El Archivo General de la Universidad de la República. Una experiencia de aprendizaje de conservación e investigación con documentos históricos

Markarian/Dossier en PDF

Vania Markarian* 

Archivo General de la Universidad de la República

Montevideo, 2015

vm119@caa.columbia.edu

Resumen: El objetivo de este trabajo es compartir la experiencia del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República (AGU) en la organización, descripción, conservación y puesta en servicio de la documentación que allí se custodia. Luego de relatar brevemente el proceso de creación y las funciones de ese espacio de trabajo académico, las páginas que siguen intentan resumir algunos aprendizajes que pueden servir para pensar problemas similares a los que se nos plantearon en estos años de existencia. Finalmente, se trata de enmarcar esa trayectoria en el proceso de cambios ocurrido en los últimos diez años en las políticas archivísticas del Estado uruguayo y se aportan algunas reflexiones sobre la importancia del mantenimiento de este tipo de documentación en la órbita pública como garantía de su conservación global y su más amplia accesibilidad.

Palabras clave: Archivos, Universidad de la República, políticas archivísticas, Uruguay

Introducción

En historia, todo comienza con el gesto de poner aparte, 

de reunir, de convertir en “documentos” 

algunos objetos repartidos de otro modo.

Michel de Certeau, La escritura de la historia 

(México: Universidad Iberoamericana, 2006).

El objetivo de este trabajo es compartir la experiencia del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República (AGU) en la organización, descripción, conservación y puesta en servicio de la documentación que allí se custodia. Luego de relatar brevemente el proceso de creación y las funciones de ese espacio de trabajo académico, las páginas que siguen intentan resumir algunos aprendizajes que pueden servir para pensar problemas similares a los que se nos plantearon en estos años de existencia. Finalmente, se trata de enmarcar esa trayectoria en el proceso de cambios ocurrido en los últimos diez años en las políticas archivísticas del Estado uruguayo y se aportan algunas reflexiones sobre la importancia del mantenimiento de este tipo de documentación en la órbita pública como garantía de su conservación global y su más amplia accesibilidad.

Creación y actividades del Área de Investigación Histórica del AGU

Como su nombre lo indica, el AGU no es solamente un archivo histórico sino que se ocupa también de asistir a los organismos centrales de la Universidad de la República (Udelar) preservando su documentación administrativa y proporcionando reglas generales para el manejo de la misma en el marco de los actuales procesos de mejora de la gestión en la institución. Este artículo, sin embargo, refiere solamente a la labor del Área de Investigación Histórica, que alberga actualmente una importante colección de documentos históricos y lleva adelante programas de investigación sobre temas de historia intelectual.

Este espacio académico fue fundado en 2005 (tres años después de la creación del AGU) con el cometido inicial de mantener, organizar y poner a disposición pública varias series de documentos institucionales, incluyendo las actas, resoluciones y notas de los organismos centrales del cogobierno como el Consejo Directivo Central y la Asamblea del Claustro. Esas series, que se remontan a la fundación de la Universidad de la República a mediados del siglo XIX, habían permanecido en su sede cuando el régimen autoritario que gobernó al país entre 1973 y 1984 confiscó la mayor parte de su acervo histórico y lo envió al Archivo General de la Nación (AGN, donde está actualmente abierto para consulta pública). Debido a restricciones legales vinculadas a ese procedimiento de traslado, esa documentación no puede ser devuelta al AGU por el momento (1). 

