Marcas-monumento y marcas-proyecto en la arquitectura represiva de la dictadura cívico-militar uruguaya. El proceso de anclaje de la memoria en la cárcel política de mujeres de Punta Rieles (Montevideo)

Marín Suárez/ Artículos en PDF 

Carlos Marín Suárez*

GIAF-UdelaR

Montevideo, 2015

curuxu44@gmail.com

Resumen

La dictadura uruguaya (1973-1985) se caracterizó, en el contexto del Plan Cóndor, por una amplia red de espacios represivos y por su variedad tipológica, pues fue el país del mundo con la ratio más alta de presos políticos. Encontramos cárceles, cárceles políticas -establecimientos militares de reclusión en la terminología militar-, centros de detención y centros clandestinos de detención. Precisamente el Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) Nº 2 (cárcel política de mujeres de Punta Rieles) se situó en un barrio periférico de Montevideo, de tradición obrera y tremendamente castigado desde la dictadura hasta momentos actuales. Esta cárcel política no sólo tuvo consecuencias en las reclusas sino que profundizó la estigmatización de un barrio que se estaba empobreciendo a gran velocidad. A partir del año 2000 comenzó un proceso colectivo por parte de las ex-presas y de los vecinos para reconvertir aquellos edificios en un lugar de memoria y en un centro social para el barrio. Este proceso se vio frustrado en el año 2011 al decidir el gobierno del Frente Amplio volver a utilizar el antiguo edificio como cárcel. Recientemente se ha instalado una "Marca de la Memoria" en el lugar. Este caso ejemplifica perfectamente el triunfo de un tipo de memoria en Uruguay, la de la marca-monumento, que separa pasado y presente, sobre la de la marca-proyecto, que articula las luchas políticas pasadas como fundamento e inspiración de las presentes.

Palabras clave: marcas de la memoria; dictadura; materialidad represiva

La marcación de la memoria en Montevideo

Si repasamos los tipos de lugares de memoria vinculados a la última dictadura que existen en Montevideo llama la atención que no haya prácticamente memoriales o marcas en los espacios que sirvieron para fines represivos (Montenegro, 2014), sean éstos cárceles políticas, cárceles comunes, centros clandestinos de detención (CCD) o centros de detención (CD). Una de las posibles causas de esta infrarrepresentación es el fuerte protagonismo y centralidad de las demandas de la asociación de Familiares y Madres de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Familiares) en este proceso en cuanto a los reclamos de justicia, verdad y memoria. Desde esta asociación y organismos no gubernamentales (ONGs) afines se han marcado los hitos del debate, en términos espaciales, en la localización de los detenidos desaparecidos (DD) -cementerios clandestinos-, por lo que los lugares de tortura y represión han quedado en un segundo plano. Por su parte los reclamos de la asociaciones de ex presos han girado en torno a políticas de reparación económica, antes que simbólica (Allier, 2010). Desde el lado de la institucionalidad estatal una de las causas es la ausencia casi total de políticas de reparación simbólica en Uruguay, siendo las de reparación material tardías y en muchos casos insuficientes o en contradicción con otros subsidios (Lessa 2014: 33-34). Uno de los tipos de políticas de reparación simbólica más comunes son las políticas de memoria. Un repaso de la legislación vigente en Uruguay muestra que este tipo de políticas de reparación simbólica está prácticamente ausente, pues no pasan de meros exhortos al deber de memoria histórica, pero sin que haya ninguna concreción o desarrollo de los mismos (Marín y Cordo, 2015). Asimismo en Uruguay tampoco ha habido ninguna investigación oficial sobre las víctimas que sufrieron secuestros, torturas y violencia sexual, y de los lugares en los que estos delitos fueron llevados a cabo (SERPAJ, 2007).

Por contra la CONADEP (1) y los juicios por la verdad en Argentina (Franco, 2014), o el Informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura (Comisión Valech) en Chile (Bianchini, 2015), las investigaciones oficiales sobre los delitos de tortura y sobre los lugares represivos, así como las prescripciones en políticas de reparación que estas investigaciones oficiales suelen conllevar, han tenido mucho que ver en la repolitización de las víctimas y en facilitar desde las instituciones las "recuperaciones" de espacios represivos como anclajes de la memoria. Recuperaciones que en algunos casos, como el de Villa Grimaldi en Chile, ya se demandaban desde las asociaciones de vecinos antes de que finalizara la dictadura (Bianchini, 2015). En el caso argentino las "recuperaciones" de ex CCD´s comenzaron principalmente en la segunda fase de reactivación de la memoria, aquella coincidente con la crisis del 2001 y en un ambiente de fuerte repolitización de los movimientos sociales (Biasatti y Compañy, 2010).      

