Rastros y restos de Archivo: una aproximación al territorio de los documentos universitarios

Casareto y Casareto/Introducción en PDF

Samanta Casareto*

Laura Casareto**

archivohistorico@presi.unlp.edu.ar

“Desarchivar lo archivado, mostrar lo oculto, exponer lo arrebatado, 

es la forma que tenemos de contribuir a 

la memoria, la verdad y la historia” (Funes, 2014:117)

Un documento guardado en un cajón bajo siete llaves, arrumbado en un depósito abandonado o bajo las mejores condiciones de conservación, pero sin posibilidad de acceso no tiene ningún sentido ya que no está siendo resguardado por  una sociedad que reclame sobre ellos y sus valores. Esta idea parte de una concepción del patrimonio cultural como algo dinámico, que no depende de los objetos o de los bienes, sino de los valores que un colectivo le atribuye en cada momento de la historia y que determinan cuáles hay que proteger y conservar para la posteridad.

En cuanto al trabajo de archivo, entonces, se establece una relación dialéctica entre prácticas-técnicas archivísticas y la valoración social-institucional-cultural de la documentación: sin una no es posible la otra. Es decir, que a este faz de tensiones casi externas al Archivo (la valoración social), se les suma las intrínsecas de la valoración archivística: por series, por valores vigentes (legales, administrativos, fiscales), por garantía de derechos imprescriptibles, valoración que es la que decide qué se conserva y qué no desde la disciplina y no desde los momentos histórico-políticos. Sin embargo, es pertinente resaltar que la problematización sobre los archivos y los procesos sociales que llevan a la organización de los mismos, surgen a partir de un encuentro con la realidad de la práctica política de los actores sociales, más que desde preocupaciones analíticas o disciplinarias. “No hay, digámoslo ya, archivo sin afuera” (Alvaro, 2005/2005). 

La cultura material –documento, objeto, arquitectura- no es, de este modo, parte del patrimonio por una cualidad intrínseca que lo predisponga a serlo. El patrimonio documental –parte del patrimonio cultural- no es dado, sino buscado, encontrado y fabricado a través de un proceso político y colectivo donde se ponen en tensión las relaciones que una sociedad establece con su presente, a través de su pasado y sus posibles futuros. Los intereses son atribuidos como resultado de ásperas disputas cuyo decisivo poder es sublimado cuando los objetos se estabilizan como los “documentos de un acervo” (Da Silva Catela, 2002). Siguiendo la idea de Mariana Nazar, “la solución requiere de una fuerte resignificación política del papel de los archivos para la sociedad” (Nazar, 2010).

En este marco, pensar la cuestión de los Archivos y los Centros de Documentación universitarios (1), y de los documentos que son testimonio en y para la reconstrucción de la historia y las memorias de las universidades latinoamericanas, implica reflexionar sobre un territorio de disputas y conflictos. Diversos actores –dentro y fuera de la comunidad universitaria, con intereses y perspectivas diferentes- llevan adelante luchas sociales y políticas sobre el contenido de lo que se conserva, la propiedad y el acceso, planteando problemáticas y desafíos en torno a la recuperación, organización, accesibilidad y puesta en valor documental al interior de las universidades latinoamericanas.  

También hay que advertir que en la compleja trama de la historia y de la memoria, no siempre estos documentos quieren ser descubiertos. “Cuando hablamos de regímenes autoritarios o dictatoriales, donde la arbitrariedad y la clandestinidad se convirtieron en la norma del accionar estatal, el tema del resguardo de los rastros y archivos debe ser visto” (Jelin, 2002) desde una perspectiva particular. Al actuar clandestina e ilegalmente “es de esperar”, reflexiona Elizabeth Jelin, “que muchas acciones no hayan dejado registro documental” (o que se lo haya borrado). A lo que Franco y Levin agregan: “[…] es muy difícil acceder a las fuentes estatales o militares sobre el período dictatorial –porque son negadas, están ocultas, han sido sacadas del país, destruidas o incluso porque no existen-. De ahí que la figura del testimoniante haya adquirido un lugar central en la construcción de las narrativas profesionales” (2007:59-60). Sin embargo, y considerando el funcionamiento burocrático de los estados modernos, se trató de regímenes con cadenas de mando, con organización burocrático-militar, con instituciones policiales y de inteligencia, que tienen la cultura de llevar registros, redactar informes, organizar prontuarios y Archivos, tradición que tiene continuidad sean tiempos dictatoriales o democráticos. Los documentos –decisivos para las investigaciones de desapariciones y crímenes de lesa humanidad- están, pero sin estar organizados o, peor aún, sin ser descubiertos, recuperados, encontrados no pueden ser consultados o ser prueba en los juicios.

