias de los oponentes del Estado” (Gramajo, 1989: 45).

El PNSD conformó la columna vertebral de la política contrainsurgente de la dictadura, conocida como “pacificación y reconciliación”. La nueva estrategia de “frijoles y fusiles” concentraba un 70 porciento de su esfuerzo en la recuperación de los refugiados de la guerra mediante proyectos de desarrollo, pues entendía que no había seguridad sin una estrategia desarrollista, ya que el terrorismo y la subversión se alimentaban de la pobreza, de la miseria y del subdesarrollo (Enríquez Morales, 12/8/1987). El restante 30 por ciento del esfuerzo consistía en la aplicación de medidas represivas sobre aquellos considerados “perdidos” por el ejército:

Vamos a pacificar el país de manera que los sectores políticos actúen con legitimidad para tomar decisiones económicas y resolver los problemas sociales. Y la estrategia de pacificación consistía en un treinta por ciento de Fusiles y un setenta por ciento de Frijoles para poder resolver los problemas económicos… Hicimos un análisis sobre cómo combatir la insurgencia terrorista dentro de una democracia y usamos una estrategia menos costosa y mas humanitaria para ser más compatibles con el sistema democrático” (Gramajo, entrevista. Citada en Schirmer, 1999: 52-53) “O sea, de un 100 por ciento, íbamos a darle comida a un 70 por ciento. Antes, era de 100 por ciento, matábamos al 100 por ciento (idem: 75)

Se trababa de un enemigo externo e ideológico, pero que actuaba en el torrente sanguíneo de la sociedad civil de Guatemala:

    El enemigo comunista pretende implantar en nuestro suelo un gobierno totalitario marxista que siguiendo el modelo soviético, elimine la libertad, que es parte misma de nuestra forma de ser. Para ello han logrado infiltrarse en las sectas religiosas, en el magisterio, en los sindicatos, en instituciones de gobierno, en la prensa y otras instituciones desarrollando una intensa campaña de engaño y adoctrinamiento para socavar nuestro Sistema Democrático. Triste es ver a jóvenes estudiantes o humildes campesinos que por su ignorancia son arrasados como tontos útiles dentro de la vorágine sangrienta del Terrorismo Comunista. Sin embargo existe un formidable obstáculo que impide la realización de tan nefastos planes: “EL EJERCITO DE GUATEMALA” (Ejército de Guatemala, enero-abril 1982: 34)

Por ello el Ejército estaba actuando dentro de Guatemala, en su territorio,

con nuestra población, con nuestra cultura, con nuestros valores y nuestros principios nacionales. Allí se da un primer cambio, la retroalimentación que nosotros obteníamos de las unidades que estaban en enfrentamiento, de los problemas que se encontraban en el interior de la República y de la forma cómo nosotros podíamos ayudar a resolverlos, nos comenzó a dar la base para ir estructurando una doctrina militar propia, que es la que hemos venido desarrollando a partir de esa fecha (Camargo Muralles, 12/8/1987).

A partir del marco general de la estrategia contrainsurgente con el PNSD, el Ejército operó mediante la ejecución de Planes de Campaña que delineaban sistemáticamente todas las actividades a realizar por un año para toda la cadena de mando. Los Planes de Campaña comenzaron con el denominado “Victoria 82”, campaña de pacificación y tierra arrasada, al que le seguía el “Firmeza 83”, para el redespliegue de tropas y establecimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil a fin de desbaratar las acciones de la guerrilla y alcanzar el objetivo específico de proporcionar “techo, tortilla y trabajo”. Una vez derrotada la guerrilla, se orientarían hacia el desarrollismo integral con el Plan de Campaña “Reencuentro Institucional 84”, que pretendía reconstruir lo que había “dañado la subversión” a través de la creación de los Polos de Desarrollo y las Aldeas Modelo, y paralelamente trabajar para el retorno a la constitucionalidad garantizando “pureza y legalidad”.