Para estudiar la materialidad represiva montevideana podemos usar el conjunto analítico huellas/espacios. Lo primero que se deduce es que en esta ciudad hay una alta variedad de combinaciones, aunque destacan el borramiento, la sustitución o el olvido de las huellas, de las trazas materiales de la represión (Rilla, 2013: 18). Si le queremos dar una dimensión histórica a la espacialidad de la memoria hay que contextualizar este proceso en la actividad específica de los “motores de memoria” y de las “luchas por la memoria” desde la salida de la dictadura, y de la forma particular en que éstos se han desarrollado o reproducido, la mayor parte de las veces usando el espacio público, de forma explícitamente política (Allier, 2010). Tras la dictadura, si bien no se erigió ningún memorial ni se marcó ningún lugar represivo, las luchas por la memoria tomaron de forma directa el espacio urbano, sin mediación de marcas o monumentos, entroncando con las luchas pasadas que se dieron en esos mismos lugares. Es el caso de las concentraciones de Familiares en la céntrica Plaza de Libertad, que duraron hasta que en 1989 se perdió el referéndum que pedía la anulación de la Ley de Caducidad (Allier, 2010: 17-18) (2).  

Tras ese fracaso se pasó a una fase en el primer lustro de los 90 que ha sido denominada "supresión del pasado" (Allier, 2010: 101-102). Comenzó un nuevo silencio para las víctimas, con la reimposición de un nuevo olvido y el retraimiento en el espacio público de los reclamos de verdad y justicia. Los debates públicos y la memoria histórica volvieron a estar dominados por los antiguos "emprendedores de la memoria", los militares y los políticos conservadores, bajo los tópicos de "no tener ojos en la nuca", de la guerra entre iguales o "teoría de los demonios", es decir, de la matriz discursiva sanguinettista que pasó a convertirse en hegemónica (De Giorgi, 2014). Ningún partido, ni siquiera el Frente Amplio (FA) (3), llevaba en sus programas electorales ninguna referencia a la represión política o a los crímenes de lesa humanidad cometidos. El miedo y el trauma colectivo generados durante la dictadura volvían así a reactivarse (Allier, 2010: 111, 115-116, 142; Lessa y Levey, 2012: 143-144).

A mediados de los años 90 hubo de nuevo un giro hacia la "memoria pública", aquella que es actualizada en el espacio público (Allier, 2010: 151, 160-168), con el fin del secular bipartidismo uruguayo al ganar el FA la Intendencia de Montevideo (IM), un ambiente internacional favorable a los juicios hacia los responsables, y la aparición de nuevas asociaciones vinculadas a una nueva generación, como Plenaria Memoria y Justicia e H.I.J.O.S. Estas intervinieron en el espacio público con escraches, tomados de Argentina, para marcar los inmuebles en donde viven los torturadores. Estas organizaciones aglutinaban en su discurso las demandas de memoria y verdad con los problemas sociales y económicos del momento, estableciendo un vínculo entre las luchas políticas del pasado con las del presente. En 1995 las asociaciones de familiares y ONGs volvieron ocupar la plaza de Libertad reclamando por los derechos humanos. También merece la pena destacar los cambios en el nomenclátor de la ciudad de Montevideo, impulsados por los familiares de las víctimas o los vecinos (Montenegro, 2014). Es en este contexto en el que surgieron las Marchas del Silencio, para recordar a todos los DD y reclamar verdad, memoria y justicia, el 20 de mayo de 1996 y que desde entonces se repiten anualmente en la avenida principal 18 de julio. Todo un renacer de la memoria que se produjo en un contexto gubernamental muy poco favorable, con la segunda legislatura de Sanguinetti (Lessa y Levey, 2012: 149-150).

En 1998 Familiares, junto a la IM, en manos del FA, plantearon la idea de levantar un Memorial de Recordación de los DD. Su colocación en el Cerro de Montevideo lo decidió Familiares por el simbolismo de este barrio en las luchas e identidad proletaria, pero desligado de cualquier espacio represivo (IM, 2014: 153-154; Lessa y Levey, 2012: 153-157). Es de reseñar que la inauguración del Memorial del Cerro coincidió con la iniciativa del gobierno de Jorge Batlle de crear una Comisión para la Paz (COMPAZ) (Bresciano, 2009: 216; Lessa y Levey, 2012: 158), lo más parecido a una comisión de la verdad que ha tenido Uruguay (Allier, 2010: 198-204). El trabajo de la COMPAZ fue insuficiente y lleno de incorrecciones. Sólo trató el tema de los derechos humanos, dando por buena la versión de los militares, dejó de lado el resto de delitos de lesa humanidad, sólo escuchó testimonios voluntarios y no tuvo acceso a los archivos, por lo que dista notablemente de las comisiones de la verdad de Argentina y Chile (Lessa 2014: 99-101).