Por otro lado, estos regímenes militares tuvieron su apoyo (funcionalidad, complicidad, conveniencia, co-participación) en la sociedad civil actuando a través de diversos tipos de instituciones para ejercer sus acciones represivas y de disciplinamiento social basado en el terror. Como lo define Eduardo Luis Duhalde (2013) “el terrorismo de Estado es algo más que la consecuencia violenta de la implantación del régimen dictatorial, es una política cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación continental, que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructura institucionales”. Para los gobiernos militares de todo el Cono Sur las universidades eran un “foco de infiltración ideológica”, espacios “peligrosos”, propicios para la propagación de la “subversión” y la amenaza comunista (2). Por esto, las mismas debían ser purgadas, ordenadas y redimensionadas tanto desde el punto de vista político-ideológico como académico. Los sindicatos, las agrupaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y movimientos políticos fueron perseguidos y sus militantes encarcelados, asesinados, desaparecidos. Estas acciones del Estado terrorista tuvieron profundos efectos en el interior de las universidades argentinas y del resto de Latinoamérica. Estas acciones represivas y persecutorias quedaron plasmadas en los documentos producidos por las universidades en esta época: renuncias, censantías, expulsiones, canjes de libretas, censos, sumarios policiales, cierre de carreras, cierre de los centros de estudiantes, cupos de ingreso, cupos para alumnos extranjeros. Es decir, que en los trámites aparentemente administrativos quedaron las huellas del accionar represivo. Sólo para poner unos ejemplos, en la Universidad Nacional de La Plata, con Guillermo Gallo al frente del Rectorado -un funcionario con una altísima estabilidad dentro de la gestión de la dictadura que formó parte de la complicidad civil que apoyó al gobierno cívico miliar (3)- se cerraron las carreras de Psicología, Cinematografía, Canto, Violoncello, Piano, Violín, Guitarra, Órgano y Pintura Mural y el ingreso a la orientación en Antropología Social de la carrera de Antropología. Se reimplementaron los exámenes de ingreso y se impusieron cupos de vacantes para ingresantes. Asimismo, se dispuso el arancelamiento de los estudios a partir del ciclo lectivo 1981 (Belinche y Panella, 2014). También se solicitó un informe sobre los alumnos inscriptos en el año 1976 que arrojó una matrícula total de 54.570 estudiantes (4), se obligó a los alumnos a realizar un canje de libretas en septiembre de 1976 y se realizó un censo de docentes en 1977 (5). Todas estas medidas quedaron plasmadas en los documentos producidos por la UNLP y lo mismo sucede en otras universidades latinoamericanas, como se verá en el artículo referido a la persecución política al interior de la Universidade Federal do Rio Grande en Brasil. Algunos investigadores hasta sostienen la hipótesis de un Plan Cóndor universitario (6). 

En este marco, los Archivos y Centros de Documentación al interior de las universidades y las características concretas que asume cada una de estas instituciones en la práctica son una forma de política estatal en torno del pasado. ¿Dónde están esos documentos del pasado reciente que testimonian la violencia organizada en las universidades latinoamericanas? ¿Qué quedó de ellos? ¿Qué estrategias se han llevado a cabo para la valoración social de estos fondos universitarios?

Frente a la idea estática, neutra y establecida de que los Archivos son espacios oscuros, fríos, llenos de polvo donde se guarda “el mundo entero” y que aquello que no está archivado no fue, los Archivos Universitarios son territorios de memoria, de conflicto, de litigio, de desplazamientos a lo largo del tiempo, con variedad de criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos y soberanías. “La noción de territorio se refiere a las relaciones o al proceso de articulación entre los diversos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se involucran en el trabajo de producción de memorias sobre la represión; resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de un tejido de espacios que potencialmente puede ser representado por un mapa” (Da Silva Catela, 2001 y 2002).  

El acervo de un Archivo es resto de un rastro mayor de documentos. Como observa Michel  Foucault (1969), el acervo documental nunca logra ser definido de manera total, clara e incontrovertida. Siempre hay una profusión que desborda los límites como así huecos, lagunas, fragmentos faltantes. Un documento de Archivo, producto de las funciones de una institución, es fácil de destruir y difícil de conservar en el marco de las políticas de archivo latinoamericanas y, específicamente, argentinas. Roberto Pittaluga (2007) plantea, al respecto, que “las políticas públicas en la Argentina han sido—y mayoritariamente siguen siendo— políticas de restricción del acceso al Archivo. En el mejor de los casos, restricción a lo reunido —falta de inventarios, de catálogos, de lugares—; en el peor, destrucción de aquello que fue o pudo ser (temporalmente) archivado”. Es decir, la historia de los Archivos es la tradición de una ausencia, de la supresión del Archivo, su emigración o su privatización. Los Archivos, cuando se crean como instituciones sociales, fueron durante largo tiempo secretos y fueron necesarias las revoluciones modernas y que los Archivos sean públicos para que comience a gestarse la archivística como disciplina.