Los Polos de Desarrollo fueron centros poblacionales organizados que garantizaban la “adhesión de la población, su respaldo y participación conjunta con la Institución Armada en contra de la subversión”, cuya misión fue el dominio absoluto del espacio territorial –en “áreas de conflicto”- y de la masa humana ubicada en éste. El Polo estaba integrado por las aldeas modelo, las patrullas de autodefensa civil, los centros de reeducación ideológica, los centros de recepción de refugiados o desplazados, los destacamentos militares, las pistas de aterrizaje, la infraestructura de carreteras, los proyectos desarrollistas y de infraestructura (Iglesia Guatemalteca en el Exilio, 1989: 32; Ejército de Guatemala, enero-abril 1984: 75-88):

para el ejército poder preparar y lanzar una ofensiva militar; ...significa desplazar población para luego capturarla, reeducarla y concentrarla en aldeas modelo, así como integrarla al sistema de patrullas civiles; reforzar sus cercos estratégicos y acercarse más a las áreas de refugio; y lanzar una siguiente ofensiva apoyándose en la reorganización de infraestructura que supone este proceso de destrucción y reconstrucción simultáneas (I.G.E., 1989: 34)

Así, le siguieron el Plan de Campaña “Estabilidad Nacional 85”, que se encontraba perfectamente trazado por el mismo general Gramajo en su Tesis de Estabilidad Nacional, y el “Avance 86” que establecía la salida del gobierno militar y la transición a la democracia con las primeras elecciones libres (6). El ex director de operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Coronel Terraza Pinott así lo expuso:

las estrategias puestas en práctica por el ejército en los planes Victoria 82 y Firmeza 83 permitieron reducir y desarticular la acción de la subversión marxista-leninista y alcanzar en forma parcial los objetivos de techo, tortilla y trabajo. Creadas las condiciones de seguridad se establecieron los siguientes objetivos: 1) el retorno a la constitucionalidad; 2) reconstrucción de todo lo destruido por el terrorismo; 3) reubicación de los desplazados a su lugar de origen (…) El esfuerzo realizado durante la ejecución de los planes de campaña anteriores permitió reducir a una simple molestia las acciones de los terroristas, creándose así las condiciones para ejecutar el plan de campaña Estabilidad Nacional 85 (Terraza Pinott, 12/8/1987).

Se hace evidente que los planes de campaña de 1982 y 1983 fueron los que delinearon entonces la masiva represión y despliegue de violencia y que el año 1984 representó el de la fundación de un nuevo orden democrático limpio de elementos terroristas: “...una vez conseguida la seguridad, el ejército penetra en la población con el incentivo de desarrollo, para corregir las vulnerabilidades que presenta nuestra sociedad por el estado de abandono en que ha vivido y que la subversión ha explotado en forma muy eficiente... por lo que se hacía necesario contrarrestarlo en la misma forma y es por eso que entramos en la era de las operaciones ideológicas y desarrollistas...” (General Lobos Zamora, 1984. Citado en I.G.E., 1989: 13)

Palabras finales

A lo largo del artículo hemos elegido tres dimensiones de la última dictadura institucional de las Fuerzas Armadas guatemalteca: la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio (7). Esta elección tuvo un objetivo pedagógico: desarrollar tres variables que, junto a la modalidad del ejercicio de la represión en la zona urbana, muestran, a nuestro juicio, los aspectos similares que compartió la dictadura guatemalteca con las experiencias del Cono Sur. Las similitudes nos hablan de condicionantes parecidos, en contraste con las diferencias. El rasgo singular de Guatemala fueron las características cuantitativas y cualitativas de la represión en la zona rural tipificada como genocidio. Esa diferencia tiene que ver con otras dimensiones que no hemos comparado aquí, pero hemos mencionado sucintamente: los planes operativos del ejército y la legitimidad trascendental. En estas variables una dimensión de larguísimo alcance como el racismo ocupó un lugar central.