En 2004 el FA ganó las elecciones generales. En 2005 se impulsó el desarrollo del artículo 4 de la mencionada Ley de Caducidad, por la que le correspondía al ejecutivo la investigación del paradero de los DD. Esta ley había funcionado en la práctica como una ley de amnistía, y hasta el desarrollo del artículo 4 como una ley que amparaba el olvido institucional. Así en 2005 se constituyó el entramado institucional que llevaría las investigaciones, mediante un encargo a la UdelaR, constituyéndose el equipo de arqueólogos (GIAF) y el de historiadores. Para ello se creó una Secretaría de Seguimiento de la COMPAZ. En marzo del 2005 comenzaron los trabajos y a finales de ese año aparecieron los primeros cuerpos de DD. De hecho la aparición de dos cuerpos más en el Batallón 14 tiempo después (López, 2012) ha animado a Familiares desde el año 2013 a promover un proyecto de musealización de este cementerio clandestino, en colaboración con el GIAF y las administraciones locales.

Es llamativa la ausencia de políticas de memoria por parte del Estado uruguayo, ni siquiera bajo los gobiernos del FA, e íntimamente relacionado con la ausencia de iniciativa política en lo vinculado a la justicia y la búsqueda de la verdad respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país que mayor número de detenidos y de presos políticos tuvo en relación a su población, a excepción de la búsqueda de los 190 DD (Lessa y Levey, 2012: 159; Marín y Cordo, 2015). El panorama cambia si bajamos la escala de análisis a la administración departamental de Montevideo. Aparte del Memorial de los Desaparecidos la IM en el 2007 abrió el Museo de la Memoria (MUME) (Sosa, 2014). De nuevo una iniciativa pública de la memoria basada en la descentralización urbana y la descontextualización espacial, ya que este museo se encuentra situado en la periferia de la ciudad, en una mansión del s. XIX, que no tiene ningún vínculo con la represión de la dictadura.

La IM también ha acompañado y asumido uno de los procesos de marcación más importantes de Montevideo. Se trata de las Marcas de la Memoria (4), instaladas entre el 2006 y el 2015. El proyecto arrancó de la "Asociación Memoria de la Resistencia 27 de junio 1973 - 1 de marzo 1985", formada por ex-miembros del PCU (5). Su propósito era luchar por un tipo de memoria histórica diferente a la del MLN-Tupamaro (6). Dentro de las 29 marcas colocadas en la ciudad destacan aquellas situadas en torno al eje de la Av. 18 de julio, en espacios de resistencia (locales sindicales, teatros, radios, etc.) Consisten en una placa circular y unos bancos hemisféricos que las acompañan, destinados a la reflexión. Tan sólo dos están colocadas sensu stricto en centros represivos de la dictadura, la situada en el ex CCD casa de Punta Gorda y la colocada en ex-EMR Nº 2 (cárcel política de mujeres de punta Rieles) (7).

Una de las 29 Marcas de la Memoria que se han terminado de instalar en Montevideo en el año 2015. Se corresponde con la del ex CCD Casa de Punta Gorda (Infierno Chico o 300 Carlos r.). Fotografía de Fuyumi Labra.

Desde el Estado lo que prima es el paradigma memoricida, representado tanto por la antigua cárcel común y política de Punta Carretas, reconvertida en un shopping (Achugar, 2003), como por la reutilización en clave represiva (para niños y adultos) de edificios que no fueron diseñados con tal fin pero que la dictadura les dio ese uso (ex CCD de La Tablada Nacional o la cárcel política de mujeres de Punta Rieles). De hecho la única política pública destinada a recuperar un espacio represivo ha sido desde el año 2012 el proceso aún inconcluso de reconversión de la Casona del Sistema de Información de la Defensa (SID) -órgano central en la coordinación represiva con Argentina que funcionó como CCD- a sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hasta entonces el edificio había seguido en manos militares, lo que había provocado concentraciones e intervenciones como la que protagonizaron en el año 2011 diferentes organizaciones el día internacional del desaparecido. Se colocó un cartel en su puerta que decía: “Aquí se secuestró, torturó y desapareció. Basta de Impunidad”. Desde Crysol, la asociación de ex-pres@s polític@s del Uruguay, se pedía que: “El CALEN, como lo es la ex ESMA en Argentina o Villa Grimaldi en Chile, debe ser conservado como un patrimonio histórico de la Memoria del terrorismo de Estado” (8). Como vemos en algunos casos las víctimas de la dictadura han reclamado al Estado la "recuperación" de espacios represivos concretos, y para ello han entrado en juego conceptos y referentes simbólicos de estas recuperaciones en los países vecinos, demostrando que esas "corrientes de la memoria" que permiten reclamos operan a escala internacional, con un intercambio de terminologías y estrategias (Ferrándiz 2015). A día de hoy el gobierno aún no ha explicitado si va a haber algún tipo de intervención en el edificio vinculada con la memoria. En los planes originales todo apuntaba, simplemente, a su uso como sede administrativa de una institución.