En este marco general y partiendo de que “[archivar] hace referencia a una serie de operaciones conceptuales y políticas por medio de las cuales se autoriza, se domicializa –en coordenadas espaciales y temporales-, se consigna, se codifica y se nombra el pasado en cuanto tal”, como el ejercicio de producir un mapa” (Castillejo Cuéllar, 2009:306) y centrando nuestro interés no únicamente en el contenido de aquello que se dice se “recuerda”, se “silencia”, se “olvida”, sino además en el proceso social y político a través del cual una cierta experiencia o grupo de experiencias son reconocidos como parte de un acervo que constituye el pasado, este dossier pretende poner en debate reflexiones en torno a los Archivos y centros de documentación universitarios y en torno a otros Archivos que resguardan documentos referidos a las universidades y, sobre todo, que son testimonio de las acciones represivas en ámbitos universitarios latinoamericanos, es decir, lo que definimos como el territorio de los documentos universitarios.

¿De qué modo las universidades se relacionan con las memorias, en el sentido de qué memorias posicionan en el espacio público? ¿De qué memorias sobre su propia historia fue, hasta ahora, emprendedora cada universidad? ¿Cuál es la historia ya contada sobre la historia de cada universidad que debe repensarse a partir del análisis de sus documentos? ¿Es posible que las universidades no se no se hagan cargo de la responsabilidad y compromiso social de custodiar su patrimonio documental? ¿De quién es ese patrimonio? ¿Cuánta trascendencia y qué importancia poseen los “papeles” universitarios en pos de la elaboración de una “memoria colectiva”? (7). ¿Seremos capaces de reconstruir las memorias de la dictadura, los agentes de esa época y, a partir de ello, alentar la discusión sobre el futuro de la comunidad universitaria en el contexto nacional y latinoamericano?

En este punto, en la misma línea crítica de otros autores como Marie-Claire Lavabre (1994), se advierte sobre la falacia de confundir “memorias en democracia” con “memorias democráticas”, y los riesgos de obturar el acceso a los documentos y a las experiencias que revelan cómo el pasado continúa habitando el presente y qué tipo de futuros habitan en esos lenguajes del pasado.

En este marco, este dossier presenta artículos sobre Archivos universitarios de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México, con la particularidad de un artículo sobre el Archivo y Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria, ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), un archivo de fuerzas de seguridad.

En el caso de la Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba desde su misma fundación por los jesuitas en 1621 (Buchbinder, 2005) presta especial atención al Archivo. Tan es así que en las primeras Constituciones que dio el padre Andrés de Rada en el año 1664, la Constitución segunda trata de la organización del Archivo, creándose en ese mismo año el Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba que depende actualmente de Rectorado. El documento más antiguo que conservan data de 1609 (serie Documentos) (7). Este es el Archivo universitario más antiguo de nuestro país, más aún que el Archivo General de la Nación creado en 1821.

Siguiendo con el caso de la Universidad de Buenos Aires, universidad que se funda por un decreto del 9 de agosto de 1821 en el marco de un proceso de descomposición del modelo de la Universidad escolástica (Buchbinder, 2005), esta institución de educación superior comenzó la organización de su Archivo histórico en 1931, según consta en una nota del 3 de febrero de ese año donde se considera "que hay interés en organizar el Archivo de la Universidad en forma que pueda prestar utilidad pública facilitando la compulsa de los valiosos documentos existentes en la misma desde su fundación”. De acuerdo con lo expuesto en dicha nota, el interventor de la UBA, Dr. Benito Nazar Anchorena, “(…) resuelve (…) encargar la organización del Archivo al personal permanente de la Facultad de Filosofía y Letras (…)". El Archivo estaría destinado a recibir y custodiar los documentos del Consejo Superior y de los Departamentos que formaban parte de la Universidad y debían ser ordenados por materia, en legajos manuales, numerados correlativamente. En diciembre de 1972 se recrea este espacio como Museo y Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires teniendo como meta la centralización de los objetos y material heurístico perteneciente a la Universidad, y, además, se planteaba la necesidad de actuar en coordinación con las facultades que poseyeran organismos similares, para que adoptaran métodos comunes de clasificación. Actualmente, el Archivo depende de la Secretaría de Asuntos Académicos y se encuentra bajo la supervisión del Programa de Historia y Memoria "200 años de la Universidad de Buenos Aires”. Su acervo documental se conforma como producto de la evolución institucional de la UBA desde 1821 hasta 1942 (8).