Este contratiempo inicial nos forzó a repensar los cometidos y posibilidades del archivo universitario con la idea de crear una colección de materiales históricos que ofreciera una perspectiva diversa y quizás hasta más atractiva del papel de nuestra institución en la historia de Uruguay. Asi, fuimos llegando a la conclusión de que la documentación estrictamente institucional no terminaba de reflejar una peripecia que acompaña casi toda la existencia independiente del país. Nos pusimos entonces en contacto con las familias de profesores destacados y otras personalidades allegadas a la Udelar y les pedimos que nos acercaran los documentos que estuvieran en su poder. Estas colecciones que denominamos “Archivos Privados en el AGU”, integran actualmente la documentación de y sobre José Luis Massera, Rafael Laguardia, Julio Ricaldoni, Óscar Maggiolo, Lucía Sala, Blanca París de Oddone, Mario Wschebor, Juan Oddone, Roberto Caldeyro Barcia, Mario Otero e Indalecio Buño, entre otros. Incluyen los más variados soportes y tipos documentales como manuscritos, fotografías, publicaciones, documentación personal y la siempre rica correspondencia enviada y recibida. Además, el proceso de ordenamiento y puesta en servicio de estas colecciones suele regalar hallazgos imprevistos porque los archivos privados tienen algo de caja de sorpresas, de atisbos inesperados en las vidas de sus productores. Concebido desde la institución a la que tanto dedicaron, este esfuerzo de organización y apertura al público es también un homenaje al inmenso aporte de todas esas personas a la historia cultural de Uruguay y la región, una forma de seguirlas teniendo presentes como inspiración y contraste de nuestra actividad cotidiana.

Esta empresa de detección de gente y organizaciones que pudieran tener materiales de importancia para nuestro acervo obtuvo otros logros importantes. A partir de un primer proyecto conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que nos cedió su documentación en custodia, realizamos una campaña que permitió recolectar miles de documentos provenientes de más de treinta donantes particulares con trayectorias diversas como estudiantes, profesores y egresados de la Universidad, entre los que se destaca el grupo conocido como “Generación 83”, de destacada participación en la militancia estudiantil durante el proceso de transición a la democracia en los años ochenta del siglo pasado. Sus donaciones incluyen cartas, manuscritos, fotos, folletos, periódicos y otras publicaciones que cubren asuntos tan variados como planes académicos, activismo político, actividades gremiales, cooperación internacional, seminarios, encuentros y otros aspectos relativos a la historia de la institución desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. En 2010 incorporamos el archivo del artista conceptual Clemente Padín, licenciado en letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias en los ochenta, quien trajo al AGU no sólo sus obras y abundantes publicaciones sino también su biblioteca, su hemeroteca y cientos de trabajos obtenidos a través de contactos con otros artistas de las más diversas partes del mundo. A partir de esa fecha, con financiamiento del Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía y en acuerdo con la Red Conceptualismos del Sur, hemos procedido a la organización y puesta en servicio de esta colección mediante su inventario integral y digitalización parcial (2).

Junto con esta política activa de detección e incorporación de archivos, también hemos rescatado algunos conjuntos documentales de gran valor que estaban almacenados (y a veces abandonados) en diferentes servicios de la Universidad como los expedientes de la Dirección General Jurídica durante el período de la intervención y algunos materiales del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) en los años ochenta. Entre esos “proyectos de rescate”, merece una mención especial el iniciado en 2011 con la Comisión Coordinadora del Interior para detectar y recolectar documentos relativos a la presencia de la Universidad en los diferentes departamentos del país, reconstruyendo a su vez la historia de la expansión de la enseñanza superior en el territorio nacional, los debates y tensiones que la acompañaron, muchas veces con la ayuda de entrevistas a sus protagonistas (lo cual derivó en la creación de un importante archivo de historia oral). Este trabajo ha involucrado, además, un importante esfuerzo de capacitación del personal que está en contacto directo con la documentación, en el entendido de que un verdadero proceso descentralizador debe incluir el compromiso a nivel local con la conservación del patrimonio documental (3).