¿El penal del barrio o el barrio del penal?

La cárcel política para mujeres de Punta Rieles estaba formada por un conjunto de edificios, cuyo cuerpo principal, de ladrillo, tiene planta de Y. Se encuentra al noreste de Montevideo, en el barrio homónimo, articulado en torno a la ruta 8. Originalmente el edificio fue un seminario de la Compañía de Jesús. Su reconversión en centro penitenciario ocurrió en 1968, bajo el gobierno de Jorge Pacheco y la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad, anticipo en el recorte de libertades de lo que luego sería la dictadura (Paternain et al., 2013). Primero fue para hombres y a partir de enero de 1973 para mujeres. Se estima que en esas fases pasaron por allí unos 400 prisioneros políticos, de diferentes organizaciones (Broquetas, 2009). Ya bajo la dictadura cívico-militar, el 27 de junio de 1973, se reconvirtió en el EMR Nº 2, la principal cárcel política para mujeres, juzgadas por la justicia militar. Se calcula que hasta el 4 de marzo de 1985, momento en el que dejó de funcionar como tal, habían pasado por allí unas 700 presas políticas.

Aspecto actual de la cárcel instalada en la antigua cárcel política de mujeres de Punta Rieles (EMR nº 2). Fotografía de Fuyumi Labra.

Este conjunto de estructuras se encuentra aislado en medio de una zona de campos, en un típico barrio de transición de las afueras de la ciudad, que aún conserva bastantes características rurales a nivel espacial: zonas de caserío disperso y grandes extensiones de prados y cultivos (García et al., 2015). De hecho esta zona de Montevideo pertenece a la zona urbana desde hace poco tiempo. En el siglo XIX era lugar de quintas y chacras, y no será hasta principios del siglo XX, con la llegada del tranvía, cuando se conecte a la ciudad. Pero la explosión demográfica comenzó en los años 40, ligada al crecimiento fabril y comercial que se dio con la expansión del modelo de industrialización, pasando a ser un núcleo obrero e industrial de primer orden. De hecho la huelga general indefinida con la que se intentó hacer frente al golpe de estado con el que comenzó la dictadura tuvo en este barrio uno de sus focos de resistencia.

Este barrio integrado y de tradición obrera ya estaba sufriendo desde los años 60 los primeros signos de agotamiento y decadencia, con el crecimiento del empobrecimiento generalizado y el aumento de la conflictividad social, en un contexto de continua degradación del sistema político y económico (Paternain et al., 2013). Posteriormente la imposición de la dictadura uruguaya supuso un éxito para las fuerzas conservadoras y las oligarquías debido a la reestructuración del modelo de acumulación capitalista vinculado a la desindustrialización, que derivó hacia uno más concentrador y excluyente que exigía una profunda redistribución regresiva del ingreso, un proceso de concentración de la propiedad y una liberalización sin restricciones del ingreso y egreso de capitales. Además, la desvalorización de la fuerza de trabajo uruguaya le devolvió a los sectores propietarios una importante masa de ingresos que se revirtieron en una suerte de redistribución negativa de estos (Portillo, 2003).

Las consecuencias directas de este modelo económico, social y político del "Nuevo Uruguay" impuesto por la dictadura cívico-militar fueron el aumento drástico del desempleo, un empobrecimiento generalizado de los hogares uruguayos y la fuga de una voluminosa fuerza de trabajo (exilio) (Demasi et al., 2013). Por otro lado se estaba echando por la borda toda una legislación previa respecto a los alquileres que protegía a la parte débil y que aseguraba el derecho a un bien tan indispensable. Con la desregulación neoliberal amplias masas de población tuvieron que abandonar el centro de la ciudad, en un momento de empobrecimiento generalizado y de retiro del Estado. Se produjo entonces una reestructuración urbana profunda. Del Montevideo de los "barrios integrados", que llegó hasta los años 60, se pasó a la "ciudad dual", con el vaciamiento de las zonas centrales a la par de una expansión horizontal hacia zonas nuevas que no contaban ni con servicios ni con infraestructuras. Mientras se producía el desarrollo especulativo de la costa, un desplazamiento masivo de población empobrecida se dirigía hacia los barrios articulados por las vías de acceso a la ciudad. Un sector mediterráneo que concentra la pobreza y la exclusión, como esta ruta 8 en donde se encuentra Punta Rieles. Comenzó así el desarrollo masivo de los asentamientos irregulares, junto a unas casas del barrio cada vez más empobrecidas (Portillo, 2003). El modelo de "ciudad dual" mantiene y reproduce a día de hoy sus principales características. Este sector de la ciudad es precisamente uno de los lugares en donde en los últimos años más ha crecido el número de asentamientos (Veiga, 2009: 129).