En cuanto a la Universidad Nacional de la Plata, en 2013 se creó su Archivo Histórico con el objetivo de reunir, organizar, conservar y difundir el documental de carácter histórico y/o testimonial producido por la Universidad a través de sus distintas dependencias. Asimismo, este Archivo tiene como meta proyectar una política archivística general que involucre a los documentos en todo su ciclo vital, y no que se resguarden sólo aquellas series documentales de evidente valor histórico permanente, como legajos de alumnos. Es decir, pretende ser un archivo rector con el fin de evitar que se produzcan arbitrariedades a la hora de determinar qué guardar y qué eliminar; y de proyectar una política que permita el acceso a los investigadores y a los ciudadanos de documentación que siendo producida por una universidad pública, debería ser pública. Yendo más allá o más acá: tampoco hay en nuestro país una legislación nacional donde apoyarse.

En este marco, entre los artículos referidos a Archivos de universidades argentinas tenemos el de Vivian Spoliansky y Pablo Buchbinder titulado “El Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires: notas sobre su puesta en valor y su uso para la investigación en historia y memoria”; el de Sonia Elizabeth Riveros, “El Archivo: testimonio de un espacio habitado entre la historia y la memoria. Un aporte del Archivo Histórico y documental de la Universidad Nacional de San Luis”; y el artículo de un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes titulado “El Sol de Quilmes: Archivo y Memoria. Reconstrucción de la memoria a través de las editoriales del diario local en los comienzos de la Dictadura Militar”.

En cuanto a trabajos referidos a documentos que testimonian la persecución política y la represión en el ámbito de universidades argentinas, forma parte de este dossier un artículo del equipo de la Comisión Provincial por la Memoria encargado del programa de gestión y preservación de Archivos liderado por Magdalena Lanteri. Este último estudio aborda la documentación producida por la DIPPBA, primer archivo de la espía y registro político-ideológico en nuestro país, referida a las Universidades Nacionales que puede ser insumo para la investigación.

La experiencia relatada por Vania Markarian titulada “El Archivo General de la Universidad de la República. Una experiencia de aprendizaje de conservación e investigación con documentos históricos”, nos adentra en el mundo de los Archivos en la República oriental del Uruguay y en las luchas por recuperar –Markarian habla de procesos de rescate- parte de la documentación confiscada por la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985. 

El artículo sobre Brasil, escrito por Leonardo Kantorsky, aborda los procesos de purga o expurgo docente, haciendo referencia a la persecución y expulsión de docentes, hechos ocurridos en la Universidad Federal de Río Grande entre 1969 y 1977.

Por su parte, Claudio Ogass Bilbao tiene como objetivo hacer un repaso crítico del devenir del Archivo y Centro de Documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH) destacando las estrategias de catalogación y descripción del Archivo de la Agrupación Cultural Universitaria (ACU) y la creación del Archivo Oral del Movimiento Estudiantil.

El artículo de Gloria Carreño, de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado “México 68, la lucha por la democracia en los fondos del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México” presenta la archivística en el contexto mexicano bajo cuatro ejes de análisis: las instituciones archivísticas, la legislación, la formación profesional y las asociaciones profesionales, haciendo hincapié en la llamada “masacre de Tlatelolco”, suceso que marca una fractura epocal, tanto en la cultura política mexicana, cuanto en la relación de las universidades y los intelectuales mexicanos con el Estado. Cabe mencionar que, a diferencia de muchos países latinoamericanos, México tiene una ley de transparencia de la información de los organismos del Estado, hecho que favorece esta idea de peticionar a las autoridades como un derecho que abra algunos archivos.

También forma parte de este número de Aletheia, una experiencia que queremos resaltar: la del Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a través de una reseña bibliografía de la primera publicación del mismo titulada “Filo (en) rompecabezas. Búsqueda colectiva de la memoria histórica institucional”. Este libro da cuenta de los recorridos transitados en los Archivos de la FFYL para conformar un Centro de Documentación que da cuenta del accionar de Terrorismo de Estado sobre esta institución. Los centros de documentación se conforman a partir de la clasificación y selección de cualquier información sobre un tema; su función es informar, recrear, instruir-En este caso se conformado a partir de documentación institucional, entrevistas y documentación procedente de otros reservorios que den cuenta del accionar del Terrorismo de Estado sobre la Universidad y las personas que por ella transitaron o no pudieron hacerlo por este mismo accionar. 