En esa misma línea, el “rescate” más complejo que hemos realizado es el del archivo del Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República (ICUR) que funcionó entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado. Tuvimos para ello apoyo del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU, Ministerio de Educación y Cultura), la productora privada HTV3, técnicos y profesionales del sector audiovisual y el reiterado patrocinio del Programa ADAI (Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos). Este acervo, que custodiamos desde 2007, se compone de centenares de películas, miles de fotografías, una biblioteca técnica y otra documentación que ilumina un estadio temprano del desarrollo del cine en Uruguay. Cabe destacar que el ICUR fue la primera institución nacional abocada a la producción de cine científico y pedagógico desarrollando métodos audiovisuales pioneros de observación de fenómenos biológicos para convertirse posteriormente en un espacio de innovación en lo que hace al cine documental de interés social y político. Sabiendo que el tratamiento de documentos audiovisuales presenta grandes desafíos, acrecentados en este caso por el valor, el volumen y el estado de un acervo que nunca había recibido cuidados específicos, decidimos en primer lugar evitar la aplicación acrítica de criterios técnicos y tratar de adecuar los procedimientos disponibles a nuestras capacides y necesidades. Con esa consigna, iniciamos un primer trabajo de descarte y limpieza manual para luego mejorar las condiciones ambientales y el tratamiento preventivo del conjunto de las películas. Recordemos que se trata de documentos muy inestables desde el punto de vista físico-químico porque su soporte predominante es acetato de celulosa, un material que al descomponerse libera el ácido acético con el que había sido fabricado y produce un importante efecto de contagio y degradación general. A partir de 2011, la incorporción de un equipo abocado específicamente a la conservación y digitalización permitió la concreción de una cadena de trabajo orientada a la conservación integral del archivo. Se logró entonces estabilizar los materiales fílmicos, restaurar su soporte analógico, telecinar y tratar digitalmente las películas capturadas y almacenar los archivos resultantes, sin perder de vista los aspectos archivísticos, históricos y tecnológicos de las imágenes.

Digamos para terminar este breve repaso que la digitalización de documentos audiovisuales requiere la puesta a punto de tecnologías obsoletas y tiene costos elevados en equipamiento, material de respaldo y tiempo de trabajo. Es necesario, por tanto, evaluar y seleccionar para optimizar recursos. Nosotros decidimos realizar una digitalización integral para preservar todo el acervo del ICUR, teniendo en cuenta el gran valor de esta documentación para la historia de la Udelar y el cine científico y documental en Uruguay. Además, consideramos relevante formar un equipo técnico que produjera conocimiento útil para futuros trabajos de preservación de imágenes en diferentes formatos, dado que no hay demasiados antecedentes en la materia en nuestro país. En ese contexto, optamos por el uso y adaptación del telecine heredado del ICUR y no por un escaneo cuadro a cuadro que hubiera brindado una imagen de calidad superior, fiel al original y sin dañar el material, pero que, por su alto costo, nos habría permitido digitalizar sólo algunas de las obras. Recién al culminar este trabajo de recuperación integral, resolvimos abocarnos a conseguir fondos para procesos más onerosos aplicados a casos puntuales, etapa en la que nos encontramos actualmente (4).

Por otra parte, el área de Investigación Histórica del AGU hace honor a su nombre y lleva adelante diferentes proyectos de investigación más o menos independientes de nuestro acervo documental. Las actividades de investigación se plasman también en frecuentes charlas y encuentros académicos, así como en la publicación de selecciones documentales de nuestro acervo y trabajos sobre otros temas de nuestro interés como la protección de los documentos relacionados con violaciones de los derechos humanos en la última dictadura. Contamos a su vez con una biblioteca auxiliar pequeña pero rica en materiales relativos a la historia intelectual de América Latina. Todo nuestro trabajo es llevado a cabo por un equipo interdisciplinario compuesto por historiadores, archivólogos y otros profesionales de la información y la documentación. Por más información sobre todos estos asuntos, incluyendo fichas descriptivas de la documentación, catálogos e inventarios de los diferentes materiales disponibles al público y la posibilidad de descargar muchas de nuestras publicaciones, ver nuestro sitio web: www.udelar.edu.uy/ag

Algunas lecciones

Luego de este breve repaso del fortalecimiento institucional del Área de Investigación Histórica del AGU, es pertinente resaltar del modo más simple posible algunas ideas que pueden servir para pensar experiencias similares de trabajo con acervos históricos en otros espacios universitarios. Trataremos al mismo tiempo de discutir algunas nociones que todavía circulan en los debates públicos sobre el papel y formas de funcionamiento de los archivos públicos, tema sobre el que volveremos en el siguiente apartado.

La primera de esas ideas es que “se aprende haciendo”, es decir enfrentando creativamente los desafíos planteados por la misión específica de un archivo histórico universitario en sus condiciones particulares, que no es otra que preservar y servir la documentación existente en cada lugar y tratar de detectar los posibles silencios u omisiones de esa documentación. Para ello es imprescindible el compromiso institucional de cada servicio, especialmente de sus autoridades, con la salvaguarda de sus documentos históricos, expresado fundamentalmente en la asignación de suficientes recursos materiales y humanos. A la vez, no hay que olvidar aquella vieja máxima de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”, es decir que siempre es posible hacer algo con los recursos que tenemos a nuestro alcance. En otros textos hemos indicado una serie de medidas que se puede tomar aquí y ahora, sin perder más tiempo, para avanzar en ese camino (5).