A ello hay que sumarle la imposición de una tupida red de establecimientos represivos que no sólo tuvieron / tienen efectos hacia dentro de sus muros, hacia las personas presas y / o secuestradas, sino que hacia fuera articularon el control social y la imposición del miedo, fortaleciendo la estigmatización de barrios empobrecidos como el que tratamos. Por lo tanto el periodo de la dictadura supuso la imposición de una serie de decisiones políticas y de efectos de un modelo económico neoliberal que reestructuraron de forma radical la forma de la ciudad, generando nuevos barrios y transformando los que ya existían, es decir, generando estructuras estructurantes de nuevos habitus, en paralelo a la pérdida de los marcos de referencia y socialización tradicionales.

Figura 3: lugares represivos y marcas de memoria del Departamento de Montevideo. Nótese la variedad tipológica de espacios represivos de la última dictadura, su ubicuidad y la escasa correspondencia con las marcas de la memoria. Con el círculo rojo se marca el EMR nº 2 o cárcel política de mujeres de Punta Rieles. Mapa realizado por Carlos Marín y Nocolás Gazzan.

En 1997 las ex-prisioneras de la cárcel política decidieron juntarse bajo el lema "Porque somos y fuimos parte de la historia". En los encuentros sucesivos se creó el colectivo de ex-presas políticas y se conformaron diversos "talleres" para trabajar por y para la memoria: "Género y memoria", "Testimonios", "Cronología", "Vivencias", "Salud", en donde quedaron repartidas más de 100 mujeres. En el año 2000 lanzaron la iniciativa "Memoria para armar": una convocatoria abierta para que las mujeres se animaran a escribir sus vivencias y así democratizar la memoria. Entre los años 2001 y 2003 aparecieron tres volúmenes. Era la primera vez que el género era reivindicado para diferenciarse de lo anteriormente publicado respecto al tema de la represión y de las variadas vivencias durante el régimen cívico-militar (Allier, 2010: 171-172; Sapriza, 2009).

En el año 2002 algunas vecinas del barrio se pusieron en contacto con el colectivo de ex-presas con la intención de recuperar la identidad del barrio. El primer encuentro fue en la "Cooperativa de Viviendas 3 de mayo. COVITREMA", una de las más cercanas al penal. "Era gente muy perseguida [por cooperativistas y porque alguno estuvo preso] también, y ellos nos reciben con este cartelito. Mirá que lindo: Ayer, hoy y siempre / La unidad solidaria / Covitrema les da la bienvenida" (9).

En una de las primeras reuniones una de las ex-presas les espetó a los vecinos que aquel era "un barrio de mierda", debido a sus recuerdos vinculados a la cárcel política, a lo que una vecina le respondió: "Sí, queremos dejar de ser un barrio de mierda". Se creó así un grupo heterogéneo de vecinos y expresas que se autodenominó “Espacio Memorias para la Paz” y que se dedicó a pensar y planificar cómo recuperar el espacio público del barrio y apropiarse del ex-penal para transformarlo en un lugar de memoria y de formación profesional para los jóvenes. Tras la primera iniciativa de cambiar el nombre de una calle del barrio se dieron cuenta de "que la gente quería otra cosa. En realidad estaban buscando reconstruir su identidad, porque la identidad del barrio se fue al diablo cuando cayeron los milicos con todas nosotras. Y construir memoria colectivamente. Nos pareció interesantísimo". Lo que quedaba claro en esas reuniones es la estigmatización por la presencia de la cárcel: "¿El penal del barrio o el barrio del penal?". Los vecinos contaban que era una cruz ser de ese barrio para conseguir trabajo. Cuando decían donde vivían todos contestaban: "Ah, donde el penal". Y se trataba de un barrio que ya contaba con una fractura social atroz, que seguía en aumento (10).