En el documento Apreciación de Asuntos Civiles para el área Ixil, por ejemplo, se consigna que los ixiles formaban parte de la “resistencia pasiva” del enemigo. Sin embargo, no por sus ideales políticos. Para el ejército el indígena era “anticomunista por tradición” y no entendía “la dialéctica marxista”: “El enemigo se comunica en su lengua con los ixiles y de esa manera se ha ganado su confianza. En el adoctrinamiento no menciona directamente la doctrina marxista-leninista u otros términos que serían extraños a los Ixiles” (Ejército de Guatemala, septiembre-diciembre, 1982: 36). En efecto, el problema era otro. El problema era los ixiles alzados contra sus enemigos: “en la mente xil identifican con el eno [enemigo] a los propietarios de las fincas más productivas de la región, funcionarios de gobierno, ejército y ladinos en general” (Ejército de Guatemala, septiembre-diciembre, 1982: 56-57). El peligro era la guerra de castas.

El general Gramajo en su libro explicó que los grupos guerrilleros buscaron la unión con la población local

estimulando el resentimiento de éstos por el abandono en que se mantenían, empleando como argumento que la situación era causada por los militares que servían a los ricos […] en evidente acción discriminatoria e incrementando el proceso de explotación, cuyo objetivo final era exterminar a su raza. Las condiciones socioeconómicas, principalmente al norte de Huehuetenango y Quiché, la región de Ixcán, facilitaron este proceso de integración indígena a la subversión (Gramajo, 1995: 113).

El tipo de violencia genocida se ejerció contra determinados grupos de la población rural e indígena porque se los consideró base social de la “subversión”, cuya definición abarcó mucho más que la propia guerrilla. Finalmente, el neopentecostalismo de Ríos Montt y de todo su gobierno ayudó a delimitar al enemigo interno. Un pastor de la secta expresó una frase que es sintetizadora: “El ejército no mata a los indígenas, sino que masacra a los demonios, pues los indios están endemoniados, son comunistas” (Citado en Schäfer, 1992: 233).

Como indicó el mismo Ríos Montt:

   Naturalmente, si una operación subversiva existe donde los indígenas están involucrados con la guerrilla, los indígenas morirán. Sin embargo no es la filosofía del Ejército matar indígenas, sino reconquistarlos y ayudarlos” (…) “La guerrilla se ha traído muchos colaboradores indios, por lo tanto los indios son subversivos. ¿Y cómo combatir la subversión? evidentemente matando indios(8).

En contraste a los estereotipos de la institución castrense, el papel que ocupó la población indígena en el conflicto armado fue heterogéneo. Hubo quienes participaron activamente en la lucha armada como combatientes, quienes apoyaron con alimentos, quienes simpatizaron, quienes jamás tomaron contacto con las organizaciones guerrilleras.

La comparación de las experiencias represivas latinoamericanas de mediados de los años sesenta y fines de los años ochenta nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Esta estrategia, a nuestro juicio, colabora a poner en perspectiva los casos particulares. Así podemos rehuir a las nimiedades históricas e iluminar las especificidades a los fines de soliviantar las grandes generalidades teóricas.

Notas

1) La CEH (1999) trabajó sobre una muestra de 6159 casos de desaparición forzada y Carlos Figueroa Ibarra (1999) sobre una muestra 4042. De acuerdo al historiador Arturo Taracena Arriola hubo un desbalance en las sedes que ubicó la CEH: fueron numéricamente mayores en las regiones indígenas que en las regiones ladinas (de población mestiza) lo que provocó un desequilibrio entre la investigación de la violencia en el ámbito urbano y el rural y, por ende, en la recopilación de los datos (2007: 103). En nuestra entrevista a Ana González, quien fue la experta Argentina que estuvo a cargo de dichas regiones ladinas en la investigación de la CEH, esgrimió lo mismo que el historiador. Esto nos mueve entonces a considerar los datos ofrecidos por Carlos Figueroa Ibarra y reflexionar que este tipo de violencia tuvo algunas diferencias con el genocidio perpetrado en las zonas rurales. En otro términos: si bien puede haber colaborado con el genocidio, fue una práctica que tuvo una dispersión cronológica mucho mayor que las masacres y la tierra arrasada, por ejemplo.