El desafío principal en estas etapas iniciales del trabajo es discernir qué es un documento histórico, es decir qué rastros del pasado merecen ser preservados de forma permanente y más allá de su valor administrativo o testimonial inmediato. No hay para esto una respuesta definitiva o única. Es algo que saben bien quienes han trabajdo en comisiones de “selección documental” dirigidas a elaborar “tablas de plazos precaucionales” para controlar los procesos de purga. En cada caso habrá que considerar lo legado por las anteriores generaciones (de universitarios, en lo que nos incumbe) pero también lo que resulta interesante o novedoso desde el presente de nuestra institución y que pudo no ser contemplado en esfuerzos anteriores de conservación documental. Así lo prueban, en nuestro caso, la meticulosa conservación de las valiosas series institucionales que heredamos al crear el AGU, por un lado, y la imperiosa necesidad de rescatar lo que había quedado relegado, como sucedió con el acervo del ICUR, o nadie se había ocupado de documentar sistemáticamente, como la actividad en el interior del país. Al enfrentarse a situaciones tan extremas como esas, queda de manifiesto algo que vale para todos los archivos, por más consolidados que parezcan: su carácter artificial y político, en el mejor sentido de cada palabra. Eso implica asumir que todos los archivos tienen sus silencios y omisiones porque son el producto de las decisiones de los individuos y los grupos que han influido en su creación y mantenimiento y no emanaciones “naturales” de la actividad institucional rutinaria.

Aun hoy encontramos quienes defienden teorías de ordenamiento archivístico que apuntan a la acumulación de las series documentales conforme caduca su vida administrativa y siguen sosteniendo que el documento es registro directo y prueba irrefutable de lo acontecido, dos postulados centrales del positivismo filosófico desde la segunda mitad del siglo XIX. Queremos recalcar aquí, por el contrario, que el buen manejo de un archivo implica reconocer que la trayectoria de los fondos documentales es de carácter dispar y responde a los intereses y disputas de poder en cada contexto histórico. Supone también advertir que los nuevos métodos de investigación en ciencias sociales conciben las fuentes como vestigios de los discursos que sobre el pasado quedaron impresos. Es imperioso tener en cuenta estos cambios epistémicos para decidir cómo organizamos los archivos y cuáles son los mecanismos de validación de los documentos para su empleo en el presente (6).

Esto nos lleva a recordar que el objetivo principal de un archivo es dar acceso público al acervo que custodia, derecho ahora consagrado legalmente en nuestro país en acuerdo con las convenciones internacionales sobre la materia. Por eso, es importante tener en cuenta a los potenciales usuarios de los documentos de modo de tomar decisiones sabias sobre cómo servirlos para hacer un empleo racional de los recursos disponibles. No hay que olvidar que los archivos tienen usos diversos y por lo tanto no hay un instrumento de descripción que sea perfecto en todos los casos. En ese sentido, parece razonable funcionar con el principio de que en materia de condiciones ambientales y estrategias de preservación “más es siempre más” porque alarga la vida útil de los documentos. A su vez, no parece arriesgado afirmar que en materia de descripción suele ser válido aquello de que “menos es más”, dado que es un trabajo que insume grandes recursos humanos y la mayoría de los usuarios (especialmente en los archivos universitarios) puede manejarse con instrumentos generales de orientación. En menos palabras, no vale la pena dedicar nuestros pocos recursos a catalogar las unidades de series o colecciones documentales que necesitan un trabajo profundo de limpieza y que se pueden manejar bien con una guía o un inventario somero (adaptando en todos los casos las normas internacionales vigentes en la materia, es decir las contenidas en la General International Standard Archival Description o ISAD-G, por su sigla en inglés).