A esas asambleas se acercaron ex-presos de la asociación Crysol, otros ex-presos que habían pasado por Punta Rieles en los primeros momentos de uso, vecinos de diferentes cooperativas de viviendas, de colectivos sociales del barrio, de ONGs como Serpaj o Amnistía Internacional o de la UdelaR desde el servicio de extensión universitaria. En 2004 sacaron un libro con los testimonios de esas reuniones: Memorias de Punta Rieles en tiempos del penal de mujeres. Con esa fuerza social que concurría a las asambleas se decidieron a pedir el edificio del ex-penal: "¿Qué es lo que queremos? Queremos que nos den el penal como un sitio de memoria, pero dada la realidad social de los alrededores, que es un asentamiento al lado del otro... [...] El único lugar donde las mujeres fuimos concentradas... No hay ningún lugar que se haya señalado... [...] Queríamos el penal, como un sitio de memoria, pero dada las características del barrio, acá también capacitación. [...] Nada formal. Algo fuera del sistema. Si esta gente se cae del sistema no le voy a inventar otra situación de sistema. Que no va a querer entrar. Y con todo el derecho" (11). Pero el predio y los edificios nunca dejaron de estar en manos del Ministerio de Defensa, con presencia continua de militares en sus instalaciones, impidiendo cualquier tipo de ocupación. Por ello realmente nunca tuvieron acceso al edificio ni a los archivos, pese a haberse pedido formalmente al Ministerio de Defensa del gobierno de Jorge Batlle, así como a otros ministerios, en varias ocasiones.

En paralelo decidieron realizar una intervención urbana en el espacio donde llegaba el trolebus 4, que era el usado por los familiares de las presas. Esa Plaza Museo de Punta Rieles, formada por murales construidos con teselas, fue inaugurada en 2011. En esos años ya había rumores de la intención del gobierno de volver a utilizar el antiguo seminario como cárcel. En el año 2009, entre todas las asociaciones que formaban “Espacio Memorias para la Paz”, colocaron carteles: Punta Rieles: territorio libre de cárceles / No a la cárcel, sí a la educación / No queremos cárcel. En 2010 ganó las elecciones presidenciales Pepe Mujica, del FA. Pensaban que era un buen momento ya que el predio iba a pasar del ministerio de defensa al de interior. Incluso algunas ex-presas pudieron visitar el lugar y recorrer los espacios donde estuvieron tanto tiempo encerradas. Sin embargo, en diciembre de 2010, los planes de las ex-presas y de los vecinos quedaron truncados. El gobierno decidió que volviera a funcionar como un establecimiento penitenciario.

El 25 de abril del 2015 se inauguró en el interior de la cárcel una de las 29 Marcas de la Memoria, en un acto público con la intendenta de la ciudad, las ex-presas políticas, muchas de las cuales habían participado en el intento de recuperación, y los presos actuales. Sin embargo, la colocación de este memorial se enmarca en un plan que ya venía diseñado de antemano, en el que la mayoría de las ex-presas no había participado. Hablaron los presos que trabajan en la radio de la cárcel, el director de la misma, la intendenta de la ciudad, Ana Olivera, y Antonia Yañez, máxima responsable del proyecto. Quedó inaugurada la marca, con sus tres banquitos semiesféricos de hormigón, y una placa circular negra en el suelo, con la leyenda: "Establecimiento Militar de Reclusión número 2 (EMR Nº 2) Penal de Punta Rieles. El Penal de Punta Rieles funcionó como cárcel para presos políticos entre los años 1972 y 1985. A partir de 1973 se transformó en la principal cárcel de presas políticas recluyendo a más de 600 mujeres".

Cartel informativo del acto de colocación de la Marca de la Memoria en Punta Rieles, celebrado el 25 de abril de 2015.

Marcas-monumento vs. marcas-proyecto

Tanto el proceso de apropiación y marcación de la antigua cárcel política de Punta Rieles como las Marcas de la Memoria han tenido el acierto de abrir el espectro de aquellos a los que habitualmente se les permite tener memoria de la dictadura ya que frecuentemente se toma la parte por el todo: la de los hombres sobre el conjunto de los militantes, la de las víctimas directas sobre el conjunto de la sociedad. Cuando una víctima toma la palabra siempre es en detrimento de otra, que queda silenciada. Hay un claro sesgo de género en las luchas por la memoria (Jelin, 2002: 99-115), con una preponderancia masculina que en el caso uruguayo está muy vinculada a un relato heroico (Alonso y Larrobla, 2013) y a la otra cara de la misma moneda, el silenciamiento y ocultación de las historias femeninas (Ruiz y Sanseviero 2012).