2) En el plan de campaña Firmeza 83-1 se planteaba entre los objetivos que “se localice, aniquile y destruya al enemigo y a sus fuentes de abastecimiento” (EG, 1983-1: 1). Por ello, la maniobra de la primera fase consistió en “arrasar con todos los trabajos colectivos de siembra que la subversión posee en determinadas áreas donde se ha comprobado plenamente la participación activa y de colaboración de aldeas comprometidas que simpatizan y están organizadas por la subversión” (EG, 1983-1: 2). Las bastardillas son mías.

3) La población desplazada que no retornó por la amnistía formó las Comunidades de Población en Resistencia. Estas estuvieron absolutamente estigmatizadas por el ejército y de hecho fueron blanco de las campañas genocidas hasta 1989.  Sólo citaremos a modo de ilustración un parágrafo de la obra ganadora del certamen científico y cultural organizado con motivo del Primer Centenario del Estado Mayor de la Defensa Nacional: “Las organizaciones terroristas han basado su estrategia de guerra en el principio de ‘EL PEZ ES AL AGUA COMO LA POBLACION ES A LA GUERRILLA’. De aquí, que la lucha armada se ha incrementado más en las poblaciones campesinas (...). La situación fue tal que poblaciones enteras se alzaron en armas y muchas se fueron a las montañas, engañadas (...). Los subversivos se aprovecharon de la situación imperante y fueron convirtiéndolos poco a poco en COMUNIDADES DE POBLACION EN RESISTENCIA (...). Sin embargo, el Ejército dio una respuesta a este problema, combatiendo militarmente en el campo a los subversivos, recuperando población y posteriormente, con ayuda del gobierno, se crearon los Polos de Desarrollo” (Rivas Cifuentes, 1990: 13-14)

4) Parte de este temor surgió como consecuencia del rol que tuvo la Conferencia Episcopal de América Latina en el triunfo del sandinismo y directamente de la Doctrina Reagan y del documento “Santa Fe I” del año 1981.

5) La ideología que sustentaba el ejército, su estrategia militar, política, económica y social, y su visión de la construcción del destino nacional fue dado a conocer -por primera vez en la historia del país y en forma exhaustiva- en una presentación oficial del ejército en el Foro Nacional denominado “27 Años de Lucha por la Libertad” organizado por el Consejo Empresarial de Guatemala, el día 12 de agosto de 1987. Cinco días después de la firma de los acuerdos contenidos en el Esquipulas II. Dichas exposiciones fueron luego trabajadas por  Iglesia Guatemalteca en el Exilio en el año 1989 y publicadas las transcripciones en el año 1995 por Inforpress Centroamericana. Se ha sabido más de ello gracias al General Héctor Alejandro Gramajo, quien publicó en el año 1989 La Tesis de la Estabilidad Nacional y en el año 1995 su propio libro. Además, ha realizado numerosas presentaciones públicas y ha colaborado otorgando entrevistas a investigadores.

6) Los Planes de Campaña que siguieron fueron: Plan Consolidación 86; Plan Fortaleza 87; Plan Unidad 88; Fortalecimiento Institucional 89; Avance 90; Fortaleza por la Paz 91; Consolidación por la Paz 92, etc.

7) Otro recorte y otras dimensiones pueden encontrarse en la magnífica obra de Carlos Figueroa Ibarra (2011).

8) Gobierno de EEUU, “Foreign Broadcast Information Service, Central America”, 2/6/1982. Citado en CEH (1999, Tomo I: 200)

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*Julieta Rostica es socióloga (UBA), magíster en estudios latinoamericanos (UAM) y doctora mención ciencias sociales y humanas (UNQUI).Es investigadora de CONICET y docente en la carrera de sociología y en la maestría en estudios sociales latinoamericanos (UBA). Coordina el Grupo de Estudios sobre Centroamérica en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, UBA. Sus investigaciones se han ocupado de las condiciones sociohistóricas de la violencia política en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. El racismo y el genocidio han sido sus temas principales.