En todas estas etapas del trabajo, es aconsejable contar con opiniones de diferentes expertos y personas con formaciones diversas. La clave de nuestras experiencias más exitosas, como la del ICUR y las actividades en el interior del país, ha sido la interdisciplinariedad y la discusión franca de objetivos encontrados entre quienes se dedican a la conservación y quienes enfatizan la difusión, entre quienes están acostumbrados a interpretar los documentos para generar conocimiento nuevo y quienes investigan las propias estrategias de preservación y divulgación. Y de acá derivemos otra importante lección que hemos aprendido de nuestra experiencia: en un archivo histórico se debería investigar siempre; no sólo al usar los documentos como fuentes primarias, según hacen los historiadores, sino también para que los diferentes procesos de tratamiento archivístico sean fuente de aprendizaje que permita optimizar recursos, replicar experiencias y acumular conocimiento para nuevos desafíos.

En base a esas ideas podemos decir que hemos aprendido siete lecciones básicas de nuestro trabajo colectivo en el Área de Investigación Histórica:

1.     Se aprende haciendo, aceptando el desafío de ocuparse de los documentos que existen en cada servicio.

2.     Hay que exigir compromiso institucional, expresado en recursos materiales y humanos, para que esta tarea se realice en mejores condiciones, de modo óptimo por parte de profesionales.

3.     Siempre es posible mejorar las condiciones de conservación y accesos de nuestros documentos, por limitados que parezcan nuestros recursos.

4.     Al trabajar con esos documentos estamos tomando decisiones de política archivística, por acción o por omisión, que redundan en qué documentos se guardan y quiénes pueden acceder a ellos.

5.     Vale la pena invertir en conservación porque alarga la vida de los documentos y asegura la continuidad del acceso.

6.     Los instrumentos de descripción deben tomar en cuenta los recursos disponibles y los potenciales usuarios.

7.     El trabajo con documentos históricos requiere una actitud de investigación permanente.

Conciencia documental y políticas públicas

En un texto reciente, Horacio Tarcus pasa revista a la situación argentina en materia archivística, que bien conoce por su labor de documentalista e investigador, para reclamar un papel más activo del Estado en la conservación del patrimonio documental de nuestras sociedades. Sostiene esta demanda en la necesidad de garantizar el más amplio acceso y en la importancia de mantener la unidad y orden de la documentación, dos temas que suelen importar poco a quienes buscan amasar colecciones privadas y que tampoco se satisfacen a través de su adquisión por parte de instituciones extranjeras (7). Sus apreciaciones pueden trasladarse al caso uruguayo, signado históricamente, como el argentino, por la casi total desidia del Estado en materia archivística. Es preciso señalar, sin embargo, una serie importante de cambios en el correr de los últimos diez años.

Se produjeron en ese lapso varias transformaciones en la política archivística nacional: mejoras sustantivas del órgano rector en el tema, el Archivo General de la Nación; profesionalización de la gestión de los documentos activos de la administración pública; promoción de una nueva legislación en la materia; y asignación de fondos para el desarrollo de acciones concretas en las instituciones dedicadas a la preservación patrimonial. Se destaca en este respecto, además de las reformas realizadas en las condiciones de atención y conservación del AGN, la aprobación de las leyes del Sistema Nacional de Archivos, de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (8) y la incorporación de Uruguay en la asignación de los Fondos ADAI de la Cooperación Española para la preservación de documentación a nivel local. En este mismo período se creó la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) que brinda una institucionalidad específica a la gestión de la documentación electrónica en el ámbito estatal.

Como parte de este mismo proceso, diversas instituciones de protección documental han emprendido tareas orientadas a mejorar la conservación y el acceso a distintos tipos de archivos. El AGU fue pionero en la promoción y aplicación de esto que podemos llamar “nueva conciencia archivística” en Uruguay (una tendencia que fue ganando terreno a nivel global al menos desde los años noventa del siglo pasado). Para empezar, señalemos que nuestro archivo dio acceso público a la primera colección documental en el ámbito público relativa a violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Se trata de la documentación proveniente de la Dirección General Jurídica de la Universidad de la República, encargada de los sumarios y destituciones de cientos de funcionarios de la institución por motivos ideológios y políticos entre 1973 y 1984, durante la intervención por parte del gobierno autoritario. Estos expedientes fueron ordenados, inventariados y puestos en servicio en 2003, al menos un año antes de que el gobierno nacional comenzara a abrir de modo fragmentario sus primeros fondos documentales de ese período (los de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Nacional y los del Ministerio de Relaciones Exteriores). Por esa misma época, el AGU inició una línea de trabajo dirigida a investigar y generar espacios de reflexión en torno a la problemática general de los archivos y los derechos humanos. Entre otras acciones, entre 2004 y 2014 organizamos varios seminarios internacionales sobre esos asuntos y en 2007 publicamos el Relevamiento sobre archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en Uruguay con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (9).