Pero en esta relación entre memoria y poder, en estos combates por la memoria, también hay un sesgo en razón de la extracción socioespacial. Hay un tipo de víctima de la dictadura encarnada en aquellos que sufrieron el empobrecimiento y la estigmatización, que en muchos casos ni siquiera tiene la consciencia de serlo. Así podríamos diferenciar una "metamemoria", típica de aquellas víctimas que, tras sufrir la represión directa de la dictadura, toman consciencia de ello y deciden hablar y escribir (Ferrándiz, 2014: 136), en el marco de esa "retórica testimonial" que se ha dado de forma generalizada en el Cono Sur americano tras las salidas de las dictaduras (Sarlo 2012). Y una memoria popular o barrial de la dictadura, tradicionalmente discriminada por regímenes tanto políticos como historiográficos, así como en los relatos memorialísticos predominantes, que en muchos casos no está objetivada y que sigue engarzada en el mismo paisaje represivo en la que se originó, ya que estos aún no han sido desnaturalizados. Estas memorias barriales sepultadas, desconocidas e inmanentes, también se pueden vincular con un uso renovado del concepto de "memoria histórica", en el sentido de que esas otras memorias marginadas son también historia auténtica. Y es que son estos hilos de memoria complejos, poliédricos, irregulares y fragmentados que conforman la memoria social de la dictadura los menos atendidos por la investigación o la atención mediática (Ferrándiz, 2014: 136).

Por ello el proyecto de marcación de Punta Rieles, pese haber quedado inconcluso, fue ambicioso y novedoso en esa doble línea de recuperación de memorias marginadas tanto por cuestiones de género como de extracción socioespacial. Si bien las primeras reuniones y libros escritos a raíz de Memorias para armar aún se circunscribían al ámbito militante, era la primera vez que se unificaba la voz de las mujeres como medio de protesta para que sus memorias sobre la dictadura no quedasen nuevamente eclipsadas por las de los hombres. Además, este protagonismo femenino no quedó circunscrito a las ex-presas, sino que a partir de la conformación del Espacio Memorias para la Paz también se incluyó a las vecinas del barrio como víctimas de la dictadura. Sus memorias sobre cómo afectó aquella a la vida del barrio comenzaron a tener protagonismo. Así salió a la luz el empobrecimiento por las medidas neoliberales de los diferentes gobiernos desde la dictadura, la estigmatización por la presencia de la cárcel política de mujeres, la alta presencia de militares y sus roles en la represión, y la vuelta a la estigmatización con la reapertura de la cárcel en 2011. De este modo no sólo se estaba siendo también inclusivo sobre quién tiene derecho a hacer memoria de la dictadura, sino que, además, se estaban enlazando los problemas y las luchas pretéritas con las presentes, insertando de forma explícita la memoria en una matriz de lucha política actual.

El proceso de marcación de Punta Rieles supuso una novedad y un avance notable en el ámbito de la recuperación de la memoria en Uruguay, y es comparable a procesos de recuperación de ex CCD´s en Argentina y Chile, sólo que en nuestro caso el proyecto no fue apoyado por el Estado, propietario del edificio y quien tiene las prerrogativas sobre la gestión del suelo, sino negado y cortado de raíz. Estela Schindel (2011; 2013) plantea la importancia que ha tenido en el caso argentino la "recuperación" de estos espacios represivos no sólo a nivel memorialístico, sino también como pruebas de los crímenes de lesa humanidad que allí se desarrollaron. Además, estas recuperaciones argentinas combinan el valor memorial con el pedagógico, y se convierten en fuentes indiscutibles para conocer la verdad histórica. Siguiendo la máxima de Beatriz Sarlo (2012) de que tan importante o más que recordar es comprender, es decir historizar mediante el recurso a diversas fuentes históricas incluida la materialidad de estos edificios, podríamos decir que la "recuperación" de estos permite ambos cometidos de forma combinada, por ejemplo mediante la inclusión de investigadores sociales en los colectivos que mantienen y desarrollan los proyectos de marcación (Marín, 2014), como vimos que ocurría en las asambleas que tuvieron lugar en Punta Rieles.