La lectura del dossier nos muestra un enfrentamiento a problemáticas similares en América Latina, cuyas universidades recorren un transcurrir convulsivo en sus archivos. La necesidad de acuerdos es evidente cuando uno recorre las lecturas y las prácticas relatadas a lo largo de las experiencias de este dossier, y en este punto, es imprescindible remarcar la necesidad de un sistema de lineamientos generales que normalicen la descripción y el acceso a los documentos y permitan armar redes de Archivos universitarios. También pensamos que esta coordinación con los Archivos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, es necesaria para la reconstrucción del pasado reciente, sobre todo porque el Plan Cóndor fue un plan represivo pensado a nivel regional.  

Esperamos que éste sea un pequeño aporte para pensar –y por qué no generar- políticas comunes sobre los Archivos Universitarios en Latinoamérica.

Notas

(1)  “Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”. En cambio, un centro de documentación se forma por reunión y acumulación de información con pretensiones de exhaustividad, de acuerdo con una especialización, es decir, una reunión por materia.

(2) En Argentina, esto se plasmó en la ley Orgánica de Universidades Nacionales –Nº 22.207, sancionada en abril de 1980. La misma, que partía de la premisa de que estas instituciones educativas habían sido uno de los sectores del país “en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida”, disponía que los rectores serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional a través del ministerio de Educación, prohibía toda actividad política o gremial profesoral o estudiantil y estipulaba que la enseñanza podía ser arancelada. Cabe aclarar que si bien Guillermo Gallo era Teniente 1° y pertenecía al Cuerpo Profesional Auxiliar del Ejército, tenía una larga trayectoria como estudiante, docente y autoridad en el ámbito de la Universidad de La Plata.

(3) Fondo Presidencia UNLP, Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-12095/76.

(4) Fondo Presidencia UNLP, Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-10253/76 y N° 100-10190/1976.

(5) La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) impulsada por EE.UU. a lo largo y ancho de América del Sur, primero arropada por el anticomunismo dogmático de la posguerra fría, constituye el punto de partida. En este contexto, los regímenes militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron participar en un plan secreto (subterráneo) e internacional de cooperación de la inteligencia estadounidense al que llamaron Operativo Cóndor. Este Plan tuvo el objetivo de eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. En este marco, el proyecto de investigación que lleva a cabo el CICEOP – Centro de Investigación en Estudios de Opinión Publica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata- reveló con material de Archivo que el Proceso de Reorganización Nacional que encarnaban las Fuerzas Armadas de Argentina, era parte de un entramado perverso que poseía los mismos objetivos e idénticas formas y fines en varios países del Cono Sur.

(6) Pregunta que sea hace Emanuel Kahan refiriéndose a los llamados Archivos de la represión.

(7) Creación del Archivo de la UNC”. Disponible en la página oficial del Archivo: http://www.Archivodelauniversidad.unc.edu.ar/institucional. Última fecha de consulta 20 de septiembre de 2015. 

(8) http://www.uba.ar/historia/. Última fecha de consulta 20 de septiembre de 2015.

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RAMÍREZ ACEVEZ, Merizanda; SÁNCHEZ ESPINOZA, Ariel: BIRRICHAGA GARDIDA, Diana;

*Samanta Casareto es Docente-Investigadora de la FFYL de la Universidad de Buenos Aires, Coordinadora del Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos Humanos (FFYL-UBA). Se desempeña en la actualidad en el del International Archival Program Division  del United States Holocaust Memorial Museum ocupando en la actualidad el cargo de Directora para América Latina encargada de localizar documentación relacionada al Holocausto.

**Laura Casareto es Docente- Investigadora de la UNLP. Directora del Archivo Histórico de la UNLP, Secretaría de Arte y Cultura, Presidencia de la Universidad. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Orientación en Comunicación y Procesos Educativos (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Especialista en Prácticas, Medios y Ámbitos Educativos – Comunicacionales (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP). Especialista en Ciencias Sociales con mención en Lectura, escritura y educación (FLACSO, Argentina). Maestranda en Historia y Memoria (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP). Alumna de la Diplomatura en técnica, conservación y catalogación fotográfica de Archivos de la administración pública (Universidad Nacional de La Matanza, Ministerio de Defensa de la Nación y FoPeCap) y de la Tecnicatura en Administración de documentos y Archivos (Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8, La Plata).