Buscábamos de esa manera contribuir al debate sobre los problemas del acceso a los llamados “archivos sensibles” con el objetivo de regular cuidadosamente ese proceso sin disminuir los derechos ciudadanos al conocimiento de la documentación pública. La mayor parte de estas iniciativas se llevó a cabo cuando en Uruguay aún no existía el marco regulatorio en materia archivística antes mencionado. En ese contexto, nuestras acciones concretas dirigidas a la detección de fondos documentales provenientes del período dictatorial y las propuestas sobre su destino final trataron de aportar elementos para ir delineando una política general. El objetivo era encontrar criterios comunes entre todos los interesados en este tipo de documentación para darle el tratamiento adecuado y, aún más importante, definir patrones sistemáticos para su accesibilidad. Estos dos problemas continúan en debate en la actualidad a pesar de los grandes cambios que hemos reseñado anteriormente y de las significativas acciones tomadas desde la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente mediante sucesivos convenios con la Udelar a partir de 2005 (10). Los recientes cruces entre los mandos del Ministerio de Defensa Nacional y las organizaciones de derechos humanos sobre la disponibilidad de la documentación necesaria para las causas judiciales en curso son evidencia de las amplias zonas de indefinición que persisten más allá del marco regulatorio, sobre todo debido a la escasez de recursos y a la falta de determinación de las autoridades competentes para obligar a su cumplimiento (11).

Estas carencias, que se vuelven más notorias y dolorosas en relación a los llamados “archivos sensibles”, tan tensionados por las demandas de diferentes actores sociales, afectan en realidad a todo nuestro patrimonio documental, como bien señala Tarcus en el texto que citamos al comienzo de esta sección. La propia experiencia de un archivo universitario como el nuestro, que tratamos de reseñar en los apartados anteriores, ha implicado una actitud creativa permanente para repensar nuestros objetivos e inventar estrategias para cumplirlos con los recursos a nuestra disposición. Hemos aprendido que los archivos son instituciones complejas, con muchas funciones y requerimientos sociales y políticos, no siempre compatibles, y con recursos finitos, especialmente en lo que hace al espacio y las condiciones de conservación. No debemos olvidar, sin embargo, que estas instituciones consagradas a custodiar el patrimonio documental de diferentes grupos y actores son la garantía de su posibilidad de volver sobre sus historias y recrear sus memorias. A esta función alude Michel de Certeau en la cita que abre este artículo: “En historia, todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en ´documentos´ algunos objetos repartidos de otro modo.” (12) Con esta máxima siempre presente, los archivos deben estar decididamente abiertos a las cambiantes exigencias de la contemporaneidad sin perder de vista su misión a largo plazo y los requisitos técnicos que esta implica. El desafío es grande pero los logros de estos últimos diez años nos llevan a tener esperanza en que seguiremos mejorando la situación de los archivos públicos a nivel nacional. Este artículo trató de repasar algunos aportes del Archivo General de la Universidad de la República a ese proceso.

Notas:

(1) Las dos primeras secciones de este artículo trabajan sobre ideas antes expuestas por su autora en “Introducción: Un aprendizaje de conservación e investigación con documentos históricos” en Buenas prácticas en archivos históricos de servicios universitarios: Algunas lecciones derivadas de la experiencia del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República (Montevideo: AGU, 2013).