Este tipo de marcación de la memoria en el espacio construido, que se realiza de forma colectiva (ex presos, familiares de DD, vecinos, ONG´s de derechos humanos y de memoria histórica, investigadores sociales...), continuada en el tiempo, que trabaja por la emergencia de memorias marginadas, por su conversión de "lugar abyecto" a "mnemotopoi" (González Ruibal, 2008), que recupera los espacios de la represión también para trabajar en los conflictos actuales de los barrios en los que se asientan y entender hasta qué punto son consecuencia de la "reorganización nacional" que impuso la dictadura, y que rescatan y actualizan las identidades políticas de los que allí sufrieron la represión, es lo que podríamos definir como una marca-proyecto. En este tipo el proceso de marcación no tiene tanto que ver con la colocación de una placa o monumento, más allá de que puedan darse y en algunos casos sean incluso los disparadores del proyecto, sino con la construcción continuada y colectiva de contramemorias ancladas a ese espacio (Ataliva, 2008). Los ejemplos argentinos y chilenos de "recuperaciones" mediante este tipo de marcas-proyecto han dado notables frutos. Los ex CCD´s argentinos recuperados de este modo tienen un alto potencial en lo referido a la justicia espacial y a las formas de obtener derecho a la ciudad, en el sentido histórico de reconvertir los espacios represivos en los nodos espaciales desde los que revertir las rupturas de los lazos sociales causados por la dictadura. Estos lugares pueden operar como activadores de la participación y concientización barrial, contribuyendo no solo a reconstruir los lazos sociales quebrados, sino, además, promoviendo prácticas y usos del espacio contrarios a los impuestos por el régimen dictatorial y heredados hoy día. La visita del lugar permitiría superar la parálisis generada por el miedo performativamente a través de propuestas concretas de acción política, educativa y social, que promuevan prácticas participativas y habiliten procesos de repolitización, de empoderamiento y de reflexión sobre la propia historia y el modo en que afectó a los propios lazos sociales y vecinales (Schindel 2011; 2013). Tal como reza el cartel colocado en el ex CCD "Londres 38" recuperado en Santiago de Chile: "La actividad de hacer memoria que no se inscriba en proyecto presente, equivale a no recordar nada".

Por tanto, para que una marca de memoria sea depositaria real de nuevas reconfiguraciones de la memoria no es suficiente con la mera colocación de una placa o monumento. Si es lo único que acontece, caso de la Marca de la Memoria colocada el 2015 en Punta Rieles, es lo que podríamos denominar marca-monumento. No estamos en contra de las marcas-monumento, pero creemos que por sí solas no consiguen los objetivos frecuentemente enunciados en su colocación. Es significativo que el formato de marca-monumento es el que poco a poco va ganando fuerza en el caso montevideano. La mayor parte de las iniciativas de marcas-monumento no sólo no se ha encontrado con la oposición del Estado, sino que de hecho las administraciones, especialmente locales y departamentales, las han apoyado.

Bienvenida esta nueva actitud reparadora, pero también puede plantearse una serie de inconvenientes a que para actualizar la memoria se recurra exclusivamente a la marca-monumento. De hecho si las administraciones se sienten cómodas con este tipo de marcas es porque son escasamente conflictivas. Algunos autores como Rilla (2013) avisan de los riesgos de la patrimonialización de este tipo de marcas de memoria, ya que el patrimonio como construcción histórica y cultural supone el arribo a una zona de concordia y cierta dosis de consenso fáctico respecto al significado de los hechos del pasado. El gesto patrimonialista puede funcionar, de hecho, como garantía del olvido, o más concretamente, como forma de introducir una mediación tranquilizadora, a menudo material, entre pasado y presente. Otros (Levey, 2012: 204-208) matizan que los memoriales marcan un cierre con el pasado, que se fija de forma estática, con significados cerrados y totalidades explicativas sin fisuras. En lugar de reflejar un período doloroso de la historia de una nación, el monumento se puede leer como una simplificación del pasado, un modo de representación en el que se asegura que el pasado sigue siendo pasado por evadir las preguntas difíciles. Es por ello por lo que este tipo de marcas se mantienen en sí mismas inertes y amnésicas.

Por tanto las marcas-monumento en el paisaje urbano no sólo no son un anclaje de la memoria, sino que incluso tienen lecturas ambiguas, contradictorias o pasar completamente desapercibidas, echando capas de olvido sobre unos hechos que, paradójicamente, se quieren rememorar. Una posible salida a este atolladero memorialístico es, como decíamos, que las marcas-monumento se vean acompañadas de marcas-proyecto, continuadas en el tiempo y de carácter colectivo, así como de un marco referencial de comprensión histórica, para poder contextualizar y comprender las luchas pasadas, la represión y la resistencia, en el espacio concreto de la ciudad, y de ese modo poder usar este mismo espacio como una escuela de aprendizaje para las luchas actuales. Pero este nuevo contexto supone salir de la zona de confort de la memoria y estar dispuestos a la negociación, a la lucha, con otros actores sociales y, en concreto, con el Estado y sus representantes, ya que a día de hoy sigue siendo el propietario de la mayor parte de los espacios represivos de Montevideo. De hecho, hasta que no se vea un cambio de actitud en el gobierno uruguayo, difícilmente "dejar de ser el barrio del penal" sea un horizonte asequible para los vecinos de Punta Rieles.

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