(2)  El trabajo con el archivo de Padín ha contado con la curadoría de Riccardo Boglione y la participación de Mariel Balás, Julio Cabrio, Lucía Secco, Evangelina Ucha y Nancy Uriarte (junto con Ana Laura Cirio y Cecilia Klein en etapas anteriores)

(3)  Por más información sobre nuestro proyecto conjunto con la Comisión Coordinadora del Interior, ver http://www.cci.edu.uy/node/77 y los materiales allí citados. Ver también “Una experiencia de detección de documentos históricos: Acceso a la documentación de la Universidad en el interior del país” en Buenas prácticas en archivos históricos de servicios universitarios, ob. cit. El proyecto es coordinado por María Eugenia Jung y ha contado con la colaboración de Nancy Uriarte y Evangelina Ucha (junto con Ana Laura Cirio en etapas anteriores).

(4)  Por más información sobre este proyecto, ver “Un ejemplo de trabajo interdisciplinario con materiales audiovisuales: Rescate del fondo documental del ICUR” en Buenas prácticas en archivos históricos de servicios universitarios, ob. cit. El Laboratorio de Preservación Audiovisual del AGU, a cargo de este proyecto, es coordinado por Isabel Wschebor y está integrado, además, por Mariel Balás, Julio Cabrio y Lucía Secco (junto con Evangelina Ucha en etapas anteriores)

(5)  Ver “Pautas de organización, descripción y conservación de documentos históricos” en Buenas prácticas en archivos históricos de servicios universitarios, ob. cit.

(6)  Sobre estos temas, ver los aportes contenidos en Francis X. Blouin Jr. y William G. Rosenberg, editores, Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2007)

(7)  Ver Horacio Tarcus, “Alegato contra el coleccionismo privado de manuscritos” en Ñ: Revista de Cultura 521, 24 de enero de 2015, 7

(8)  Se trata de las leyes 18.220, de diciembre de 2007, que creó el Sistema Nacional de Archivos, 18.331, de agosto de 2008, de protección de datos personales, y 18.381, de octubre de ese mismo año, que regula con precisión los mecanismos de acceso a la información pública y detalla cómo proceder con la documentación referente a violaciones a los derechos humanos.

(9)  Ver Vania Markarian, editora, Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en Uruguay (Montevideo: AGU, MEC, PNUD, 2007) e Isabel Wschebor y Vania Markarian, editoras, Archivos y derechos humanos: Los casos de Argentina, Brasil y Uruguay (Montevideo: AGU, 2009).

(10)   Por información sobre estos convenios y sus resultados, ver los informes de los equipos universitarios coordinados por José López Mazz y Álvaro Rico en http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/informes/investigacion-historica-sobre-detenidos-desaparecidos.

(11)   Ver por ejemplo “Tapando el sol” en La Diaria, 27 de mayo de 2015.

(12)   Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 2006).

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo. “Tapando el sol”. En La Diaria, 27 de mayo de 2015.

Archivo General de la Universidad de la República (2013) Buenas prácticas en archivos históricos de servicios universitarios: Algunas lecciones derivadas de la experiencia del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República. Montevideo: AGU.

Blouin Jr., Francis X. y Rosenberg, William G. editores. (2007) Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

de Certeau, Michel (2006) La escritura de la historia. México: Universidad Iberoamericana.

Markarian, Vania. editora (2007) Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en Uruguay. Montevideo: AGU, MEC, PNUD.

TARCUS, Horacio (2015) “Alegato contra el coleccionismo privado de manuscritos”. Ñ: Revista de Cultura 521, 24 de enero de 2015, 7.

Wschebor, Isabel y Markarian, Vania, editoras (2009) Archivos y derechos humanos: Los casos de Argentina, Brasil y Uruguay. Montevideo: AGU, 2009.

*Vania Markarian (Montevideo, 1971) es Doctora en Historia Latinoamericana (Columbia University, 2003) y Licenciada en Ciencias Históricas (Universidad de la República, 1996). Ha enseñado e investigado en la Universidad de la República, New York University, Columbia University, City University of New York, Princeton University, Universidad Nacional de General Sarmiento y el CLAEH. Tiene numerosas publicaciones sobre el período de la Guerra Fría de Uruguay y Latinoamérica entre las que se destaca el libro Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Networks, 1967-1984 (Nueva York: Routledge, 2005) que fue también publicado en español como Idos y recién llegados: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos, 1967-1984 (México: Ediciones La Vasija/Correo del Maestro y CEIU, 2006). Su último libro es El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat (Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012). Actualmente es Responsable del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.